En unos días Gustavo Maldonado López, activista digital chiapaneco, cumplirá dos meses privado injustamente de su libertad. Desde las redes sociales y con uso de imágenes, textos y acopio de información, Gustavo denunciaba los abusos de Samuel Toledo Córdova, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, y mantenía una crítica implacable al gobierno estatal encabezado por Manuel Velasco Coello.

Por la noche del 8 de agosto de este año, Gustavo fue detenido bajo cargos falsos de narcomenudeo, ahora sabemos que para ello jugó un papel central el mal llamado detector molecular GT-200 de fabricación inglesa, a pesar de que en 2011 el científico mexicano Luis Mochán demostró que, la también denominada “Ouija del Diablo”, es un fraude millonario. La evidencia indica que Eduardo Sánchez, Subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación y vocero del gobierno federal, o está mal informado o de plano miente. Como demostraremos, esta “ouija” se sigue usando en México y se endereza en contra de disidentes políticos.

El caso de Gustavo Maldonado

En Chiapas, alrededor de las 10:18 pm del jueves 8 de agosto la cuenta anónima en Twitter @el_incomodo publicó: “Anoche llegó a la PGJE el cobro del blackeyed hosting monitor contratado para encontrarme a mí y a otros… Pagaron 635 mil el semestre”. A las 10:20 pm de ese mismo día Gustavo Maldonado lo retuiteaba al tiempo que aparecía en su muro de Facebook. Días antes, la referida cuenta incómoda había publicado comentarios sobre supuestas conductas tanto del Gobernador Velasco Coello, como del Procurador Raciel López Salazar en un contexto de tensión política en Chiapas que lleva ya algunos meses.

Para finalizar su jornada en Internet aquel jueves, aproximadamente a las 10:46 pm Gustavo publicó un video en donde se afirma: “con tristeza hemos visto cómo el Estado cursa su historia en una oscuridad total, fuera de la luz de la justicia y de la libertad de expresión. Hemos sido testigos de la represión contra activistas…”, verdad que como profecía le tocó vivir pocos minutos después cuando tres policías lo detuvieron al cruzar la calle.

Conforme los detalles del caso emergen somos testigos de la oscuridad y la corrupción de las autoridades estatales. A Gustavo lo acusan de ser narcomenudista en el bar Toro Rojo, ubicado cerca de su domicilio, pero él se dedica a administrar un cibercafé de su familia, ocupación que le permite ser activista digital, además de ser estudiante universitario. No existe en todo el expediente alguna acusación o testimonio directo más que el de los policías que lo detuvieron. En Propuesta Cívica dentro de nuestro programa de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos hemos decidido acompañar este caso.

La Ouija revive

El 7 de enero de 2013 la prueba del doctor Mochán sobre el GT-200 ganó notoriedad a nivel mundial, ya que fue difundida por la Universidad de Cornell. Llamada “doble ciego”, el experimento consiste en ocultar del operador del GT-200 una sustancia prohibida en una de ocho cajas. Los resultados indican que de 20 intentos sólo se adivinó el lugar de las sustancias en tres ocasiones, lo que equivale a los resultados del azar. No sólo debemos a este gran científico mexicano la documentación del fraude del detector, su trabajo también logró que en el 2011 Ernesto Cayetano saliera libre, junto con el compromiso con la justicia de la joven jueza Karla Macías Lovera. Otro caso donde el profesor Mochán ayudó con sus estudios fue el de Juanita Velázquez quién cuando atendía cotidianamente una fonda en Morelos fue detenida por militares que usaron el GT-200; Juanita pasó más de dos años en prisión. Al final aunque venció a la “Ouija del Diablo”, aún paga las consecuencias.

El caso de dos personas juzgadas por Macías Olvera, cuya libertad fue impugnada por la PGR, resultó propicio para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, pidiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional un ejemplar del GT-200. Los militares nunca lo entregaron. Todo indica que el gobierno federal descubierto en la mentira, prefirió desistirse de la acción.

Derrotada a nivel federal, la “ouija” revivió en Chiapas en el caso de Maldonado López. Al revisar minuciosamente las constancias del caso, conocimos que al investigar una denuncia anónima al 089, el 13 de abril de 2013, Carlos Mario López Gómez, 2do. Comandante de la Unidad de Búsqueda de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, acudió con un equipo GT-200 y “tarjetas sensoras de cannabis y cocaína” en la esquina que forman las calles 5ª Norte y 3ª Poniente lugar donde, según su escueto parte informativo, se ubicaron las sustancias.

El 24 de abril de este año, un mes antes de que el comandante López ratificara su versión ante la Fiscal Denny Aguilar Vázquez, se anunció la sentencia por fraude a James McCormick y poco más tarde a Gary Boltón, ambos socios de Global Technical LTD, fabricante del milagroso detector GT-200. A pesar de ello, el operador chiapaneco del detector, compareció el 25 de junio para ratificar su reporte y afirmó entusiasta: “el equipo GT-200 el cual refiero en mi informe, es un detector molecular portátil, que trabaja por medio de tarjetas sensoras. Dentro de la ciudad su efectividad es de 150 metros y en espacios abiertos de 750 metros a la redonda”.

