Incapaz de frenar la violencia, el Gobernador de Zacatecas, David Monreal, empezó a buscar culpables. Del desastre de la inseguridad pública no responsabilizó al crimen organizado ni a sus antecesores: culpó a los medios de comunicación por informar sobre la ola de matanzas que enfrenta el estado y que no ha podido detener ni la Guardia Nacional con el “Plan Zacatecas ll”.

La posición del mandatario zacatecano muestra un signo de desesperación, pues los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa –los dos más poderosos de América Latina –siguen ajustando sus cuentas, disputando mercados de drogas, rutas y extendiendo sus planes de control territorial a lo largo y ancho de esa entidad. Nadie los detiene.

En una conferencia de prensa que ofreció para dar a conocer cifras que, según el Gobernador Monreal, dan cuenta de una disminución de los delitos de alto impacto, arremetió contra algunos medios de comunicación: dijo que algunos medios y periodistas son “promotores de las organizaciones criminales”, aunque expuso que no cuenta con pruebas para demostrarlo.

Sin embargo, fue más claro cuando expuso que la violencia en la entidad es producto de la “herencia maldita” del gobierno de Felipe Calderón, quien durante su sexenio –2006-2012 –le declaró la guerra al crimen organizado sin resultados claros, pues lo único que dejó esa cruzada bélica fue una ola de muertes y desgarramientos sociales. Los capos y los cárteles, por desgracia, ahí siguen.

En su reparto de culpas, Monreal no fue nada autocrítico con su gobierno. Según él, la prensa es la responsable de que los hechos de violencia se magnifiquen. “La nota vende”, dijo, al cuestionar el trabajo de los periodistas. Añadió el mandatario:

–Me atrevo a decir, inclusive, que hay algunos medios que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales, por fortuna me parece que los menos, pero hay quienes difunden, promueven las escenas de terror, las escenas del crimen, por ellos ahora que sí son crimen organizado y hacen sus estrategias como los videos que difunden, que promueven (y que) intimidan a la sociedad.

Expuso que él dudaba sobre los probables convenios de los medios de comunicación con el crimen, pues consideró –dijo –que eso sería grave.

Luego la contradicción:

–Y dudo mucho que estos medios, que luego se han convertido en promotores, tengan convenio, porque ni eso creo que hayan hecho (porque) sería todavía más delicado, pero, en fin, cada quien tendrá que asumir su responsabilidad.

En la conferencia un reportero le preguntó que mencionara qué medios y qué periodistas son promotores de la violencia criminal y tienen vínculos con el crimen organizado, palabras más, palabras menos.

“No me refiero a los de acá (de Zacatecas), (sino) de lo que se publica a veces en medios nacionales o en otros, que les piden que hagan publicación de tal o cual acción o cosa. Entonces, me refiero a la difusión o promoción, que de nadie es desconocido, porque luego dicen (que) la nota vende”.

En su ambiguo discurso, David Monreal dijo no tener información respecto de los medios y periodistas vinculados con el crimen organizado y promotores de la violencia en su entidad, como él mismo los llamó.

Lo que el Gobernador de Zacatecas debe entender es que los hechos de violencia que han colocado a esa entidad en los primeros lugares de inseguridad existen; que los medios de comunicación y los periodistas, apegados a los hechos, cumplen con su función de informar sobre una realidad avasallante. Si el mandatario no quiere que se hable de violencia, pues debe empezar por abatir los índices delictivos. De esta forma, otra realidad, quizá menos perturbadora, sea de interés de los medios.

Lo cierto es que desde que tomó posesión como Gobernador, en septiembre de 2021 –en el primer mes de gobierno se contabilizaron más de 200 asesinatos –el estado de Zacatecas no ha podido tener paz: el estado está en disputa por parte de cuatro grupos criminales: el cártel de Jalisco, Sinaloa, Noreste y Golfo. Es, a decir verdad, una entidad muy codiciada por el crimen debido a su posición geográfica, su nula seguridad por falta de policías y porque, además, históricamente han existido pactos entre el poder y los criminales.

