[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “¿Y cuál es la prisa si están desaparecidos?” (frase atribuida a Luis Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, por el Colectivo por la Paz en Xalapa, el 30 de mayo de 2017).
EL HECHO: Anteayer, integrantes del Colectivo por la Paz en Xalapa, una red de organizaciones sociales y de ciudadanos que buscan llevar justicia y esclarecer los casos de personas desaparecidas en Veracruz, solicitaron a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winkler Ortiz, la destitución del Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidos, Luis Eduardo Coronel Gamboa, a quien acusaron de ser grosero e indiferente, además de señalar que no ha cumplido en tiempo con sus labores. Según los activistas, Gamboa se ha caracterizado por su “ineficiencia, maltratos, humillaciones, indolencia y actitud prepotente” para con los familiares que buscan saber el paradero de sus seres queridos. El testimonio de los buscadores de personas no localizadas refiere que una de las respuestas de Gamboa, tras ser presionado para que diera resultados, fue “¿Y cuál es la prisa si están desaparecidos?”. Gamboa, quien fuera secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el sexenio de Javier Duarte, lleva en su cargo sólo lo que va de este año, y según los colectivos, no pareciera estar al tanto de que, de acuerdo con los protocolos internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, el tiempo es de suma importancia. Sobre todo las primeras 48 horas, que son elementales “para tener éxito en encontrar con vida a desaparecidos”, como lo comentó, hace unos años Julio Hernández Barros, especialista en Derechos Humanos y académico de la Universidad Iberoamericana, en entrevista con Verónica Díaz Favela (Grupo Expansión). Entonces (2013), el especialista señaló que “casi en todo México el Ministerio Público tarda más de 72 horas en investigar”.
#DichosyHechos dice que, de ser cierto lo expresado por el Fiscal Especial, habla de una falta de seriedad y de compromiso para resolver uno de los problemas endémicos más graves que asedian a Veracruz, sobre todo considerando su relación con actividades del crimen organizado. De acuerdo con las cifras oficiales consultadas, el primer problema en México -como en Veracruz-, es que las autoridades no tienen datos homologados acerca de las personas que hoy en día permaneces desaparecidas. Asimismo, la respuesta de las dependencias de Seguridad Pública resulta deficiente, teniendo márgenes de efectividad ínfimos al momento de localizar a aquellos de quienes se desconoce su paradero. A continuación las cifras.
· Desaparecidos en Veracruz: Al día de hoy, en la entidad como en el país, la información acerca del número de personas desaparecidas es incierta, y las cifras de las diversas dependencias de Seguridad Pública son tan diferentes e incomparables, que no es posible dar con datos exactos. Por ejemplo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al corte del 31 de enero de 2017, da cuenta de 524 personas desaparecidas en Veracruz -a nivel nacional, es la décimo quinta entidad con más casos registrados: la más alta es Tamaulipas, con 5 mil 558 casos; y la más baja es Nayarit, con 20 registros-. En cambio, de acuerdo con los datos más actualizados de la Procuraduría General de Justicia, en Veracruz hay 1 mil 553 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Y según la solicitud de información pública con folio 0001700319416, obtenida a través de la plataforma Infomex, del cierre de 2014 a septiembre de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) dio cuenta de 356 personas desaparecidas -en el caso de esta dependencia, sólo considera casos presuntamente ligados a la delincuencia organizada-. Esta situación de cifras confusas y hasta contradictorias se debe a que “aún no hemos logrado construir un registro confiable de desaparecidos que permita identificar las causas del problema, analizar sus tendencias y definir líneas de acción claras, coherentes y evaluables”, señala el “Registro estadístico de la Desaparición: ¿Delito o circunstancia?”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano.
· La efectividad de la PGR: De acuerdo con el informe anual del RNPED, presentado al Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XL de agosto de 2016, de 165 personas desaparecidas o no localizadas en Veracruz (137 hombres y 28 mujeres), reportadas por la PGR (al corte del 31 de diciembre de 2015), sólo 11 fueron localizadas (8 con vida y 3 sin vida). Según estos datos, sólo el 6.6 por ciento de las personas desaparecidas fueron encontradas (5 por ciento con vida, el resto sin). Dicho de otro modo, poco más del 93 por ciento de los casos de desaparición forzada en la entidad, no fueron resueltos por la Procuraduría local.
· ¿Cuál es la prisa?: Seguramente no hay prisa de nada en una entidad en la que, según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2016), el 85.1 por ciento de la ciudadanía se siente insegura -en 2011, la proporción era de 64 por ciento-. Esta cifra colocó a Veracruz como la cuarta entidad, a nivel nacional, con mayor percepción de inseguridad, sólo detrás del Estado de México, Tabasco y Tamaulipas. Al día de hoy, Veracruz no sólo es una entidad con altos índices de desaparición forzada, sino que en los dos últimos años, el RNPED ha registrado la desaparición de al menos 41 niñas y mujeres (de entre 11 y 30 años de edad). Esta situación ubicó al estado como la tercera entidad del país con más casos reportados de mujeres desaparecidas, que no pasaban de 30 años.
· Lo que no hace el Gobierno lo hacen los familiares: A principios de este año, a falta de una respuesta por parte de las autoridades locales, un conjunto de familiares de víctimas de desaparición, el Colectivo Solecito, dio con el hallazgo de una de las fosas clandestinas más amplias de la que se tenga registro en el país: las de Colinas de Santa Fe. Allí, los ciudadanos hicieron lo que el gobierno no pudo por sí solo: la exhumación de cerca de 245 cuerpos y de más de 14 mil restos óseos. Los ejemplos de este tipo son múltiples, pero también los testimonios que hablan más de una ineficiencia gubernamental, que de la extensión de garantías en el cumplimiento de los derechos y la justicia. En 2014, en entrevista con el periódico La Jornada, integrantes del Colectivo por la Paz de Xalapa dijeron que la experiencia legal-procedimental de los deudos o familiares de las víctimas (en ministerios públicos, procuraduría, entre otros), en los 67 casos que acompañaron, “en todas, sin excepción, ha habido una demora, una obstrucción, una inacción por parte de la procuraduría a través de los ministerios públicos, la policía ministerial, servicios periciales…”. Quizá, en ese sentido, las autoridades de justicia en México concuerden con Gamboa: “¿cuál es la prisa si están desaparecidos?”.
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#DichosyHechos dice que la dilación en la impartición de justicia en México, se ve reflejada en la presunta aseveración de Luis Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas. Si el titular del organismo encargado de resolver estos casos se muestra tan insensible como despreocupado acerca de los casos que afligen a miles de veracruzanos, no queda mucho que esperar de las autoridades -hasta el momento las procuradurías, ministerios públicos, fiscalías y demás, no han demostrado ser eficaces-. Cierto. No hay prisa cuando la impunidad reina; no hay prisa si no se entiende la magnitud del problema fuera de las estadísticas. Y por desgracia, por este tipo de circunstancias, los colectivos nacen para hacerse cargo de lo que el Estado en su conjunto no termina por resolver.
