Han pasado dos años, 0 731 días, desde la histórica victoria del 1 de julio de 2018 hasta este miércoles 1 de julio de 2020, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial en México. Ahora, como Presidente de la República, le toca enfrentar un reto mayúsculo: la pandemia de COVID-19 que ha ajustado sus planes de gobierno.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- No es posible decir que hay menos fiesta de la que hubo aquel domingo hace exactamente 2 años, pero lo que sí es un hecho es que la realidad es muy distinta o al menos no es la que nadie esperaba. Al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le tocó enfrentar la pandemia causada por el virus SARS-COV-2 y por lo tanto son meses en que todas las acciones se han centrado en combatirla y sobrevivirla.
Y frente a la “nueva normalidad” que exige el virus que azota al mundo, la Presidencia rememora el segundo año de la victoria. López Obrador anunció que dará un mensaje con este motivo porque no lo considera un día cualquiera.
El Presidente llega a este aniversario con el 35 por ciento de sus 100 compromisos cumplidos; con el 8 por ciento de sus compromisos sin cumplir; con el 22 por ciento en proceso y con un 35 por ciento de estos puntos que aún no se puede evaluar su estatus.
SinEmbargo realiza esta medición de compromisos desde los 100 días de Gobierno. Los compromisos, que el Presidente presentó el 1 de diciembre de 2018, son una serie de acciones que dependen de leyes aprobadas y políticas de las secretarías; otros son simbólicos y reposan en el ideal de una clase política que ahora tiene prohibido cometer actos de corrupción.
En esta ya quinta medición de compromisos, lo que se puede observar es que el número de los cumplidos ha ido en aumento y por el contrario, la cifra de los no cumplidos va en descenso.
Los compromisos que están “en proceso” fueron acumulándose para el Primer Informe de Gobierno (1 de diciembre de 2019), pero disminuyeron para este 1 de julio de 2020. En los que están en el rubro de “aún sin elementos para evaluar”, la cantidad volvió a colocarse en los niveles en los que estuvo para los primeros 6 meses de Gobierno.
Como se ha especificado en los anteriores textos, algunos de los compromisos que estableció el Presidente tienen la acotación de cumplidos “hasta el momento”, ya que se trata de acciones que pueden cambiar en cualquier momento, a diferencia de, por ejemplo, los compromisos a los que ya sustenta una ley vigente.
En este sentido, la mayoría de los compromisos que ya están cumplidos son los relacionados con los programas sociales, sobre todo por el impulso que se le dio con el Programa de Reactivación Económica presentado en marzo pasado para enfrentar la pandemia de coronavirus.
En este rubro están la pensión a los adultos mayores en todo el país, ya que ocho millones de adultos mayores, el 94 por ciento del total, han recibido sus pensiones de 2 mil 550 pesos bimestrales, el doble de lo que obtenían antes; y ahora este apoyo es universal; el apoyo a personas discapacitadas, ya reciben también una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales; la fusión de Liconsa y Diconsa y los precios de garantía y el programa Tandas para el Bienestar que brinda créditos a pequeños comerciantes, empresarios, artesanos y “a quienes se ganan la vida como pueden”.
Otros de los compromisos cumplidos son la reducción salarial de funcionarios públicos; la implementación de precios de garantías para pequeños productores; la cancelación de los fideicomisos; de la Reforma Educativa; considerar la corrupción como delito grave, el fraude electoral y el robo de combustible; la apertura de Los Pinos al Público y la desaparición del Estado Mayor Presidencial.
De los que están, hasta el momento cumplidos, son el de no aumentar el precio de las gasolinas y la luz; no aumentar los impuestos y el respeto a la autonomía del Banco de México.
De los que están incumplidos están la cancelación de las estancias infantiles; el funcionamiento en el primer año de Gobierno de 100 universidades públicas; la reactivación del Conacyt y que las compras gubernamentales serán todas públicas y que contarán con la presencia de la Organización de las Naciones Unidas.
De los que aún no hay elementos para evaluar, están la de proteger el patrimonio cultural del país; el plan para apoyar a los damnificados de los sismos; los programas de mejoramiento urbano en el norte y sur del país; el programa de fertilizantes; las transferencias a las comunidades del impuesto minero y que se eliminarán las partidas de vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial.
