El Gobierno de Biden planea levantar la autoridad del Título 42 —nombrada así por una Ley de salud pública de 1944— para el 23 de mayo.
Por Giovanna Dell’Orto
CIUDAD JUÁREZ, 31 de marzo (AP).— Más de una docena de migrantes salieron corriendo emocionados de su dormitorio en el albergue del Buen Samaritano ante la sola mención de que el Gobierno del Presidente estadounidense Joe Biden podría cancelar una norma que expulsa a la gente en la frontera antes de que pueda solicitar protección humanitaria en Estados Unidos.
Interrogaron a un reportero que escucharon había hablado sobre el esperado cambio en una regla que durante los últimos dos años ha obligado a los solicitantes de asilo a aguardar en albergues de las ciudades fronterizas de México, azotadas por el crimen organizado.
En ocasiones, la espera ha parecido interminable. Tienen problemas para encontrar trabajo, les preocupan las deudas que acumularon para poder llegar a la frontera y viven con miedo de que sus hijos puedan ser secuestrados por los cárteles de la droga, que se aprovechan de los más vulnerables.
Los migrantes han sido expulsados más de 1.7 millones de veces de Estados Unidos bajo poderes de salud pública invocados en marzo de 2020, que están diseñados para evitar la propagación de la COVID-19. El Gobierno de Biden planea levantar la autoridad del Título 42 —nombrada así por una Ley de salud pública de 1944— para el 23 de mayo, de acuerdo con personas al tanto del asunto. Se tiene previsto que haya un anuncio oficial pronto, inclusive el viernes. Cuando el país se encontraba casi en el momento más álgido del brote por la variante Ómicron a finales de enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades extendieron la orden hasta esta semana.
La reacción en los albergues para migrantes de Ciudad Juárez, limítrofe con El Paso, Texas, muestra la determinación de muchos migrantes de establecerse en Estados Unidos lo más pronto posible.
La mayoría de las 63 personas que se encuentran en el albergue del Buen Samaritano son mujeres y sus hijos, procedentes de México y Centroamérica. El sacerdote Juan Fierro, director del albergue, dijo que la mayoría habían sido expulsados bajo la autoridad del Título 42 o seguían esperando para intentar solicitar asilo.
Un grupo de mujeres dijo que, si las autoridades estadounidenses retiraban el Título 42, correrían al puente en la frontera para solicitar asilo, ya que regresar a sus lugares de origen no es una opción.
La hondureña Melida Castro, de 32 años de edad, ha estado en el albergue durante cuatro meses con sus hijos de ocho y tres años. “No nos queda más que esperar”, comentó, y explicó que había huido de Honduras después de que una pandilla mató a su tío.
“Lo vi morir en mis brazos”, dijo. Su familia cruzó la frontera una vez y se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza, pero fueron llevados en avión a El Paso y enviados a México. Comentó que los agentes mencionaron el Título 42, pero no le explicaron qué significaba.
Aunque la noticia sobre el posible retiro de los límites al asilo proporcionó un rayo de esperanza, la posibilidad de que ocurra también fue recibida con recelo.
Postergar el retiro hasta finales de mayo, luego de que el Gobierno de Biden ha tenido más de un año en el cargo para prepararse, les pareció a algunos una forma de ganar tiempo hasta que el Gobierno estadounidense pueda presentar otro obstáculo.
“De repente te van a decir: ‘ya no lo quitamos'”, comentó el hondureño Víctor Sánchez, que viajó con su esposa y los tres hermanos menores de ella. Llevan un mes en otro albergue de Ciudad Juárez
El albergue Oscar Romero, de nueve habitaciones, tiene un pequeño patio con un árbol de granada donde los niños juegan tras regresar de la escuela. Los padres se sientan en la terraza del segundo piso de la construcción de concreto, temerosos de salir al exterior, compartiendo el cuidado de los más pequeños y mirando a través del polvoriento paisaje urbano del desierto hacia las montañas de El Paso, a menos de 16 kilómetros (10 millas) de distancia.
La esposa de Sánchez, Katherine, tuvo un bebé durante su estancia en México. “Si hay que esperar, esperamos”, comentó. “Existen organizaciones que nos pueden ayudar; esperamos una manera legal”.
Ha habido indicios de que el Gobierno de Biden se ha estado preparando para un aumento previsto en las llegadas de solicitantes de asilo que tratan de alcanzar la frontera.
Hace dos semanas, el Secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas visitó México y Costa Rica para hablar sobre el manejo de los flujos migratorios. Sin brindar detalles, Mayorkas señaló que había llegado a un “acuerdo migratorio” con Costa Rica.
En su discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado hace unas semanas, Biden dijo: “Estamos consiguiendo compromisos y apoyando a los socios de Sudamérica y Centroamérica para que acojan a más refugiados y aseguren sus propias fronteras”.
Tanto México como Costa Rica están acogiendo cantidades significativas de solicitantes de asilo que de otra forma tratarían de entrar a Estados Unidos en muchos casos. Esos países también podrían ser cruciales para intentar controlar el flujo de migrantes hacia la frontera estadounidense.
El mes pasado, Costa Rica empezó a pedirles visas a los venezolanos y cubanos, una medida para frenar su migración hacia el norte. México ya pedía visa a los cubanos y añadió a los venezolanos en enero.
De todas formas, grandes cantidades de migrantes han estado llegando a la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional informó el martes que unos siete mil 100 migrantes estaban arribando a diario, respecto al promedio de unos cinco mil 900 diarios registrado en febrero, y en camino de igualar o superar los máximos del año pasado, de 2019 y de otros periodos de niveles altos.
Camilo Cruz, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo esta semana que cada acción de Estados Unidos con respecto a los migrantes afecta los flujos migratorios en la región.
“Lo que hace es mover a las personas, generar esperanza o algún tipo de especulación por parte de los traficantes”, comentó Cruz. “Eso motiva que las personas vengan a tratar de cruzar la frontera”. Dijo que la OIM apoya una red de albergues ubicados a lo largo de la frontera y que ha trabajado con ellos en los últimos años para aumentar su capacidad.
Grupos defensores de los migrantes celebraron la decisión, y todos consideraron que debía haberse tomado hace tiempo. Al igual que los migrantes, algunos cuestionaron la postergación hasta finales de mayo, tomando en cuenta que el Gobierno de Biden ha tenido meses para prepararse.
“Una estrategia de reducción gradual sólo demuestra aún más que esto nunca se trató de salud pública”, señaló en un comunicado Erin Mazursky, directora interina de Families Belong Together, una coalición de grupos opuestos a las políticas migratorias implementadas durante la Presidencia de Donald Trump.
“Esta política estuvo en vigor por dos años de más, y la decisión reportada de prorrogar el Título 42 hasta el 23 de mayo es simplemente otra excusa para expulsar a más personas. Si la intención es dejar de trastornar la vida de las personas y mantenerse fiel al compromiso de Estados Unidos con el asilo y el debido proceso, las expulsiones deben terminar ahora”, puntualizó.
La representante demócrata Judy Chu les dijo a los reporteros en una conferencia telefónica el jueves que funcionarios del Gobierno informaron esta semana a los legisladores y a su personal sobre los planes para acomodar a una mayor cantidad de migrantes, y que en un escenario dicha cantidad era hasta tres veces mayor al flujo actual.
El Gobierno está “trabajando muy duro para encontrar una forma de procesar a los migrantes de forma legal, humana y eficiente”, señaló.
