Entre todos los males que ha provocado la insensata política de drogas de los Estados Unidos, la iniquidad mayor ha sido, desde sus orígenes, la prohibición del consumo y la criminalización de las personas que usan sustancias psicotrópicas. El uso que se le ha dado a la persecución penal de los consumidores siempre ha sido de una perversidad deleznable. Desde los tiempos de Harry Aslinger, el canalla racista que diseñó y ejecutó durante cuarenta años la política prohibicionista, la prohibición fue en realidad un instrumento para penalizar la indocilidad de negros y mexicanos.

Los consumidores de mariguana eran los morenos mexicanos que se convertían en violadores de chicas blancas, de acuerdo con la propaganda diseñada por Aslinger, personaje que ha reaparecido en el cine reciente por su enconada persecución de Billie Holiday, la gran cantante que se atrevió a grabar una canción escrita por el poeta Abel Meerpol, Strange Fruit, en la que el extraño fruto que colgaba de un árbol era el cuerpo linchado de un negro. La canción acabó por convertirse en un himno para el movimiento de los derechos civiles, pero a Billie Holiday le provocó el odio feroz de la derecha blanca sureña. Como no la podían condenar por cantar la canción, porque la protegía la primera enmienda de la Constitución norteamericana, entonces la persiguieron por su uso problemático de heroína hasta su muerte.

La prohibición del consumo de drogas se convirtió en un instrumento de persecución política a partir de la declaratoria de guerra contra las drogas de Nixon en 1971. He citado varias veces la entrevista de Dan Baum a John Ehrlichman, el cercano asesor del Presidente Nixon que pasó por la cárcel por su participación en la conspiración para encubrir el caso Watergate. Sin empacho alguno, Ehrlichman explica que las leyes de persecución del consumo y la posesión se diseñaron para ser usadas contra los activistas del movimiento de derechos civiles de los negros y contra los jóvenes que se oponían a la guerra de Vietnam. 

Durante la década de 1980, el Gobierno de Ronald Reagan propició que las leyes de drogas se usaran como estrategia de control social en los barrios de mayoría negra o mexicana. Las cárceles se llenaron de jóvenes negros y latinos condenados por delitos no violentos relacionados con el consumo de drogas. Jóvenes marcados de por vida por sus antecedentes penales y a los que la experiencia en prisión les acabó destrozando la vida. La desproporción entre personas blancas encarceladas por delitos de drogas respecto a las de origen afro o latino es escandalosa. La prohibición del consumo y la simple posesión resultó el nuevo instrumento de discriminación racial después de que en 1965 se había acabado todo el entramado legal de la segregación.  

El prohibicionismo en México tiene su propia historia; a pesar de que desde la década de 1970 la política de drogas ha estado diseñada para congraciarse con los Estados Unidos, aquí nunca se ha prohibido el consumo. Durante los primeros años del prohibicionismo mexicano, tiempos marcados por el espíritu innovador de los gobiernos revolucionarios, los llamados entonces toxicómanos eran considerados enfermos que necesitaban asistencia sanitaria, aún en contra de su voluntad, pero no delincuentes.

Durante un breve periodo, México llegó a tener una política de drogas basada en la evidencia, gracias al trabajo científico de Leopoldo Salazar Viniegra, pionero de la estrategia de reducción de daños para gestionar el uso de sustancias. Por unos meses al final del Gobierno de Lázaro Cárdenas la salubridad pública estableció dispensarios de morfina a los que podían acudir los usuarios a conseguir dosis de calidad farmacéutica. Nada más lejano a la criminalización.

Con todo, en México el consumidor ha sido visto por la Ley de una manera más compasiva que en los Estados Unidos, aunque el delito de posesión simple llevó a pasar buenas temporadas en la cárcel a conocidos míos por el simple hecho de tener un guato de mota, para no hablar de la extorsión cotidiana por parte de los policías a los jóvenes a los que encontraban con un simple porro. 

Toda la evidencia científica y la experiencia de políticas públicas en el mundo muestra que prohibir el consumo de sustancias es injusto y contraproducente. Si lo que nos preocupa es la salud y la supervivencia de las personas que usan drogas, lo peor que se puede hacer es convertirlos en prófugos de la Ley, en lugar de atender su uso problemático sin forzarlos a la crueldad de la abstinencia, de poca duración. 

La persecución de las personas que usan opiáceos y drogas inyectables es especialmente contraproducente. Por temor a acabar en la cárcel no buscan asistencia médica, una de las razones de la cantidad de muertes por sobredosis de opiáceos de los últimos tres lustros en los Estados Unidos. La prohibición ya de por si los expone al riesgo de la adulteración o de la sustitución por drogas mucho más riesgosas, como ocurrió con la heroína, desplazada por su primo sintético el fentanilo, mucho más peligroso que la prima heroica; además, la penalización de su consumo los lleva a convertirse en seres subterráneos, ocultos, que consumen en condiciones abyectas, entre basuras y excrementos, y comparten jeringas, con lo que se contagian de cuanta enfermedad de transmisión sanguínea existe. 

La peor manera de frenar una epidemia de consumo problemático de opiáceos es prohibir el consumo y llenar las cárceles de personas que, en todo caso, necesitan atención médica o psicológica. Resulta, además, que la inmensa mayoría de las personas que acaban en la cárcel cuando se prohíbe el consumo no son usuarios problemáticos y no han cometido otro delito que decidir el consumo de una sustancia, en el libre uso de su voluntad. Por supuesto, sirve para que la policía pueda extorsionar o para detener sospechosos de algún delito más grave, pero del que no tienen pruebas. Es el mejor instrumento para una policía abusiva. 

Pero al Presidente ya se le ocurrió incluso declarar en la Constitución la prohibición del consumo de las drogas “químicas”. Una más de sus ocurrencias que puede tener consecuencias trágicas. 

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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