Los detractores dicen que la política ha expuesto a los solicitantes de asilo a condiciones sumamente peligrosas en ciudades fronterizas de México mientras esperan las audiencias de sus casos.
Por Elliot Spagat
SAN DIEGO, 1 de octubre (AP).- Abogados del Gobierno del Presidente Donald Trump y la Unión Americana de Libertades Civiles presentaron el martes ante una corte de apelaciones sus argumentos sobre dos políticas importantes que reescriben regulaciones para solicitar y obtener asilo.
El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco escuchó los argumentos sobre una política para hacer que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos son procesados en tribunales migratorios de Estados Unidos. Más de 42 mil personas han sido devueltas a México desde que la política entró en vigor en enero.
Otra política negaría asilo a cualquier persona que cruce la frontera de manera ilegal desde México. La Corte Suprema se negó a levantar una orden que evitó que entrara en efecto el año pasado.
La cuestión presentada ante los jueces, dos nombrados por el ex Presidente Bill Clinton y uno por el ex Presidente Ronald Reagan, es si dejar las políticas en efecto mientras se dirimen las demandas. No hubo un fallo por el momento.
El Juez William A. Fletcher, nombrado por Clinton, cuestionó a un abogado del Departamento de Justicia sobre por qué las autoridades migratorias no preguntan a los solicitantes de asilo si temen ser devueltos a México, insinuando que esto podría ser una violación a leyes internacionales. El abogado del Gobierno, Scott Stewart, respondió que los solicitantes de asilo pueden manifestar preocupaciones en cualquier momento, lo cual no pareció dejar satisfecho al juez.
La abogada de la ACLU, Judy Rabinovitz, insistió en que se tomaran medidas adicionales antes de devolver a un solicitante de asilo a México, incluyendo darle derecho a un abogado y traductor.
Los simpatizantes de la política, conocida oficialmente como “Protocolos de Protección para Migrantes” y coloquialmente como “Quedarse en México”, dicen que esta evita que los solicitantes de asilo sean puestos en libertad en Estados Unidos con notificaciones de comparecer en corte, lo cual creen que es un gran incentivo para que más inmigrantes lleguen a la frontera.
Los detractores dicen que la política ha expuesto a los solicitantes de asilo a condiciones sumamente peligrosas en ciudades fronterizas de México mientras esperan las audiencias de sus casos.
