Por medio de un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU-DH lamentó y externo su preocupación por las conclusiones a las que llegó la Visitaduría General de la PGR respecto al caso Ayotzinapa, pues a pesar de que el organismo tiene documentadas graves violaciones a los derechos humanos, la PGR sólo detectó faltas administrativas de nueve funcionarios, entre ellos del ex Director de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este día su preocupación por las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación al caso Ayotzinapa.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado, manifestó que tras el análisis de la documentación en su poder, Zeid Raad al-Hussein reiteró la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI – CIDH). “Además, debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”, expresó Jarab, por medio de un comunicado.
“Según la información con la que cuenta la Oficina, la investigación conducida por la Visitaduría General habría identificado únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal. Las faltas administrativas habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR, en su mayoría mandos medios (peritos y ministerios públicos), así como por su ex Director de la Agencia de Investigación Criminal, Sr. Tomás Zerón de Lucio”, señaló el organismo de la Organización de los Estados Américanos (OEA).
Por el contrario, la ONU-DH, refirió que, desde el inicio del caso, documentó graves violaciones a los derechos humanos; “la Oficina cuenta con elementos de convicción respecto a la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la PGR”, aseguró el organismo.
Señaló que dichos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de PGR desde el año pasado y con el Mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa de la CIDH.
“A pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, expresó Jan Jarab.
La ONU-DH reiteró su apoyo a las familias de las víctimas y a las organizaciones defensoras que las acompañan y destacó la necesidad de “contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales, capaces de investigar con perspectiva de derechos humanos”.
La Procuraduría General de la República dijo, a través de un comunicado, que la investigación sobre las gestiones que se realizaron el 28 de octubre de 2014, en Río San Juan, Cocula, Guerrero y que concluyeron en que el agente del Ministerio Público Visitador resolviera imputar responsabilidades a diversos servidores de dicha dependencia, “se realizó con estricto apego al ámbito de competencia que le confiere la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como en cumplimiento a las disposiciones que regulan la valoración de la prueba y la calificación de las conductas, en apego irrestricto a Derecho”.
Además, en lo que respecta a las denuncias de posible delito de tortura en la noche de Iguala, de acuerdo con la PGR, “han sido plenamente atendidas y se encuentran en investigación e integración en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la misma Institución, en donde con estricto apego a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás leyes aplicables, serán determinadas”.
Actualmente, la dependencia realiza los Protocolos de Estambul, por lo que se espera que “sean elementos técnicos y objetivos los que determinen la existencia de tortura”, concluyó.