El diagnóstico criminal

Zacatecas no puede recuperar la tranquilidad: A pesar de la presencia de la Guardia Nacional y de la puesta en marcha del Plan Zacatecas ll, la violencia sigue imparable, aunque el Gobernador David Monreal vea otra realidad y asegure que los delitos de alto impacto han disminuido. No obstante, la percepción de inseguridad prevalece.

Pese a los patrullajes de los militares, la tranquilidad no ha podido establecerse en ese estado clave por su ubicación geográfica para el trasiego de enervantes hacia Estados Unidos.

Es precisamente Zacatecas la joya de la corona que se disputan varios cárteles, entre otros, los del Golfo, Noreste y lo que queda de Los Zetas; sin embargo, los enfrentamientos más cruentos que han detonado violencia de alto impacto la están generando los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Ambos grupos criminales pretenden apoderarse del control del estado: sus recursos naturales, la industria del secuestro, las extorsiones y más de veinte actividades delictivas que han puesto en marcha desde hace varios años.

En Zacatecas, desde el pasado 12 de septiembre, cuando asumió la gubernatura estatal David Monreal Ávila, no se respira tranquilidad: se han registrado más de 500 asesinatos, mientras que entre septiembre de 2021 y lo que va del 2022 se contabilizan 57 personas colgadas, 34 de ellas fueron halladas en el municipio de Fresnillo, considerado uno de los más violentos.

Rica en minería y producción agropecuaria, Zacatecas cuenta con 58 municipios, la mayoría son rurales. Sin importar su condición social, cientos de familias han sido desplazadas debido a la violencia criminal.

En la comunidad de San José de Lourdes, por ejemplo, se ha vuelto común que los cárteles cuelguen a sus víctimas de árboles o los atan a los barandales de los puentes elevados. Cerca del río Aguanaval y en la comunidad de Montemariana se han descubierto cadáveres torturados colgados de los árboles. Así exhibe el crimen organizado su saña.

Otros hombres asesinados y colgados aparecieron en la carretera estatal, muy cerca de las demarcaciones de San Ignacio y San Gabriel.

Extrema y sin tregua, la violencia en Zacatecas está imparable y ya provocó la primera renuncia en el gabinete estatal. El Gobernador David Monreal relevó de su cargo al secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, en noviembre de 2021. Su lugar lo ocupó el general en retiro Adolfo Marín. Y ni así ha podido volver la tranquilidad al estado.

La causa del cese fue la aparición, el pasado 18 de noviembre, de diez cadáveres colgados. Estaban en un puente vehicular en el municipio de Cuauhtémoc, según datos publicados por la prensa local. Los difuntos tenían huellas de tortura. Por ello estaban semidesnudos.

En Fresnillo –uno de los municipios más violentos de Zacatecas, se contabilizan 34 cuerpos colgados de un total de 57 que se han registrado en toda la entidad.

De junio de 2021 a la fecha, en este municipio el principal modus operandi de un grupo criminal que se disputa el territorio es dejar los cuerpos colgados con mensajes a sus adversarios. Esta actividad criminal es muy parecida con otra modalidad de muerte –la decapitación –que fue el sello característico de Los Zetas. Ahora la modalidad es colgar a las víctimas.

El primer hallazgo de cadáveres colgados se presentó en la capital del estado –Zacatecas –en el mes de junio de 2021. Correspondía a dos policías estatales que fueron privados ilegalmente se su libertad en el municipio de Villa de Ramos, en San Luis Potosí, ubicado en los límites con Zacatecas.

Un mes después, en julio, hubo dos eventos delictivos en Valparaíso: el primero se trató del hallazgo de un cuerpo que fue colgado de un puente vial; y el 25 de ese mismo mes cuatro hombres más estaban suspendidos debajo de un puente en la carretera federal 44 que conecta al municipio de Fresnillo con Valparaíso, dos territorios sin ley.

