En un país donde las propias instituciones de gobierno utilizan la ley a modo, aplicándola a medias en algunos casos pero dejándola impunemente como letra muerta en otros, resulta sorprendente que ahora sean las mismas autoridades quienes se manifiesten como defensoras férreas de la legalidad, pese al impacto negativo de sus acciones.

Tal es el caso de la destrucción de 57 hectáreas del manglar Tajamar en Cancún, ocurrido durante la madrugada del sábado pasado para la construcción de centros comerciales y hoteles. La maquinaria entró de noche, de prisa, arrasando un bosque milenario, dejando sin hogar a la fauna, entre la que se encuentran especies en diferentes categorías de riesgo. ¿Legal? Sí. ¿Correcto? No.

En 2007 el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre protegió el manglar por su valor ecosistémico, pero eso nada importó porque dos años antes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) obras en Tajamar y éste decidió ejecutarlo una década después, pese a que el marco legal mexicano cambió y ya protege la zona. Tajamar se encuentra también en la lista de Ramsar de humedales por su importancia internacional.

La Semarnat presume que la devastación de Tajamar se dio dentro de un marco de legalidad, porque el Fonatur -quien realizó el desmonte del manglar- contaba con el permiso para hacerlo desde 2005. Sí, esa misma dependencia que vende a México entre los inversionistas para detonar “desarrollo”, la misma que actuó de manera ilegal al comercializar una playa pública en Cancún en 2006, que fue demandada por fraude y que para salir del lío jurídico “permutó” los terrenos por lotes en el manglar Tajamar.

La contradicción entre los dichos y los hechos es abismal: México firma convenios internacionales para la protección y conservación de la biodiversidad pero permite la destrucción en Tajamar donde habitan especies en diferentes categorías de riesgo catalogadas en la NOM-059 para la protección ambiental y para completar la ironía en este marco de catástrofe, Cancún será la sede de la 13 Conferencia de las partes del Convenio de la Diversidad Biológica a finales de este año.

En la reciente Cumbre de Cambio Climático (COP21) celebrada en París, México se comprometió a reducir sus aportaciones de carbono a la atmósfera para el 2050; en ese contexto es necesario recordarle al gobierno mexicano que las emisiones totales se calculan con base en el bióxido de carbono liberado por las actividad industrial, la agricultura, la ganadería y el sector energético, pero también deben contemplarse aquellas toneladas de carbono que se dejan de absorber en la naturaleza y que se emiten a consecuencia de la pérdida de bosques, como el manglar; se trata de aritmética básica.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intentó deslegitimar los esfuerzos ciudadanos para defender el medio ambiente y justifica los daños a la flora y fauna en Tajamar señalando la falsedad de algunas imágenes que han circulado en redes sociales. Sin embargo, existen imágenes fidedignas de la destrucción de la zona que la Profepa no pudo constatar debido a que realizó sus inspecciones 10 días después de que sucedió el desmonte.

La lentitud con la que han actuado las autoridades permitió que se concretaran daños a la flora y fauna del sitio bajo el amparo de un permiso otorgado hace una década, tiempo en el que el manglar y las especies que en él habitan siguieron desarrollándose, reproduciéndose, creciendo y migrando, por lo que es ridículo que se intente justificar el daño al sitio pretendiendo que se mantiene igual que hace 10 años, como si el manglar se hubiera congelado en el tiempo esperando a que se iniciaran las obras.

La legislación cambió en la última década para brindar mayor protección a este tipo de ecosistema, y al mismo tiempo, la visión y entendimiento por parte de la sociedad en general, la sociedad científica e inclusive el sector gubernamental cambió dándole al manglar un estatus de ecosistema esencial para la ecología y bienestar de las comunidades costeras de todo el país que hoy las autoridades intentan minimizar.

¿Debe el gobierno actuar bajo el amparo de un viejo vacío legal que le permitió devastar un manglar en favor de los intereses de empresarios turísticos o proteger el ecosistema? Nosotros y miles de personas más consideramos que el gobierno debería hacer lo correcto y actuar con responsabilidad y ética para evitar más daños que a largo plazo nos alcanzarán a todos.

Los manglares ofrecen beneficios democráticos para la humanidad, producen oxígeno, filtran el agua, regulan inundaciones, son una barrera natural frente a huracanes, resguardan a cientos de especies y sirven de fuente de ingresos para las comunidades locales, mientras que los complejos inmobiliarios responden a los intereses de empresarios y benefician a quienes puedan adquirir los apartamentos de lujo que se construyan.

La pérdida del hábitat no debería ser un acto “cotidiano” para la flora y fauna de los humedales aún cuando su destrucción sea legal. Mahatma Gandhi decía que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla.

Miguel Rivas

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Miguel Rivas es campañista de Océanos de Greenpeace y candidato a Doctor en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología de la UNAM.

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