Activistas, defensores de derechos humanos y académicos alertaron desde Chiapas que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a México, como medida de castigo por “no frenar la migración”, podría incrementar las políticas migratorias militarizadas de control, represión y criminalización que han ido al alza durante las últimas semanas en la frontera sur de México.
Tapachula, Chiapas, 1 de junio (SinEmbargo).- Activistas, académicos y organizaciones nacionales e internacionales de observación, defensa de derechos humanos y apoyo a migrantes en la frontera sur de México, exigieron al Gobierno federal que en la visita del Secretario de Relaciones Exteriores a Estados Unidos no se antepongan los intereses comerciales sobre el respeto de los derechos humanos a la población en movilidad.
“El respeto a los derechos humanos de los migrantes no es una moneda de cambio en acuerdos económicos que se pueden negociar, es una responsabilidad que le compete a ambos gobiernos, de Estados Unidos y México. Exigiríamos que el Gobierno mexicano mantenga una postura crítica y fuerte frente a esta amenaza, señaló Daniella Burgi, integrante de la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, que hoy dio a conocer los resultados del ejercicio de documentación y observación realizado en estos últimos tres días.
La Misión, conformada por 24 organizaciones de México, Centroamérica y Estados Unidos, e integrada por redes nacionales y regionales, reiteró que los migrantes son víctimas constantes de violaciones a sus derechos humanos durante su estancia o tránsito por este país.
“Lamentablemente lo que hemos observado son violaciones sistematizadas a las personas que están en movilidad humana (migrantes) y son personas que necesitan protección internacional”, informó Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, uno de los colectivos organizadores de la Misión.
La Misión destaca en sus hallazgos el aumento de la presencia de fuerzas armadas federales en puntos provisionales y centros de detención, así como la intensificación de retenes, redadas y detenciones; ambos como estrategia de represión, castigo, desgaste, control y disuasión de la migración. También resaltan la preocupación por la falta de claridad en cuanto a los elementos de la Guardia Nacional.
La población migrante que transita y está varada en México se encuentra en una condición de vulnerabilidad, y las medidas que anunció Trump podrían generar un impacto negativo y agravar la crisis que enfrentan los migrantes hoy en día, según explicaron integrantes de la Misión.
Daniella Burgi, de la organización Latin America Working Group, dijo que esté tipo de anuncios del gobierno de Estados Unidos no tienen lógica y se suman a una serie de acciones y comunicados que ha emprendido la administración estadounidense para fabricar una emergencia entre Estados Unidos y México, justificar la construcción de un muro fronterizo y de establecer una mayor militarización en la franja fronteriza norte.
“En vez de estar presionando al Gobierno mexicano, la administración estadounidense debería de estar revirtiendo sus propias políticas que hasta la fecha lo único que han hecho es agravar la situación”, comentó la activista.
Brenda Ochoa señaló que este tipo de comunicados tienden a provocar que se legitime los operativos y militarizaciones en la frontera, estrategias que aumentan las violaciones a los derechos humanos.
“Y aquí en la frontera es un muro invisible que se traduce en violencia tortura y deportación sistemática de las personas. Sí creemos que puede tener estos efectos mismos que puede agravar esta situación que ya hemos comentado, y que va a poner en un mayor riesgo la integridad física e emocional la personas que se encuentran en movilidad y que la mayoría de ellas son necesitadas de protección internacional”, señaló Ochoa Ortiz.
“Esto es algo que ya se ha venido haciendo: México es el filtro (de la migración hacía Estados Unidos)”, expresó la Alethia Fernández, del Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
La investigadora resaltó qué hay una contradicción en los discursos entre funcionarios del mismo Gobierno federal: el del sub secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que está enfocado a derechos humanos, y por otra parte, del titular de SRE, Marcelo Ebrard, que tiene un enfoque más comercial.
Lo preocupante, aludió la académica, es que aunque son “discursos contraproducentes”, el que prevalece es el de Marcelo Ebrard.
El Presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel de 5 por ciento “a todos los bienes” que ingresan a Estados Unidos desde México hasta frenar la migración ilegal; la medida se aplicaría desde el 10 de junio.
Marcelo Ebrard viajará a Estados Unidos por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Canciller encabezará una delegación de funcionarios mexicanos que entablará conversaciones con las autoridades estadounidenses para revisar la amenaza arancelaria del mandatario republicano.
