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20-09-2024 - 12:05 am
Esas fueron las consecuencias reales del mito de la deriva autoritaria: darle insumos a personajes del PRIAN que deberían estar fuera de la vida pública para siempre, y darle voz desmedida a ideólogos que habían demostrado no tener un buen diagnóstico de país.
En cualquier democracia es esperable que la oposición existente planteé ideas, conceptos y consignas con los cuales ejecute lo que Luis Villoro llama “los dos lenguajes de la política”, es decir, uno técnico-histórico-analítico que le ayude a explicar las condiciones reales del momento que se vive; y otro filosófico-moral, que le ayude a prescribir el mundo ideal aún inexistente, pero al cual se quiere avanzar.
Esos dos lenguajes son consustanciales a cualquier actor político. Todos tienen una visión del mundo donde se entreverán las reflexiones sobre el estado real que guarda la sociedad, y el estado ideal que se quisiera llegar, porque lo segundo no podría lograrse sin saber lo primero. No suele haber una división tajante entre ambos discursos, pero los elementos que los conforman suelen ser visibles lo suficiente para distinguirlos.
En ese sentido, en el debate público mexicano ha corrido un término que pretende definir las presuntas condiciones reales que explican al Gobierno de López Obrador, que está a días de concluir. Y ese término es el de “deriva autoritaria”, cuyos autores proclaman con alerta y señalan que se distingue por los siguientes elementos fundamentales: el actual Gobierno ha cancelado la pluralidad del Congreso; el actual Gobierno pretende cooptar otros poderes además del Ejecutivo y destruir la autonomía de otras instituciones; el actual Gobierno descalifica a quien disiente y, por último, el actual Gobierno “polariza” en bandos artificiales.
Es necesario diseccionar el término de la “deriva autoritaria” con el cual se definió al Gobierno de López Obrador. Y para ello, retomemos su origen, que es muy claro. Se acuñó por vez primera en julio de 2020 en un desplegado firmado por una variedad de académicos e ideólogos, en medio de la pandemia de coronavirus, que se titulaba “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”; y era una especie de preámbulo a las elecciones intermedias de 2021, en las cuales buscaban incidir para recuperar lo que en su visión era la normalidad democrática.
En las disputas políticas, es necesario siempre poner atención en los autores y contexto de un discurso, porque muchas veces importa más quién y cuándo dice algo, que el contenido mismo del dicho. En ese sentido, pocos repararon en aquel año que los precursores del término “deriva autoritaria” fueron, fundamentalmente, dos académicos: el antropólogo Roger Bartra y Francisco Valdés Ugalde -este último exfuncionario del Gobierno de Fox-, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
¿Qué perspectiva tenían estos académicos respecto al Gobierno de López Obrador? ¿Cuáles eran sus argumentos para calificarlo de deriva “autoritaria”? Aquí hay que responder sin matices: los únicos elementos con los que contaban ambos personajes eran el extravío y la ignorancia. Bartra estaba en ese momento en proceso de publicar un libro que era un análisis temprano sobre el Gobierno de López Obrador, llamado Regreso a la jaula.
Ahí, quedaron plasmados los prejuicios de Bartra, porque en ese texto -antecedente inmediato de su dicho sobre la “deriva autoritaria”-, el antropólogo insinúa en varias páginas que López Obrador ganó en 2018 por una especie de fraude acordado con los comités y gobiernos estatales del PRI. Sin aportar un solo dato, Bartra hace esa grave acusación, olvidando que en 2018 por primera vez en la historia el PRI gobernaba sólo quince entidades de la República, y que con los votos que el tabasqueño logró en las entidades donde no gobernaba ese partido le habría sido suficiente para ganar holgadamente en esa elección. Un disparate, sin más, fue el exabrupto de Bartra.
El caso de Valdés Ugalde era igual de absurdo. Entrevistado por los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez el 21 de septiembre de 2020, el académico exfuncionario foxista alegó los que a su juicio eran los rasgos del autoritarismo de López Obrador. Uno de ellos era que el Gobierno del tabasqueño, entre comillas, “no había hecho públicos los gastos de publicidad, cuando ese es un tema discutible”. Los periodistas le dijeron que esos datos habían sido publicados tiempo atrás y le ofrecieron ejemplos. Valdés se limitó a decir: “Ah, no sabía”.
El otro elemento de Valdés para acusar autoritarismo, era un presunto peligro de censura, a lo que los periodistas le preguntaron si tenía ejemplos de periodistas censurados en este sexenio. La respuesta de Valdés fue de antología, pues dijo que “Loret de Mola”. Cuando se le señaló que el propio Loret negó ser censurado, de nuevo su respuesta fue un lacónico “ah, no sabía”.
Con esa total falta de rigor fue redactado el panfleto de la “deriva autoritaria”, el cual, en sí mismo, era una colección de engañifas, pues acusaba que Morena en esa Legislatura había recurrido a la sobrerrepresentación -cuando en realidad tuvo un número de legisladores acorde a los criterios legales vigentes-, y cayó en la deshonestidad de señalar que había censura y polarización por lo que López Obrador afirmaba en sus conferencias matinales.
Sin nombrar un solo caso de censura en este sexenio, el panfleto de marras hacía afirmaciones temerarias. Mirar a los hechos los habría desmentido, porque ni en ese momento ni ahora hubo un solo periodista censurado o desplazado de su trabajo a instancias del Gobierno. Restaba aún más credibilidad al texto el hecho de que muchos firmantes, como el propio Valdés Ugalde, habían sido funcionarios de gobiernos que, explícitamente, fueron violadores de la Ley Electoral y perpetraron fraudes grotescos, como fue el caso de Julio Frenk y Consuelo Sáizar, exempleados del hampón electoral Vicente Fox; o Reyes Heroles, funcionario del fraudulento Felipe Calderón, en un Gobierno que, con todo cinismo, usaba al porro Javier Lozano para abiertamente, ahí sí, censurar periodistas, como fue el caso de Carmen Aristegui en 2008. Cerraba filas con esos firmantes, otro hooligan impresentable como Jorge Castañeda, quien en 2004 recomendaba al PRIAN acabar con López Obrador “por la buena o por la mala”, mientras Fox le hacía caso perpetrando el peor intento de golpe de Estado en el siglo XXI mexicano: el desafuero del entonces Jefe de Gobierno. Eso sí es autoritarismo.
El panfleto de la deriva autoritaria, además, señalaba una presunta cooptación de “otros poderes” por parte del Poder Ejecutivo. Implícitamente, lo que les molestaba era el hecho de que en las cámaras legislativas hubiera una mayoría morenista que, por cierto, se consiguió en las urnas. Y omitían información clave: ignoraban cuántas decisiones provenientes del Legislativo y a instancias del PRI o PAN, habían sido atenidas por el propio Poder Ejecutivo, cosa común en la normalidad democrática.
Y asimismo, olvidaban que, por muy estruendoso que fuera López Obrador en sus “mañaneras”, en su sexenio jamás desacató alguna orden del Poder Judicial ni tampoco violentó decisiones de la suprema Corte, las cuales también atendió. Cosa que hizo, además, sin presionar ni amenazar a ningún Ministro, gesto de prepotencia y antidemocracia que, por ejemplo, sí hizo Felipe Calderón al mandar a su Policía Federal de García Luna a encañonar y amedrentar al Ministro Arturo Zaldívar por el caso de la guardería ABC.
Así, el panfleto de la “deriva autoritaria” era un pasquín sin ninguna solidez conceptual, que además perdía cualquier credibilidad por la participación de varios firmantes, que habían sido cómplices, por acción u omisión, de gobiernos que sí fueron autoritarios.
Al final de cuentas, la intención de ese panfleto quedó clara muy pronto. No era un diagnóstico político serio para analizar el estado real que guardaba el país, sino un discurso partidista cuya consecuencia última, planeada o no, fue darle una justificación ideológica a la alianza del PRIANRD previa a la elección de 2021, donde querían reducir el margen de maniobra de Morena, y se terminaría concretando tal alianza nada menos que en el domicilio de Claudio X. González, un júnior inútil y prepotente cuyo padre, con todo descaro, acusaba en 2006 que si López Obrador ganaba habría que aplicarle un golpe de Estado como a Allende en Chile en 1973. Con esas infamias antidemocráticas a cuestas, ¿hay autoridad moral para hablar de “derivas autoritarias”?
Así, el mito de la deriva autoritaria fue en realidad una plataforma ideológica para justificar la construcción del PRIANRD, para tratar de hacer más competitivas a fuerzas que por sí mismas se veían debilitadas. El proyecto falló, por la razón más obvia: no puedes ser competitivo en política si tu diagnóstico de país está errado de origen, del mismo modo que un edificio se cae si no cuenta con cimientos sólidos.
El mito de la deriva autoritaria en realidad sólo funcionó para articular a sectores diferentes entre sí. En el mejor de los casos, para darle visibilidad a los “transitólogos” que habían fetichizado a las instituciones electorales como el INE, sin reparar en sus taras, sus pendientes y, sobre todo, en que históricamente había sido aún una institución endeble y omisa, como demuestran los fraudes locales de los años noventa o la pésima actuación de esa instancia en 2006.
