A finales de febrero pasado, el Gobierno de Yucatán destacaba, en sus comunicados de prensa, que de nueva cuenta se ubicaba como el estado más seguro en el inicio del 2023 con una tasa nueve veces menor a la registrada a nivel nacional, sin embargo, activistas y organizaciones civiles han denunciado que detrás de esa “paz” que tanto presumen, se esconden otras formas de violencia que muestran que es un estado seguro, pero “sólo para unos cuantos”.
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- El Estado de Yucatán se ostenta como la entidad federativa más segura de todo el país. Así lo muestran los bajos niveles de incidencia delictiva. Pero detrás de estas cifras, está un cuerpo policial que es señalado por activistas y organizaciones por abusos y detenciones arbitrarias.
“Yucatán es solo un estado seguro para determinadas personas en ciertos contextos”, destaca el informe Tolerancia Selectiva, realizado por la organización Elementa DDHH. La investigación advierte que la política de seguridad local ha incrementado las detenciones arbitrarias y el abuso policial en los últimos años.
“Un aspecto que nosotras hemos podido encontrar es la frecuencia y sistematicidad con que ocurren los casos de abuso policial y detenciones arbitrarias en Yucatán”, destacó en entrevista con SinEmbargo, Olivia Martínez, investigadora de derechos humanos e integrante de Elementa DDHH.
Apenas el pasado 22 de marzo, se registraron abusos durante la marcha para apoyar la lucha del pueblo Maya de Sitilpech contra las megagranjas porcícolas en Yucatán. A pesar de que se trató de una movilización pacífica, la Policía Estatal de Investigación (PEI), arrestó con violencia a cuatro manifestantes.
Los hechos volvieron a poner en el ojo público a la policía de Yucatán, pues no es la primera vez que la entidad destaca a nivel nacional por los abusos.
El 28 de marzo, un Juez declaró ilegales las detenciones de dos jóvenes que fueron arrestados con violencia y sin una orden de aprehensión tras participar en la manifestación. Sin embargo, aunque fueron liberados, el arresto de otros dos defensores de derechos LGBTIQ+, fue ratificado como legal y sigue su proceso penal vigente.
En Yucatán se han normalizado tanto las detenciones como los arrestos arbitrarios y el uso excesivo de la fuerza por parte de quienes las realizan, y que en la mayoría de las ocasiones no aportan evidencias de si la persona cometió el delito o una falta administrativa, pues “lo importante es detener a alguien, para que pague los platos rotos y eso da falsa percepción de seguridad”, señala el informe de Elementa DDHH.
Pero, no es el único documento que advierte del incremento de los abusos policiales en la Península de Yucatán que se ejercen bajo el argumento de la prevención del delito. El informe La paz como mito: El insostenible modelo de seguridad pública en Yucatán, publicado en enero de 2022 por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) denuncia que el sistema de seguridad en Yucatán es “totalmente autoritario” y se debe “desmitificar” el discurso de que en el estado no pasa nada y es el lugar más seguro del país.
“Desde hace años, los gobiernos de Yucatán han alimentado el discurso de estado seguro que, entre otras cosas, se refiere a que la entidad está libre de violencia y se encuentra en un lugar privilegiado frente a la situación de otros lugares en el país. No obstante, esa narrativa ha legitimado que las policías municipales y la estatal cometan violaciones a derechos humanos, como tortura y detenciones”, destaca el documento de CASEDE.
Por su parte, Olivia Martínez consideró que “la narrativa tiene que ver en cómo estamos mirando la seguridad de un estado y particularmente Yucatán, en donde se ha encargado como de fortalecer los cuerpos policiacos, lo cual no es algo que nos parezca mal, pero sí les falta muchísima capacitación con perspectiva de derechos humanos”.
LA SSP, LA MÁS DENUNCIADA
En materia de detenciones arbitrarias y denuncias de abusos policiales cometidos en Yucatán, la institución más señalada y denunciada es la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que está a cargo de Luis Felipe Saidén Ojeda, quien lleva más de 15 años al frente de la corporación.
