El Gobierno extendió la medida de forma indefinida en mayo pasado, basándose en una ley de salud pública poco conocida para evitar la propagación de la enfermedad.
Por Elliot Spagat
SAN DIEGO, 1 de julio (AP) — Un Juez federal invalidó una política del Gobierno del Presidente Donald Trump que niega el asilo a aquellas personas que cruzaron por otro país para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México sin primero haber solicitado asilo en esa nación.
El Juez federal Timothy Kelly decretó el martes que las autoridades violaron los procedimientos federales al no solicitar la opinión pública antes de implementar la medida en julio de 2019.
El impacto del fallo de Kelly pierde fuerza debido a una medida relacionada con la pandemia de coronavirus que fue implementada en marzo para expulsar lo más pronto posible a todos aquellos que cruzaron ilegalmente la frontera e impedir el ingreso de solicitantes de asilo en los cruces oficiales.
El Gobierno extendió la medida de forma indefinida en mayo pasado, basándose en una ley de salud pública poco conocida para evitar la propagación de la enfermedad.
El Gobierno podría apelar la decisión. Al pedírsele el miércoles que comentara, el Departamento de Justicia dijo en un comunicado que el fallo de la corte se basaba en afirmaciones procesales y no en el contenido de la medida. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que está en completo desacuerdo con la decisión y que sopesa sus opciones.
Kelly, quien fue nombrado al cargo por el Presidente Donald Trump, señaló en su fallo del martes en Washington que los funcionarios de Seguridad Nacional no pudieron justificar los motivos por los que evitaron solicitar y responder los comentarios públicos, tal como lo dicta el proceso de elaboración de reglas.
De forma similar, la Corte Suprema se rehusó el mes pasado a permitir que el gobierno pusiera fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) —que protege a 650 mil jóvenes inmigrantes de la deportación— basando su fallo en las medidas procesales.
En su decisión de 52 páginas, Kelly desestimó los argumentos de que se requerían acciones expeditas para evitar un incremento drástico de solicitantes de asilo en la frontera, afirmando que no había evidencia. Tampoco estuvo de acuerdo en que el gobierno contara con autoridad justificada para imponer políticas exteriores.
En septiembre pasado, la Corte Suprema levantó una suspensión de dicha política ordenada por un juez federal en otro caso y que actualmente se encuentra ante un panel de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito. Kelly dijo que le son indiferentes las acciones del máximo tribunal, que no proporcionó una explicación.
“En el fondo, la corte puede deducir poco de la orden de un párrafo de la Corte Suprema más allá de que la mayoría de los jueces creían que se satisfacían los factores para ameritar una suspensión”, escribió Kelly.
El Gobierno ha sido incansable para reescribir las reglas de asilo, afirmando que el sistema está plagado de abusos. La regla en cuestión le niega el asilo a todas aquellas personas que atravesaron un país en su camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos sin primero solicitar asilo y ser rechazados en ese país.
Detractores de la medida del gobierno aplaudieron el fallo. Mitchell Reich, abogado del despacho Hogan Lovells y quien argumentó en el caso, dijo que se trata de una “enorme victoria para los solicitantes de asilo y el estado de derecho”.
“El Juez Kelly concluyó acertadamente que el gobierno no hizo su tarea al momento de emitir esta regla”, dijo Reich. El gobierno “no escuchó de las partes interesadas y no presentó una explicación remotamente satisfactoria por la cual ignoró los procedimientos gubernamentales normales”.
La demanda fue presentada por la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes Capital Area, Human Rights First, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES) y nueve solicitantes de asilo. Se consolidó con un caso interpuesto por el Tahirih Justice Center.
