Con cariño para Alejandro Paez Varela.

Uno de los indicadores que he propuesto para evaluar la democracia mexicana es el trato que el sistema político da a los disidentes. En un año podemos apreciar una diferencia entre el gobierno de Enrique Peña Nieto en relación con las administraciones panistas. Al actual régimen le preocupa que las personas se expresen libremente pero se ocupa más interrumpir sistemáticamente los mecanismos de información, expresión y articulación que deriven en procesos de organización social opositora.

Es claro que 2013 ha sido el año del endurecimiento del sistema político mexicano en clave autoritaria, al mismo tiempo que facilitó a empresas transnacionales el acceso a los recursos naturales del país.  No es que en los años pasados hubiéramos logrado un nivel de libertad óptimo o que la prevalencia del interés público sobre los intereses de la cúpula política fuera aceptable, quizá nunca nos hemos acercado a lograr esos estándares, pero habíamos avanzado en algunos derechos.

Los pocos espacios de libertad ganados se estrecharon en un solo año. Los incentivos regresivos en este nuevo esquema resultaron atractivos incluso para gobernadores de oposición como Rafael Moreno Valle o Miguel Ángel Mancera. La privatización del sector energético y las facilidades para los mega proyectos mineros disminuyen la capacidad del Estado y de la sociedad para defender los intereses colectivos.

Considero que la verdadera  fuerza opositora al autoritarismo y a los poderes económicos ha sido la sociedad civil, con toda la diversidad de metas y distintas formas de organización tanto como medios de acción. Por motivos de espacio mencionaré solo algunos ejemplos de la disidencia y la represión con ella, entre estas historias hay algunas poco conocidas.

La libertad de manifestarse y expresarse libremente se estrechó por el acoso y la criminalización. En 2012 fueron reprimidas manifestaciones en Puebla, Ensenada, Querétaro, Xalapa, entre otras. En la ciudad de México la manifestación pública era un derecho ganado; todo cambió con Enrique Peña Nieto y Miguel Mancera. Solo cuatro días antes de terminar 2012 salían libres los 14 jóvenes, presos injustamente, de los más de 100 detenidos el #1DMx. En Guadalajara por los mismos hechos más de un centenar de jóvenes fueron golpeados y 27 detenidos. A la fecha 13 personas siguen siendo juzgadas.

De esa trágica jornada el profesor José Francisco Kuykendall sigue en estado de coma causado por un proyectil, disparado por la Policía Federal, que impactó su cabeza; Teodúlfo Torres, quien lo asistió en los primeros momentos y quien testificaría sobre los hechos, se encuentra desaparecido. A partir de estos hechos las calles se llenarían de policías.

El 10 de junio, 2 de septiembre, 2 de octubre, 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2013 multitudinarias manifestaciones fueron convocadas por estudiantes, maestros y organizaciones sociales. El resultado de estas expresiones ha sido la detención de decenas de personas, muchas solamente por su apariencia como el caso de Ana Berenice de la Cruz.  Aquellos que solidariamente filmaron los abusos policiacos como Gustavo Ruiz también fueron llevados  por la policía, en su caso el requisito para su liberación fue la garantía de más de 100 mil pesos como caución.

Aún permanecen recluidos Luna Flores y Mario González, ambos con cargos falsos. Mario incluso puso en peligro su vida con una huelga de hambre de más de 58 días pero las autoridades capitalinas siguen obstinadas.

En redes sociales, decenas de cuentas críticas de Peña Nieto fueron reportadas como spam, medios alternativos como Sin EmbargoMx recibieron ataques cibernéticos. El primero de diciembre la plataforma web, construída por un grupo de universitarios, www.1dmx.org que sirve para denunciar y documentar abusos fue bajada sin explicación en un hecho que ya se ha denunciado.

Las revelaciones de Edward Snowden fueron claves para conocer la profundidad del espionaje global. En este contexto, se supo del uso de programas de espionaje digital, como finfisher, ejecutados por las autoridades en México para su posible uso contra activistas y movimientos sociales, se destapó la incongruencia y la corrupción alrededor del intento de control mediante las intervenciones ilegales.