Y en agosto, también de 2021, se reportó el caso de seis cuerpos colgados del puente El Orito, en la capital de Zacatecas; todas eran personas del sexo masculino y tenían sus ropas rasgadas, signo de que fueron sometidos a tortura.

El 18 de noviembre del año pasado la oleada de violencia siguió imparable y alcanzó niveles máximos con el hallazgo de diez cuerpos colgados en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc.

Personal de la Fiscalía General del estado acudió a los sitios para realizar el levantamiento de cadáveres y la Secretaría de Seguridad Pública recuperó los cuerpos. Todos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

De acuerdo con informes oficiales, las víctimas eran del sexo masculino y sus edades oscilaban entre los 15 y 77 años; eran originarios de Fresnillo, según los reportes oficiales. Siete de ellos fueron identificados y posteriormente entregados a sus familiares. Uno de los asesinados sigue sin ser identificado.

La guerra por el territorio        

 Zacatecas cuenta con 75 mil kilómetros cuadrados de territorio y en esa superficie hay 58 municipios, la mayoría rurales; el estado tiene una intensa actividad agropecuaria y minera. También el turismo es una dinámica importante.

Debido a su privilegiada posición geográfica, cinco cárteles se disputan a sangre y fuego el control del estado. Se trata del cártel del Noreste y Los Talibanes. Ambos surgieron de la escisión de los antiguos Zetas, uno de los más violentos; en la guerra que enfrenta Zacatecas también participa el cártel del Golfo, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa MZ (Mayo Zambada). Este último es una ala encabezada, según las autoridades, por Ismael “El Mayo” Zambada, a quien las autoridades estadunidenses identifican como el verdadero jefe del cártel que lideró Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con informes oficiales, en Zacatecas operan dos alianzas criminales conformadas por los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Los Talibanes, por su parte, hicieron lo propio con Sinaloa, el cártel más poderoso.

Sinaloa MZ, según los mismos informes consultados, ya controla los municipios del norte y noroeste de Zacatecas. Se trata de las regiones que colindan con los estados de Durango, Coahuila y Nuevo León. También tiene fuerte presencia en la zona que colinda con Aguascalientes, de acuerdo con los informes policiacos.

En el sureste del estado, en la región de Los Cañones de Jalpa y Tlaltenango, el predominio hasta ahora es del CJNG y su aliados del Golfo. Controlan los municipios colindantes con Jalisco y Nayarit, feudos de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, jefe del cártel de Jalisco.

Hasta ahora la principal zona de guerra es la región serrana de Zacatecas, en el occidente del estado, que se convirtió en el tiradero de cadáveres hallados en Jalisco, Nayarit y Durango.

Debido a la intensa narcodinámica, en Zacatecas se ha vuelto frecuente el movimiento de caravanas de entre veinte y cien hombres armados tanto del CJNG como del cártel del Golfo en busca de sus rivales o bien asegurando territorios ya conquistados. Esto da cuenta de que en el estado no hay orden, pues la ley brilla por su ausencia, lo que deriva en impunidad y vacío de poder.

Los enfrentamientos son cada vez más frecuentes, imposibles de controlar para las autoridades estatales, que están rebasadas por el flagelo de la violencia criminal.

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional patrullan el estado, pero no se enfrentan a los criminales que viajan en convoyes por distintas regiones.

La violencia del crimen ha impactado en municipios y hasta en rancherías. En los municipios de Valparaíso, Monte Escobedo, Jerez, Tepetango, Chalchuihuites y Jiménez de Teúl, decenas de familias han sido desplazadas debido al miedo a morir en los tiroteos que se desatan tanto de día como de noche. Por ello, abandonan negocios, casas, parcelas y ranchos. “Aquí ya no se puede vivir”, señalan.

