La manera en que una minera propiedad del magnate Carlos Slim arrasó con un pueblo ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas, al norte de México, es tan sólo un ejemplo de los daños ocasionados por la industria minera en complicidad con el gobierno.
Una historia de gente dispuesta a defender su hogar frente a la voracidad del capital trasnacional. Una historia que evidencia los conflictos sociales y ambientales provocados por la minería, actividad que sigue siendo prioritaria para el Estado mexicano pese a los pocos beneficios que genera. Una historia donde las grandes empresas mineras del país ni siquiera pagan impuestos.
Por Manuel Hernández Borbolla
PRIMERA DE DOS PARTES
Ciudad de México, 1 de agosto (RT/SinEmbargo).– Roberto de la Rosa es el último guerrero de Salaverna, un pueblo derrumbado por una minera propiedad de quien fuera el hombre más rico del mundo.
“Yo digo que se defiende el pueblo a medida que uno lo quiera”, afirma don Roberto. “La misma defensa de nuestro pueblo nos da valor para enfrentarnos a quien sea”, agrega el campesino de 66 años de edad, mientras relata los estragos ocasionados por la Minera Frisco Tayahua, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, considerado en 2014 como el hombre más rico del mundo por la revista Forbes y quien hoy ocupa la séptima posición entre los más acaudalados del planeta.
La historia que relata don Roberto, es la historia de un pueblo que lucha contra la extinción, provocada por la voracidad de las grandes empresas mineras que operan en México desde hace décadas con apoyo del gobierno. Una historia que se repite con insistencia desde la instauración del modelo económico neoliberal a finales de la década de 1980, mismo que fomentó el despojo de comunidades enteras para beneficio de unos cuantos.
Una explosión cambió el destino del Salaverna. Ocurrió el 6 de diciembre de 2012, alrededor de las 7:15 de la mañana. Una detonación con explosivos al interior de la minera Frisco Tayahua provocó un cráter en uno de los cerros donde se asienta el pueblo, ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Una localidad donde el 60 por ciento de la población vive en situación de pobreza, a pesar de estar cercados por proyectos mineros que, según el discurso oficial, habrían de generar una derrama económica suficiente para mejorar las condiciones de vida de los lugareños.
Roberto asegura que la explosión fue provocada de manera deliberada para que la gente abandonara sus casas y la empresa Frisco pudiera iniciar un proyecto de minería a cielo abierto y extraer grandes cantidades de oro, plata, cobre y zinc. Por ello, advierte Roberto, el hundimiento del terreno estuvo precedido por varios intentos de desalojar a la gente de sus casas para reubicarlas en otro lugar, con apoyo del gobierno. Para el campesino –quien vive de sembrar maíz, frijol y posee algunos chivos en un terreno cerca de su casa– aquella explosión no fue producto de la casualidad, sino un acto premeditado.
“Eso fue un acto de terrorismo porque ya no podían sacar a la gente”, acusa Roberto. “Aquí dicen que no pasa nada, que no hubo daños, que no ocurrió nada malo. Decían que fue un deslave por las lluvias, y en ese tiempo ni llovió”, recuerda Roberto. El cráter, ocasionado por un supuesto deslave según la versión oficial, ocurrió en temporada de sequía.
Tras el incidente, alrededor de 20 familias se vieron obligadas a abandonar el pueblo.
Sin embargo, el millonario proyecto de minería a cielo abierto permanece detenido por un pequeño grupo de personas dispuestas a defender su hogar.
“Como se cerró la mina unos días, los que trabajaban aquí todavía, los corrieron de sus trabajos, por apoyar a gente del pueblo”, cuenta Roberto, quien agrega: “Todos están arrodillados, sometidos por el capital. Es una mafia la del gobierno”.
Así comenzó la lucha. Luego vino la emboscada que terminaría con la demolición del pueblo.
TRAS LA EXPLOSIÓN, LA DEMOLICIÓN
La trampa fue orquestada por el gobierno de Zacatecas, encabezado por Alejandro Tello Cristerna, quien a los pocos meses de asumir funciones como gobernador, convocó a los pobladores de Salaverna a una reunión en la capital del estado, ubicada a 285 kilómetros de la comunidad, con el objetivo de resolver el conflicto. Mientras los líderes de la comunidad llegaban a la capital del estado, la mañana del 23 de diciembre de 2016, en vísperas de Navidad, don Roberto recibió el aviso de que funcionarios estatales entraron al pueblo con maquinaria pesada para demoler sus casas.