El 3 de mayo fueron detenidos arbitrariamente tres jóvenes que convocaron a una manifestación en Puebla, el motivo fue la presencia de Enrique Peña Nieto en la entidad. Tras varias sesiones de tortura que duraron más de 30 horas, fueron presentados ante un ministerio público, procesados e ingresados a un penal, más tarde lograron su libertad bajo caución pero siguen siendo juzgados.

En junio Fabiola Osorio defensora del manglar ubicado en Pie de la Cuesta, Guerrero fue asesinada. En agosto el activista digital Gustavo Maldonado era detenido bajo cargos falsos de narcomenudeo. En realidad Gustavo difundía, mediante diferentes plataformas, las luchas sociales de su estado y convocaba a la organización social, razón por la cual se había convertido en un incómodo crítico del gobierno de Manuel Velasco.

 El 15 de agosto David Díaz se dirigía a un evento de Peña Nieto en la termoeléctrica Manuel Álvarez en Manzanillo Colima. David fue detenido por el Estado Mayor Presidencial y esposado a un árbol durante horas. Su aparente delito fue traer en el medallón de su auto una consigna crítica  al gobierno. En ese mismo mes fue asesinado Noé Vázquez defensor del agua en Veracruz justo un día antes de que iniciara un encuentro nacional de defensores de la tierra y del agua en aquel estado.

En septiembre la Policía Federal desalojaba violentamente a los maestros que acampaban en el Zócalo, cientos de personas fueron golpeadas y detenidas por varios días. Varios maestros continúan su proceso en prisión. A la fecha Nestora Salgado coordinadora de la CRAC en Olinalá, Guerrero, la más añeja y prestigiada Policía Comunitaria en México, cumple más de cuatro meses en prisión y Noé Hernández, de la ONPP de Chiapas, apenas fue liberado el pasado 27 de diciembre tras 127 días de reclusión.

La lista de personas que han sido amenazadas por defender los derechos humanos podría rebasar el espacio que aquí tenemos, por lo que menciono a algunas mujeres: Silvia Pérez Yescas de CIARENA, Alejandra Serrano de CEMDA, Nicté Nandayapa de Save The Children, Hermelinda Tiburcio de Kinal Antzetik, Rogelia y Carina González del Grupo de Mujeres 8 de Marzo y Claudia Zenteno defensora del medio ambiente en Xochimilco, entre muchas otras.

Incluso los intentos de desarticulación de las organizaciones de defensa de derechos humanos alcanzó a quienes defienden a personas migrantes. Casi la totalidad de los refugios desde Tenosique o Tapachula hasta Altar o Saltillo sufrieron agresiones realizadas o toleradas por los gobiernos. Pero como lo demuestra el reconocimiento y las acciones de Fray Tomás González o Las Patronas, su loable labor cada vez se articula más y se fortalece.

En la persecución contra la oposición, el gobierno federal contó una bien estructurada campaña difundida en los medios convencionales de comunicación, que como en lo tiempos de oro de más férreo control estatal publicaron, sin pudor alguno, versiones distorsionadas de la organización social, y como en el caso de Carlos Marín burdas mentiras.

A pesar de todo este esfuerzo por impedir la organización, el saldo para los autoritarios es negativo. Las expresiones de articulación cívica, si bien golpeadas, siguen floreciendo, algunas como el zapatismo muestran fortaleza y claridad de objetivos. En Cherán tras meses de expulsión de los narcotraficantes y de las autoridades, la comunidad prospera bajo su propia forma de organización. Las y los jóvenes siguen presentes en las calles, en las universidades y en internet. Tan es así que en enero del próximo año el Grito Más Fuerte acciones para la defensa del petróleo. El desgaste del pacto cupular y del gobierno federal es evidente y la violencia en el país es inocultable por la férrea voluntad de organizacion de las víctimas.

2014 promete ser un año de lucha cívica renovada. Bienvenido sea.

Jesús Robles Maloof

https://www.sinembargo.mx/author/jrobles

Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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