Delia Quiroa, del colectivo 10 de marzo de Tamaulipas, todos los días ve a su madre llorar, no dormir ni comer. Dice que ya no puede seguir con ese sufrimiento ni ver sufrir a su familia por no saber qué pasó con su hermano desaparecido desde 2014. Por eso, y por la omisión de las autoridades, propuso un acuerdo de paz al crimen organizado, un llamado en el que han coincidido algunos otros colectivos de buscadoras e incluso, en un primer momento, el Presidente de la República.
Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– Blanco de amenazas de muerte, asesinatos, enfermedades crónicas y la omisión de las autoridades, algunos colectivos de buscadoras de familiares víctimas de desaparición forzada se han dirigido directamente al crimen organizado para proponerles un acuerdo de paz, el cual fue bien visto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, una coincidencia que las rastreadoras atribuyen a que reconoce que “el Estado está rebasado” por “el control del país” de los cárteles. Ayer aclaró que lo que dijo es que “está a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz”, pero que la responsabilidad de garantizarla es de su Gobierno.
El llamado de paz hacia los grupos del narcotráfico plantea frenar las desapariciones forzadas y dejarlas saber dónde están sus hijos, hermanos o padres sin ser asesinadas o torturadas para, en su caso, darles un digno entierro. La propuesta la inició el colectivo 10 de marzo de Tamaulipas y el de Madres Buscadoras de Sonora, y se han sumado de Jalisco, de la Ciudad de México, de Chiapas, de Nayarit y de Baja California. Pero otros colectivos como el de Cajeme, Sonora, y Veracruz —aunque respetan la postura— no coinciden porque no sería un pacto entre iguales y, viendo sus “crímenes salvajes”, es “ilusorio”.
“La desesperación nos lleva a eso y más, y ojalá les funcione. Yo quisiera pensar que tenemos más garantía que eso, que nuestro derecho a la vida y un entierro digno no dependen de un delincuente. No podemos hacer tratos porque no tienen palabra”, dijo vía telefónica Lucy Díaz, coordinadora de Solecito en Veracruz, uno de los primeros colectivos que comenzó a buscar pese al hostigamiento de Miguel Ángel Yunes (2016-2018) y basadas en los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa.
Y a los delincuentes, que han incrementado los ataques a las rastreadoras cada vez más numerosas y visibles, les preguntó:
“¿Para qué tienen que desaparecer a las personas si en México no hay justicia y se van a quedar impunes? Pueden dejar a las personas en un lugar donde sean visibles sus cuerpos. En el caso del colectivo no hay uno solo que esté llevando proceso”.
De 2006 a la fecha, el periodo que lleva la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón Hinojosa, se tiene el registro de más de 105 mil personas desaparecidas. En los últimos 13 años, 18 buscadores, entre ellos nueve madres, han sido asesinados directa o indirectamente como Teresa Magueyal, que buscaba a su hijo Luis en Guanajuato y fue baleada, o Herminia Valverde, que falleció de cáncer detectado tras la desaparición en Iztapalapa de su hija Mariela Vanessa.
“NO PUEDO SEGUIR CON ESE SUFRIMIENTO”
Cansada de ver a su madre todos los días llorar y no querer comer, Delia Quiroa, quien busca a su hermano desaparecido desde el 10 de marzo de 2014 en Reynosa, Tamaulipas, tomó el celular y grabó un mensaje a los cárteles del narcotráfico para pedirles firmar un pacto de paz para saber qué les pasó a sus familiares y para evitar que otras familias sufran los trámites de rogar a los ministeriales para que pongan un letrero de búsqueda. Previamente, su madre ya se ha arrodillado al Presidente López Obrador.
—¿Qué las ha llevado a dirigirse directamente al crimen organizado y ya no a las autoridades? —se le preguntó vía telefónica.
—Pues la ausencia de un Estado de Derecho, de autoridades administrativas y judiciales no empáticas con las víctimas. Hay miles de expedientes, nos ven como un número archivado, abandonado. El Gobierno no está haciendo su trabajo de buscar a las familias y son gritos desesperados unidos en una sola voz para que aparezcan nuestros desaparecidos —respondió desde Tamaulipas, una entidad recientemente golpeada por el enfrentamiento entre el Cártel del Golfo y el de Jalisco Nueva Generación.
Al llamado de clemencia del colectivo 10 de marzo de Tamaulipas se han unido otros como el de Madres Buscadoras de Sonora, representado por Ceci Flores, víctima de amenazas de muerte que tiene el Mecanismo de Protección federal.
—Mencionaba sentir miedo, ¿personalmente a usted qué la llevó a hacer este llamado? —se cuestionó a Delia, quien inició la propuesta.
—Pues mire, yo todos los días veo a mi madre llorar, no duerme, no come, está enferma. Yo ya no puedo seguir con ese sufrimiento ni ver sufrir a mi familia, necesito saber qué pasó con mi hermano para poder cerrar ese ciclo y continuar nosotros como podamos con nuestra vida…
Como la mamá de Delia, la búsqueda, el estrés, la angustia y los sentimientos que experimentan las buscadoras han deteriorado su salud. Una encuesta realizada por la organización Idheas reveló que de 150 familiares de personas desaparecidas, 122 dijeron que a raíz de la desaparición desarrollaron alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión, problemas de presión, colitis, anemia, problemas cardíacos, trastornos alimenticios, ataques de pánico y ansiedad, depresión.