Las principales zonas urbanas también enfrentan el terror. Fresnillo, Guadalupe y Calvo, así como Zacatecas, la capital, son azotadas por tiroteos y ejecuciones cotidianas; con frecuencia aparecen personas apuñaladas, colgadas de puentes, árboles o cruces. Estado sin ley, en Zacatecas impera el cobro de piso y los secuestros se han convertido en toda una industria criminal, imparable por parte de las autoridades.

Territorio de muerte

La corrupción estatal y la impunidad son los principales problemas de Zacatecas. Esto explica por qué en los últimos meses se han registrado más de 700 crímenes. Ninguna investigación aclara qué pasó con los muertos. El gobierno estatal está totalmente rebasado.

La crisis tronó el 31 de diciembre de 2019 cuando, en el penal de Cieneguillas, durante una riña en la que se usaron armas de fuego, presos ligados al cártel de Sinaloa asesinaron a 18 integrantes del cártel del Golfo recluidos en esa prisión. Otros veinte reos resultaron heridos de gravedad.

Paralelamente, células del cártel de Sinaloa, aliados todos ellos de Ismael “El Mayo” Zambada, según reconocieron en múltiples mensajes, irrumpieron en Zacatecas por el noroeste. Todos los sicarios provenían del estado de Durango. Y así comenzaron los enfrentamientos con el cártel de Jalisco. La violencia incendió los municipios de Fresnillo, Calera, Guadalupe y Jerez.

La disputa no tiene otra explicación más que el control territorial. Y es que, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por Zacatecas cruzan tres grandes rutas del tráfico de drogas y de precursores químicos. También son claves para el tráfico de armas, el movimiento de indocumentados y la trata de personas.

Su posición geográfica, además, es causa de embates entre cárteles, pues al centro se ubica cerca de El Bajío y la Ciudad de México; hacia el Pacífico se conecta con los puertos de Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Manzanillo, dos zonas portuarias preferidas por la delincuencia organizada. También tiene conexión con el estado de Jalisco y, hacia el Golfo de México, se conecta con los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como con la frontera con el estado de Texas, en Estados Unidos.

Otros negocios que se disputan los cárteles son el mercado de las drogas sintéticas para lo que resulta clave el trasiego de fentanilo, una de las sustancias con mayor demanda en Estados Unidos pese a que ha causado la muerte de unas 100 mil personas tan sólo en el último año, de acuerdo con informes de la DEA.

Frente al flagelo criminal, el gobierno estatal es impotente: treinta de los cincuenta y ocho municipios tienen corporaciones policiacas que sólo cuentan con dos y a lo mucho con diez elementos. Esto los convierte en estructuras inoperantes, proclives a la corrupción e incapaces de enfrentar al crimen, pues están mal capacitados, carecen de armamento y, por si fuera poco, la mayoría de los agentes han reprobado los exámenes de control de confianza.

En materia de seguridad los proyectos han fracasado. Hace un lustro, por ejemplo, se planeó contar con 2 mil 500 integrantes de la Policía Estatal Preventiva, el principal grupo de reacción en Zacatecas; sin embargo, la corporación no superó los mil 200 agentes por falta de reclutas. A esto se sumaron las renuncias de varios uniformados y bajas por asesinatos y/o desapariciones forzadas.

A demás de no contar con suficientes policías, el estado enfrenta un grave problema de coordinación con las Fuerzas Federales debido a que los integrantes de la Guardia Nacional –hay más de 3 mil en el estado – han evadido hacer frente a los cárteles del narcotráfico.

Las fallas de los últimos gobiernos han derivado en la crisis que actualmente enfrenta Zacatecas. Corrupción, incapacidad y malos programas de seguridad pública también forman parte de la lista de tropiezos oficiales. Lejos de empezar a recomponer el desastre, el Gobernador David Monreal opta por buscar culpables y no se le ocurrió otra opción más que responsabilizar a los medios de comunicación y a los periodistas por difundir la realidad.

Sus críticas llegan al grado de insinuar que existen convenios entre medios, periodistas y el crimen organizado, aunque dijo no tener pruebas de sus dichos.

Así las cosas.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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