En Acapulco las Fuerzas Federales detectaron un faltante de 342 armas en la Secretaría de Seguridad Pública, por el cual aún debe responder el ex Alcalde Evodio Velázquez Aguirre, diez comunidades de la sierra de Petatlán denunciaron que un grupo de sicarios con “armamento pesado, como del Ejército”, llegaron a los poblados y ordenaron a las familias que se vayan, catearon las casas y sacaron todos los muebles, enseres, ropa, y se robaron lo que quisieron.
En esa zona de la sierra de Guerrero, habitantes denunciaron incursiones y cateos de un grupo local de la delincuencia organizada, encabezado por Felipe Torres “El Zeta”, y reforzado por La Familia Michoacana que proviene de Arcelia, en la Tierra Caliente, y pretende desplazar a todos los habitantes, para quedarse con el control de la región.
Por Aurora Harrison
Chilpancingo/Ciudad de México, 1 de octubre (ElSur/SinEmbargo).- El ex Alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, quien finalizó ayer su mandato, aún debe responder por 342 armas de la Policía Municipal que no fueron halladas durante una revisión de las Fuerzas Federales la semana pasada a la corporación. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, respondió que no es asunto político o partidista el emplazamiento de 72 horas que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al ex Edil y aclaró que es un acto de “responsabilidad jurídica”.
Consultado de lo dicho por el ex Alcalde de que no son 342 las armas extraviadas sino 38 pistolas, respondió que Velázquez Aguirre como el responsable de la corporación debe tener control de las armas y por lo tanto de la licencia colectiva de la secretaría, y que hasta ayer desconocía si ya comprobó dónde están las armas.
Agregó que en 2017 se le notificó al entonces Alcalde que el ex secretario de Seguridad Pública, Max Lorenzo Sedano Romano, quien presentó su renuncia el jueves, no había aprobado los exámenes de control y confianza y que era su responsabilidad tomar la decisión de mantenerlo o no.
Álvarez Heredia justificó que el Gobierno del estado en ese entonces no hizo ningún comentario por “respeto a la autoridad municipal, a él le correspondía tomar las decisiones de manera constitucional y de acuerdo con la ley, al presidente le compete la designación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública”.
Insistió que la decisión de hacer una revisión en la corporación fue que la presidenta municipal Adela Román Ocampo dijo que la síndica Leticia Castro había sido amenazada, y la otra por una investigación que había en contra de dos mandos que fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión.
El vocero agregó que la amenaza contra servidores públicos puso en “alerta” al Grupo de Coordinación, como se ha hecho en otros casos, y citó el de Chilpancingo donde la policía estaba señalada por ciudadanos de desaparición de personas, o como “otro caso sospechoso” en José Azueta, donde se tomó la determinación de intervenir.
“Todas las policías están bajo lupa y escrutinio en la mesa de Grupo de Coordinación Guerrero, y es necesario debatir la conveniencia de un Mando Único ante la debilidad las policías locales”, indicó.
Abundó que la policía “no se suma a los operativos para detectar posibles presuntos delincuentes. Todas esas sospechas, prudencia y responsabilidad hacen que la policía esté bajo sospecha y limpiar cualquier vínculo con delincuentes”.
Álvarez Heredia dijo que el emplazamiento de 72 horas que hizo la Sedena a Velázquez Aguirre se tomó después del mediodía del sábado, luego de la reunión que tuvo el Grupo de Coordinación Guerrero en las instalaciones de la Novena Región Militar, y el alcalde como “responsable del resguardo de las armas está obligado a informar y poder aclarar”.
“De acuerdo con la revisión del armamento se pudo detectar la ausencia de más de 300 armas, y por ello se solicitó al presidente que informe. Es un acto de responsabilidad jurídica que no tiene nada que ver con político ni con los partidos, es un acto de responsabilidad para conocer qué paso y deslindar si hubiera algún delito, y será competencia del Ministerio Público imputar los delitos”, indicó.
Por otra parte, de la insistencia del ex Alcalde de que Sedano fue recomendado por el Grupo de Coordinación Guerrero y avalado por el secretario de Gobernación, el vocero explicó que hay documentos en los que se le notificó al ex alcalde que el jefe policiaco no había aprobado los exámenes de control y de confianza, que eso se hizo el año pasado, pero no dio fecha.
Detalló que es facultad del municipio determinar qué hacer con aquellos que no aprobaron y “claro que se le notificó al alcalde y no puede faltar a la verdad”.
El vocero dijo que con el nuevo gobierno que encabezará Adela Román Ocampo se va a continuar el trabajo coordinado, porque “la alcaldesa tiene una comunicación fluida y permanente y seguramente habrá espacios de intercambio de información”.
IRRUMPE GRUPO ARMADO EN LA SIERRA
Diez comunidades de la sierra de Petatlán denunciaron incursiones y cateos de un grupo local de la delincuencia organizada, encabezado por Felipe Torres, El Zeta, y reforzado por La Familia Michoacana que proviene de Arcelia, en la Tierra Caliente, y pretende desplazar a todos los habitantes, para quedarse con el control de la región.
El grupo se compone de 50 a 100 sicarios, y en la denuncia de las comunidades se afirma que se ha visto que actúan en conjunto con un grupo de la Policía del Estado.
Señalan que ha asesinado a cuatro vecinos, uno de ellos es Casimiro Pano Santiago, de La Botella.
La denuncia dice que los sicarios tienen “armamento pesado, como del Ejército”, llegan a los poblados y ordenan a las familias que se vayan, catean las casas y sacan todos los muebles, enseres, ropa, y se roban lo que quieren.