“Llegamos a Zacatecas, íbamos saliendo de la central de autobuses, cuando me cae una llamada: ‘Oiga don Beto, van entrando estatales, ministeriales, municipales, también llevan mudanzas, hasta una ambulancia y dos bulldozer’. Luego pensé: ‘Esto ya valió'”, cuenta el campesino.
A los pocos minutos, el líder de la resistencia recibió otra llamada telefónica. “Don Beto, dicen que traen un oficio y que nos van a desalojar ahora mismo y que van a tumbar las casas”, le avisaron.
“No venían a notificar, venían a tumbar, para entregarle el pueblo a Carlos Slim”, relata Roberto. “Yo creo que el plan era desposeernos para decir, ‘¿y ahora qué pelean?’ Pero no podían hacer eso, porque el juicio sigue corriendo todavía”, agrega.
Algunas familias de la comunidad resistieron el embate. Otras, en cambio, decidieron mudarse a Nuevo Salaverna, el poblado construido por Minera Frisco con el objetivo de reubicar a las familias en casas de reducido tamaño, lo cual provocó que la gente tuviera que vender sus animales y renunciara a su antigua forma de vida. Fue así que varias familias decidieron cambiar de lugar tras el derrumbe de sus casas, luego de que los hombres de familia fueran amenazados con perder su empleo en la mina en caso de no aceptar el desalojo forzado.
Diferentes testimonios recogidos en medios locales, han documentado la inconformidad de varios habitantes de Nuevo Salaverna, ante el estrecho tamaño de sus viviendas y sus nuevas condiciones de vida.
Pero aún así, algunos decidieron quedarse a defender su hogar pese a los embates de la minera y el gobierno.
Al enterarse de que la maquinaria estaba demoliendo el pueblo, Don Roberto y la comitiva que se encontraba en la capital del estado de Zacatecas realizaron protestas en contra del gobernador. De poco sirvió. Regresó a su pueblo y sólo encontró escombros.
“Está canijo ver que la escuela donde uno estudió ya estaba tirada, la iglesia y todo. Duele. Es lo que nos identifica a nosotros, es mi identidad. Lo que estos quieren es borrar nuestro arraigo, nuestra identidad, nuestra historia”, cuenta el campesino, quien a pesar de sólo haber concluido la educación primaria, es un apasionado lector de historia.
Esta no era la primera vez que don Roberto se enfrentaba a algo así. Cuando era niño, con apenas 11 años de edad, fue desalojado del pueblo de Providencia junto a su familia por la llegada de una minera. Medio siglo después la historia volvía repetirse. Pero a diferencia de cuando era niño, esta vez Roberto decidió luchar hasta el final, a pesar de las amenazas que, afirma, recibió por parte de directivos que trabajan para la empresa minera Frisco Tayahua.
“Yo venía de Providencia, de un desalojo. Luego me tuve que ir a Monterrey por falta de oportunidades aquí, pero como quiera, no dejaba de venir yo a Salaverna, hasta hace 20 años que me vine de regreso. Uno ya trae una experiencia de atrás. Las mineras no han dejado ningún beneficio en la región. Lo que sí han dejado son muchos daños a la salud, muchos atropellos”, dice Roberto.
Con la demolición del pueblo, todo cambió. El ánimo se vino abajo y la desesperanza se apoderó de los pobladores de Salaverna.
“La gente está desilusionada. No cree en el gobierno porque esto no puede ser gobierno, está actuando como si fuera un gerente de la minera, a favor de las mineras. Por eso vienen reporteros y gente a ver cómo está el problema y ya no quieren denunciar, porque dicen que es en vano, que para qué denuncias, si al cabo no pasa nada. No hay justicia”, cuenta Roberto.
Uno de los pocos pobladores que todavía aceptan hablar es Miguel Sánchez, quien lleva viviendo más de 30 años en Salaverna, pueblo al que llegó para trabajar en la mina. Tiene 68 años y una pensión que apenas le alcanza para sobrevivir. Pero a pesar de ello es, junto con Roberto, uno de los últimos defensores del pueblo que hoy está en ruinas.
“Esto es un atropello que no tiene fundamento. ¿En qué se basa el gobierno para venir a sacarnos? Venían con una orden de desalojo pero no venía dictaminada por ningún juez, sino nada más porque ellos decían”, cuenta don Miguel. “No estamos dispuestos a salirnos por una miseria”, afirma el jubilado, quien formaba parte de la comitiva que fue convocada a la capital del estado mientras las máquinas entraban a la comunidad y “golpeaban a la gente”, tal como le ocurrió a su hijo, quien fue agredido por cuatro funcionarios estatales que quedaron impunes.
