En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República (PGR), destacaron avances en algunos de los puntos tocados en el capítulo sobre México del informe anual de la organización, divulgado el 22 de febrero en París.
México, 1 mar (EFE).- El Gobierno de México reconoció hoy “los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos” y refrendó su “compromiso ineludible para dar respuesta a cada uno de ellos”, en respuesta al informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República (PGR), destacaron avances en algunos de los puntos tocados en el capítulo sobre México del informe anual de la organización, divulgado el 22 de febrero en París.
En su reporte, AI aseveró que México fue escenario en 2016 de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, en medio de un aumento de una violencia de la que las mujeres volvieron a sufrir sus consecuencias.
Al respecto, el Gobierno reconoció que “la desaparición de personas en México plantea retos muy importantes” y expresó el compromiso de hacer frente a este problema “de forma decidida”.
Señaló que se han realizado mejoras al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, además de que han puesto en marcha mecanismos de investigación y búsqueda, como el Protocolo Homologado aplicable a todas las procuradurías y fiscalías del país.
Asimismo, subrayó que a fines de 2015 se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR.
Sobre el emblemático caso de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, indicó que la cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha cesado, y que el mecanismo de seguimiento del organismo continental ha realizado ya dos visitas al país, además de las seis que se tienen programadas este año.
En cuanto a ejecuciones extrajudiciales, afirmó que “el Estado reitera su sólido compromiso de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables en los casos de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán”, donde se registraron presuntos actos de esta naturaleza, y destacó que en todos los casos hay investigaciones, detenidos y procesados.
Respecto de la tortura, apuntó que “se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate, lo que incluye no solo protocolos de actuación y fortalecimiento institucional, sino también la consideración en el Congreso de la Unión del proyecto de Ley General en la materia”.
También citó acciones y avances en tareas de seguridad pública, derechos de refugiados y migrantes, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, combate a la violencia contra mujeres y niñas, y derechos de los pueblos indígenas.
“El Gobierno de la República toma debida nota de las recomendaciones emitidas por AI en su informe, al tiempo que reconoce el valioso papel de las organizaciones de la sociedad civil en la materia”, acotó el comunicado.
En su informe, Amnistía denunció que las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las cometidas por agentes no estatales siguen siendo “práctica generalizada” y sus responsables gozaban de “una impunidad casi absoluta”.
Asimismo, señaló la impunidad “casi absoluta” de los autores de ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, así como una violencia “endémica” contra mujeres y niñas, entre otras deficiencias.
