La tragedia de Pasta de Conchos ocurrió la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006 en el último año del sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada. Ese día se registró una explosión en la Mina 8 pertenece a Industrial Minera México (IMMSA), del Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Cinco días después del siniestro, las autoridades suspendieron el rescate.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este 1 de Mayo que comenzarán las excavaciones para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que murieron en el derrumbe de la mina de Pasta de Conchos en 2006. Informó que se buscó a German Larrea para hablar sobre el tema pero que el empresario, dueño de Grupo México y de la mina donde murieron los trabajadores, no está en el país. Sin embargo advirtió que la decisión está tomada y que el rescate se hará con o sin su ayuda.
“Quiero informar que hemos tomado la decisión de iniciar los trabajos, esta es una responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, vamos a iniciar las excavaciones para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina de Pasta de Conchos desde el 2006”, anunció.
“Se habló con los familiares, Luisa María Alcalde habló con los familiares de los mineros y es una petición que vienen haciendo desde hace mucho tiempo”, detalló.
López Obrador informó que “se buscó a German Larrea, aunque ya en otra ocasión yo se lo había planteado, y está fuera del país y nosotros tomamos esta decisión”.
“Estoy seguro que no va a oponerse porque es una decisión con dimensión humanitaria y es también una decisión del Estado Mexicano. Como Presidente de la República he tomado esta decisión y tengo facultades, podemos hacerlo, y no creo que se oponga”, previó.
Sin embargo advirtió que “si ayuda, bienvenido. Si no ayuda, de todas maneras lo vamos a hacer”.
El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que hay presupuesto para llevar a cabo los trabajos de rescate y destacó que la Secretaría del Trabajo fue la que más recibió presupuesto, el cual se incrementó en 500 por ciento sus recursos.
Y consideró que se trata “de un acto de justicia y un compromiso que hicimos desde hace algún tiempo”.
Recordó que el 26 de enero de 2012 dijo en Tepic, Nayarit: “El Gobierno dejará de ser por autoritarismo o por omisión el principal violador de los derechos humanos. Desde los primeros días del Gobierno y aquí doy respuesta sobre una petición, iniciaremos el rescate de los cuerpos de los 65 mineros que aún yacen en el socavón de la mina de Pasta de Conchos, para satisfacer el anhelo más entrañable de sus familias y reafirmar la vocación humanista de todos los mexicanos”.
Detalló que se recurrirá a expertos y especialistas para los trabajos de rescate de los restos de los mineros.
El pasado 19 de febrero se cumplieron 13 años de la explosión que mató a 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, y familias de obreros caídos aún luchan por recuperar a sus seres queridos. Los deudos llegaron al décimo tercer aniversario con una nueva promesa del Gobierno federal, pero con la misma exigencia que ha perseverado por 4 mil 748 días: el rescate de los cuerpos.
La tragedia de Pasta de Conchos ocurrió la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006 en el último año del sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada. La Mina 8 pertenece a Industrial Minera México (IMMSA), del Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Cinco días después del siniestro, las autoridades suspendieron el rescate.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ese día que el Gobierno de México hará justicia a las viudas de Pasta de Conchos y hará todo lo posible para recuperar los restos. El primer paso sería la instalación de una mesa de trabajo para construir una ruta para su recuperación.
La batalla por el rescate se encontraba en instancias internacionales. En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas de esa madrugada de 19 de febrero de 2006.
En julio de 2018, la OFPC entregó un extenso informe a la CIDH, y ahora está a la espera que el organismo internacional lo remita al Estado mexicano para que éste responda, explicó Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, que da acompañamiento a OFPC.