UNA BATALLA LEGAL AÚN POR RESOLVERSE
Aunque los pobladores saben que la batalla por recuperar su pueblo está prácticamente perdida, mantienen la esperanza de que las cosas puedan cambiar un poco con un cambio de gobierno a nivel nacional, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el litigio contra la Minera Frisco Tayahua para determinar la propiedad de la tierra sigue en tribunales.
“Por la vía legal, los habitantes de Salaverna sostienen que el polígono de tierra donde viven, que son 4.650 hectáreas, son terrenos nacionales que siguen siendo propiedad de la nación, y como ellos detentan la posesión desde hace varias generaciones, le están solicitando al gobierno federal que les sean adjudicadas en propiedad. Al mismo tiempo la empresa dice que ella es dueña de 3.584 hectáreas de ese polígono y presentan unas escrituras”, explica Efraín Arteaga Domínguez, académico y dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, quien lleva la defensa legal de los pobladores de Salaverna.
“Ese conflicto agrario se está ventilando en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu). El procedimiento y el litigio legal en la Sedatu va muy avanzado. El gobierno le ha dicho a la empresa que no basta con que presente unas escrituras expedidas ante un notario, sino documentos que comprueben que esas tierras salieron del dominio de la nación. Y cuantas veces se le ha pedido a la empresa que compruebe eso, la empresa vuelve a presentar la misma escritura firmada ante un notario. Ya se agotaron los tiempos legales y la empresa no ha podido probar que esas tierras hayan salido del dominio de la nación. Por lo tanto, su escritura está quedando en calidad de apócrifa”, añade el también investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
“Esperamos que la Sedatu dictamine que esas son tierras nacionales y que a los habitantes de Salaverna, por ser hijos, nietos, bisnietos de generaciones de campesinos y ganaderos que han habitado ahí desde hace varios siglos, desde mucho antes que llegara la empresa, a ellos les corresponda el mejor derecho para que esos terrenos nacionales les sean entregados en propiedad”, señala.
“Es un caso donde extrañamente Slim se topó con gente que no tiene precio”, señala Arteaga. “Les ofrece y les ofrece diferentes cantidades de dinero y la gente no acepta”.
RT contactó a la empresa Minera Frisco para conocer su versión de la historia. Sin embargo, hasta el momento de publicar este reportaje no se ha obtenido respuesta.
También contactó al gobierno de Zacatecas para conocer la posición de la administración del gobernador Alejandro Tello Cristerna sobre el tema, pero tampoco se obtuvo respuesta.
Al igual que ocurre en Salaverna con la empresa Frisco de Slim, otras mineras mexicanas y canadienses han optado por utilizar esquemas similares para explotar grandes extensiones de tierra con fuertes impactos sociales y ambientales, convirtiendo a la minería en una de las principales amenazas para comunidades a lo largo y ancho de México, mismas que se niegan a desaparecer del mapa.
Mientras Roberto recorre las calles empedradas de su pueblo en ruinas, no puede evitar revivir con nostalgia los momentos que vivió ahí. Recuerda que había un billar, una escuela. En lo alto de una loma yace el cadáver de un amigo suyo, cuyo estado de salud comenzó a deteriorarse por la explosión que marcó el destino de Salaverna. Ahora todos son escombros. “¿Esto es desarrollo?”, se pregunta el campesino mientras recorre lo que quedó del templo, en la cima de una colina. Una estampa que retrata las inequidades de la economía ante la voracidad siempre insaciable del gran capital, donde los ricos suelen imponerse a los más pobres.
“Dicen que el fin justifica los medios. Y el fin de ellos es hacer una gran fortuna, muérase quien se muera”, afirma Roberto.
Pero a pesar del alto impacto de la minería a cielo abierto, el gobierno mexicano sigue favoreciendo a empresas mineras a pesar de que su participación en la economía nacional es mínimo. Empresas que además, no pagan impuestos.
México “subasta” tierras nacionales en concesiones mineras a un alto costo ambiental
La presencia de la minería es evidente al llegar a la ciudad de Zacatecas, capital del estado con el mismo nombre, un lugar semidesértico ubicado al norte de México, donde la actividad minera ha sido una constante desde que los primeros conquistadores españoles descubrieron grandes yacimientos de plata en aquella región, durante los primeros años de la época colonial.
