Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- Habitantes del municipio San Felipe Tepatlán, en Puebla, y organizaciones civiles denunciaron la “simulación” de una consulta para avalar un proyecto hidroeléctrico que modificaría el cauce del río Ajajalpan, en la Sierra norte del estado, así como un ambiente de hostigamiento y confrontación debido al rechazo de la comunidad a dicha obra.
En conferencia de prensa, Antonio Márquez Zaragoza, poblador de San Felipe Tepatlán, refirió que en ese municipio la empresa Deselec 1 Comexhidro pretende construir el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, consistente en una hidroeléctrica que generaría hasta 60 megawatts de electricidad y cuya cortina de 42 metros de altura modificaría hasta 8 kilómetros el cauce del río Ajajalpan.
Ello, expuso, generaría impactos ambientales como la inundación de zonas de cultivo, además de que impactaría la supervivencia cultural de las comunidades tutunaku aledañas al río, por el simbolismo que el cuerpo de agua y las montañas que la rodean tienen para ellas. El proyecto Puebla 1 afectaría no sólo al municipio de San Felipe Tepatlán, sino también a los municipios vecinos de Ahuacatlán y Tlapacoya, todos localizados en la Sierra Norte de Puebla, de acuerdo con Márquez Zaragoza.
Pese al rechazo de los pobladores, desde 2011 el proyecto obtuvo el aval de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a su Manifestación de Impacto Ambiental, y en 2013 la Comisión Reguladora de Energía le otorgó el permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica.
En dicho permiso se señala que los beneficiarios de la electricidad producida serían las empresas Nuevo Walmart de México, Suburbia, Operadora Vips, Waldos Dolar, Colchas México y una particular de nombre Ileana Jinich Mekler, de acuerdo con el investigador de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Edmundo del Pozo.
Aun con los permisos ya concedidos por las autoridades mexicanas, el 24 de abril pasado representantes de la empresa y de la Secretaría de Energía (Sener) y personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) pretendieron “simular” una consulta en San Miguel Tepatlán, acusó Márquez Zaragoza.
Refirió que ese día el presidente municipal los convocó a una reunión en la cabecera municipal, en la que estaba personal de la Sener, la CDI y Deselec 1 Comexhidro . A esa junta acudieron alrededor de 300 habitantes de la cabecera municipal y de la comunidad de Altica. Tras cuatro horas de espera, y sin mayor explicación, los convocantes les dijeron que pasaran a firmar y luego a comer. Entonces cayeron en cuenta que la reunión a la que los habían llamado pretendía ser pasada como una consulta.
Los pobladores, narró Márquez Zaragoza, reclamaron a las autoridades y a la empresa el pretendido engaño, les exigieron que se fueran y expresándoles su rechazo al proyecto hidroeléctrico. Ese mismo día se enterarían que habían realizado otra consulta “simulada” en la comunidad de Xochimilco, llevando a unas cuentas personas de San Felipe Tepatlán y Altica.
Ante ese hecho, el 14 de junio el Consejo de Comunidades Tutunaku en Defensa del Río Ajajalpan convocó a una asamblea en la que participaron las 10 comunidades del municipio de San Felipe Tepatlán, en la que se decidió rechazar el proyecto hidroeléctrico. De acuerdo con Márquez Zaragoza, los firmantes a la negativa sumaron más de mil.
Los pobladores de San Felipe Tepatlán acusaron que no se ha respetado lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que en los asuntos que afecten a comunidades indígenas debe realizarse una consulta libre, previa e informada.
En este caso, señalaron, no se ha respetado ninguna de esas condiciones: no fue previa, porque la Semarnat y la Sener ya avalaron el proyecto; no ha sido informada, porque las comunidades que serían afectadas no han recibido información de la empresa sobre el proyecto, y ésta se ha ocultado o falseado; y no ha sido libre porque se trató de simular y porque supuestamente la empresa ha intentado cooptar a líderes en algunas comunidades ofreciéndoles dinero para que apoyen el proyecto.
Del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación -organización que acompaña a la comunidad- acusó que la empresa ha tenido un papel protagónico en el proceso de la supuesta consulta, pese a que esa es una facultad del Estado mexicano.
En el caso de proyectos de la industria eléctrica, la Ley de la Industria Eléctrica señala en su artículo 119 que “con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría [de Energía] deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad para su salvaguarda”.