Y en el peor de los casos, para darle aliento a personeros del PRIAN, que, marchando contra la deriva autoritaria y a favor del INE, por ejemplo, exhibían sin pudor la falta de memoria o de escrúpulos de los organizadores de esas consignas. No es posible que una marcha a favor de la democracia en noviembre de 2022 o febrero de 2023, fuera protagonizada por el porro Claudio X., por la mapache Elba Esther Gordillo, por el delincuente electoral Roberto Madrazo, por el beneficiario del Pemexgate Francisco Labastida, por el gángster electoral oaxaqueño Ulises Ruiz o por los falsificadores de firmas electorales Margarita Zavala y Felipe Calderón.
Esas fueron las consecuencias reales del mito de la deriva autoritaria: darle insumos a personajes del PRIAN que deberían estar fuera de la vida pública para siempre, y darle voz desmedida a ideólogos que habían demostrado no tener un buen diagnóstico de país. Hoy que la reforma al poder Judicial está en marcha, las críticas a ella de cualquier espectro ideológico deben ser atendidas y escuchadas, pero éstas, so pena de autoaunularse, no deben bajo ninguna circunstancia repetir ese mito destructivo de la “deriva autoritaria”.
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20-09-2024 - 12:04 am
"Necesitamos saber lo que es legal e ilegal y no tratar de desviar una revisión para generar un prejuicio".
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20-09-2024 - 12:04 am
"La sustentabilidad de los medios de comunicación está determinada por la capacidad que tengan para generar ingresos legítimos que los hagan libres e independientes".
De la misma manera como en el amplio horizonte del país se escenifica una lucha entre un nuevo mundo que avanza con pasos de gigante y otro que no acaba de morir, también en el espacio soterrado de los medios de comunicación se escenifica una lucha tenaz, entre los periodistas que pretenden ejercer en forma libre su profesión y las empresas de comunicación convencionales, impresos, radio y televisión, que tradicionalmente han estado vinculadas y controladas por una clase privilegiada, en la que se entreveran los intereses de poderes formales y fácticos, de políticos corruptos y empresarios, de los grandes capitales y la alta jerarquía de una Iglesia Católica que ha definido su opción preferencial por los más ricos.
Los pretendidos cronistas de la realidad y de la verdad están convertidos, en gran medida, en heraldos de la simulación y la mentira, de la discriminación, del racismo y del odio. Son pocos, excepcionalmente pocos, los medios de comunicación, de los que crecieron abrigados por el viejo régimen, que informan con honradez a sus lectores y audiencias. Son sus espacios informativos cotidianos una oda permanente a la catástrofe y al apocalipsis generado por quienes pretenden hacer realidad los sueños y las aspiraciones de la mayoría, de la legión de pobres, marginados y despreciados socialmente, que buscan con emocionado afán un camino que les conduzca al paraíso.
Desde la perspectiva de los medios de comunicación convencionales, de la gran prensa comercial, de las envilecidas cadenas de radio y televisión que le venden al alma al diablo por unos cuantos pesos, es inaceptable lo que llaman absurdamente “la dictadura de las mayorías”, que llevaron al poder a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que pretende continuar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación que hace seis años inició Andrés Manuel López Obrador. Más allá de los errores o aciertos del gobierno que termina el próximo lunes 30 de septiembre del 2024, lo que irrita a las clases privilegiadas es que ese pueblo que consideran ignorante, impreparado e indigno de aspirar a asumir el mando de la República, se sienta empoderado porque presume que puede cambiar, cuando y como se le dé su regalada gana, la forma de su gobierno, para soñar con un mundo diferente y mejor.
Frente a ese legítimo afán del pueblo, de querer cambiar su mundo, la mayoría de los medios de comunicación, los grandes corporativos de prensa radio y televisión se han quedado rezagados, pues han perdido a la mayoría de sus lectores y de sus audiciencias, porque simple y sencillamente, cada día les creen menos.
El cumplimiento estricto de los deberes no implica mérito relevante o extraordinario, que obligue a reconocimiento alguno. Al asumir los imperativos vocacionales y éticos de su profesión, el periodista sólo debe aspirar al reconocimiento de la utilidad social de su trabajo, comprometido con la verdad, que se reafirma y se legitima cotidianamente por su independencia, rigor, veracidad, honradez y valor, más allá de conmemoraciones, homenajes, premios o reconocimientos, aún en el supuesto de que estos se expresen en forma sincera y desinteresada.
El periodismo es, por su propia naturaleza, eminentemente crítico, así como riguroso y tenaz en la búsqueda de la verdad, para poner luz en los rincones oscuros de la vida pública. Comprometido con la gente en la preservación de valores superiores, contribuye a una saludable vida democrática y republicana, pero no requiere reconocimientos, ni aplausos, ni licencias de los poderes formales o fácticos, aun cuando la mayoría de quienes honradamente integran este maltrecho gremio vivan en la precariedad y en la angustia de las carencias cotidianas, que les obligan a tener dos o tres empleos al mismo tiempo, para resolver con el más mínimo decoro sus necesidades.
La libertad de expresión y el derecho a la información no se negocian: se exigen, se conquistan, se ejercen y se defienden, hasta con la vida misma, si es necesario. Un periodista no es un académico ni un intelectual, ni aspira a la erudición; se guía por los impulsos de su corazón y de su conciencia. Su tarea está más determinada por las dudas que por las certezas y acompaña a la mayoría de la sociedad en sus sueños y en la preservación de valores y derechos que le son esenciales.
Hay poderes formales y fácticos que pretenden conculcar estos derechos, porque saben o intuyen que la fragilidad de un sistema de medios de comunicación sometido por los intereses económicos, los amagos, las amenazas, las demandas o las agresiones físicas y hasta mortales, fortalece a un régimen de privilegios, en el que no hay lugar para los pobres, los desvalidos y los marginados, pues en las sombras y en la ignorancia se incuban los más deleznables abusos y las más agraviantes impunidades.
La realidad es cruda y terriblemente simple: frente a los acosos, las amenazas y los ataques de poderes formales o fácticos -estrechamente juntos en defensa de sus privilegios y de sus intereses- que atentan contra el derecho a la información y la libertad de expresión, los periodistas que trabajan al servicio de la verdad y de la gente, están solos.
Es muy amplia la hipócrita cofradía que desde los poderes formales y fácticos, que desde las llamadas organizaciones de la sociedad civil independiente, dice defender la libertad de expresión, cuando en el fondo, lo único que pretende es blindar sus privilegios y esconder sus inmundicias. La calidad de una democracia es proporcional a la calidad de un sistema de medios de comunicación, rigurosamente profesional y honrado, comprometido con la verdad y con la gente. Un sistema de medios de comunicación autosustentables, independientes, que puedan aspirar a ejercer plenamente su libertad, nutre y fortalece a la sociedad, generando contenidos informativos para la comprensión y el entendimiento.
La sustentabilidad de los medios de comunicación está determinada por la capacidad que tengan para generar ingresos legítimos que los hagan libres e independientes. Las nuevas plataformas de la comunicación y el periodismo ofrecen una perspectiva de cambio profundo, en el cual la publicidad de gobierno ha dejado de ser el factor determinante para la sobrevivencia o naufragio de un medio de comunicación, que puede buscar en nuevos modelos de negocios la oportunidad de ser autosustentable, independiente y libre en el ejercicio de sus deberes profesionales en favor de la verdad y de los intereses de sus lectores y audiencias.
Vivimos el momento más trascendente del cambio más profundo en la historia de los medios de comunicación y el periodismo. Hay circunstancias que son cíclicas en la historia de la humanidad. Al recibir el Premio Nobel de Literatura, Albert Camus pronunció su discurso de aceptación de tan distinguido reconocimiento, en Estocolmo, Suecia, el 10 de diciembre de 1957 y sus palabras, de hace 67 años siguen vigentes.
Reflexionó: “Indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea es quizás mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”, advertía Camus.
“Heredera de una historia corrompida —en la que se mezclan las revoluciones fracasadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos, y las ideologías extenuadas; en la que poderes mediocres, que pueden hoy destruirlo todo, no saben convencer; en la que la inteligencia se humilla hasta ponerse al servicio del odio y de la opresión—, esa generación ha debido, en sí misma y a su alrededor, restaurar, partiendo de amargas inquietudes, un poco de lo que constituye la dignidad de vivir y de morir”, señalaba de Albert Camus.
En estos tiempos oscuros y de canallas, de ideologías extraviadas e irreconocibles, es esencial el trabajo profesional, inteligente, sereno y valiente de los periodistas que ponen luz en los rincones más oscuros de la vida pública, para que la gente pueda aspirar a conocer la verdad sobre los hechos y las circunstancias que afectan su vida cotidiana. El campo de batalla de la libertad de expresión y de la búsqueda de la verdad presenta todos los días nuevos frentes de combate, en los que, en ocasiones, hay que dejar pedazos de piel y salir adelante con algunos raspones, magulladuras o huesos rotos. Pero bien vale la pena.