Desde entonces, la minería ha ocupado un lugar central en la economía de Zacatecas, entidad que se ubica como el segundo lugar a nivel nacional entre los mayores productores de minerales metálicos del país, principalmente plata, oro, plomo y zinc, concentrando el 19.31 por ciento del valor total de la producción minera a nivel nacional.
Pero a pesar de su larga tradición minera de casi 500 años, todo cambió en Zacatecas con la implementación del modelo neoliberal y la proliferación de la minería a cielo abierto.
“Lo que ha ocurrido en México en los últimos 35 años con los gobiernos neoliberales que hemos tenido, de dos partidos distintos, es que están subastando el territorio”, explica Federico Guzmán, doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
“De el año 1982 a 2016 se han acumulado 113,3 millones de hectáreas concesionadas, que equivalen al 57.6 por ciento del territorio mexicano que se ha privatizado para beneficio de la industria minera”, añade el experto.
Sin embargo, muchas de esas concesiones ya no son vigentes. Como los datos oficiales no son del todo precisos, según ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, existe una polémica sobre qué porcentaje del territorio mexicano es actualmente concesionado a las empresas mineras.
Al cierre de 2016 el Registro Público de Minería contabilizó un total de 25.652 títulos de concesión minera vigentes en el país, los cuales ampararon una superficie de 25,1 millones de hectáreas, equivalentes a un 11.3 por ciento del territorio nacional. Sin embargo, otras organizaciones como CartoCrítica y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, han advertido que existen múltiples inconsistencias con esta información.
“El despojo que se ha generado en esos últimos 34 años ha permitido que más de la mitad del territorio mexicano esté subastado y a disposición de las empresas mineras de origen canadiense, estadounidense, inglés, asiáticas, pero también para beneficio de los grandes corporativos mineros de los hombres más ricos de México: Minera Frisco de Carlos Slim, Peñoles de Alberto Bailleres y Grupo México de Germán Larrea”, señala el Guzmán.
De las 347 empresas mineras que operan en México, 328 (94 por ciento) son de origen extranjero, mientras que solo 19 son mexicanas, según datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera. Del total de empresas que operan en México, 218 son canadienses (62 por ciento); 51 son estadounidenses (14 por ciento); 12 son chinas y 7 de origen británico.
Datos del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas señalan que tan sólo en el estado hay 206 proyectos de exploración minera, de los que 145 son de capital mexicano. Entre ellos, 34 son de Grupo Peñoles y Fresnillo PLC, ambas filiales propiedad de Bailleres; 12 de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim y 11 de Grupo México, de Germán Larrea. Una situación que evidencia la fuerte concentración de proyectos mineros en la zona, a manos de los tres hombres más ricos del país.
Datos de la Secretaría de Economía sostienen que desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari los magnates Slim, Larrea y Bailleres han recibido 2.218 concesiones mineras en todo el país, controlando casi 4 millones de hectáreas para explotación de minerales, equivalentes al 2 por ciento de la plataforma continental que integra el territorio mexicano.
En este sentido, asegura Guzmán, autor del libro ‘Megaminería y siete maldades del despojo territorial’, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte representó un “parteaguas”, pues a partir de 1994, la minería comenzó a apropiarse cada vez de mayor territorio, debido a que la explotación a cielo abierto requiere grandes extensiones para poder operar, trayendo consigo fuertes impactos ambientales y sociales.
De acuerdo con el investigador, existen siete tendencias a nivel internacional en la industria minera que están provocando una serie de afectaciones cuyos efectos son cada vez más visibles en países como México. Estas afectaciones pueden resumirse en lo que Guzmán denomina las “siete maldades” de la industria minera:
1.- Subordinación de los Estados nacionales donde se asienta la industria minera;
2.- Despojo a las comunidades;
3.- La manera en que se articulan los capitales extractivos en los mercados internacionales;
4.- La transición de la minería subterránea a la megaminería a cielo abierto;
5.- Transición de extracción de minerales de modalidad mecanizada a automatizada;
6.- Trabajo y sobreexplotación laboral;
7.- Reparto inequitativo de la renta minera.
Una serie de factores que intervienen en la apropiación de otros recursos vitales, como el agua.
LA APROPIACIÓN DEL AGUA PARA MINERÍA
“En 2001, el agua concesionada que tenía la industria minera, era por un monto de 53,5 millones de metros cúbicos. Cuando vemos el dato oficial más reciente de la Comisión Nacional del Agua, esa cifra se incrementó para 2014, a 436,6 millones de metros cúbicos”, explica Guzmán.
