Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, impartió el pasado 3 de marzo de 2017 el Seminario sobre seguridad pública, ciudadanía y violencia en América Látina, ante un grupo de estudiantes y académicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

UIF: México busca recuperar propiedades de García Luna en EU; procesos legales siguen

01/03/2023 - 10:24 pm

El exsecretario de Seguridad Pública protegió una red empresarial familiar con operaciones en distintos países, con la que se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, detalló cómo Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos de cárteles del narcotráfico, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

A través de un comunicado difundido esta noche, la UIF, a cargo de Pablo Gómez, destacó que bajo auspicio de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.

Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.

“El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019”, indicó la UIF.

Luego de la denuncia ante la FGR, el Gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.

Este proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
“No existe duda alguna de que García Luna es un prevaricador y un violador de derechos humanos”. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro

En cuanto a México, la UIF informó que “los procesos penales siguen su curso y el Gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los seis años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”.

El pasado 9 de febrero, la UIF había detallado esta red de corrupción durante la conferencia matutina del Presidente López Obrador. Pablo Gómez reveló en esa ocasión el nombre de las personas demandadas: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar no todos los contratos, puesto que son muy largos, pero vamos a poner de ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos, que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total 20 años como ya se señaló”, reiteró Gómez Álvarez.

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