Desde que Francisco Vega de Lamadrid llegó a la gubernatura de Baja California, el 1 de noviembre de 2013, la violencia en la entidad ha crecido cada año y es ya, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una de las cuatro entidades con las mayores tasas de homicidio en el país.
Los primeros cinco meses del presente año no fueron la excepción e incluso Baja California mostró el aumento más grande de homicidios de toda la República: en 2016 registró 36 asesinatos en dicho periodo, mientras que en 2017 se contabilizaron 169 homicidios.
Las recientes acusaciones del ex campeón Julio César Chávez contra el Gobernador “Kiko” Vega y las autoridades de justicia del estado por no actuar contra una amenaza de secuestro para él y su hija en Tijuana, revivieron alertas ciudadanas que exigen que la administración del panista sea más efectiva contra el crimen. Pero él, como ha hecho en otros casos, prefiere no hablar del asunto.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– “Parece que no hay gobierno”, dijo el ex boxeador Julio César Chávez ante el clima de inseguridad que ya no sólo aqueja estacionalmente al país, sino al parecer se ha enraizado en todo el territorio mexicano.
Tras la muerte de su hermano Rafael “El Borrego” Chávez, quien fue asesinado esta semana, durante un asalto dentro de su casa, en Culiacán, Sinaloa, el ganador de cuatro títulos mundiales del boxeo declaró ante medios de comunicación que la inseguridad que reina en México no sólo alcanzó a su hermano, sino también a él, puesto que ha sido amenazado de secuestro en la ciudad de Tijuana, Baja California.
“Yo recibí una amenaza, no de muerte pero sí de secuestro. Le he pedido a las autoridades de allá de Tijuana que me den apoyo y se han hecho pendejos. No se qué es lo que están esperando, la verdad”, declaró JC Chávez.
El legendario boxeador añadió que fue el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus sigla en inglés) el que le notificó sobre el secuestro y que, incluso, también había un intento de privar de su libertad a su hija.
JC aseguró que dio aviso al Gobierno de Baja California.
“Al señor Vega [Francisco Vega de Lamadrid], al director de la policía. Todos se han hecho pendejos. Y las cosas pasan una sola vez en la vida. Yo creo que están esperando que me pase algo y ya para qué”, dijo.
Con el ceño fruncido detrás de unos lentes oscuros y los brazos cruzados, Chávez afirmó que ya tenían identificado a su presunto secuestrador, quien ya ha sido investigado por el FBI. Agregó que se trata de un ex convicto que ahora está en libertad, sin dar más detalles.
Ante estas declaraciones, el Gobierno de Baja California, bajo el mando de Francisco Vega de Lamadrid, envió un comunicado en el que afirma que no existe denuncia alguna por parte del boxeador ante las autoridades de esa entidad.
“Actualmente no existe una denuncia o solicitud formal en ese sentido por parte de Chávez González ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, o cualquier otra autoridad de seguridad de la entidad”, se lee en el documento.
También aclara que tampoco se tiene información o alerta emitida por parte de autoridades norteamericanas donde se haga referencia a un intento de secuestro. Sin embargo, informa, dará seguimiento al caso del ex boxeador.
La declaración de uno de los mejores libra por libra en el mundo no suena descabellada en un estado como Baja California, entidad bajo el poder del Partido Acción Nacional (PAN) desde hace casi tres décadas y donde la inseguridad ha ido a la alza año con año.
Cuando “Kiko” Vega tomó posesión de la gubernatura, el 1 de noviembre de 2013, la tasa de homicidios por cada cien habitantes era de 22.92, con 775 asesinatos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Cuatro años después la cifra se elevó considerablemente. En 2016 se reportaron 180 asesinatos, lo que representó una tasa de 33.38, y la entidad se colocó como la tercera más violenta de México.
Sólo en los primeros cinco meses de este 2017, Baja California acumula el 62 por ciento de los asesinatos cometidos el año pasado, lo que lo ubica en el cuarto lugar de las entidades con más homicidios dolosos. Pero, de acuerdo con las cifras del SESNSP, ese estado tuvo el repunte más grande a nivel nacional en dicho periodo, pues pasó de 36 asesinatos en 2016 a 169 en 2017.
“KIKO” EN EL SILENCIO
El Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, sin embargo, parece hacer oído sordos a las cifras y los reclamos.
En diciembre del año pasado, por ejemplo, un centenar de periodistas de diversos medios de comunicación locales se unieron para exigir ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales de defensa y protección “salvaguardar el derecho que, por profesión, tenemos a informar y el derecho que a la sociedad le corresponde de ser informada”, de acuerdo con información de periódicos locales.
El reclamo surgió, dijeron entonces, debido a un entorno de hostigamiento por parte del Gobierno hacia los comunicadores. Incluso surgieron rumores de una supuesta campaña de difamación que emprenderían allegados al Gobernador contra la directora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello, y de Dora Elena Cortés, de la Agencia Fronteriza de Noticias.
A pesar de la firma de decenas de periodistas, las denuncias y una recomendación por parte de la CNDH para “garantizar el respeto al libre periodismo”, no hubo respuesta. “Kiko” Vega lo negó durante un acto público, donde dijo que encabeza un “gobierno que cree en la libertad de expresión” y luego, simplemente, ya no habló del tema.
Otro de los casos donde el mandatario ha permanecido callado es el de la cervecera Constellation Brands y la construcción de un acueducto que, de acuerdo con grupos civiles, arrasará con el agua del Valle de Mexicali y dejará sin el vital líquido a más de 15 mil familias.
En marzo pasado, organizaciones denunciaron esa construcción y acusaron al Gobernador de velar sobre por los intereses de los empresarios y no de la población.
El silencio e ignorar el cuidado del medio ambiente son dos características que han marcado el Gobierno del panista.
Los bajacalifornianos han salido a las calles en varias ocasiones para hacer escuchar sus demandas y las marchas han logrado una gran afluencia.
La más reciente, con motivo el Día del Medio Ambiente, congregó a miles que protestaron contra la instalación de Constellation Brands.
A principios de año, miles de personas marcharon para evitar se privatizara el agua a través de Ley del Agua, que había sido aprobada por el Congreso estatal –en su mayoría conformado por panistas–, publicada el pasado 30 de diciembre y que se derogó en enero, gracias a la participación y protestas de los ciudadanos.
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EL “GOBER” SIN MIEDO
El 9 de marzo de este año, el Congreso de Baja California eliminó la figura del fuero para jueces, diputados, magistrados, alcaldes e incluso el Gobernador.
La decisión, dijo el mandatario, no le preocupa “para nada”. Pero los ciudadanos lo tienen en la mira.
Los bajacalifornianos ya han pedido su renuncia por subir la deuda a 18 mil 169 millones, cuando la recibió en 14 mil 627 millones de pesos, revelan datos de 2015 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además, le han pedido los pagos retrasados a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), pues con él las entregas presupuestales comenzaron a rezagarse. Ahora esa deuda acumula más de 450 millones de pesos y encima la heredará a la siguiente administración, pues prometió liquidarla en un periodo de cinco años y dos años más tendrá que seguirla pagando el próximo Gobierno, que se elegirá en 2019, de acuerdo con información de Zeta.
