El Tribunal Electoral ratificó la decisión del INE de declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización contra ambos mexiquenses, al considerar que “no se demostraron las infracciones denunciadas”, es decir, la supuesta financiación ilegal de sus campañas de 2012 y 2017 para la presidencia y la gubernatura, respectivamente.
Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el miércoles por la noche que los procedimientos contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el actual Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por posible financiación ilegal de campañas dentro del caso Odebrecht, es “infundado”.
Por unanimidad de votos, los magistrados confirmaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que ya había declarado infundado el procedimiento sancionador, en materia de fiscalización, en contra de Peña Nieto y Del Mazo Maza, por recibir supuestas aportaciones en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante sus campañas como candidatos a la presidencia del 2012 y la gubernatura del Estado de México del 2017, respectivamente.
La controversia se originó en la presentación de diversas quejas en las cuales, entre otras cuestiones, se señaló que la empresa brasileña Odebrecht financió diversas campañas de candidaturas del PRI, a través de Emilio Lozoya Austin (hoy preso por este caso y por la venta a sobreprecio de Agro Nitrogenados), esto durante los procesos electorales 2011-2012 y 2016-2017.
El INE declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, al considerar que “no se demostraron las infracciones denunciadas”.
Por lo tanto, el pleno del TEPJF confirmó esta decisión y consideró que la autoridad electoral valoró correctamente las pruebas allegadas. Los magistrados argumentaron que las notas periodísticas aportadas por los quejosos “no tuvieron el alcance pretendido (…) ni se acompañaron de elementos que fortalecieran su valor”.
Tampoco se encontraron elementos que corroboraran la existencia de recursos de procedencia ilícita en los procesos denunciados, aseguró la Sala Superior, y no se identificó el traspaso de estos por parte de la empresa Odebrecht a Emilio Ricardo Lozoya Austin o alguna persona vinculada con los procesos electorales. “Por esa razón, no fue posible acreditar infracción alguna”, indicó el Tribunal Electoral en un comunicado donde informó de la votación
FGR ACUSA A EPN DE VARIOS DELITOS
En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Peña Nieto (2012-2018) por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.
La institución encabezada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó en un comunicado que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judiacialice el caso en los próximos meses, detalló.
Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales hacendarios y fiscales.
A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.
Por otra parte, hace un par de semanas, la defensa de Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Peña Nieto, aseguró que la empresa productiva del Estado ha aceptado ya el monto total a pagar por la familia Lozoya Austin por la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, poco más de 10.7 millones de dólares.
Los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso publicaron un comunicado en respuesta a las declaraciones de Octavio Romero Oropeza, actual director de Pemex, quien la semana pasado dijo que ni la compañía paraestatal ni el Gobierno mexicano estaban satisfechos con el monto total que se manejó en el último mes.
“Por un lado, en lo concerniente a la afirmación relativa a que ‘nosotros consideramos que no necesariamente esa cantidad hace un resarcimiento de los daños’ es importante destacar que el monto de la reparación del daño fue aprobado –por unanimidad– por el Consejo de Administración de Pemex, fungiendo el Señor Romero Oropeza como Director General de esa institución”, dice el comunicado.
