“Lo que tengo 100 por ciento comprobado es que Peña Nieto está coludido con el caso Ayotzinapa. No puedo asegurar que él sabía lo que estaba pasando, pero sí supo luego lo que había pasado y ayudó, apoyó que se dijeran mentiras, que se manipulara la indagatoria”, dijo Anabel Hernández García, autora de La verdadera noche de Iguala, durante una entrevista con Julio Astillero.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Será importante que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), vaya ante la justicia por el caso Iguala, sin embargo, no es el único funcionario involucrado, es una cadena que llega hasta Enrique Peña Nieto, expresidente de México, aseguró la periodista Anabel Hernández García durante una entrevista con Julio Astillero.
“Tomás Zerón es una pieza clave porque él podrá decir quién le ordenó. Él no se mandaba solo. Alguien le tuvo que haber ordenado que maquillara la verdad. Para maquillar la verdad debes conocer primero la verdad. Lo de Tomás Zerón sería el comienzo, no el fin. No olvidemos a los militares que participaron directamente, que estuvieron presentes en diversas horas del ataque a los normalistas”, dijo la autora de La verdadera noche de Iguala.
“Lo que tengo 100 por ciento comprobado es que Peña Nieto está coludido con el caso Ayotzinapa. No puedo asegurar que él sabía lo que estaba pasando, pero sí supo luego lo que había pasado y ayudó, apoyó que se dijeran mentiras, que se manipulara la indagatoria. Eso como mandatario no solo tiene un costo político, sino judicial. Los funcionarios públicos pueden ser juzgados por omisión o participación. Fue omiso con la justicia, fue partícipe al desviar la investigación”, señaló Anabel Hernández durante el programa de YouTube de Astillero.
“Tengo información del visitador de la PGR que descubrió la manipulación, las torturas. Él entregó un informe a Arely Gómez, quien le llevó a Peña Nieto con todos los detalles y soporte legal de qué se tenía que hacer. Peña Nieto respondió: no. Ese informe de Chávez Flores tenía que llegar en agosto de 2016 a padres de familia. Ese fue el compromiso de Peña Nieto. Cuando Peña leyó el documento, hace cuatro años, dijo que no, que ese informe no podía ser entregado a padres de familia, que se tenían que quitar imputaciones a Zerón y otros funcionarios públicos”, añadió la periodista.
Anabel Hernández García también dijo que hay otros funcionarios, como Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y quien tomó la Agencia de Investigación Criminal luego de la salida de Zerón, que deberían ser llamados ante la justicia.
“Tendría que llamarse a Omar García Harfuch, quien era en ese momento el Comisionado Estatal de la Policía Federal en Guerrero. En ese momento recibía las fichas de información que se generaban desde la base de la policía en Iguala. El señor Omar García Harfuch tendría que ser llamado a investigación por la serie de inconsistencias, por la falta de verdad de lo que él ha señalado sobre su actuación en esos días”, señaló Anabel Hernández.
“Después de pasar de la Coordinación Estatal de la Policía federal en Igual y ser de alguna parte copartícipe de los hechos, es él el sucesor se Tomas Zerón, y es él, Omar García Harfuch, quien de 2016 en adelante, los dos últimos años de Enrique Peña Nieto, mantuvo la verdad histórica, él protegió. Él como responsable de la Agencia de Investigación Criminal, si hubiera sido un hombre recto, si hubiera sido un héroe… Un héroe se hubiera levantado y dicho que Zerón había hecho mal”, añadió.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó casi 50 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Ayotzinapa. Entre ellas una en contra de Tomás Zerón, quien fuera ex director de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, informó esta semana que Zerón huyó del país por lo que al capturarlo se espera la extradición correspondiente, a través de la ficha roja que la Fiscalía pidió a la Interpol para su localización a nivel internacional. Las ordenes de aprehensión las dictó un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales a 46 servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero.