Voceros de las comunidades, que pidieron que no se publicaran sus nombres por el peligro en que se encuentran, se comunicaron a El Sur para informar de los actos cometidos por el grupo delincuencial, y pedir al nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que intervenga, que envíe tropas del Ejército, que envíe a autoridades, para detener los actos delictivos de dicho grupo, que han obligado a la mayoría de las familias a salir; “ya sólo quedan unos cuantos”, lamentan.
También piden la presencia de los medios de comunicación, y la visita de organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que vean los pueblos desolados, abandonados y conozcan lo que ha pasado en los últimos tres meses, “desde que comenzaron las aguas”.
“Estos pueblos se están quedando solos, familias completas se van, adultos y niños, y dejan todo lo que tienen, gallinas, puercos, ropa, televisión, roperos y muebles, todo lo de la cocina, para salvar sus vidas”, dice uno de los comisionados para dar información.
Las 10 comunidades de la región, que se pusieron de acuerdo e hicieron la denuncia pública son Cajinicuilar, El Parazal, La Botella, Arcelia, Zapotillal, Banco Nuevo, Las Galeras, La Pasión, El Rincón del Refugio y Canalejas. Son poblados pequeños, los más grandes de unos 500 habitantes, en total suman poco más de 2 mil.
Estas comunidades son donde surgió la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y han mantenido el cuidado de los boques y de los recursos naturales, pero como movimiento han dejado de tener presencia en los medios de comunicación.
Los representantes declaran que “desde la entrada de las aguas”, hace dos o tres meses, comenzó el grupo de Felipe Torres, a amenazar a la gente para sacarla, “les dicen que no los quieren por aquí, a algunos ya los mató porque no quisieron obedecer, acaba de matar a Casimiro Pano González, era de La Botella, Felipe Torres lo mató, porque quería correrlo de la región, no le obedeció, y en una bajada que dio le salió al camino y lo mató”. Además, dicen, ha matado otros tres vecinos de El Parazal y La Botella.
En los pueblos se ha visto que el grupo del Zeta fue reforzado por sicarios que llegaron de Tierra Caliente, de Arcelia, que son de la Familia Michoacana, que encabezan Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez y su hermano José Alfredo Hurtado, El Fresa, que se dedican a traficar drogas y a otras actividades de la delincuencia organizada.
Informan que este viernes en la noche llegaron a la región, entraron a los pueblos, juntos, sicarios y policías, estuvieron en El Parazal, El Zapotillal, Canalejas y La Botella, se metieron a las casas, sacando todo lo de valor.
Cuando se oye que por ahí andan los sicarios, la gente se va, no se espera. Ya no hay actividades en las escuelas, los maestros ya se fueron, los pocos niños que quedan ya no van a clases. Nadie puede transitar por los caminos.
El viernes los sicarios cerraron el paso en el camino principal, en un lugar que se llama Las Lomas, del Zapotillal para abajo.
Dicen que ahí llegaron primero policías del estado, y después se quedó el grupo de Felipe Torres. No dejan pasar a nadie, y en ese lugar cortaron los cables de electricidad; todos los pueblos de la región quedaron sin luz.
En Las Lomas tienen su campamento, y de ahí salen a amenazar a la gente para correrla, salen a robarse todo lo que hay, desde gallinas para arriba, dice uno de los representantes.
Después de los cateos que hicieron el viernes en la noche, el sábado amanecieron las cosas que había en las casas afuera, en los patios, ropa, muebles, todo tirado.
Consideran los denunciantes que los sicarios no están buscando algo, que hacen los saqueos sólo “para enfadar a la gente, intimidarla y que más rápido se vayan”.
En redes sociales se han difundido videos de La Familia Michoacana que anunció su entrada a Petatlán para enfrentarse a otro grupo de la delincuencia organizada encabezado por El Ruso.
Los representantes de las diez comunidades que hacen la denuncia declaran que esta ruta de la sierra no tiene qué ver con el caso de El Ruso, que, se sabe, tiene sus actividades en la parte de la costa, en la cabecera de Petatlán, por eso no creen que la entrada de los sicarios de la sierra, que tienen su origen en la comunidad de La Morena, con los sicarios de La Familia Michoacana de Arcelia en la Tierra Caliente, no tiene relación con la búsqueda de El Ruso.
Las 10 comunidades que hacen la denuncia pública forman parte del movimiento en defensa de los bosques y de los recursos naturales que fue conocido en todo el país y en otros lugares del mundo.
Es la ruta en la que en 1998 surgió la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, que se enfrentó a caciques coludidos con militares y policías vinculados a la explotación de los bosques, jefes del narcotráfico en la zona, y con sus movilizaciones en defensa de los bosques y el agua hizo que se retirara la empresa estadunidense Boise Cascade, que había contratado con los comisariados de los ejidos la compra de grandes cantidades de madera para exportación, y que según las estimaciones de la época acabaría con los recursos forestales y causaría la desertificación de la sierra.
Los campesinos ecologistas pararon el saqueo de los bosques y no se cumplieron los presagios de la desertificación de la sierra, llevan años cuidando los boques y afirman que están mejor que antes.
Pero sufrieron persecución, desplazamientos, encarcelamientos, asesinatos y desapariciones. Los casos más conocidos fueron en 1999 los de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fundadores de la organización, que fueron detenidos por efectivos del Ejército y encarcelados, y fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional, y cuando salieron de la cárcel, después del asesinato de su abogada Digna Ochoa, fueron obligados al destierro.
El otro caso, es la desaparición de la coordinadora de la organización, Eva Alarcón Ortiz, y del presidente, Marcial Bautista Valle, que fueron detenidos y desaparecidos el 7 de diciembre de 2011, por sicarios del narcotráfico en complicidad con efectivos del Ejército y de la Policía Ministerial y municipal de Tecpan. Los dos dirigentes siguen desaparecidos.
