ANUARIO 2016 | Pese a que el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró en días recientes que la estrategia de seguridad ha funcionado y que los delitos como el homicidio se han visto reducidos en el país, las cifras lo desmienten. Este 2016 no sólo se ha registrado un considerable aumento en los asesinatos, además está a punto de convertirse en el año más violento de la administración del priista. Al 30 de noviembre pasado, las cifras oficiales reportaban ya 18 mil 915 víctimas de este delito y una tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitante de 15.47 por ciento.
Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– Al encabezar la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su estrategia en la materia ha funcionado.
“Sólo referir, para tenerlo presente y a manera de recordación que, en seis años, del 2006 a 2012, la extorsión había crecido 130 por ciento; el secuestro había aumentado más de 90 por ciento y la tasa de homicidios dolosos había crecido 120 por ciento, al pasar de 10 a 22 casos por cada 100 mil habitantes”, dijo el pasado 20 de diciembre.
“Para hacer frente a este flagelo, pusimos en marcha una política de seguridad, basada en la coordinación, la corresponsabilidad, el uso intensivo de sistemas de inteligencia y el fortalecimiento institucional. Las cifras muestran que esta estrategia ha funcionado. En los primeros tres años de esta administración, los principales indicadores de delitos del fuero común disminuyeron en al menos 20 por ciento”, agregó.
Las cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran, sin embargo, que la tasa nacional de homicidios dolosos no alcanzó los 22 casos por cada cien mil habitantes en ningún año del sexenio anterior y que, además, la tasa de 2016 (de 15.47) es mayor que la de 2015 (14.08) y está por convertirse en la mayor de sus cuatro años.
En número de personas asesinadas hasta el 30 de noviembre pasado: 18 mil 915 víctimas; mientras en el mismo periodo de 2015, se contabilizaron 15 mil 566.
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Al menos tres estados con presencia de actividad atribuida al crimen organizado, además, mostraron repuntes drásticos: Veracruz, con un aumento de más del doble en este indicador, que pasó de 615 personas asesinadas entre enero y diciembre de 2015, a mil 375 hasta el pasado 30 de noviembre.
En Colima, donde la actividad criminal se atribuye a la organización Cartel Jalisco Nueva Generación, se registró un aumento de casi el triple en el número de víctimas, de 189 personas asesinadas en todo 2015, a 540 de enero a noviembre pasados.
También Michoacán, en cuya frontera con Jalisco las autoridades estatales han reportado disputas de este mismo grupo criminal, muestra un marcado repunte en la violencia, con mil 337 víctimas de asesinato hasta noviembre pasado, o un 41 por ciento más que en todo 2015.
“La incidencia de ejecuciones del crimen organizado ha incrementado 50 por ciento en el año”, dijo a este medio Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo, que da seguimiento a las cifras del SESNSP.
“Este año vamos a cerrar con más de 12 mil ejecuciones. Por tanto, tenemos tres delitos de alto impacto que van en aumento; el homicidio es el más preocupante y está estrechamente relacionado al incremento de ejecuciones de crimen organizado. Pero el robo de auto y el secuestro nos indican un colapso en la estrategia”, agregó.
CAE ‘EL CHAPO’
El arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que se había fugado el 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, fue una de las primeras noticias del año.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, después de salir de la cárcel a través de un túnel de un kilómetro y medio, Guzmán llegó por tierra al municipio queretano de San Juan del Río y, ahí, abordó una avioneta Cessna que lo trasladó al norte del país, a la zona serrana ubicada entre Sinaloa, Durango y Chihuahua y conocida como el “Triángulo Dorado”.
Un operativo de la Secretaría de la Marina que lo ubicó en octubre de 2015 en una cañada de Pueblo Nuevo, Durango, terminó sin su captura debido a que los elementos que lo vieron desde el helicóptero notaron que iba acompañado de dos mujeres y una niña, “por lo cual, se decidió no accionar armas de fuego, para no poner en riesgo la vida de terceros”.
El Gobierno federal pudo arrestar ahí a siete de sus colaboradores y Guzmán debió internarse aún más en la Sierra Madre, “disminuyendo su círculo de seguridad y limitando sus comunicaciones”.
