No hay duda que la falta de acceso a una vivienda digna es uno de los grandes problemas sociales del país, y que debe ser encarado como prioridad por los gobiernos entrantes y, desde abajo y organizadamente, por la propia sociedad. La crisis de la vivienda no es nueva y como diría el inquilino de Palacio Nacional que está por irse, se agravó en los gobiernos neoliberales, pero lamentablemente el gobierno de la Cuarta Transformación no hizo nada sustancial para remediarla.  Muy lamentable para un gobierno que se autodefine progresista y de izquierda. El gobierno de la transformación pudo proponer políticas o programas que enfrentaran la crisis de vivienda que padece la sociedad mexicana, pero no lo hizo en este sexenio.

Los rasgos de esta crisis son claros y de gran magnitud. Por un lado, millones de mexicanos que no tienen casa propia y de otro lado, hay 6.1 millones de viviendas abandonas y miles de edificios cuyos departamento están sin ocupar. Cerca de 40 millones mexicanos, 30 por ciento de la población, no tiene vivienda propia, pero la proporción de quienes carecen de ella se agrava entre los jóvenes de 25 a 39 años: 73 por ciento de este grupo etario no es propietario de su hogar.

Quienes no tienen vivienda propia pueden optar por alquilar una, pero con rentas cada vez mas caras. En la zona metropolitana de Guadalajara, el promedio de rentas ronda los 23 mil pesos mensuales, lo que las vuelve inaccesibles para la mayoría de asalariados, profesionistas o trabajadores por cuenta propia. Acceder a una renta de este promedio implica tener ingresos de al menos 75 mil a 100 mil pesos mensuales, lo que obtiene apenas una minoría de los mexicanos.

Las opciones de renta y compra de vivienda para clases medias y trabajadoras consiste en comprar casas a crédito mediante hipoteca bancaria que comprometen las finanzas de la familia con deudas por 15 o 20 años. Regularmente esas viviendas asequibles a sectores de menores ingresos se construyen en las periferias de las metrópolis, en fraccionamientos con materiales de dudosa calidad y en zonas donde los servicios públicos (agua, aseo, educación y transporte) no están garantizados.

Muchas veces el legítimo sueño familiar de tener un hogar propio, se convierte en una pesadilla. A veces la pesadilla es la falta de agua por semanas o a veces es el exceso de agua por las inundaciones que deja el temporal. El afán de lucro que mueve a las inmobiliarias, las incentiva a comprar tierra barata en zonas que no garantizan los servicios o que no habrá inundaciones durante el temporal.

Otra de las grandes pesadillas de los nuevos fraccionamientos o cotos es la movilidad. La política de vivienda dejada al mercado provoca que la mayoría de quienes habitan las casas de las periferias tengan que gastar buena parte de su día en la movilidad. Son horas del día que se pasan en el coche o en el transporte público, que podrían dedicarse a la familia, a un paseo en un parque público, a la educación o al entretenimiento.

La crisis de la vivienda para quienes las rentan, no son mejores. Las rentas en las zonas más céntricas y con mejores servicios son caras y están en peligro por tres fenómenos que crecen aceleradamente: la gentrificación, el crecimiento de las rentas de corta estancia en plataformas como Airbnb, y la financiarización de los nuevos proyectos inmobiliarios.

Estos tres fenómenos son hoy por hoy el centro de la política capitalista de la vivienda y provoca que se expulsa a los más pobres de los centros urbanos o las zonas con mejores servicios de las ciudades (o las colonias con más edificios históricos o amenidades públicas) para impulsar la llegada de sectores de ingresos altos que pagan más caras las viviendas o las rentas de departamentos; las ganancias que generan las plataformas de corta estancia están encareciendo las rentas, lo que también expulsa a vecinos que no puedan pagarlas; y finalmente la financiarización de la vivienda desnuda por completa esta política regulada por el capital y que se expresa en que se construyen viviendas y departamentos, pero no para satisfacer una necesidad humana, como es tener un techo, sino que se edifican construcciones para inversión de accionistas o para meterlas al juego especulativo de la bolsa de valores.

Los gobiernos en México, sean conservadores o progresistas, en los hechos han negado el derecho a una vivienda digna para millones de mexicanos, pues han dejado que la satisfacción de una necesidad básica sea manejada por corporaciones privadas cuya lógica es la obtención de beneficios y ganancias. Es necesario detener esta nefasta lógica de vivienda dejada al mercado y para ello urge construir alternativas en lo colectivo para satisfacer el derecho a la vivienda como un bien común.

Tras el milagro del capitalismo mexicano a mediados del siglo pasado, con el crecimiento acelerado de las ciudades, se presentó una crisis por demanda de viviendas. Una parte de la población que demandaba vivienda se decidió por la autoconstrucción, otra por la invasión de tierras para construir asentamientos, pero otra parte se organizó en un movimiento urbano-popular que fue capaz de organizarse para exigir al Estado acceso a una vivienda digna. No siempre se exigió al gobierno, varias experiencias derivaron en formas de auto-organización que por sí mismas se organizaron para dotar de vivienda a sus integrantes. Todas estas experiencias son necesarias ahora en tiempos que el derecho a la vivienda digna es un derecho negado, una asignatura pendiente.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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