Más adelante el funcionario de la PGJE fue prolijo en detalles y mostró una inusitada confianza en la tecnología: “posteriormente pasé el GT-200 con la tarjeta COCAÍNA, dando como resultado lectura POSITIVAS pasando dicho aparato primeramente por la calle 3ª Poniente con sentido de la calles 5ª a la 4ª Norte y justo del lado izquierdo de dicha calle dio como resultado lecturas “POSITIVAS”, precisamente en la casa que se encuentra ubicada en la parte central de dicha calle siendo esta un bar denominado “EL TORO ROJO” … por lo anterior, a consideración del ratificante y por la experiencia que tengo en el manejo de dicho aparato, no encontré necesario pasar el aparato por la calle 4ª Norte”.

Cierra su ratificación con sorprendentes afirmaciones: “finalmente quiero manifestar que tengo la pericia en el manejo del equipo GT-200 desde hace 5 años, y he recibido muchos cursos perfeccionados en la práctica siendo en 100 por ciento de seguridad”.

Tras esta “evidencia”, la fiscal de la PGJE decidió girar las instrucciones necesarias a un grupo de investigadores que en días posteriores recabaron “numerosos testimonios de vecinos y de comerciantes” según los cuales señalaban a “El Diablo” como el narcomenudista que operaba en la zona. Ninguna de las personas que supuestamente hablaron con los policías quiso dar su nombre o declarar ante la autoridad ministerial.

La operación del GT-200, como el conjunto de las supuestas denuncias anónimas forman parte de la argumentación de la PGJE para consignar a Gustavo y sirven de base al Juez Tercero de lo Penal, Jesús Aguilar Zúñiga, para dictar auto de formal prisión, sin importar que ello resulte ilegal.

Si no es por el GT-200 quizá hubieran fabricado cargos de pornografía como lo hizo el Procurador en el caso del bloguero Héctor Bautista en 2010. Lo cierto es que del parte informativo del comandante López y del expediente, podemos conocer el protocolo que sigue la PGJE en caso de denuncias anónimas. 1. Se registran las denuncias. 2. Se envía al lugar un operador con el GT-200. 3. Se ratifican sus informes y envían a investigadores a los lugares “positivos”. 4. Se detienen a los sospechosos y 5. Se procesan y consignan a un Juez Penal. Es claro que dando “negativo” en el paso 2, todo se interrumpe.

Entre 2008 y 2012 fueron vendidos al gobierno federal y a 27 gobiernos estatales mil 112 artefactos por cerca de 450 millones de pesos. Para 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que había recibido al menos 3 mil 786 quejas por abusos cometidos durante cateos injustificados que se realizaron con base en estos dispositivos.

Recientemente a McCormick lo sentenciaron a 10 años de cárcel y Bolton pasará siete años tras las rejas. La pregunta es ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar en prisión Gustavo Maldonado? Mientras la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación y de buena parte de la sociedad hacia el caso de Gustavo juega al olvido, Raciel López, procurador en Chiapas, sostiene que seguirá usando los dispositivos “porque a ellos sí les funciona”. Razones no le falta, si él fue quien los compró.

Hace 15 años vi como en el desierto de Chihuahua un campesino ayudado con una varita, mostraba dónde debían cavar en busca de agua bajo la tierra. Los zahoríes que practican la radiestesia pueden ufanarse, que a pesar de ser tachados de fanáticos, no hacen daño a nadie. Yo me salvé de cargos, quizá por el criterio de un militar de Baja California, a pesar que esperé por cuatro horas en un retén porque un GT-200 había detectado algo. Volví a ver a la “ouija” el pasado 4 de junio en manos de un sonriente militar en el aeropuerto de Hermosillo Sonora.

La diferencia es que las varitas no cuestan de millones de dólares en corrupción y fraudes. Aún más importante ¿Cuántos inocentes están ahora en la cárcel pagando por delitos que no cometieron? Y si en realidad existe una bomba que pone en riesgo la vida de personas, ¿la detectaría el GT-200 o con la variante del mismo fraude llamada ADE651?

Debemos difundir por todos los medios posibles los trabajos de Luis Mochán y otros científicos mexicanos, para que esta información llegue al oído de los injustamente presos, a sus familias y a sus abogados y así podamos contribuir a su libertad. En el blog de Andrés Tonini hay una estupenda compilación.

Como el caso del programa de espionaje Finfisher, tengo para mí que cualquier tecnología otorgada a los poderes públicos sin un control de la sociedad civil, eventualmente será usada en nuestra contra, comúnmente contra quienes menos tienen o contra quienes se enfrentan al poder.

Exigimos la libertad inmediata de Gustavo Maldonado López.

Jesús Robles Maloof

https://www.sinembargo.mx/author/jrobles

Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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