A finales de diciembre de 2015, agrega la versión de la PGR, el Gobierno federal conoció la intención del “Chapo” de trasladarse a una zona urbana y luego detectó un domicilio en Los Mochis, Sinaloa, donde a partir del 6 de enero de este año, “se comenzaron a observar movimientos inusuales”, entre ellos el arribo de un vehículo en la madrugada del día 7.
“Los indicios recabados en campo y las tareas de inteligencia, dieron la certeza de que el delincuente Guzmán Loera se ubicaba en el interior de dicho inmueble”, indicó el 8 de enero la entonces Procuradora, Arely Gómez González.
“Al arribar al domicilio, los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego de grueso calibre desde el interior, por lo que se repelió el ataque, resultando herido un elemento de la Armada y perdiendo la vida cinco agresores. Asimismo, se logró la detención de seis personas más”, agregó.
Durante el enfrentamiento, dijo Gómez, Guzmán Loera y su jefe de seguridad lograron fugarse a través del sistema pluvial de la ciudad, motivando una persecución que terminó cuando los prófugos abrieron una alcantarilla para salir a una avenida y posteriormente huir en dos vehículos.
“Al ser ubicado uno de los vehículos sobre la carretera Los Mochis-Navojoa, elementos de las fuerzas participantes procedieron a su intercepción y la detención de Guzmán Loera”, afirmó la Procuradora.
Como ocurrió después de los primeros dos arrestos, sin embargo, el de este año no motivo más detenciones que las de los ex servidores públicos acusados por su segunda fuga.
Y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, continúa siendo uno de los principales introductores de drogas ilegales en ese mercado, el más grande del mundo.
“El Cártel de Sinaloa exporta y distribuye cantidades al por mayor de metanfetamina, marihuana, cocaína y heroína en los Estados Unidos, manteniendo los principales centros de distribución en Phoenix, Los Ángeles, Denver y Chicago, entre otras ciudades”, reportó en noviembre pasado el “Resumen de la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas” de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
“Las drogas ilícitas distribuidas por el Cártel de Sinaloa son introducidas clandestinamente en los Estados Unidos a través de puntos de cruce ubicados a lo largo Frontera con California, Arizona, Nuevo México, y el oeste de Texas”, agrega el reporte.
El Cártel de Sinaloa podría estar, además, proveyendo parte del suministro que sostiene la creciente adicción a la heroína en ese país. “Se cree que la organización ha servido como principal fuente de heroína de los consumidores de Nueva York –el mayor centro de distribución de esta droga en el noreste¬–, Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania y Rhode Island”, agrega la DEA.
SIGUE EL CJNG
En la medida en la que se cerraba el cerco contra “El Chapo”, sin embargo, un nuevo grupo criminal se consolidó en México: el Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado primero como de “matazetas”, luego escindido del Cártel de Sinaloa en 2010 y, este 2016, de acuerdo con el Gobierno de Jalisco, presuntos autores del secuestro de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, uno de los hijos de “El Chapo”.
Fue este mismo grupo el que, el 1 de mayo de 2015, desplegó personal para bloquear al menos 39 accesos en 25 municipios de Jalisco y, también, derribar por primera vez un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.
“Su rápida expansión territorial está caracterizada por la determinación de la organización de sostener violentos enfrentamientos con las fuerzas del Gobierno Federal y cárteles rivales”, insiste la DEA en su reporte de noviembre pasado.
“Como el Cártel de Sinaloa, el CJNG es una organización de multi-narcotráfico que vende cantidades al por mayor, sobre todo, de metanfetamina, pero también cocaína, heroína y mariguana”, agrega.
Además de la violencia, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, el CJNG basó su expansión en el vacío de liderazgos de las anteriores organizaciones criminales con presencia en Jalisco.
Situación, considera la académica de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, Guadalupe Correa, que podría estarse repitiendo con la reaprehensión de “El Chapo”, que generó “debilitamientos” observables en el secuestro de uno de sus hijos en Puerto Vallarta, zona ahora atribuida al control del CJNG.
