Al margen de querencias y malquerencias a la Senadora Lilly Téllez, su videoconferencia donde renuncia a continuar como aspirante a la candidatura presidencial en la cantera del Frente Amplio por México (FAM) plantea de fondo un problema en nuestro sistema de partidos por su proclividad enfermiza de querer darle la vuelta a la ley y al compromiso con las reglas del juego democrático.

La ley electoral y la de partidos políticos establece que todos sus actos deben ser acorde con los principios democráticos. Sea en sus procesos internos como, también, en el ámbito de la competencia por los votos y, si no lo hicieran, la ley dispone la actuación de las instituciones de justicia electoral.

Entonces, en un ejercicio tan importante como es la definición de una candidatura presidencial –aunque podría ser cualquier otra– los actos de los partidos deben estar sujetos estrictamente a los procedimientos que marca la ley y, por ningún motivo, debería haber sesgos en los partidos y, menos, de las autoridades electorales.

Lilly Téllez, como ningún otro u otra aspirante dentro del FAM o de la alianza Juntos Hacemos Historia, se preparó y generó un esquema de actuación personal en el proceso de definición del método de selección de la candidatura opositora, y planteó a los partidos de la alianza 50 preguntas en clave democrática que, dice, no tuvieron la cortesía de responder los dirigentes políticos.

Ante la ausencia de una respuesta clara y precisa, actúo en consecuencia y decidió renunciar a participar en un proceso de selección que no se ajustaba a su ética, su ideario político, su visión ciudadana –sus malquerientes, inmediatamente, empezando por el Presidente López Obrador, vulgarizaron y dijeron que “se dio cuenta de la manipulación del proceso” o, simplemente, que renunciaba porque no le alcanzaba para obtener la candidatura–, sin embargo, el resto de aspirantes, si son demócratas, deberían reflexionar y tomar postura, frente a este ejercicio, que como bien lo dice Téllez, el proceso de nominación debería ser ejemplo democrático.

Téllez, cuando renuncia, estaba posicionada a la par de Santiago Creel y todavía no aparecía Xóchitl Gálvez, y tenía posibilidades de crecimiento entre un sector de la población ideológicamente conservadora y antiobradorista, lo que significa que tenía claro, si no se daban unas condiciones democráticas daría un paso atrás, por simple congruencia política, y ahí está como alerta para Xóchitl, que dice que aspira a ser “candidata de los ciudadanos”.

Aunque suene raro todavía hay políticos, mejor, ciudadanos metidos a la política, que se la creen y están convencidos de que los partidos deben ser expresión de los ciudadanos organizados y, eso, seguramente, estaba en su mente cuando vio con entusiasmo el movimiento rosa que brotó en la mayoría de las grandes plazas del territorio nacional para defender al INE y la Corte de los intentos presidenciales por reducirlos a su mínima expresión.

Sin embargo, como ciudadana no adscrita a un partido intuye lo que significa la llamada “ley de hierro de la oligarquía” elaborada por el politólogo Robert Michels hace más de un siglo y que desde entonces domina a los partidos políticos llevándolos a nunca soltar su poder a la transversal “sociedad civil”, esa categoría tan polisémica como la de “pueblo”, que tanto gusta esgrimir a los políticos populistas.

Los tres argumentos que esgrimió Michels son, con sus matices, de gran actualidad en México: primero, que las grandes organizaciones tienden a burocratizarse y generar intereses, incluso, especialización que los hace imprescindibles, sobre todo en la generación de las élites burocráticas; segundo, la dicotomía entre eficiencia y democracia interna se resuelve a favor de la percepción de cierta eficiencia en la distribución de bienes públicos y puede representarse en un liderazgo fuerte y eficaz; finalmente, la psicología de masas, donde el ciudadano renuncia a su soberanía y lo hace a favor de ese liderazgo fuerte.

Y es que, ahí radica una de las mayores debilidades de nuestra democracia por la baja participación social y la tendencia de que cíclicamente aparezca el “Tlatoani” que vendrá a resolver los problemas estructurales que agobian nuestro día a día.

En esa lógica, los partidos políticos capturan la representación y México no es la excepción a la regla Más allá de la retórica política estamos ante una oligarquía que puede soltar algo por necesidad política, pero nunca lo va a ser al punto de desfigurarse como organización oligárquica.

Lilly Téllez, quizá ingenuamente, pensó que la actual circunstancia de la oposición daba pie para el empoderamiento del segmento de la sociedad organizada y se dio cuenta que si bien los partidos cedían algo –como es la mayoría relativa en el comité de organización y el observatorio del proceso de selección del candidato presidencial– no están dispuesto a que los grupos organizados de la sociedad terminen por rebasarlos y de ahí, la construcción de consensos, especialmente entre los dirigentes del PRI y el PAN.

Y es que Lilly en su renuncia destaca que los partidos del FAM en su ánimo de tener control del proceso de entrada decidieron que el tiempo -una semana- para preparar una elección nacional era imposible “para alguien sin partido” lo que, en lógica elemental, no significa “garantías de equidad en la competencia interna” y da ventaja a los aspirantes partidizados. O sea, se cumple una vez más la máxima aquella de “quien hace la ley, hace la trampa”.

Esto la remitió al tema de la “autenticidad del padrón interno y el manejo de los recursos financieros” entre los aspirantes. Así mismo, denunció que “el método de elección no empodera a los ciudadanos, sino a quienes los movilizan” y es cierto, como seguramente lo veremos, especialmente en la definición de las candidaturas plurinominales para el Congreso de la Unión. No es difícil imaginar que varios de los 14 aspirantes detentaran este tipo de cargo en la siguiente Legislatura.

Finalmente, pone el dedo en la llaga de la ilegalidad, cuando acusa que el FAM hará lo mismo que Morena y sus aliados en la “precampaña” cuando afirma que “combatir la ilegalidad no debe implicar violar la ley, ni recurrir al clientelismo partidista o corporativo”.

En definitiva, la renuncia de Lilly a buscar la candidatura presidencial no debe de servir para el chacoteo político sino debería ser motivo de reflexión sobre nuestras rutinas democráticas y, especialmente, de la oposición, que estaría llamada a ofrecer algo diferente a lo del equipo de enfrente. Y es que, como diría el sentido común, si haces lo mismo, el resultado terminará siendo el mismo.

Claudia Ruiz Massieu siguió la ruta de salida de Lilly Téllez, algo están haciendo mal en el FAM.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#EnVivo ¬ #LosPeriodistas ¬ Adiós parásitos: se van INAI, IFT, Cofece