El estado vive un incremento en los acontecimientos violentos ligados a la actuación de grupos delincuenciales desde el año de 2016. Esa explosión, sin embargo, no parece ser espontánea sino que se había venido preparando en los años anteriores, sobre todo a causa del crecimiento del robo de combustible y los delitos asociados a esa actividad.

A lo largo de todo este tiempo, de las autoridades no hemos escuchado más que justificaciones, rechazo a hacerse cargo del aumento en todos los indicadores de la crisis y un discurso justificatorio que tiende a evadir la responsabilidad y a atribuir a otros actores y ámbitos de gobierno, la causa del problema.

Desde el más alto nivel político en la entidad, el que representa el titular del poder Ejecutivo, Miguel Márquez Márquez, ha habido una defensa de los responsables de las áreas vinculadas a la prevención y la persecución de las conductas criminales.

Los primeros años, el gran distractor fue el Programa Escudo, sobrevendido a más no poder en el discurso oficial y que terminó siendo una herramienta que no tuvo peso alguno en la evolución del fenómeno criminal en Guanajuato, mucho menos compensó la cuantiosa cantidad invertida en el arrendamiento de la red de cámaras, arcos detectores y sistema de monitoreo.

Cuando ya no hubo de qué echar mano, la preocupación del gobierno de Márquez y de sus principales encargados de la seguridad, Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca, se tradujo en la construcción de una narrativa exculpatoria de la responsabilidad estatal.

A lo largo de todo este tiempo no se tiene ningún elemento que permita pensar que el mandatario estatal tomó el toro por los cuernos y se lanzó a coordinarse con el nivel federal y los alcaldes de la entidad para enfrentar el problema que apenas hoy se reconoce oficialmente: el aumento indiscriminado del robo, trasiego y comercialización de combustibles.

¿Tiene sentido en verdad que las instancias de gobierno hagan públicas sus diferencias en los medios en lugar de extremar el trabajo de coordinación?

¿No debería ser del máximo interés del responsable político de la entidad, es decir del gobernador, contar con toda la colaboración posible del Gobierno federal y de los 46 alcaldes? ¿No es esa la obligación de la política, antes que nada?

A lo largo de los pasados 8 años, de acuerdo a los mandos del Ejército en Guanajuato, el delito del robo de combustible se ha realizado en la entidad sin enfrentar una tarea coordinada de combate de parte de las diversas instancias de seguridad pública.

En ese tiempo, el deterioro de las corporaciones policiales minadas por las complicidades y la corrupción, parece haber llegado al extremo.

Hoy, cuando el delito ha escalado hasta convertirse en la actividad violenta y desestabilizadora que hemos visto en las últimas semanas, por fin empiezan a darse pasos de coordinación que debieron ocurrir hace años.

Ayer se anunció que Pemex utilizará tecnología para detectar las tomas clandestinas en Guanajuato, a petición del gobernador y de los alcaldes de las principales ciudades del estado. A ello le deberá seguir una eficaz tarea de reacción y de investigación para complementar el círculo virtuoso.

Presumir políticamente la realización de una tarea que había sido pospuesta y cuya mayor consecuencia ha sido la pérdida del control de vastos territorios en el país, sería suicida. A estas alturas lo único que queda es empezar a exhibir resultados y hacerlo con la máxima sobriedad.

¿Estamos a tiempo aún? Más nos vale a todos que así sea

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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