“Es interesante ver cómo en el sexenio pasado pasó lo mismo: lo que era un brazo armado de un cártel se vuelve el más fuerte y ahora dominan las plazas del Pacífico”, dice Correa en entrevista.
“No se puede tener el control de tanto territorio sin que haya vinculación con fuerzas del Estado, y parece que cada administración tiene un grupo favorito, como el CJNG en el sexenio de EPN, cuando se consolida el poder de este grupo”, agregó la también autora del libro Los Zetas Inc y becaria del Centro Woodrow Wilson.
La presencia del CJNG se mantiene, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, en regiones de Colima, Michoacán y Jalisco; estados éstos dos últimos en cuya frontera se ha reportado una intensa violencia hasta estos días.
Entre esos hechos están los asesinatos de seis personas cuyas cabezas fueron encontradas el pasado 25 de diciembre en el municipio de Jiquilpan, Michoacán; entidad que, a su vez, registró un aumento de un 41 por ciento sus indicadores de homicidio doloso este 2016.
Igual ocurrió en Colima, donde hasta noviembre pasado se contabilizaron 540 víctimas de homicidio doloso; es decir, casi el triple de las 189 personas asesinadas en todo 2015.
“La violencia pasa de un lugar a otro, y se siguen gastando muchos recursos en una estrategia que no ha dado ningún resultado en 10 años”, dice Correa.
“Siempre hemos sugerido que, en lugar de negar el deterioro, el Presidente acepte la realidad y haga un planteamiento de fondo en las estrategias. Pero se sigue insistiendo en la ‘guerra contra las drogas’, que es la culpable de el 60 a 80 por ciento del problema de violencia y la corrupción de alto impacto en el país”, coincide Roel, que plantea un enfoque regulatorio.
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NARCO Y ALTERNANCIA
Otros estados cruciales para la geografía del narcotráfico, como Sinaloa y Chihuahua, muestran también que este 2016 cerrará con un aumento en la cantidad de víctimas de asesinato doloso; en el primero, de 993 personas en 2015 a mil 60 hasta el 30 de noviembre pasado (o un 6.7 por ciento más) y, en el segundo, de mil 151 en a mil 339 víctimas.
En ambos casos, este 2016 hubo además elecciones que resultaron en cambios de partido en los Gobiernos estatales y que, consideraron las fuentes consultadas, suelen impactar las estructuras institucionales que sostienen los acuerdos informales con las organizaciones criminales.
“Sí hay mayor probabilidad de incremento cuando entran nuevos funcionarios, ya que son muy dados a descartar todos los programas de la administración anterior (buenos y malos) y por ende, hay una nueva curva de aprendizaje en cada cambio de administración”, dijo Roel.
“Adicionalmente, cuando hay una fuerte presencia de crimen organizado en la entidad suele haber un reajuste de alianzas ante el cambio de autoridades y ese es un motivo para el incremento de violencia y delincuencia”, agregó.
En Chihuahua, el nuevo Gobernador electo, el panista Javier Corral Jurado, hizo público su enfrentamiento con el también nuevo alcalde “independiente” de Juárez, Armando Cabada, por el nombramiento como jefe policiaco en esa frontera de Jorge González Nicolás, que fungiera como Fiscal General del ex gobernador priísta César Duarte.
Chihuahua ya vivía una tendencia a la alza en el número de homicidios, que las autoridades actuales han atribuido al incremento del tráfico de la variedad de metanfetamina denominada “cristal” en esa entidad fronteriza.
Pero en octubre, mes en el que cambió el mando del Gobierno del Estado y luego el del Municipio de Juárez, y mientras se disputaba políticamente el control de la Policía Municipal, Chihuahua vivió su mes más violento en el año, con 209 víctimas de homicidio doloso.
“Parece que en todas las administraciones hay pactos de gobernabilidad informales, que funcionan donde las instituciones, los sistemas de justicia no funcionan bien”, dice Correa.
“Entonces, parecería que se rompe ese vinculo al cambiar de un partido a otro”, agrega.
