De nueva cuenta han surgido fuertes interrogantes sobre las garantías para la justicia en los actuales gobiernos que enarbolan la transformación como norte de su actuar. Esta semana se ha puesto en tela de juicio la capacidad y la voluntad de cambiar las estructuras de poder que dan pauta a la impunidad. Con diversas intensidades, alcances y magnitudes, hemos observado cómo el pacto de impunidad y el uso político de las instituciones de justicia se mantienen vigentes y gozan de cabal salud.

El lunes 28, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enmendó la plana a la Fiscalía y Poder Judicial -ambos de la Ciudad de México- en un caso de evidente uso desviado de poder. La persecución penal de Laura Morán y detención de su hija Alejandra Cuevas, esposa e hija de Federico Gertz Manero, fueron empujadas por el inmenso poder del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien las acusaba de provocar la muerte de su hermano.

Fue hasta que Alejandro Gertz encabezó la FGR que la Fiscalía capitalina decidió ejercer acción penal contra las señoras Morán y Cuevas. Ello fue convalidado por el Poder Judicial de la Ciudad de México. Los agentes del Ministerio Público que originalmente se habían negado a ejercer la acción penal fueron destituidos y procesados.

Este caso, que alcanzó niveles de escándalo ante la filtración de ilegales intervenciones de comunicaciones entre Gertz Manero y su mano derecha Juan Ramos (Fiscal de Control Competencial), donde exponen las presiones que ejercían sobre la Suprema Corte, en esos momentos próxima a resolver el caso. La exposición mediática de estas llamadas fue determinante para evitar la perpetuación de la injusticia.

El mismo lunes 28, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa hizo revelaciones que terminan de sepultar la “verdad histórica” de Peña Nieto y Murillo Karam. Ocultamiento de evidencia, manipulación de escenas del crimen, infiltración militar de la Normal Rural de Ayotzinapa, investigaciones paralelas en sede castrense, falsificación de actas oficiales, obstaculización de la investigación; son algunas de las revelaciones del tercer informe del GIEI. A eso hay que sumar la tortura sistemática de los procesados en el caso.

Ahora sabemos cómo fue construida una falacia que implica a las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la propia PGR. Como dijeron los padres y madres de los normalistas desaparecidos, las Fuerzas Armadas les han ocultado información, aun a pesar de la conformación de la Comisión Presidencial para el caso. No debemos perder de vista que según el testimonio de los integrantes del GIEI, el propio Presidente tuvo que “dar el manotazo” en la mesa para que la Marina desclasificara el video captado por un dron, en el cual se percibe la manipulación del basurero de Cocula.

En un tercer momento, el miércoles 30, se hicieron inquietantes revelaciones sobre el “caso Narvarte”. El 31 de julio de 2015 fueron asesinadas Yesenia Quiróz, Mile Martín, Nadia Vera, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa. El caso captó la atención internacional debido a que Nadia (activista) y Rubén (fotoperiodista) huyeron desde Veracruz a la Ciudad de México por la persecución del gobierno de Javier Duarte. Según la entonces Procuraduría, únicamente tres personas cometieron el multifeminicidio y homicidio. Estas tres personas habrían llegado en una camioneta Suburban al lugar de los hechos. En esa misma camioneta, además de un vehículo Mustang propiedad de Mile Virginia (robado por quienes cometieron los crímenes), habrían huido. A pesar de una serie de estigmatizaciones y culpabilizaciones que generaron revictimización, la entonces Procuraduría no esclareció el móvil del crimen y escondió evidencia que llevaba a identificar la participación de más personas.

Los nuevos hallazgos resultan preocupantes pues muestran graves omisiones en la investigación y manipulación de la evidencia. El agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría, solicitó en repetidas ocasiones datos erróneos de dos teléfonos móviles que estarían asociados a otros participantes en el crimen. Por otro lado, después de una lucha de 6 años y medio por acceder a los videos que la Procuraduría-Fiscalía negó sistemáticamente a las víctimas, se logró identificar la posible participación de al menos dos sujetos más en el atroz crimen.

Varias lecciones se desprenden de los tres casos aquí expuestos. La primera es que el aparato de justicia no logra sacudirse la lógica propia del régimen autoritario bajo el cual fue erigido: perseguir a los detractores del gobierno en turno y proteger a sus aliados. Hoy el pacto de impunidad no ha sido mínimamente resquebrajado. Al contrario, goza de cabal salud.

La segunda es que para miles de víctimas de este país las puertas de la justicia están cerradas en un ámbito de “normalidad” institucional.

El desenlace para Cuevas y Morán fue feliz, pero mucho tuvo que ver la presión mediática y la intervención de la Suprema Corte. Hoy los padres y madres de los 43 ven cómo se manipuló la investigación del caso desde 2014 pero no hubieran tenido esa certeza si no es por su propio tesón, el consistente y decidido acompañamiento de organizaciones como el Centro Prodh y Tlachinollan y, por supuesto, sin la cooperación técnica de un cuerpo internacional de personas expertas. También para las víctimas del caso Narvarte ha sido determinante su consistente lucha, sumado a la relevancia mediática y el acompañamiento de organizaciones civiles.

Pocas víctimas tienen la posibilidad de acceder a medios e instancias para alcanzar justicia. Pero aun con todos estos recursos la justicia llega tarde, a regañadientes, y muchas veces, de forma incompleta y parcial.

La tercera lección es que el grupo que ha gobernado la Ciudad de México desde 1997 ha mantenido intocadas las estructuras de corrupción e impunidad en las instituciones de procuración e impartición de justicia en la capital del país. Esa mirada en perspectiva histórica nos sirve como recordatorio de lo que podemos esperar a nivel federal donde tomaron el poder en 2018. El proyecto político de la izquierda partidista en México se ha desprendido de su carácter progresista y reproduce las prácticas de cooptación judicial, violación de derechos humanos, populismo punitivo, uso desviado y selectivo del poder punitivo… y hasta la militarización.

El uso personal de su investidura para violentar los derechos de dos mujeres no le costará el puesto a Gertz ni detonará una investigación a fondo sobre el actuar de la fiscalía y judicatura de la Ciudad de México. La manipulación del caso Ayotzinapa no se perfila para la sanción de los altos funcionarios del peñanietismo implicados, incluido el ex titular del Ejecutivo. El caso Narvarte ameritó el día de ayer un descafeinado posicionamiento del vocero de la Fiscalía repite como mantra promesas incumplidas pese a la obligación de actuar con debida diligencia para esclarecer el caso y castigar a los responsables del engaño y la revictimización.

A tres años del nuevo gobierno federal y con el espejo de lo sucedido a nivel local (con sucesivos gobiernos de “izquierda”) no se ve un diferencial en clave justicia, verdad y reparación. Bien harían en reconsiderar la urgencia instalar mecanismos de justicia extraordinaria y abrirse a la asistencia internacional. Claro, sí lo que les importan son realmente las miles de víctimas de este país.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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