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20-09-2024 - 12:03 am
"El anhelo democrático, personaje principal de esta historia, convirtió a Chihuahua en escenario de una contienda nacional cuyo desenlace no podía ser previsto, escribí en una de mis últimas entregas".
Para los Carcamanes.
CHIHUAHUA. En estos días aciagos para la endeble democracia mexicana, paradójicamente, regreso a esta tierra en la que hace 38 años atestigüé como reportero un episodio crucial de la historia reciente de México. En el verano de 1986 ocurrió aquí lo que muchos consideramos un parteaguas en la transición de nuestro país a la democracia.
En la contienda por la gubernatura del estado, el gobierno del PRI recurrió a todas las trampas de su amplio repertorio fraudulento para burlar la voluntad de los chihuahuenses. Sin embargo, se encontró con un pueblo digno, admirable, que se movilizó durante más de tres meses, con una sola, vieja demanda: sufragio efectivo.
Y mientras el gobierno y su partido justificaban el atropello con el argumento de que se trataba de un “fraude patriótico”, en estas calles y plazas que ahora he vuelto a caminar se manifestaron miles y miles de chihuahuenses decididos a no dejarse atropellar. Igual que marcharon en esta capital y en diversas ciudades como Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, mantuvieron plantones ante el Palacio de gobierno y los locales de los organismos electorales, televisoras y periódicos; bloquearon carreteras del estado y tomaron puentes internacionales en Ciudad Juárez.
Durante semanas y semanas.
Tras documentar periodísticamente el fraude electoral del 6 de julio de ese año, describí en aquellas crónicas para el semanario Proceso las acciones de resistencia, entre ellas las concentraciones multitudinarias que ocurrían en la esquina de las calles Independencia y Libertad, en el centro de esta ciudad, o recorrían la Ocampo, la Victoria, la Aldama, la Universidad.
La resistencia contra el fraude operado personalmente por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz (como lo confesaría años después), aglutinó a los más diversos sectores de la sociedad. Al movimiento se sumaron al PAN el entonces Partido Socialista Unificado de México, PSUM; los organismos empresariales, la Iglesia Católica, el movimiento campesino, los obreros, las agrupaciones cívicas, las amas de casa, el pueblo llano.
Aunque el protagonista central de ese episodio fue el candidato panista a la gubernatura, Francisco Barrio Terrazas, –y por tanto él y su partido fueron los directamente agraviados—lo ocurrido aquí aquel verano desbordó por mucho las posiciones partidistas o ideológicas y se convirtió en fenómeno de trascendencia nacional. Esa es, me parece, la esencia misma, el sentido de aquel movimiento inolvidable, antecedente directo e inmediato del de 1988, cuando se dio a nivel nacional la primera contienda electoral competida de la historia reciente de México.
Pronto se vio que en efecto no era el PAN. No era tampoco Barrio Terrazas. Ni la derecha “aliada a los más oscuros intereses antimexicanos”, como querían algunos justificar el fraude. Lo que puso al PRI en Chihuahua (y al gobierno de Miguel de la Madrid) contra la pared fue su propio descrédito ante una ciudadanía que exigía lo único que el partido oficial no podía darle: respeto a su vocación democrática.
Bartlett Díaz, el hoy saliente y feliz director general de la CFE, asumió personalmente la defensa de la “legitimidad” de la elección. Usó todo su control sobre los medios. Y cuando 20 artistas e intelectuales (entre ellos Octavio Paz, Héctor Aguilar Camín, José Luis Cuevas, Enrique Krauze, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Gabriel Zaid) firmaron un célebre desplegado en el que “dadas las fundamentadas dudas” sobre esa legitimidad, pidieron la anulación de las elecciones chihuahuenses, el secretario de Gobernación se reunió con ellos en una cena para tratar de rebatir sus impugnaciones. Luego desesperado, intentó convencerlos por separado, uno a uno… Hoy es un patriota, nacionalista e impoluto personaje de la autollamada “Cuarta Transformación”.
El anhelo democrático, personaje principal de esta historia, convirtió a Chihuahua en escenario de una contienda nacional cuyo desenlace no podía ser previsto, escribí en una de mis últimas entregas. “La imposición del PRI no era el final, por supuesto. La oposición que se unificó y se organizó como nunca antes para la resistencia, estuvo consciente de que apenas se vivía el verdadero principio de la lucha. En Chihuahua, lo insólito se volvió cotidiano. Muchas cosas ocurrieron aquí por primera vez en la historia reciente de México. Y por primera vez también, las cosas quedaron claras: los mexicanos se enfrentan a un gobierno incapaz de responder a un clamor tan simple y tan trascendente como es la demanda de democracia. La cerrazón total se opuso al último resquicio de confianza”.
Durante esta nueva estancia en Chihuahua, acogido generosamente por mis entrañables y ya carcamanes amigos periodistas, recordé en el Parque Lerdo a don Luis Héctor Álvarez, cuyo busto está ahora al lado del kiosco en el que como alcalde con licencia de esta capital permaneció 41 días en huelga de hambre, antes de acordar con Heberto Castillo, que lo visitó en el kiosco, “dar la vida en abonos, no al contado” y recorrer juntos el país.
También evoqué a Guillermo Prieto Luján, el dirigente estatal panista, al frente de una multitudinaria marcha con banderas desplegadas. Y la “cadena humana” que un anochecer abrazó por completo, mano con mano, el centro de la ciudad. El pitido intermitente, constante de los autos. Todo el día. Todos los días. Y la viejecita que enfrentó al candidato priista supuestamente triunfador Fernando Baeza Menéndez: “¡Ursupador!”, le gritó en su cara.
Saludé a la doctora Patricia Berlanga, entonces una incipiente, joven geriatra, a quien el veterano panista, excandidato a la gubernatura de su estado (1956) y a la Presidencia de la República (1958), escogió para hacerse cargo de su cuidado durante el ayuno. Recordé con ella su angustia ante tamaña responsabilidad, consciente de la trascendencia política que tenía para el movimiento democrático la decisión de don Luis, a la vez que su obligación ética de cuidar la vida del insólito huelguista, entonces de 67 años de edad.
En Ciudad Cuauhtémoc compartí un muy grato encuentro con el padre Camilo Daniel (el párroco de Anáhuac, en ese entonces) y el exalcalde local Humberto Ramos Molina, personajes ambos de aquella gesta por la democracia. Ellos junto con el profesor Antonio Becerra Gaytán, ex dirigente estatal del Partido Comunista y en 1986 líder y candidato del PSUM, jugaron también un importante papel en la resistencia poselectoral. Luego los tres encabezarían la movilización campesina por los precios de garantía en la entidad.
Recordé por supuesto, frente a la sede de la arquidiócesis en la avenida Cuauhtémoc, a don Adalberto Almeida y Merino, entonces arzobispo de Chihuahua. Él, con los obispos José Llaguno Farías, de la Tarahumara, y Manuel Talamás Camandari, de Ciudad Juárez (ya fallecidos los tres), expidieron una histórica exhortación pastoral, Coherencia cristiana en la política (que valdría la pena rescatar, por cierto) y demandaron luego la anulación de los fraudulentos comicios. Almeida dispuso inclusive la suspensión de cultos en su arquidiócesis en protesta por el fraude, medida extrema que fue detenida desde el Vaticano por una intervención del nuncio Girolamo Prigione… buen amigo de Bartlett.
Duele repasar este episodio, crucial para la lenta y costosa transición mexicana a la democracia, cuando ésta es nuevamente vulnerada desde el poder. Pasaron casi cuatro décadas desde aquel “verano caliente” de Chihuahua 86 y regresamos hoy a los peores tiempos del PRI. Habrá que volver a empezar. Válgame.
@fopinchetti
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20-09-2024 - 12:02 am
"Pensar el país desde la capital y solo desde la capital genera una enorme distorsión porque se confunde la parte con el todo".
No puedo estar más en desacuerdo con las formas de gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. No puedo estar más de acuerdo con el fondo de su preocupación y reclamo frente al nuevo centralismo que se está gestando en este país.
La descentralización de las secretarías que planteó el presidente al inicio de su gobierno fue una gran falacia (y también una mala idea) de la que ya nadie habla. Si algo ha distinguido a la presidencia de López Obrador ha sido la recentralización de las tareas del Estado. No solo se instauró un nuevo presidencialismo, una forma de gobernar donde todo gira en torno a la figura y la voz del presidente de la República, sino que el presupuesto, las decisiones y las tareas fundamentales del Estado mexicano regresaron a la capital del país. Salud y seguridad son las más evidentes e importantes, más no las únicas: el proyecto cultural en Los Pinos es el mejor ejemplo de la recentralización de recursos. El esquema de representación del Gobierno Federal en los estados que anuló las delegaciones por secretaría para centralizar todo en una sola persona, seleccionada directamente desde la presidencia, fue un caos en términos administrativos, y un gran éxito para la concentración del poder y las decisiones.