Esto significa que la minería incrementó en más de un 716 por ciento su consumo de agua en todo México en los primeros 15 años del siglo XXI.
Tan sólo en Zacatecas, la industria minera consume más agua (55,7 millones de metros cúbicos al año) de lo que consumía toda la industria minera a nivel nacional en 2001. De este modo, según cifras oficiales recopiladas por el investigador, tan sólo 16 empresas mineras asentadas en Zacatecas consumen más agua que toda la población zacatecana (1 millón 528.247 personas).
“De ese tamaño es el impacto en cuanto al saqueo del recurso hídrico”, añade Guzmán.
Esto sin contar con los grandes volúmenes de agua contaminada que deja a su paso la industria minera. Cifras oficiales muestran que en 2014, el volumen de agua contaminado por la minería alcanzó los 213,5 millones de metros cúbicos. Es decir, que la industria minera contamina prácticamente la mitad del agua que consume.
En 2014, una minera filial de Grupo México derramó 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22.000 personas en siete municipios. Un ecocidio, considerado el “desastre ambiental más grave de la minería en México”, cuyas sanciones económicas representaron apenas el 0.1 por ciento de las utilidades anuales de Grupo México. Una multa poco significativa para la empresa frente a la magnitud del desastre.
En meses recientes, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre manejo de sustancias tóxicas, Baskut Tuncak, calificó el caso como un “ejemplo descarado y flagrante de impunidad”, luego de que Grupo México, la empresa minera más grande del país, evadió su responsabilidad en la remediación del desastre, con la complacencia del gobierno.
Tan sólo en 2018, otros dos derrames de sustancias tóxicas a manos de mineras han provocado importantes afectaciones sobre cuerpos de agua en zonas desérticas, donde el acceso al líquido es una preocupación constante para millones de personas. Uno ocurrió en marzo pasado, en el estado de Durango, donde una mina derramó 200 litros de cianuro en el Río Paxtla. El otro ocurrió en junio, cuando un derrumbe en una presa de jales mineros (polvo muy fino de roca molida con minerales que pueden disolverse en el aire y el agua) provocó un derrame de metales pesados en el río Fuerte, en Chihuahua.
UN PELIGRO PARA LOS ECOSISTEMAS
De ahí que las bajas sanciones, laxa regulación y falta de aplicación de la ley, han provocado que las afectaciones ambientales de la minería llegaran hasta reservas ecológicas, ya que de manera ilegal, existen al menos 74 proyectos mineros dentro de Áreas Naturales Protegidas en todo el país. Esto, según hallazgos del estudio ‘Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio 2017’, realizado por la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En México existen cerca de 64,5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales, el 22.5 por ciento se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras.
“Es alarmante encontrar que las concesiones mineras tocan al menos a 42 por ciento de núcleos agrarios forestales y que hay estados en los que más del 50 por ciento de los bosques de propiedad social están concesionados”, señala un informe sobre el impacto de la minería en los bosques, desarrollado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
De 2003 a 2016, México ha perdido 10 billones 647.396 millones de pesos (564.700 millones de dólares) por “agotamiento y degradación ambiental”, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). De estos, casi el 17.64 por ciento corresponden a la minería, equivalentes a 1 billón 878.949 pesos (98.287 millones de dólares).
En el mismo periodo, el valor de la producción minera en México fue de 2 billones 917.200 millones de pesos (152.598 millones de dólares), según los datos más recientes del Anuario Estadístico de Minería Mexicana.
Esto significa que las pérdidas ambientales que deja en México el sector minero son equivalentes al 64.4 por ciento del valor total de la producción. Por ello, se puede afirmar que la minería es uno de los sectores de la economía que deja más pérdidas económicas por daños ambientales, a pesar de contribuir con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto del país, según cifras oficiales.
Esto, sin tomar en cuenta las afectaciones que genera por el uso y contaminación del agua, ya que los indicadores con los que INEGI no consideran este fenómeno a la hora de calcular los costos ambientales de la minería, por lo que el impacto ambiental sería todavía mayor.
De este modo, la industria minera se ha convertido en un problema para los ecosistemas que dependen de ejidos y comunidades rurales, que luchan frente a los embates de una industria depredadora.
Al igual que ocurre en Salaverna, los estragos de la minería han ocasionado una serie de conflictos en todo el país, incluyendo condiciones de trabajo precarias y una serie de asesinatos cometidos contra opositores a proyectos mineros de gran escala. De todos estos temas, hablaremos en una próxima entrega.
