La construcción de la “Estela de Luz” fue ordenada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y fue muy cuestionada.
Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó, por unanimidad de votos, la existencia de un daño a la Hacienda Pública por 230 millones 77 mil 487.66 pesos en la construcción de la “Estela de Luz”, monumento construido en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
La decisión del TEPJF derivó de una impugnación interpuesta por un servidor público, señalado de participar en el daño ocasionado al Estado, tras cometer diversas irregularidades como pagos en exceso respecto del precio unitario de acero inoxidable; kilogramos de más pagados; desembolsos en demasía por conceptos de transporte y montaje, entre otros.
📄#Boletín 044
El #TFJA validó la existencia de irregularidades en una obra pública que generó un daño a la hacienda por más de 230 millones de pesos.
Más información: 👇https://t.co/MqtMTOE8Bv pic.twitter.com/qpXJFb58gh— Tribunal Federal de Justicia Administrativa (@TFJA_Mex_Ofi) May 31, 2023
La persona imputada, quien era subgerente de la construcción de “La Estela de Luz”, alegó que la ASF cometió irregularidades en la revisión del caso que la llevó a fijar responsabilidad. El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmó que la autoridad sí valoró las pruebas aportadas en el procedimiento, concluyendo que la parte actora sí cometió las anomalías enumeradas.
De lo anterior, se resolvió que la resolución dictada por la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación fue emitida con apego a derecho y por lo tanto existe una responsabilidad directa del imputado quien, de manera mancomunada, deberá resarcir el daño a la Hacienda Pública Federal.
La construcción de la “Estela de Luz” fue ordenada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y fue muy cuestionada. En la Cuenta Pública 2011, la ASF halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural. También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, “como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra”.