Con Claudia Sheinbaum esto no tiene visos de cambiar, todo lo contrario, tiende a empeorar. Al presidencialismo y centralismo propios de la llamada Cuarta Transformación hay que agregar el chilangocentrismo del nuevo gabinete. Aunque hay cuatro o cinco nacidas fuera de la ciudad de México, el de Claudia es un gobierno que se nutre sólo de dos fuentes: los sucesivos gobiernos de la ciudad de México y de la UNAM. Es natural y perfectamente explicable, podrá argumentarse, pues esos han sido los ambientes en que se desarrolló política y académicamente la próxima presidenta. Pero ese es justamente el problema. Lo que muestra el gabinete es una poca o nula voluntad de ver más allá de la ciudad de México, de construir un equipo con visiones distintas que representen a todo el país.
Pensar el país desde la capital y solo desde la capital genera una enorme distorsión porque se confunde la parte con el todo. Es la misma distorsión de quienes llaman “nacionales” a los medios de comunicación de la ciudad de México, los que piensan que fuera de la capital no se genera cultura, los que creen que desde una oficina en Perisur se pueden resolver los problemas de agua del país.
El gran reto de gobernabilidad para Claudia Sheinbaum no será la ciudad de México, sino allá en Cuautitlán, en los estados, allá donde los gobernadores de Morena tenderán a convertirse en pequeños o grandes caciques emuladores de Gonzalo N. Santos, allá donde el crimen organizado controla el territorio, allá donde no llegan las medicinas.
Presidencialismo, centralismo y chilangocentrismo son una mala triada para el desarrollo del país, una mala noticia incluso para quienes viven en la capital.
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20-09-2024 - 12:01 am
"Lo que cada vez parece más evidente es que la posibilidad de recuperar la democracia no radica tanto en la buena voluntad del siguiente gobierno, como en la capacidad de organizarnos mejor como sociedad".
Mucho se ha hablado del fin de una era del sistema político mexicano. El “clavo en el ataúd” lo representó la reforma judicial aprobada la semana pasada. Pero también están en ciernes otros “clavos” como la reforma de la Guardia Nacional y la desaparición de los autónomos. A ello hay que sumar la relación en clave de ruptura entre el Estado y actores sociales y políticos que fortalecen el juego democrático como la oposición, sociedad civil (en sentido amplio) y sector económico. Lo cierto es que un cambio de época está avanzando en tiempo real, minuto a minuto, ante la mirada atónita de muchas personas.
La democracia es, en esencia, el modelo civilizatorio en la que la modernidad nos ha inmerso como forma de solución pacífica, libre, igualitaria e inclusiva de nuestros problemas. Partiendo de esa base, el concepto sigue siendo complejo y contingente, por lo que nos ayuda más entender cuáles son los elementos mínimos de la democracia.
Lo cierto es que -retomando a Robert Dahl- hay tres ejes importantes que todo sistema, para ser democrático, debe colmar: 1) iguales derechos y libertades de expresión, asociación y participación política; 2) elecciones regulares, libres y limpias para acceder a los puestos de gobierno y representación popular; y 3) un estado de derecho, con pesos y contrapesos formales e informales y un gobierno de la ley.
Como podrá observarse en México hoy prácticamente se encuentran en fuga los tres ejes anteriores.
La prensa no es libre a pesar de que se diga lo contrario. Es imposible hablar de libertad de expresión con los niveles de violencia -incluida la letal- contra periodistas en México. Una agresión cada 14 horas contra periodistas, además de un aumento de 62% en el número de agresiones respecto al sexenio anterior, es muestra inequívoca y contundente de que no hay garantías para un periodismo seguro.
También el derecho de asociación se encuentra en vilo, pues más allá de los ataques verbales del presidente contra las organizaciones civiles, la constricción de las medidas de financiamiento (tope de deducciones) a la par de auditorías agresivas y recurrentes, hacen cada vez más difícil organizarse formalmente para empujar agendas ciudadanas. La participación política es posible, pero bajo un entendimiento que la constriñe a la participación electoral. Sin duda es importante votar y ser votado, como señala Roberto Gargarella, el verdadero ejercicio democrático está en la participación de los asuntos público entre elecciones y no solamente en ellas.
Las elecciones, hasta ahora son regulares y libres, aunque la limpieza puede quedar en entredicho con la utilización descarada de programas sociales para cooptar el voto de sectores en situación de pobreza; sin dejar de lado la evidente intervención del presidente en la elección pasada, quien no tuvo recato en atacar a la oposición y apoyar abiertamente a la candidata de su partido. Por hoy podemos tomar un poco de oxígeno con el retiro de la reforma constitucional propuesta para tomar control del sistema electoral. Pensando mal, quizás ya no sea necesario porque el oficialismo logró cooptar a la mayoría del INE y de la Sala Superior del TEPJF.
Por último, en cuanto los contrapesos, la ruta es devolvernos 30 años atrás. La reforma judicial no garantizará justicia, ni erradicará la corrupción al interior de la judicatura. La idea claramente es “depurar” para capturar el único poder que le faltaba a MORENA. De hecho se conjura la posibilidad de avanzar a un sistema de justicia eficaz y protector de derechos humanos. Una posibilidad, poco auspiciada por los gobiernos de la “transición” y que hoy es abiertamente encarrilada a la continuidad de un ejercicio autoritario del derecho (rule by law) y no un gobierno de las leyes (rule of law).
Por otro lado, el empoderamiento militar -de hecho y de derecho- abona a la construcción de un co-gobierno que no rinde ni rendirá cuentas ante la autoridad civil ni ante la ciudadanía. Si el Ejército no lo ha hecho antes, por qué habría de hacerlo ahora. Por último, los órganos autónomos esperan que caiga la espada de Damocles que pesa sobre ellos, respirando un poco ante la aprobación pospuesta de la aplanadora oficialista. Y hablando de contrapesos, la oposición es hoy prácticamente testimonial, hundida entre sus pifias históricas y las prácticas gansteriles de quienes hoy detentan el poder.
Con este breve repaso de los ejes de la democracia, podemos decir que hay un cambio hacia un estadio no democrático (por decirlo suave) ¿Será posible soportar o revertir este cambio que entraña una vuelta al caudillismo y ejercicio personalista de poder? Se antoja difícil pero lo cierto es que tampoco somos la misma sociedad ni las instituciones de hace 30, 50 o 70 años. Hoy tenemos mayores herramientas y conocimiento acumulado, generando las condiciones para encaminar a lo que se conoce como resiliencia democrática. Esto es, la posibilidad de adaptarnos a estos desafíos rescatando elementos mínimos de una democracia, o de plano, restañar los daños a la misma.
Lo que cada vez parece más evidente es que la posibilidad de recuperar la democracia no radica tanto en la buena voluntad del siguiente gobierno, como en la capacidad de organizarnos mejor como sociedad.
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19-09-2024 - 12:05 am
"Toca sacudir expectativas y transformar estructuras rígidas e irrecuperables, por el bien de todos".
El obradorismo cerró el sexenio sin rastros de pasividad. La reforma judicial desató júbilo popular acompañado de inconformidad en una minoría nada silenciosa. “La república ha muerto”, sentenció Krauze con habitual grandilocuencia. Conforme a lo esperado, la oposición partidista operó una autodenominada “resistencia” mediante la movilización de jueces, funcionarios y anexos que buscaron intimidar a los representantes populares con obstruccionismo violento. Y aunque fueron la cara furibunda de la derrota, voces más sensatas y libres de un interés directo comparten zozobra y al menos un lugar común que bien vale diseccionar: un supuesto lastre no solicitado e inexorable para Claudia Sheinbaum.
Como sucedió con la reforma eléctrica, simpatizantes progresistas explicitaron su insatisfacción y fijaron una postura entre desalineada y antioficialista. Si vale la generalización, esta crítica nace de opinadores más próximos al institucionalismo académico y al liberalismo social que a la izquierda materialista y a la nacional-popular. Al segundo agrupamiento, debatible por diseño, lo distinguen cinco rasgos esenciales versus el primer contingente, a saber: mayor (1) tolerancia a redistribuciones de poder e ingreso aun en escenarios de suma cero, (2) propensión crítica frente a los poderes fácticos, (3) receptividad a soluciones idiosincráticas ante los problemas nacionales, (4) desconfianza de la tecnocracia y la democracia representativa y (5) inconformidad hacia estructuras funcionales al statu quo en una economía de mercado con marcadas desigualdades, como la mexicana. Con estos cinco atributos de trasfondo como origen de la simpatía más convencida, es posible contraargumentar desde la razón que Sheinbaum gana con una aprobación sin demoras de la reforma judicial.
El punto de partida es que cualquier desgaste político transita en el sexenio de López Obrador, de gran capital político de entrada y salida. En jerga bélica, una guerra relámpago de su antecesor ahorró a Sheinbaum sobrecostos y concesiones naturales a cualquier negociación legislativa que trastoca intereses enquistados. Al absorber los impactos como escudo, AMLO minimizó la articulación de minorías y obsequia margen de conciliación a su sucesora, a reserva de que con alta probabilidad la presidenta electa evitaría mostrar debilidad para minimizar distractores y regateos.