Tan solo en el año 2022, de las 41 recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) por violaciones a derechos humanos, la mayoría (12) fueron para la Secretaria de Seguridad Pública y, en segundo lugar, la Fiscalía General de Justicia (FGE), de acuerdo con el Informe anual de actividades de la Codhey, presentado en febrero pasado.
La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán ha generado 118 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el periodo de 2010 a 2022, de acuerdo con lo que documentó Elementa DDHH en su informe.
Del año 2008 al primer trimestre de 2022, se interpusieron al menos 2 mil 083 quejas por posibles violaciones a derechos humanos consistentes en amenazas, lesiones, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes presuntamente realizados por elementos de la SSP de Yucatán; en promedio, se registraron 150 quejas al año, detalla el estudio de Elementa DDHH.
En el año 2022, el número de quejas presentadas contra elementos de la SSP fue de al menos 100; en tanto que el año 2019, es el que más ha registrado quejas con al menos 206, de acuerdo con una solicitud de información con número de folio 310586622000112.
En cuanto a las quejas iniciadas por hechos en los que se señalan detenciones arbitrarias – detalla por otra parte el informe de Elementa DDHH– la Codhey especificó, también por vía de trasparencia, que se iniciaron mil 668 quejas. Los tres principales municipios en los que se reportan hechos de detención arbitraria son Mérida con 1 mil 202; Progreso con 107 y Kanasín con 60.
VISIÓN DISCRIMINATORIA
Roberto Sánchez, activista de la organización Kanan derechos humanos, y Olivia Martínez, coincidieron que la mayoría de las detenciones arbitrarias y abusos cometidos por las fuerzas policiales es un mal común que se asocia a una visión de discriminación.
Los especialistas explicaron que las interseccionalidades entre la clase, el color de piel, género u otras condiciones e identidades sociales juegan un papel principal al momento de detener personas con un uso excesivo de la fuerza, lo que deriva en violaciones a derechos humanos.
“Una constante en las detenciones es que son con un perfilamiento racial a personas, es decir, que tienen un genotipo maya, que cumplen con ciertos estereotipos que la policía utiliza para determinar quien presuntamente cometer un delito y esa es una constante que ha sido documentada por muchas organizaciones en la Península”, destacó Roberto Sánchez.
Y añadió: “Nosotros las organizaciones civiles siempre nos planteamos la pregunta: `¿Yucatán es seguro, pero para quien?, bueno pues para las elites económicas, para grupos empresariales, para aquellos espacios en los que hablar de detenciones arbitrarias es lo mínimo. Yucatán es seguro para ellos, no para nosotros: las personas activistas, personas racializadas, integrantes de comunidades y eso se prueba a través de múltiples casos que se han dado, como las detenciones pasadas en apoyo a la comunidad maya de Sitilpech”.
Olivia Martínez coincidió al recalcar que “en Yucatán hay un perfilamiento en las personas que detectan como no deseables en determinados espacios públicos y esto tiene que ver también con un blanqueamiento, con un proceso de gentrificación que está viviendo el Estado”.
El abuso contra el joven veracruzano José Eduardo Ravelo, quién falleció el 3 de agosto de 2021 cuando era atendido por las heridas que le provocaron los presuntos abusos sexuales y físicos hechos por los policías municipales tras su detención, ha sido uno de los casos que se volvieron emblemáticos de esta problemática en Yucatán.
“Es un caso paradigmático de las formas en que la violencia, el abuso policial, la impunidad y la arbitrariedad pueden ejercerse tras una detención arbitraria, así como de las graves consecuencias que tienen estas prácticas”, detalla Elementa DDHH.
La especialista indicó que a ese fenómeno le llaman Tolerancia Selectiva. “Es una práctica recurrente de los cuerpos policiales que tiene que ver con un perfilamiento racial de las personas, es decir, no se detiene a cualquier persona en Yucatán; sino a personas racializadas, personas de cierto color, cierta forma de vestir, la apariencia, personas indígenas, de la comunidad LGBT”:
Martínez destacó que otro problema es el acceso a la información, pues la Secretaría de Seguridad no es clara y no brinda mayor información sobre sus detenciones, a fin de determinar si fueron arbitrarias o no.
