La organización figura entre los grupos activistas del país incluidos en un documento judicial de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la cual asegura que más de 900 menores fueron separados de sus padres en el año posterior a la orden del juez.
Por Deephi Hajela y Sophia Tareen
NUEVA YORK (AP) — En los dos meses posteriores a que un juez le ordenara el año pasado al Gobierno del Presidente Donald Trump dejar de separar a la mayoría de padres y menores en la frontera de Estados Unidos con México, el número de niños enviados a Nueva York disminuyó.
Después, según activistas, se reanudó la llegada de menores en un flujo constante, muchos demasiado chicos para comprender sus circunstancias o cómo encontrar a sus progenitores.
“Simplemente ha sido esta horrible sensación de que esto ya lo hemos visto”, dijo Anthony Enríquez, director del programa para menores que viajan solos de Catholic Charities Community Services, de la arquidiócesis de Nueva York.
La organización figura entre los grupos activistas del país incluidos en un documento judicial de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la cual asegura que más de 900 menores fueron separados de sus padres en el año posterior a la orden del juez.
Se trata “del mismo problema que tuvimos hace más de un año antes de la orden y que esperábamos contra toda esperanza que la corte bloquearía”, afirmó. “Pero parece que al gobierno no le interesa la orden de la corte, francamente”.
Los 911 menores fueron separados de 844 padres desde el 26 de junio de 2018 -fecha en la que el juez emitió la orden- y el 29 de junio de este año, según un análisis que hizo la ACLU de los expedientes del gobierno que recibió bajo la supervisión del juez. El Departamento de Justicia declinó hacer declaraciones.
Más de la mitad -481 menores- tenían menos de 10 años. Y uno de cada cinco, o 185, tenían menos de 5 años. Trece eran menores de un año. La edad promedio era de 9 años.
Casi tres de cuatro menores, o 678, fueron separados con el argumento de que uno de sus padres tenía conducta criminal, aunque sólo en la mitad de esos casos se indicaba una declaración de culpabilidad en los expedientes presentados por el gobierno, según el análisis que la especialista en datos Brooke Watson hizo para la ACLU.
Se alegaron “infracciones de tránsito o de manejo” en 47 separaciones de menores, incluyendo tres por conducir intoxicado y 14 por manejar intoxicado combinada con una infracción de tránsito no especificada.
Los defensores de los inmigrantes dijeron haber presentado su queja debido a preocupaciones de que el gobierno no estaba acatando la orden de la corte emitida a mediados del año pasado que prohibía las separaciones de familias, según Lisa Kroop, del National Immigrant Justice Center.
Esta organización activista con sede en Chicago representa a familias en casi 120 casos de separación, incluidas unas 20 madres salvadoreñas detenidas en una instalación en Laredo, Texas.