Un segundo contraargumento para quienes solo ven presión en la olla es que una aprobación sin rodeos permite priorizar la legislación secundaria, en cuyos detalles descansarán santos y diablos. Por otro lado, una ventana de incertidumbre más angosta reduce el riesgo de que el poder judicial rete al ejecutivo en el interregno con sentencias adversas que torpedeen a la siguiente presidenta. Sheinbaum tendrá oportunidad de imprimir su toque personal a los reglamentos y de amortiguar una guerra de guerrillas institucional mediante lawfare radicalizado.
Una tercera recompensa a una aprobación acelerada es la reducción de riesgo de descarrilamiento o dilución de la iniciativa original. Existe una máxima legislativa no escrita que dicta aprobar los dictámenes en cuanto se juntan los votos. Además, el traslape de legitimidad entre López Obrador y Sheinbaum potenció las fuerzas políticas de dos dirigentes para maximizar lealtades hasta lograr una mayoría calificada. Asimismo, esperar al relevo sexenal obsequiaba espacio a una contrapuesta del poder judicial con fines dilatorios.
Otro beneficio de la vía rápida es que el optimismo por la aprobación de una reforma popular tiende puentes político-afectivos con el arranque sexenal. Cualquier dirigente de ánimo transformador prefiere bases con motivos de lucha y sin apoltronamiento. El sentido de urgencia es indispensable para atender los problemas nacionales, y las batallas propias y ajenas que enfrentará la presidenta tendrán como activo adicional un epílogo atípico que galvaniza al obradorismo ante adversarios que pretenden conservar estructuras anquilosadas.
Un aspecto que la oposición relaciona al autoritarismo como marco partidista es la remoción de barreras administrativas erigidas por jueces obstructores. En específico, los recursos judiciales de Elektra y otros grandes contribuyentes que impugnan créditos fiscales merman ahora mismo los esfuerzos de recaudación. Los nuevos contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas podrían convertirse en una suerte de reforma fiscal silenciosa y paulatina durante el sexenio de Sheinbaum: otra virtud.
Una preocupación común entre voces críticas es el presunto golpe al crecimiento económico. Como contraargumento, los inversionistas extranjeros desconfían desde siempre de los tribunales mexicanos y suelen acudir directo al arbitraje internacional, práctica que la reforma no cambiaría y que incluso podría revertir de largo plazo. Asimismo, la reducción en costos y tiempos de obras estratégicas es favorable a la inversión pública, el empleo y la recaudación tributaria por menores litigios y subejercicios. Como pruebas de los marcos partidistas desproporcionados, el peso mexicano acumuló un 4 por ciento de apreciación en días posteriores a la reforma y la calificadora más importante (Standard & Poor’s) aclaró que monitorea el proyecto de presupuesto 2025 antes que la reforma judicial como evento crediticio relevante: cachetada con guante blanco a la especulación. En cualquier caso, asumiendo sin conceder un escenario con depreciación cambiaria, esta serviría para reactivar las exportaciones ante la desaceleración de los Estados Unidos.
En general, varios gestos de sana complicidad podrían elevar el atractivo de la reforma judicial. En primer lugar, combatir la desconfianza sistémica es un triunfo en sí mismo; cuantificar avances ayudaría a mitigar inconformidad residual. En segundo sitio, la legislación secundaria es una oportunidad dorada para zanjar incertidumbres naturales y conciliar malestar legítimo. En tercero, una campaña de información al exterior en el marco de la revisión — no renegociación— al TMEC que apele a la percepción secular de corrupción judicial y su atención audaz podría persuadir a los socios comerciales a dar votos de confianza o al menos una oportunidad temporal a la reforma en un marco de reciprocidad soberana.
Sheinbaum encabeza un gabinete solvente que puede tejer en fino, con pulso suave pero firme, un tirante que comunique al viejo y al nuevo sistema judicial. Contra los marcos partidistas y lugares comunes krauzianos compartidos a ratos por sectores progresistas, la república no está muerta sino que empieza a salir de la terapia intensiva donde la situaron gobiernos del PRI y del PAN que hicieron de la corrupción sistémica, la desconfianza popular y el institucionalismo faccioso una trampa antidemocrática perpetuadora de desigualdades crónicas. Toca sacudir expectativas y transformar estructuras rígidas e irrecuperables, por el bien de todos.
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19-09-2024 - 12:03 am
"Hasta ahora y pese a las evidencias que han salido a flote en Nueva York a García Luna no se le ha acusado de delitos por delincuencia organizada.".
En una carta escrita de su puño y letra, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, acusa que el presidente Andrés Manuel López Obrador está implicado en el narcotráfico.
Expone, además, que sobre esos presuntos nexos criminales hay audios, videos, grabaciones, entre otras pruebas, que según él, acreditan que López Obrador está vinculado al crimen. Y cita que algunos de sus colaboradores también han tenido tratos con criminales.
Esta es la primera vez que García Luna –preso en Nueva York por brindar protección al cártel de Sinaloa durante el sexenio de Calderón –hace pública una misiva, al más puro estilo de Ismael “El Mayo” Zambada, para acusar al presidente López Obrador sin mostrar una sola prueba. La carta se difundió el pasado martes 17, en la que alega ser inocente de los cargos que se le imputaron en Nueva York tras ser detenido en Dallas, Texas, en el año 2019.
Durante el juicio que enfrentó, los testigos que presentó la Fiscalía estadunidense acusaron que entregaron millones de dólares a García Luna para que facilitara el trasiego de drogas del cártel de Sinaloa. Quienes testificaron en su contra fueron Rey Zambada García –hermano de “El Mayo” Zambada; Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, entre otros personajes que en su momento pertenecieron al cártel de Sinaloa.
En su carta, García Luna dice ser inocente, expone que permanece detenido en condiciones infrahumanas y asegura que en 2019 le ofrecieron declarar en contra de varios políticos, principalmente contra los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, y varios empresarios, entre ellos, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego. Dice, además, que le propusieron declararse culpable, incriminar a estos personajes y que en seis meses recuperaría su libertad.
García Luna señala, por otra parte, que es inocente de los cargos que pesan en su contra y que la información que ha servido para incriminarlo es la que proporcionó el gobierno mexicano, la cual calificó como falsa. “He combatido al crimen en sus esferas más altas toda mi carrera profesional”, escribió.
El exfuncionario, cómplice del cártel de Sinaloa, expone, además, que impugnará el fallo que le dictarán el próximo 9 de octubre; señala que agotará todos los recursos para liberarse de la cárcel “hasta lograr mi libertad”.
De acuerdo con información publicada por el periodista Jesús Lemus en su libro “El Licenciado”, el cártel de Sinaloa pagó una suma descomunal al entonces presidente Felipe Calderón para que nombrara secretario de Seguridad Pública a García Luna. Durante todo el sexenio 2006-2012, García Luna fue inamovible a pesar de que altos mandos militares le dijeron a Calderón que García Luna estaba implicado en el narcotráfico y que sus ligas eran con Sinaloa.
El juicio contra García Luna
En el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York los testigos presentados han hecho declaraciones estruendosas sobre las millonarias sumas que, según ellos, entregaron al exfuncionario mexicano para favorecer las operaciones de narcotráfico del cártel de Sinaloa.
Se habla de maletas repletas de dólares; algunos testigos, como Sergio Villarreal Barragán, entre otros, sostuvieron que a García Luna le daban un millón de dólares y que en un lapso de tres años le habrían entregado más de cincuenta millones de dólares.
A cambio, el policía protegido por el entonces presidente Felipe Calderón facilitaba las operaciones de trasiego de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la terminal aérea favorita de los capos de Sinaloa por donde traficaban drogas, armas y dinero con la complicidad de agentes aduanales, funcionarios de la Administración General de Aduanas, agentes federales, policías de Interpol y hasta funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México.
También se favorecía al cártel de Sinaloa –particularmente a la célula Beltrán Leyva –con información privilegiada sobre cateos, operativos, extradiciones y decomisos de droga. Esto último le costaba a Arturo Beltrán Leyva medio millón de dólares mensuales que, de acuerdo con los testigos, le entregaban a funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Marisela Morales –excónsul de México en Milán, Italia –quien fue acusada de fabricar expedientes incriminatorios contra funcionarios públicos con testimonios falsos. Nunca fue investigada.
Hasta ahora lo más sobresaliente del juicio contra García Luna ha sido los señalamientos respecto a los millones de dólares que recibió, pero aún faltan las evidencias. Cabe preguntarse: ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Lo tiene García Luna en sus cuentas personales? ¿Está invertido en negocios? ¿O Está guardado en paraísos fiscales? ¿En qué paraísos fiscales? ¿Mónaco? ¿Islas Caimán? ¿Panamá? Nadie lo sabe hasta ahora.