“Por ejemplo las puestas a disposición (ante un Juez) en el año 2020 fueron de 194 mil 438; pero de esas detenciones, 144 mil fueron por faltas cívicas y, de esas faltas cívicas, no tenemos claridad de cuántas personas fueron detenidos por temas de estar obstruyendo la vía pública, hacer escándalo u otros supuestos del reglamento, es decir, hay una opacidad en la información porque no sabemos los motivos por las que se dan estas detenciones, solo sabemos”, abundó.
La Codhey ha señalado que la SSP de Yucatán está entre las instituciones responsables de violaciones a derechos humanos, particularmente en abuso policial, detención arbitraria, y también tortura. “Eso también nos da una idea de lo que la Secretaría de Seguridad Pública está haciendo”, detalló Martínez.
EL SECRETARIO MÁS LONGEVO
El actual Secretario de Seguridad pública de Yucatán es Luis Felipe Saidén Ojeda, quien ha ocupado la titularidad desde el año 2007, cuando la entonces Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco lo nombró para el período 2007-2012; posteriormente fue ratificado en su encargo por el entonces Gobernador Rolando Zapata Bello (2012-2018).
El 28 de septiembre de 2018, el Gobernador panista Mauricio Vila Dosal volvió a ratificar a Saidén para el período 2018-2024.
El activista Ricardo Sánchez detalló que la percepción de la población yucateca sobre Luis Saidén es de miedo, hacia lo que implica él como persona y como figura pública.
“Es una autoridad que manifiesta una percepción plenamente punitivista y que la sociedad en su cotidianeidad lo saben y lo manifiestan así: punitivo, de miedo. Y esto tiene sentido si vemos el actuar que tiene la policía bajo su comando. Estos contextos de detenciones arbitrarias, tortura, por su puesto que le generan (al secretario) un antecedente que le impacta en la sociedad”, detalló a SinEmbargo el derecho humanista.
Olivia Martinez consideró que, aunque no puede asegurar que el incremento de las detenciones y acusaciones de abuso policial contra la SSP se puedan relacionar directamente con Luis Saidén, pero sí considero que se trata de un tema de liderazgo, pues él es el que está a cargo de esa corporación.
La carrera policial de Saidén data al menos desde 1995 cuando fue nombrado Secretario de la entonces Secretaría de Protección y Vialidad por el entonces mandatario Víctor Cervera Pacheco, para el periodo 1995-2001; posteriormente, en el periodo 2002-2003 fungió como director general de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de la Policía Municipal de Benito Juárez (Cancún) en el Estado de Quintana Roo.
Saidén también se ha visto envuelto entre acusaciones e incluso fue señalado por ser presuntamente cómplice del crimen organizado, de acuerdo con información del periodo periódico Noroeste y que el informe de CASEDE retoma.
En el año 2004, Saidén era director de la Policía Municipal de Cancún y fue implicado, según el expediente PGR/SIEDO/UEICDCS/329/04, en las narco ejecuciones de 13 personas, entre ellas , las de elementos de la Agencia Federal de Investigación, de acuerdo con la nota Decapitaciones en Yucatán, publicada el 6 de noviembre de 2015.
Al funcionario se le procesó por delitos contra la salud, delincuencia organizada y como presunto responsable de brindar protección a narcomenudistas. La orden de aprehensión en contra fue librada por el Juzgado Tercero de Distrito, de esa ciudad.
Las imputaciones contra Saidén las hizo el entonces director de la policía de Cancún, Felipe de Jesús Argüelles Mandujano, “El Rayo”, quien a su vez fue procesado como presunto implicado en los asesinatos de los tres AFIs. No obstante, Luis Felipe Saidén quedó absuelto en 2007, justo antes de su regreso a Yucatán.
