Activistas y organizaciones de derechos humanos presentaron la reedición del informe final de la investigación de la Comisión de la Verdad de Guerrero, el cual, concluye que el acceso a la justicia, la verdad y las garantías de no repetición, derivadas de la represión cometida por el Estado mexicano en la época de los años setenta y ochenta aún es una obligación pendiente de saldar con las víctimas y la sociedad en su conjunto.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– Con la voz cortada, los ojos llorosos y con la última carta de su padre, Mar Antonia Morales Serafín, volteó a ver al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a quien le dijo: “Yo solo le pido la verdad. Tengo 49 años buscando a mi papá. Quisiera que mi mamá —que está muy enferma— sepa dónde está. Quisiera que lo encontráramos […] porque para mí encontrar a mi papá es todo y dar justicia a las demás personas. Es una petición no sólo mía, sino de todas las víctimas: que se haga justicia, saber quiénes son los culpables”.
Mar Antonia Morales Serafín —hija de Abelardo Morales ‘Ranmel’, desaparecido en 1974 durante la Guerra Sucia— expuso lo difícil que ha sido a lo largo de tantos años narrar la historia de su familia. “Estoy temblando”, reconoció mientras compartía su testimonio:
“Se vive en el miedo y eso no es nada fácil. Contar cómo entraron los militares y violaron a mi tía Guadalupe, fue un pelotón completo; de cómo amarraron a mi abuelita y la obligaron a ver como violaban a su hija; cómo mi mamá y yo tuvimos que treparnos a un árbol para que no nos fueran a matar, y ella (mi mamá) me decía ‘no llores porque sino nos van a matar'”.
La sobreviviente reiteró su petición al Estado desde la misma mesa principal en la que estaba sentada junto el Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, en la cual, activistas y organizaciones de derechos humanos presentaron la reedición e impresión del Informe final de la investigación de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) sobre las violaciones de derechos humanos en la Guerra Sucia.
La nueva edición concluye que el acceso a la justicia, la verdad y las garantías de no repetición derivadas de la represión cometida por el Estado mexicano en la época de los años setenta y ochenta aún es una obligación pendiente de saldar con las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“Nosotros somos la realidad de que hoy en día hay tantas víctimas como yo”, abundó Mar Antonia.
La presentación del informe impreso y dos de sus anexos se realiza —explicaron— porque en el año 2014 que se publicó sólo en línea no tuvo alcance. Además, porque los pendientes y exigencias siguen vigentes, que es dar verdad, justicia y reparación integral del daño a víctimas, familiares de las víctimas, sobrevivientes y la comunidad.
“(Es necesario) llegar a la verdad y sanar esa vieja herida que aún sangra en muchos corazones. Esa es una gran deuda que duele ver (la de verdad, justicia y no repetición). Son deudas muy grandes que tiene el Estado mexicano”, señaló Hilda Navarrete, integrante de la Comisión de la Verdad que terminó sus labores en 2014, con la presentación del informe final, mismo que hoy se revive.
Hilda Navarrete recalcó que, entre los muchos pendientes por hacer, es que se entrevisten a los perpetradores que aún siguen vivos, pues no se pierde la esperanza de que digan dónde están los desaparecidos.
“Esperamos que de los perpetradores que aún quedan con vida los puedan interrogar y lleguemos a unas verdades, no todas, pero sí las principales. Tenemos derecho a verdad, esperamos que tengamos verdad y justicia”.
Durante su intervención, Alejandro Encinas, Subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que “el reto al que nos estamos enfrentando es que el Estado asuma su responsabilidad, no sólo con la memoria, verdad y justicia, sino sobre los hechos arbitrarios que cometió en la contrainsurgencia”.
“Sino hay justicia, no hay reparación. Hay que atender la reparación”, añadió.
Encinas Rodríguez expuso el papel de las autoridades durante la Guerra Sucia: “Fue una decisión del Estado atacar a la sociedad y fue una decisión del Estado aniquilar a las personas que se oponían a su régimen”.
Por ello, el Subsecretario prometió a Mar Antonia que en los 18 meses que resta de la administración van a continuar con la búsqueda de su padre y ver los temas de reparación integral del daño.
“Que haya justicia, ese es el gran reto: que haya justicia después de 50 años, donde los 18 meses que nos restan vamos hacer todo el esfuerzo, y lo humanamente posible. Con resultados dar respuesta a las demandas de víctimas, sobrevivientes, sus familiares y de toda la sociedad”, aseguró.
“FUE UNA ESCUELA DE LA MUERTE”
“No cabe duda que en Guerrero se estableció la escuela de la muerte con la Guerra Sucia”, destacó Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien emitió su mensaje desde una videollamada.
El activista y antropólogo mexicano recalcó que es importante conocer las desapariciones del pasado y principalmente lo ocurrido en Guerrero porque “no cabe duda de que la forma de operar las desapariciones (de hoy) es producto de esa escuela”.
Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, organización que participó en la reimpresión, destacó que el informe de la Comisión de la Verdad es un pilar para entender la represión cometida por parte del Estado, las violaciones perpetradas en décadas pasadas que permiten analizar de mejor manera la violencia actual y los vínculos que hay entre la impunidad de ayer y la impunidad de hoy.
“Este informe no es un tema de pasado, hay un hilo de continuidad, la violencia del Estado y lo que hoy se está viviendo en términos de la violencia de los grupos criminales y con la permanencia de la militarización”, explicó.
Y añadió: “no se convierte en un acervo histórico más, sino es testimonio fundamental para entender al Mexico de hoy, al México doliente de las más de 100 mil víctimas de desaparición”.
En el contexto de impunidad y falta de verdad, en el 2012 fue creada la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) por la Ley 932, como un mecanismo de justicia alternativa para contribuir a que la sociedad conociera lo sucedido en los años 70 y 80 y que el derecho a la verdad sirviera como un primer paso en el camino hacia la justicia y la no repetición.
La Comisión realizó un trabajo de investigación de fuentes documentales, entrevistas y trabajo de campo en las comunidades afectadas por la violencia estatal de los años setenta y ochenta. El informe de esas labores fue presentado el 15 de octubre de 2014, al finalizar los trabajos de la Comverdad y sólo unas semanas después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A pesar de la relevancia del documento, en términos de contribución al derecho a la verdad y de que podría haber servido como un documento básico en la comprensión de esta problemática, el interés fue limitado, ademas que, al igual que el informe de la Femospp, la difusión por parte del Estado fue escasa, explicaron los activistas.
“En un contexto donde el Estado ha fallado por décadas en reconocer su responsabilidad en las violaciones graves a los derechos humanos, el informe que se imprime a siete años de la finalización del mandato de la Comverdad y de la publicación en línea, contribuye a crear una narrativa enfocada en el acceso al derecho a la información, a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad”, resalta el informe.
Hilda Navarrete, integrante de la Comisión de la Verdad, recordó que los integrantes de ese mecanismo se enfrentaron a varios obstáculos.
“Duele el corazón no haber podido cumplir el compromiso de reparación del daño. Hay muchas mujeres, familiares de desaparecidos, que levantaron cómo pudieron a sus hijos y no han podido ver la reparación del daño. Uno de los compromisos grandes (que sigue vigente) es acercarles esa justicia que merecen” resaltó.
Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, coincidió que uno de los retos más importantes que “seguimos enfrentando hoy en día, es la desaparición forzada, un delito que no concluye hasta conocer el paradero de las personas.
“Para poder transicionar a un modelo de justicia y no repetición resulta primordial poner a las víctimas en el centro […] Constituye, para la materialización de la justicia, la construcción de la memoria”, dijo.