La única evidencia hasta ahora son los 700 millones de dólares que el gobierno mexicano tratará de recuperar mediante un litigio en Miami; ese dinero, se asegura, es producto de contratos millonarios que obtuvo García Luna a través de unas 39 empresas y que tienen que ver con el tema de la seguridad pública.
Otro dato que causó impacto en el juicio es el secuestro de García Luna por parte de sicarios al servicio de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas” en 2009 en una carretera de Tepoztlán, Morelos. Varios testigos dijeron que lo llevaron a la guarida del capo sinaloense y que éste le preguntó si iba a cumplir los acuerdos que habían cerrado. Al parecer, García Luna estaba favoreciendo los intereses de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, de Ismael “El Mayo” Zambada, pero no los de la célula Beltrán Leyva.
Aquel “levantón” fue publicado en la revista Proceso por este reportero. Los pormenores están contenidos en una carta que agentes federales entregaron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. El hecho ha sido ratificado en el juicio contra García Luna y varios testigos han confirmado que aquello fue un hecho real. Es la única evidencia que ratifica que García Luna sí tuvo tratos con los Beltrán Leyva.
El entramado criminal
Los cómplices de Genaro García Luna en el andamiaje de protección que construyeron en el sexenio de Felipe Calderón para brindar protección al cártel de Sinaloa cayeron en prisión, pero no se les acusó de narcotráfico, lavado de dinero y ligas con el cártel de Sinaloa, por el contrario, se les acusa de haber incurrido en prácticas de tortura.
Es el caso, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palominos, exmando de la Policía Federal, detenido en el Estado de México en 2021 tras varios meses de persecución.
A pesar de que como funcionario público fue acusado de proteger los intereses del cártel de Sinaloa –particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México –al exfuncionario federal se le encarceló bajo la acusación de haber ordenado la tortura de los hermanos Vallarta, implicados en el caso de Florance Cassez, quien fue encarcelada, primero, y liberada, después, tras acreditarse que nada tenía que ver en la organización criminal “Los Zodiacos”.
La misma suerte corrió Facundo Rosas, otro de los hombres de confianza que trabajó cerca de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Rosas fue secretario de seguridad en Puebla. El pasado 27 de enero fue detenido por atropellar y matar a una mujer en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.
Director de la extinta Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, Facundo Rosas formó parte del estrecho equipo de García Luna del que también formaba parte Ramón Eduardo Pequeño, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal por el delito de tortura en agravio de Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, todos ellos implicados en el caso Florance Cassez.
Ramón Pequeño se había incorporado como asesor de la Secretaría de Seguridad Pública al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, precisamente en la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Alfonso Durazo Montaño, actual gobernador de Sonora.Hasta ahora, el exfuncionario sigue prófugo de la justicia-
Sin embargo, en Estados Unidos otro hombre de confianza de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública –Iván Reyes Arzate –se declaró culpable en octubre de 2021 de haber colaborado con el narcotráfico, en particular con el cártel de Sinaloa, y aceptó que como funcionario público simulaba llevar a cabo un combate frontal contra el crimen organizado.
Con base en esta autoinculpación –un recurso bastante socorrido por los criminales para obtener reducciones de penas –un juez federal de Estados Unidos condenó a diez años de cárcel al excomandante de la Policía Federal, quien en el mundo policiaco y del hampa es conocido como “La Reina”.
Lo que quedó al descubierto en su juicio es que al mismo tiempo que brindaba protección al crimen organizado Reyes Arzate recibía condecoraciones dentro y fuera de México –entre otras agencias, de la DEA — por su labor policiaca aparentemente honesta.
Reyes Arzate fue hombre de confianza de Genero García Luna, procesado y pendiente de juicio por corrupción y crimen organizado en Estados Unidos, donde permanece recluido desde diciembre de 2019, cuando fue detenido en Texas bajo cargos diversos, entre otros, brindarle protección al cártel de Sinaloa.
En el juicio de Reyes Arzate salió a flote parte de la corrupción y los sobornos que recibió del cártel sinaloense a cambio de protección e información. Por ejemplo, se corroboró que el exfuncionario recibió en una ocasión tres millones de dólares a cambio de informar sobre las investigaciones conjuntas estadunidenses y mexicanas a un grupo llamado Seguimiento 39, ligado al cártel de Sinaloa.
No sólo eso: En octubre de 2021 Reyes Arzate reconoció haber recibido un soborno de 290 mil dólares. Esta confesión abrió la puerta para que los fiscales del caso le abrieran la puerta y se acogiera al programa de testigos protegidos, lo que le valió reducir su condena a sólo diez años de prisión, de los cuales ya compurgó dos en Estados Unidos.
El juicio contra Genero García Luna se ha pospuesto en tres ocasiones por diversas causas. La última suspensión ocurrió debido al ruido que realizaban los periodistas en la sala del tribunal. Ahora la audiencia para determinar su futuro se programó para el mes de octubre de este año. Entre los testigos de cargo que rendirán testimonio en contra de García Luna, además de Reyes Arzate, está Vicente Zambada Niebla, quien ha dicho que en varias ocasiones sobornó con sumas millonarias al policía consentido de Felipe Calderón.
Bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, derivada del hallazgo de inversiones por más de 27 millones de pesos en bienes inmuebles, en noviembre de 2021 el gobierno mexicano solicitó formalmente la extradición de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
Esta decisión desató polémica, pues se aseguró que detrás de este proceso podrían existir oscuras negociaciones para liberar al exfuncionario, quien fue detenido en 2019 en Dallas, Texas, por varios delitos, entre otros, conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud y haber brindado protección al cártel de Sinaloa.
A lo largo de un año, García Luna solicitó a las autoridades de Estados Unidos su liberación bajo fianza. En la primera ofreció el pago de un millón de dólares y en el segundo intento dobló la suma, pero la petición le fue negada: La razón, según argumentaron las autoridades estadunidenses, fue que el exfuncionario mexicano tiene muchas relaciones políticas y en el crimen organizado que lo podían ayudar a evadir la acción de la justicia.
Después de la experiencia por el caso del General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto –quien fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y protección al cártel H-2 y, un mes después, liberado y devuelto a México –el procedimiento que intentó el gobierno mexicano con García Luna fue blanco de muchas sospechas.
El canciller Marcelo Ebrard explicó que el objetivo de la extradición es procesar y juzgar a García Luna en México. No se pudo. El delito por el que se le persigue es el de enriquecimiento ilícito y en Estados Unidos lo investigan por fomentar el tráfico de drogas y brindar protección al cártel de Sinaloa. En realidad, los cargos del expediente estadunidense son más graves. En México, el delito de enriquecimiento ilícito es de los pocos donde se revierte la carga de la prueba: es el acusado quien debe demostrar el origen lícito de su patrimonio. Por ese delito fue acusado Raúl Salinas de Gortari, uno de los políticos más corruptos, y fue liberado. Hasta ahora y pese a las evidencias que han salido a flote en Nueva York a García Luna no se le ha acusado de delitos por delincuencia organizada.
Preso en Estados Unidos por servir a los intereses del cártel de Sinaloa; acusado de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –quien compurga una cadena perpetua en Estados Unidos por delincuencia organizada, Genaro García Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón por sus nexos con el narcotráfico, en particular, con el cártel de Sinaloa, el más poderoso del mundo, de acuerdo con la DEA.
García Luna ha sido señalado de ser el “policía del panismo”, pues ocupó cargos importantes desde el gobierno de Vicente Fox –fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) –y con Felipe Calderón ocupó el cargo de Secretario de Seguridad Pública. D
De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, autor del libro “El Licenciado” ( editorial Harper Collins 2020) García Luna ya servía a los intereses del narcotráfico, y en particular del cártel de Sinaloa, desde el gobierno de Vicente Fox.
Dentro del cártel que entonces dirigía Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el funcionario era conocido como “El Licenciado”. Después de que Felipe Calderón fue calificado como presidente electo, luego de ganar las polémicas elecciones de 2006, miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, Arturo Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” maquinaron el plan de comprar la secretaría de Seguridad Pública para que García Luna fuera su protector.
La ejecución del plan, según afirma Jesús Lemus, fue Villarreal Barragán, quien acudió a una fiesta de bautizo organizada por el entonces senador panista Guillermo Anaya Llamas –compadre de Felipe Calderón – en la ciudad de Torreón, Coahuila.
“El Grande” le pidió el favor a Anaya Llamas, a quien conocía desde tiempo atrás porque una hermana del político coahuilense estuvo casada con un hermano del narcotraficante actualmente preso en Estados Unidos.
De acuerdo con el libro “El Licenciado”, Anaya Llamas le pidió a “EL Grande que acudiera a la fiesta y que ahí le presentaría al presidente electo. Así ocurrió. En ese encuentro, Villarreal Barragán hizo la propuesta a Calderón y éste aceptó. De acuerdo con Lemus, el pago por la Secretaría de Seguridad Pública fue multimillonario y de esa forma el cártel de Sinaloa se consolidó como el grupo criminal más poderoso del mundo.
