Cientos de comuneros, campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades de Guanajuato han protagonizado desde 2019 una lucha para que no opere una mina de la empresa Canadiense Argonaut Gold; denuncian que de implementarse generará caos ambiental y daños en la salud de las y los probadores.
Por Roberto Gutiérrez Torres
Dolores Hidalgo, Guanajuato, 1 de enero (Zona Franca).– En 2019 la población de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y en específico quienes habitan alrededor de 20 comunidades aledañas a San Antón de las Minas, han iniciado una lucha ciudadana que tiene como objetivo concientizar a los habitantes de la región y de otros municipios, así como hacer saber al Gobierno municipal, estatal y federal que no quieren la explotación de la mina ubicada dentro de su territorio.
La compañía canadiense Argonaut Gold precisa en su página oficial que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de exploración en San Antón”, según muestra en palabras de Bob Rose, vicepresidente de Servicios Técnicos.
EL PROYECTO
La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de explotación en el Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia, misma que ya se encuentra operando en nuestro país, entre ellos en el complejo El Castillo, en Durango, y en la mina La Colorada ubicada en Sonora.
Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en la mina de San Antonio, en Baja California Sur, y en la del Cerro del Gallo; es en este último proyecto donde la compañía canadiense se ha encontrado con el rechazo frontal de pobladores, activistas y ambientalistas .
De realizarse su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.
A ello se suma que se prevé el uso y contaminación de grandes cantidades de agua, según han señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca de la Independencia.
El contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del Acuífero Cuenca de la Independencia, estará acompañado del acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años se señalado la crisis hídrica.
ORGANIZACIONES EN LUCHA
Son diversas organizaciones las que se han sumando de manera activa a los pobladores en el diseño y ejecución de acciones de concientización sobre las consecuencias negativas que traería la explotación de la mina.
Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma tienen organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en métodos alternativos de producción comunitaria, entre ellas se encuentra el Centro de Desarrollo Agropecuario y Social (CEDESA), con más de 50 años en coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa región.
Otras organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina“ son la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) y junto a ellos un colectivo de jóvenes denominado “Guardianes de la Cuenca de la Independencia”, todas ellas con trabajo continuo municipal y regional.
En otra vertiente otras organizaciones con presencia estatal, nacional e internacional como la Red de afectados por la Minería Rema, Acción Colectiva Socio-ambiental, A.C. y la Hermandad de la Cuenca han estado trabajando en el mismo objetivo.
Todos ellos han realizado actividades que han tomado resonancia nacional e internacional. Iniciaron con foros de información, convocaron a una marcha en julio pasado y desde entonces se han sumado plenarias, conversatorios, platicas, así como activistas y pobladores de otros municipios, en específico de San Miguel de Allende y San Luis de la Paz.
¿CÓMO VA EL PROYECTO?
El avance del proyecto minero dependería de tres principales factores: los permisos correspondientes del Gobierno municipal y federal y la permisibilidad de los propietarios de la tierra para que la empresa pueda usar sus terrenos y explotar la mina, según dijo el activista y abogado Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva Socio-ambiental.
Gustavo Lozano precisó que actualmente la empresa está en el proceso de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos necesarios por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pasar a a la etapa de la explotación de la mina.
En septiembre pasado Semarnat le anunció a la empresa que en ese momento no podría determinar los permisos para explotar la mina y la institución dio un plazo más largo para analizar el permiso solicitado.
En términos municipales, el Edil Miguel Angel Rayas Ortiz se ha solidarizado con las organizaciones civiles locales, a las cuales les manifestó su apoyo en contra la minera, y hasta el momento el Gobierno no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo, ni de construcción.
La mayoría de los pobladores con propiedades de tierras en la zona de la mina no han accedido a vender sus terrenos. En conclusión señaló, Gustavo Lozano, ”al cierre del año 2019 tenemos un trámite en Semarnat mismo que esperemos que sea negado a la brevedad y, de acuerdo a lo declarado por el Gobierno de Dolores Hidalgo, quien ha manifestado que no ha otorgado ni un permiso de cambio de suelo, ni de construcción; así como los pobladores de San Anton de las Minas, DONDE un mayoría de ellos no han negociado sus tierras para que la minera pueda realizar sus actividades”.
