Anabel Hernández García señala que mientras en Estados Unidosle aumentan los señalamientos contra Genaro García Luna, en México se encargan de las investigaciones dos que estuvieron cerca del secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Dos funcionarios que en el pasado fueron protegidos por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, son los que hoy lo investigan en México, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández García.
“Uno es Antonio Pérez García, nombrado en mayo pasado responsable de la Policía Federal Ministerial que materialmente es la encargada de la investigación de campo contra García Luna y sus cómplices. El otro es Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, Coordinador de Métodos de Investigación, jefe de Pérez García y quien le dio el nombramiento”, escribe la periodista mexicana en una investigación realizada para el portal Aristegui Noticias.
Los funcionario mencionados “no sólo fueron protegidos y beneficiados durante su gestión en el sexenio de Felipe Calderón, sino que tienen antecedentes de irregularidades y presunta corrupción”, añade la autora de Los señores del narco.
“Pérez García trabajaba con García Luna desde la Agencia Federal de Investigación (AFI). Cuando éste fue nombrado Secretario de Seguridad Pública Federal se llevó con él a los de mayor confianza, a quienes dio importantes cargos. Uno de ellos fue el actual responsable de la Policía Federal Ministerial”, agrega.
Por otra parte, Gallo Gutiérrez fue de los muchos que tuvieron una prolífica carrera con García Luna, escribe Anabel Hernández. El funcionario formó parte del CISEN, donde trabajó durante años junto a García Luna.
“Además de estos dos funcionarios, con información de la Secretaría de la Función Pública se identificó a otras cinco personas en puestos clave y sensibles en la Fiscalía General de la República. Todos tienen conexión con García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño. Uno de ellos es Jorge Domínguez Martínez Vertiz, director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol”, detalla la autora de Los señores del narco.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que desde que inició la nueva administración, el Ministerio Público Federal (MPF) abrió diversas carpetas de investigación en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y cinco personas físicas más, además de cinco empresas vinculadas con dichas personas. Entre los involucrados están Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF).
“Los avances se han ido dando conforme las distintas autoridades han brindado su colaboración; todo ello vinculado con las solicitudes de asistencia internacional que se han tramitado ante los Estados Unidos de América; y que habrán de ser recibidas conforme los procedimientos en ese país lo vayan permitiendo”, señaló la autoridad en un comunicado.
En diciembre de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo llegar ante el Ministerio Público, la información que ha ido obteniendo de cada uno de los casos investigados. Una vez que se reúna la totalidad de la información autorizada por los jueces y obtenida legalmente, se procederá a la imputación judicial correspondiente, agregó.
Por lo que toca a los casos de Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF), las investigaciones del Ministerio Público han ido avanzando, señaló la FGR.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha congelado las cuentas que legalmente es posible realizar; mientras se llevan a cabo las diligencias de investigación procedente, añadió.
Autoridades federales de Estados Unidos que llevan la causa contra el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusaron esta semana formalmente de narcotraficantes a los exfuncionarios mexicanos Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García.
Los fiscales que llevan el caso de García Luna dicen que ambos individuos brindaron protección al Cártel de Sinaloa, que comandaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que tanto Pequeño García como Cárdenas Palomino “aceptaron millones en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta misma semana que existe una solicitud de extradición en contra de Genaro García Luna, exdirector de Seguridad Pública durante el Gobierno Felipe Calderón Hinojosa.
Durante su conferencia matutina, el primer mandatario señaló que junto con García Luna, otros exfuncionarios de Seguridad Pública también están siendo investigados, tal es el caso de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, señalados de participar en una empresa criminal.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Genaro García Luna, el Jefe del Ejecutivo federal confirmó que efectivamente existe una investigación y la solicitud de extradición en contra del exsecretario de Seguridad.
“Tengo información de que sí, la Fiscalía está llevando a cabo una indagatoria en el caso de García Luna, hay una investigación, incluso la solicitud de extradición y también del equipo que lo rodeaba, de modo que es muy probable que existan investigaciones, sobre todo de la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso de estos personajes, de estas personas que fueron señaladas ayer en Estados Unidos”, dijo.
“Yo estoy seguro de que va a actuar la Fiscalía porque le corresponde así”, agregó.
El tabasqueño recordó que su Administración busca traer de vuelta a García Luna para pagar las cuentas pendientes que tiene con el Gobierno y pueblo mexicanos, y de esa manera recuperar el daño patrimonial que se hizo contra la hacienda pública.