Historia criminal
A continuación se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas a García Luna y a varios de sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron desde que fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Vicente Fox, y posteriormente como secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón. Tales acusaciones salieron a flote en el sexenio de Fox, donde García Luna fue un estratega policiaco. Ocupó la titularidad de la Agencia Federal de Investigaciones, una copia bastante degradada del FBI. Nadie imaginaba entonces que el funcionario federal ya tenía nexos criminales, de acuerdo con los expedientes consultados.
Y es que varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde el año 2008; sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos, por el contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.
Por ejemplo, Mario Velarde Martínez, quien durante el gobierno de Vicente Fox fungió como secretario particular de García Luna en la AFI tuvo tratos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.
En aquel momento, Velarde era el quinto hombre cercano al entonces secretario de Seguridad Pública que era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la División Antidrogas de la Policía Federal en la SSP.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada “Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y de la PGR por servir al crimen organizado, en particular al cártel de Sinaloa –Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de “Felipe”, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policiacos con el narco:
Según “Felipe”, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol México y quien fue arraigado durante el gobierno de Calderón por sus presuntos nexos con el narco –tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y extradiciones.
Narra el testigo “Felipe”:
“A principios del año 2007, el licenciado Mario Arturo Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto”-
El mismo día de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó a la PGR una fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de las investigaciones y de los expedientes oficiales.
La imagen fue presentada al testigo protegido “Felipe”, quien lo identificó de entre cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado.
El testigo “Felipe” identificó el rostro de Velarde Martínez. El testigo protegido tenía información sensible: había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber sido comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por ello, conocía a los colaboradores cercanos a García Luna ligados al narcotráfico, entre otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia, exdirector de Despliegue Regional e Interpol; Miguel Colorado, ex coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO –hoy SEIDO –y al capitán Fernando Rivera, exdirector adjunto de Servicios Técnicos de SIEDO.
Otros fueron arraigados, pues ya se tenía datos y evidencias de sus ligas con el cártel de Sinaloa y, en particular, con la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP; Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP –éste fue ejecutado durante su etapa como testigo colaborador cuando tomaba café en un Starbooks ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México –; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal ´Preventiva y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.
Mario Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico, pero no fue suficiente: un testigo protegido de la DEA y de la PGR reveló que servía a los intereses del cártel de Sinaloa.
El testigo lo describió tal cual es físicamente. Dijo: “Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz regular, con frente un poco pronunciada”.
Y añadió: “Tiene un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y que casi siempre tiene curitas en los dedos por ello y que cuando lo conoció el declarante era el secretario particular del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo en Interpol y más tarde quedó bajo las órdenes de la licenciada Maribel Cervantes, en la Policía Federal”.
Otro de los colaboradores de García Luna –Ricardo Gutiérrez –fue indiciado porque dos testigos protegidos lo acusaron de proteger los movimientos de Rey Zambada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El testigo también dijo que le vendía información a los Beltrán Leyva.
De acuerdo con el testigo y las investigaciones que entonces realizó la PGR, el exmilitar Roberto García –quien estaba adscrito a la Coordinación Técnica de la SIEDO –fue comprado por el cártel de Sinaloa, pero cuando lo detuvieron pidió acogerse al programa de testigos protegidos y fue identificado con el nombre de “David”.
En aquella ocasión, el testigo relató que once años atrás “El Rey Zambada” –hermano de Ismael Zambada García –era conocido como “El licenciado Óscar” para tratar con comandantes y funcionarios federales. Conocía a José Antonio Cueto desde los tiempos de la Fiscalía Antidrogas (FEADS).
Dijo el testigo: “Cueto conoció a todos los comandantes de la Policía Judicial Antidrogas, esos comandantes le presentaron al licenciado “Oscar” –o sea Rey Zambada – y añadió el testigo “David”.
“Óscar o el licenciado Óscar cuando utilizaba el Aeropuerto para viajar le hablaba a Cueto y él llamaba a Ricardo Gutiérrez, que era titular de Interpol México para que no pasara por ningún filtro de revisión; en específico, se trataba de gente que venía de Colombia, aunque no sé los nombres, pero se venían a ver con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”,
Por otra parte, el testigo “Felipe” –cuyo verdadero nombre es Alberto Pérez Guerrero – relató que el director de Interpol tenía problemas económicos y por eso vendían información al crimen organizado e incluso le llegó a pedir un préstamo de 300 mil pesos a Cueto, enlace de los Beltrán Leyva.
Según “Felipe”, un abogado de narcotraficantes que tiene su despacho en Guadalajara, de apellido Valenzuela o Valencia, le pagó dos asesorías que le brindó Cueto para elaborar unos amparos. Primero pagó 30 mil pesos y en otra ocasión le dio de 4 a 6 mil dólares.
Relató: “Al pretender entregarle ese dinero (a Cueto) me pidió que le entregara 2 mil dólares a Ricardo Gutiérrez Vargas, director General de Interpol, lo que realicé directamente en su oficina ubicada en Torre Pedregal sobre Periférico Sur, enfrente del hotel Camino Real por el Pedregal y al recibir este dinero Gutiérrez Vargas me dijo que gracias, este ya sabía que esto era de parte de José Antonio Cueto; oficinas donde el emitente prestaba sus servicios.
“Esta entrega de dinero a Gutiérrez se repitió en una segunda ocasión sin saber qué cantidad, ya que era un sobre que Cueto me entregó y me dijo que se lo diera al director de Interpol refiriéndome que era dinero”.
“Felipe” también expuso en aquel testimonio que entre abril y mayo de 2007 Gutiérrez le dio un sobre cerrado con información que le pidió llevar al domicilio de Cueto en Valle Escondido, Atizapán, y así lo hizo.
Estos excolaboradores de García Luna fueron procesados por sus nexos con el crimen organizado. Cuando estaban en funciones fueron protegidos por García Luna. Todos ellos tenían nexos con Rey Zambada, quien ahora es uno de los testigos clave en el juicio que enfrentará el exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York.
Cabe aclarar que todos los señalamientos incriminatorios en contra de los exfuncionarios –tanto los que operaban con García Luna como los que despachaban en la extinta PGR –formaron parte del expediente conocido como “Operación Limpieza”. La mayoría de ellos, sin embargo, fueron exonerados aparentemente por falta de pruebas; otros fueron encarcelados y recobraron su libertad. Ahora los testigos protegidos que hicieron las acusaciones testificarán en contra de García Luna. Es el caso de Rey Zambada y otros que dicen conocer detalles sobre la forma en que el exsecretario de Seguridad Pública brindó protección al crimen organizado, en particular, el cártel de Sinaloa.
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19-09-2024 - 12:02 am
"El agravante es que ahora, más que una restauración del viejo régimen priista, se avizora una peligrosa personalización del poder en una figura que trasciende la Presidencia, algo que no se había visto desde los tiempos de Plutarco Elías Calles".
El próximo martes, 24 de septiembre, cumpliré 65 años. Nací durante el gobierno de Adolfo López Mateos, pocos meses antes de la gran represión al Sindicato Nacional de Ferrocarrileros que llevó a prisión a sindicalistas y militantes de izquierda. Dos de ellos, Valentín Campa y Demetrio Vallejo, pasaron once años encarcelados, acusados de “disolución social”, un delito del Código Penal Federal utilizado como herramienta de represión contra la oposición política de izquierda, aunque rara vez se aplicaba. Lo más común era acusar a los opositores de delitos comunes. El gobierno de López Mateos, detrás de una fachada de “izquierda atinada”, reprimía a los ferrocarrileros, ordenaba o encubría el asesinato de Rubén Jaramillo y perseguía con dureza a los movimientos campesinos disidentes.
Durante mi niñez, transcurrida en una familia altamente politizada de izquierda, en México había presos por su actividad política no violenta, se cerraban publicaciones por críticas al gobierno, y las policías actuaban bajo una corrupción absoluta, ya fuera negociando la desobediencia de la ley en forma de mordidas o vendiendo protección a actividades ilegales. Las elecciones eran poco más que una farsa conocida por todos. El PRI se sostenía por el apoyo de sus clientelas cautivas: ejidatarios, obreros sindicalizados y una burocracia leal y agradecida, todos actores que refrendaban, sin sorpresa alguna, el control del sistema.
Para entonces, la Cámara de Diputados era casi unánimemente priista. Tras la elección de 1958, el PAN decidió que sus cinco diputados electos no entrarían a la cámara en protesta por el fraude electoral. El entonces Partido Popular también intentó que su diputada electa, Macrina Rabadán, no tomara posesión de su escaño, pero ella, junto con su grupo político, que incluía a mi padre, decidió declararse independiente y se convirtió en una estupenda voz de la izquierda en aquella legislatura sin oposición.