“Se convierte este instrumento en un mero trámite para validar y legalizar estos proyectos y no justamente para garantizar los derechos de las comunidades”, consideró del Pozo.
El investigador Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales y derechos fundamentales, señaló que el derecho a la consulta se ha violado sistemáticamente desde la implementación de la reforma energética, que implicó la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
En un primer momento, expuso, se violó el derecho a la consulta de las comunidades porque pese a que se sabía que los cambios constitucionales afectarían sus territorios, no se les consultó. En una segunda etapa, con la creación y modificación de leyes relativas a la reforma energética, donde era previsible la afectación a las comunidades, tampoco se les consultó. Y tampoco se les consultó en las asignaciones de la Ronda Cero y Ronda Uno para el desarrollo de los proyectos energéticos.
Ahora, dijo, se está en una nueva etapa de la violación al derecho a la consulta.
“Ya no sólo en el marco de la producción de esas normas se está generando la violación del derecho a la consulta; sino en el marco de la implementación de esas normas. Lo que está ocurriendo en Puebla es la supuesta implementación de la Ley de la Industria Eléctrica que en su artículo 119 establece la obligación de consultar a los pueblos cuando un proyecto eléctrico pueda afectar a sus territorios”, señaló.
ACUSAN HOSTIGAMIENTO
La “simulación” de una consulta para avalar el proyecto no es la única preocupación de los habitantes de San Felipe Tepatlán y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan. La directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González Valencia, expresó que el desarrollo del proyecto hidroeléctrico ocurre en un contexto de supuesto hostigamiento a las comunidades y desprestigio a las organizaciones acompañantes, que estaría llevando a cabo la empresa.
Consideró que ello pone en riesgo la seguridad de las comunidades y de las organizaciones acompañantes.
“Lo que estamos viendo es una campaña, una estrategia, diversos mecanismos que está usando la empresa Deselec Comexhidro, en articulación con las autoridades tanto a nivel federal como del estado de Puebla, y este patrón lo usan las empresas en diversas regiones del país”, dijo.
Se trataría, a decir de la activista, de una estrategia que recurre, por una parte, a generar confrontación entre las comunidades para simular conflictos entre quienes están a favor y en contra del proyecto. “Esto es sumamente riesgoso, porque se puede desatar eventos de violencia, de criminalización, de represión, encarcelamientos”, advirtió.
Por otro lado, la estrategia consistiría en cooptar a los líderes dentro de las comunidades dándoles dinero o invitándolos a fiestas, al tiempo que usan los medios de comunicación para denostar a los opositores del proyecto.
González Valencia concluyó su mensaje diciendo que estarían atentos a lo que ocurra en la Sierra Norte poblana y responsabilizó a las autoridades estatales y federales, así como a la empresa de lo que pueda ocurrir con respecto a este proyecto.
PUEBLA, EL “LABORATORIO” DEL PAÍS
El investigador Francisco López Bárcenas, experto en derecho indígena, hizo hincapié en la relevancia que tiene la Sierra Norte de Puebla debido a los proyectos relacionados con la industria extractiva y la industria hidroeléctrica que se están desarrollando ahí.
“La Sierra Norte de Puebla es el espacio, yo diría el laboratorio, en donde se van probando lo que va a ser la implementación de la reforma energética. Ahí hay proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos, hay proyectos de explotación de hidrocarburos, proyectos de construcción de hidroeléctricas para alimentar a las empresas privadas. No puede ser otra cosa que un laboratorio de lo que está pasando”, advirtió.
González Valencia señaló además que en Puebla hay iniciativas de ley “regresivas” de los derechos de las personas y las organizaciones, por lo que consideró que hay un marco propicio para que, si los problemas entre comunidades y empresas por el rechazo a este tipo de proyectos, escalan a conflictos, la salida podría ser represiva.
“Estamos viendo que aquí se puede desatar un conflicto y la seguridad de las comunidades está en riesgo y también de las organizaciones que las acompañan”, dijo.
López Bárcenas expresó también que la política extractiva del gobierno federal “atenta contra los derechos de los pueblos indígenas” y refirió que a la fecha ha identificado 18 conflictos en el país relacionados con la falta de consulta a comunidades indígenas y violaciones a su derecho al territorio.
“El problema no es sólo la falta de consulta, sino la falta de voluntad en principio para respetar los derechos de los pueblos y la consulta como un mecanismo de hacer respetar esos derechos”, expuso.