Además de cargar con enfermedades, deben autofinanciar las herramientas de búsqueda como palas, transporte, gasolina y viáticos que las lleva a diferentes fosas clandestinas con restos óseos y de vestimenta de víctimas de desaparición forzada.
Y aunque las autoridades alegan no tener dinero, al menos nueve estados líderes en desapariciones forzadas no han ejercido en su totalidad los recursos que la federación les dio en 2021 para la búsqueda, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Guerrero y Estado de México, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Pese a ello, Nora Lira, de Rastreadoras de Ciudad Obregón-Cajeme, aseguró a la prensa local que, aunque también anhelan que pare la guerra, “es el Gobierno el que debe pactar con estas personas, no nosotros porque podemos poner en juego tanto nuestra vida como la vida de nuestros familiares”.
“HAN REBASADO AL ESTADO”
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta semana estar de acuerdo con el “exhorto” de las buscadoras a que el crimen organizado no actúe de manera violenta, ya que “apenas tomando el café” todos los días recibe reportes de enfrentamientos entre elementos policiacos, grupos delictivos y asesinatos durante la reunión del gabinete de seguridad previo a la conferencia en Palacio Nacional.
“Ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. La violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos, y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos”, aseguró el martes por la mañana.
—Presidente, nada más, entonces, para precisar: ¿entonces, usted sí suscribe o se suma a este llamado a las organizaciones criminales para un pacto social para la paz? —preguntó la reportera al Presidente.
—Yo sí. Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo, lo apruebo. Y eso no tiene que ser por demanda, ¿sí?, sólo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas.
—Pero ¿cree que tenga eco este llamado que hace usted, Presidente?
—Sí, pero siempre hay que hacer el llamado, siempre hay que hacer el llamado. Mal haríamos ignorándolos, diciendo: No nos importa lo que hagan, los vamos a combatir.
El jueves agregó que esa pregunta era “con jiribilla”. Y dijo que su respuesta es: “claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad es del Estado mexicano y no podemos renunciar a eso”.
Cecilia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo al respecto que el problema de las desapariciones “ha rebasado al Estado” y el Presidente López Obrador lo sabe. En municipios de Jalisco o Sinaloa no hay autoridades competentes o ni siquiera las dejan entrar a realizar sus actividades de búsqueda autofinanciadas, además de que argumentan carecer de camionetas, gasolina o viáticos gubernamentales.
“Les tengo que pedir permiso a ellos porque nos damos cuenta de la magnitud del problema que tenemos, la magnitud que el problema ha rebasado al Estado, que no pueden parar las desapariciones […] Por lo menos en algo coincide con nosotras, por lo menos en eso coincide de que es necesario hacer el llamado a los cárteles ya que el mismo Presidente se ha dado cuenta que nos ha rebasado, el mismo Presidente se ha dado cuenta quién está gobernando al país”, aseguró en entrevista con Romina Gándara y Pedro Mellado en “Al Cierre” por SinEmbargo al Aire.
Al Presidente López Obrador y gobernadores les dijo: “Les ha quedado grande el Estado, los ha rebasado el cártel y no quieren aceptar que estamos en un país de guerra, que vivimos atemorizados y que las madres que estamos buscando hacemos el trabajo que no hace el Gobierno”.
A pregunta expresa de SinEmbargo sobre la respuesta del Presidente a su llamado a la paz, la buscadora de Tamaulipas Delia Quiroa comentó que “no quisiera que les tocara vivir la desaparición de un familiar, no queremos que sufran lo que nosotros sufrimos”. La omisión de las autoridades, dijo, no sólo es por la falta de empatía, sino porque “también están coludidos con el crimen organizado”, que controla el país, según lo que han podido ver durante sus búsquedas.
“Sabemos que ellos controlan y mandan. Hay gente que va y denuncia, pero ya los están esperando allá afuera, ¿quién les avisó?”, planteó.
De hecho, subrayó, el asesinato de defensoras no solo viene de balas del crimen, sino también de las autoridades. “Se están acercando a la verdad, están a punto de descubrir qué pasó y por eso las agreden y las matan. Ya nos ha pasado con unas compañeras, pero casualmente son de la policía ministerial, ni siquiera son del cártel”, dijo.
Así como la señora Teresa (Guanajuato, 2023), también han muerto violentamente durante la búsqueda de justicia y verdad por sus hijos e hijas las madres Marisela Escobedo (Chihuahua, 2010), Miriam Rodríguez (Tamaulipas, 2017), María Carmela Vázquez (Guanajuato, 2022), Rosario Lilian Rodríguez (Sinaloa, 2023), Sandra Luz Hernández (Sinaloa, 2014), Esmeralda Gallardo (Morelos, 2023), entre otras.
Por su parte, Ceci Flores informó el lunes en un video que ha recibido amenazas de muerte y tortura psicológica de desconocidos, días después de que la madre buscadora Yessenia Durazo desapareció durante días, fue liberada y localizada viva, aunque con marcas de golpes.
Ceci dijo sentir “muchísimo miedo” de que si le pasa algo, ya nadie busque a sus “corazones” (hijos) porque no lo han hecho las autoridades. Yessenia decidió dejar de buscar.
La carta donde Delia pide una tregua la dirigió a los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Del Golfo, Del Norte, Zetas, Vieja Escuela, Los Salazar, Ciudad Juárez, Tijuana, Beltrán Leyva, Caballeros Michoacanos y Caballeros Templarios. Desde hace años, han pedido justicia a las autoridades sin obtener respuesta.