A partir de entonces, se fueron abriendo tímidos resquicios a la pluralidad política. A finales del sexenio de López Mateos, en 1963, surgió el sistema de diputados de partido, una medida inicial para ampliar la pluralidad en un escenario donde la hegemonía del PRI seguía inquebrantable. Esta fórmula apuntaba ya hacia la transformación del sistema de elección de diputados en un sistema mixto, con escaños obtenidos en distritos de mayoría relativa, todos ganados por el PRI, pero con un número de curules asignadas a los partidos que superaran el 2.5% de los votos, hasta un máximo de 20, descontando los ganados por mayoría. Sin embargo, la creación de esta figura fue más un intento por maquillar la falta de competencia real que un avance democrático.
Los años oscuros de represión se intensificaron en la década de los 60, culminando en la tragedia de 1968. Vinieron después los intentos de apertura de Echeverría, el surgimiento de guerrillas y la violencia represiva de la “guerra sucia”, hasta que en 1977 el gobierno de José López Portillo impulsó una reforma política que, finalmente, abrió espacio a una oposición más estable y con posibilidades reales de obtener representación sustantiva. Esa reforma me impulsó a hacer política, con la esperanza de llevar posiciones de izquierda a la discusión pública.
A partir de entonces, con algunos retrocesos en la ley de 1986, el proceso de reforma avanzó de manera incremental en sentido democratizador. El propio PRI comenzó a ser cada vez más receptivo al diálogo y la concertación, a pesar de que durante el gobierno de Carlos Salinas la relación con los escindidos del PRI, agrupados en el PRD, fue áspera y represiva en un principio. Desde luego, fue el gobierno de Ernesto Zedillo el que dio el paso definitivo hacia un nuevo régimen pluralista, más abierto y con avances importantes en la construcción del Estado de derecho, con la reforma del Poder Judicial Federal para crear una carrera judicial y convertir a la Suprema Corte en un tribunal de constitucionalidad.
Durante los gobiernos de la transición, las reformas no se detuvieron, aunque hubo un gran retroceso marcado por la recuperación del protagonismo de las fuerzas armadas en la vida política del país, a partir de la captura de la seguridad pública, ante la abdicación de los políticos civiles frente al crimen organizado y la violencia. La transparencia, la evaluación de políticas y la rendición de cuentas se abrieron paso de manera gradual. El modelo de órganos autónomos surgió como antídoto contra la arbitrariedad del Poder Ejecutivo que ha marcado la historia de México, creando oasis de profesionalización en un aparato estatal dominado por la captura política de las rentas.
A lo largo de mi vida, México avanzó con tropiezos hacia un orden cada vez más abierto. La alternancia política, las reformas judiciales y los avances en transparencia y rendición de cuentas marcaron un camino que parecía irreversible. Sin embargo, la llegada de López Obrador a la Presidencia en 2018 rompió ese ciclo de avances. Las reformas aprobadas y las que están en proceso no solo anulan los logros democráticos alcanzados, sino que nos retrotraen a un escenario similar al que vivía el país hace seis décadas, cuando las instituciones eran débiles y el poder, incuestionable.
El agravante es que ahora, más que una restauración del viejo régimen priista, se avizora una peligrosa personalización del poder en una figura que trasciende la Presidencia, algo que no se había visto desde los tiempos de Plutarco Elías Calles. Nunca imaginé que, tras una vida dedicada a participar en política para impulsar reformas democráticas, terminaría enfrentando un panorama tan sombrío, donde el retroceso parece ser la única constante.
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19-09-2024 - 12:01 am
"Así de inverosímil suena, pues, que en dos semanas López Obrador vaya a desaparecer de la vida pública, para retirarse en su rancho en Palenque".
Menos de dos semanas, querido lector, le quedan al presidente López Obrador en la presidencia. Parece inverosímil que el político que ha causado un terremoto en la política mexicana desde hace casi dos décadas, sencillamente se vaya a retirar de la vida pública. Empezó en Tabasco, caminó al corazón del país, ganó la Ciudad de México cuando México se estrenaba en la democracia y Fox conquistaba la presidencia, hace veinticuatro años.
La Ciudad de México se convertiría, con el paso de los años, en el bastión de la izquierda, desde que Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997, ganara la primera Jefatura de Gobierno de su historia. Pero aquel año, en el 2000, por poco y se pierde la Ciudad. Recuerdo estar en el zócalo celebrando esa victoria que casi se le escapa de las manos a la izquierda cuando ganó el tabasqueño.
Desde entonces, la división del país entre la izquierda que gobernaba la capital y la derecha gobernando el país, se convirtió en una realidad democrática. Era el inicio de la transición y según recuerdo todo era una fiesta. Al fin, el reinado del PRI se acababa, y para siempre. Poco nos duró el gusto: Fox decidió traicionar a la democracia, entre otros muchos descalabros, y en las siguientes elecciones hizo todo lo que pudo para evitar que el entonces Jefe de Gobierno, López Obrador, fuera candidato presidencial. El desafuero de López Obrador fue contraproducente: sembró la semilla del movimiento social más importante desde el zapatismo y que hoy gobierna en casi todo el país. Los acontecimientos de las elecciones del 2006, extremos y terribles para la izquierda y quienes con ella se identificaban, la humillación pública y mediática a toda una población, no hicieron sino darle fuerza a ese movimiento social, fuerza y determinación para enfrentar la adversidad, pero también resistencia. La polarización y el odio en aquellos años fue intensa; familias se dejaron de frecuentar, hubo pleitos irremediables entre amistades y no faltó quien le expidiera a López Obrador su acta de defunción política, cuando fue declarado ya por ese naciente movimiento como “Presidente Legítimo”.
Recuerdo la ácidas burlas que se vertieron entonces, el status quo lo daba por muerto, acabado. Calificaban el asunto como un suicidio político. Nadie, absolutamente nadie, hubiera creído entonces que el político tabasqueño se reharía a sí mismo, y construiría de un moviendo social, un partido político nuevo que ganaría dos sexenios consecutivos la presidencia de la república y conquistaría casi todos los estados y congresos del país, en una década. Nadie hubiera imaginado que sortearía los cercos mediáticos, que superaría un infarto, que llegaría a la presidencia doce años después con una votación inmensa y venciendo todos los “peligros para México” y los “Mesías tropicales”. Es más, muchos ni siquiera hubiéramos creído que la izquierda pudiera ganar las elecciones presidenciales, pensábamos que no lo permitiría un sistema que muy pronto pasó de transición a la democracia, a la democracia que no llegó, salvo para el prian (que en esos años afianzaría su unión). Sí era otro país, y luce tan lejano ahora, querido lector.
Una gesta de la izquierda, una izquierda extraña, lopezobradorista, logró lo que creíamos imposible y hace seis años llegó a la presidencia el político al que intentaron frenar con todo tipo de obstáculos, lo logró, como sabemos. El grito “es un honor estar con Obrador” y “No estás solo”, surgió en aquellos días negros del 2006 cuando era humillado pública y mediáticamente por periodistas y comunicadores, que nunca supieron que no solo lo humillaban a él, sino a una parte de la población que lo respaldaba y se consideraba igualmente humillada por ellos. Las heridas de aquellos años no solo no sanaron, se convirtieron en gasolina para el fuego de la resistencia y por ello, el presidente López Obrador continuó con su campaña contra sus adversarios una vez llegado a la presidencia, porque nunca se planteó un gobierno más de la transición, sino un cambio de regimen. La “cuarta transformación”, necesitaba cambios profundos y radicales imposibles de realizarse en un sexenio. Su lógica era otra y nadie en la oposición pudo vislumbrarlo con claridad. Hoy, parece ya demasiado tarde para detener una transformación que la mayoría de los mexicanos decidió llevar a cabo al darle su apoyo mayoritario a Morena.
La verdad, querido lector, uno tampoco hubiera creído, hace seis años, que Lopez Obrador le dejaría la silla presidencial a una mujer, parte de su movimiento; que Morena y sus aliados arrasarían en las elecciones y que conseguirían las mayorías calificadas en el Congreso y la mayoría de las gubernaturas y congresos de los estados. Es decir, una no hubiera imaginado nunca que el presidente conseguiría una victoria como la que consiguió el 2 de junio, sin estar en la boleta, que lograría que la gente votara por su candidata, por el Plan C y que conseguiría el 15 de septiembre firmar la reforma constitucional del Poder Judicial. Que el presidente terminara su presidencia con más poder del que empezó, no solo es anómalo, sino extraordinario y si nos lo hubieran contado, no lo hubiésemos creído.
Así de inverosímil suena, pues, que en dos semanas López Obrador vaya a desaparecer de la vida pública, para retirarse en su rancho en Palenque. Tan grande ha sido su presencia y tan determinante en la vida política del país, en las últimas décadas.
Es difícil de creer que, ahora sí, cumplirá el sueño de sus enemigos al desaparecer del panorama, pero a decir verdad, querido lector, los últimos años han pasado tantas cosas inverosímiles, que cualquier cosa es posible. Sobre todo, aquello que el político tabasqueño seguramente entrevió para sí mismo en alguna parte de ese viaje que duró casi veinte años, desde su hora más negra, cuando todos lo daban por muerto, salvo quienes extendieron su esperanza, junto con él, en lo imposible.
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