Entre el 22 y 23 de agosto del 2010, 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron asesinados en San Fernando,Tamaulipas, por integrantes del crimen organizado con, la colusión de varios policías. Seis años después, las familias de los hombres y mujeres asesinados por integrantes del crimen organizado exigen al Gobierno de México saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– ¿Qué pasó en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010? Esa, es la pregunta que familiares de los 72 migrantes asesinados se hacen desde hace seis años y que las autoridades mexicanas siguen sin responder.
Este día, personas provenientes de Honduras, Guatemala, Brasil y El Salvador se manifestaron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir su derecho a la verdad y a la justicia.
Al menos ocho familias de víctimas denunciaron que en aquel 2010 sólo recibieron una caja de cenizas con un acta de defunción y credenciales, pero no el expediente o resultados de las pruebas genéticas.
“Ya pasaron seis años, ellos quieren que esto se olvide, pero para nosotros es el día uno, es nuestro dolor, es nuestra lucha para exigir justicia”, dijo Mirna del Carmen Solórzano, madre de Glenda Yaneira Medrano Solórzano, quien fuera asesinada en San Fernando, según las autoridades mexicanas.
Los manifestantes pidieron que se autorice la exhumación de los cuerpos y que se les permita tener acceso a los expedientes.
Esta manifestación se realiza a horas de que la Primera Sala de la SCJN discuta el proyecto de sentencia propuesto por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo referente al reconocimiento de familiares de migrantes masacrados en Tamaulipas como víctimas directas y con ello se logre la apertura de los expedientes.
A Jimy Espineda, quien perdió a su hermana, hermano y a su padre en San Fernando, no le han explicado qué fue lo que pasó. Tampoco le han notificado formalmente el reconocimiento de su papá.
“Nos dieron una caja donde sólo había botellas, nada de cuerpos. Por eso estamos aquí, para que nos aclaren lo que pasó”, detalló Jimy, originario de Guatemala.
Los familiares de los migrantes se presentaron esta mañana en la Procuraduría General de la República (PGR) para una reunión con funcionarios, la cual duró 10 minutos.
Los familiares aseguraron que las autoridades mexicanas, además de no tener sensibilidad, quieren que el caso se quede en el olvido. Acusan que no están a la altura de las circunstancias.
El 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Sudamérica.
La masacre fue conocida gracias a la denuncia de un migrante ecuatoriano que logró huir, a pesar de que le dispararon, y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.
Meses después, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cadáveres –tanto de mexicanos como de migrantes centro y sudamericanos– pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a los Estados Unidos.
La versión oficial: los culpables habían sido de nuevo Los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel.
