Un estudio publicado por el ITESO y la consultora Creatura, Critical Thinking Advocates, arrojó que existe una clara correlación estadística entre la impunidad, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado en México.
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- La impunidad podría costarle a México al menos 422 mil 390 millones de pesos cada año, así lo calculó un estudio realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente (ITESO) y la consultora Creatura, Critical Thinking Advocates.
El análisis “Costos de la Impunidad”, presentado por académico, Alejandro Anaya, del ITESO, y Patricia de Obeso, de la consultora Creatura, es una estimación aproximada de la pérdida económica y social que se genera por la mala efectividad del sistema de justicia penal en México durante el periodo 2007 a 2018.
El estudio primero estableció que existe una clara correlación estadística entre la impunidad, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado, informó Alejandro Anaya, profesor investigador del ITESO.
Para realizar el cálculo, explicó el especialista, se acotaron los costos de la impunidad a aquellos relacionados con homicidios dolosos, desapariciones y desplazamientos forzados.
La impunidad impacta directamente en el desplazamiento forzado de las personas.
“Uno de los costos de la impunidad es que la gente que salir [de sus hogares] para salvar sus pellejos”, expresó el investigador.
El especialista detalló que si la impunidad hubiese mejorado al menos un punto porcentual, se tendrían hasta 182 víctimas de desplazamiento forzado menos al año.
La impunidad también ha impactado severamente al fenómeno de desaparición.
El estudio plantea que si los índices de impunidad fuesen 10 por ciento menores entre el 2007 a 2018, “se hubieran prevenido casi 21 mil desapariciones, [20 mil 760 desaparecidos], es decir, 56 por ciento del total de la cifra oficial.
“Si tuviéramos un aparato de justicia que funcionara mejor, habría menos desaparición, y menos desplazamiento”, insistió el profesor.
Anaya detalló que estas desapariciones generaron un costo de 10 mil 226 millones de pesos en pérdida salarial, equivalente a 0.013 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual.
“Calcular estos costos es muy complicado. Una manera en la que sí podemos hacerlo es en el costo salarial perdido, observando tres características: edad, sexo y escolaridad”, expuso el analista.
El aumento de 10 homicidios por cada cien mil habitantes provocó una caída 0 .6 por ciento del PIB, “Adicionalmente, estos homicidios afectaron la tasa de crecimiento en 0.25 por ciento cada año, como resultado de esta crisis de homicidios”, añadió Anaya.
El especialista dijo que los asesinatos de más de 228 mil personas –entre 2007 a 2018– se traducirían en perdidas salariales por el orden de los 135 mil millones de pesos; “si juntamos los 40 mil desaparecidos, en total estaríamos hablando de 157 mil mdp tan solo en perdidas salariales”, agregó.
Patricia de Obeso dijo que más de 180 mil jóvenes ”no está en terminando la secundaria como consecuencia de la violencia, ese costo también hicimos el cálculo de la pérdida económica, que ascendería casi a los 8 mil millones de pesos.
Otra de las consecuencias de la impunidad es la falta de inversión.
Los especialistas explicaron que la violencia en México genera que la gente emprendedora no quiera arriesgarse a iniciar un nuevos proyectos, pues saben que le va a salir más caro la extorsión o cuidarse de la inseguridad.
“Claramente la impunidad tiene una afectación en la vida de los negocios”, dijo De Obeso.
Patricia Obeso, de la consultoría Creatura, aclaró que el documento no es un índice, y la cifra estimada no es un único costo.
Los investigadores dijeron que si existiera una efectividad institucional como en Costa Rica, para el 2030 el PIB del México podría ser de 3 puntos menos al actual. “Si continuamos así, para el 2040 el costo ascendería a 8.7 billones de pesos una pérdida de 13 por ciento de crecimiento del PIB, que en un México con mayor capacidad institucional), aseguró Anaya.