Por Laura Rojas, especial para SinEmbargo
Coatzacoalcos, Veracruz, 31 de enero (SinEmbargo/Blog Expediente).– “Julia” se enteró de una fosa con más de 30 muertos sin identificar en Tres Valles. La Policía tardó tres días en exhumar los restos humanos. Unos los jalaron con reatas y pitas; otros, de plano, los extrajeron en pedacitos.
La mujer no dudó en abordar, durante la madrugada, un camión TRV desde Alvarado a Cosamaloapan. Un viaje de tres horas acompañada siempre por el río Papaloapan. A las siete de la mañana, Julia se encontraba plantada afuera de la morgue pidiendo informes sobre su nieta, Wendy Cruz, una chica que meses atrás había salido a pasear con unas amigas y ya no regresó.
En el Semefo la mujer no obtuvo respuesta. Ni ella ni las otras personas que arribaron y prácticamente montaron campamento durante los días de la exhumación para no perder detalles. No contaban con que el gobierno de Veracruz tenía planeado esconder ese evento, pero al Procurador, Luis Ángel Bravo Contreras, se le vino el teatro abajo cuando uno de sus subordinados –en otros años su maestro de Derecho– Arturo Herrera Campillo, Subprocurador de Veracruz-puerto, confirmó la noticia a varios medios de comunicación y, además, avisaba a las personas con familiares desaparecidos en esos rumbos ir a Cosamaloapan a preguntar o marchar a Xalapa, pues allá habían sido trasladados.
La real intención del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en esos días era esconder una de las peores masacres de las que se tenga memoria en el estado de Veracruz, donde organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado graves vejaciones que el gobierno de Duarte no quiere reconocer produciéndose en medio de una disputa entre Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, sin dejar de contar las desapariciones forzadas.
Esas familias que llegaron a Cosamaloapan no creían la versión preliminar de las autoridades de que no había pasado nada, como ahora también se pone en duda el caso de Moisés Sánchez Cerezo, el periodista número 11 asesinado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
“No es mi padre, el cuerpo no corresponde”, dijo el hijo de Moisés Sánchez, Jorge Sánchez, al ser informado sobre las investigaciones, y quien ahora demanda la intervención de la PGR ante la sospecha de que la Fiscalía solo está simulando.
Y es que si al gobierno de Duarte de Ochoa no le creen, Luis Ángel Bravo Martínez ha colaborado mucho a esa situación.
Así, por ejemplo, actuaron con el caso de Karime Cruz Reyes (una menor de 5 años), secuestrada y asesinada en Coatzacoalcos en agosto de 2014. Uno de los casos más dolorosos, pues por un lado, los medios de comunicación ya habían informado sobre la casa y la calle en donde se alzaba la vivienda en la que fue encontrada sin vida, sepultada clandestinamente; y por el otro, la Procuraduría capoteaba los cuestionamientos de los padres y de los mismos periodistas ante la presencia de toda la bancada de senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para su sesión plenaria, la cual se realizaba en esas mismas fechas en territorio veracruzano.
Una semana antes del 5 de septiembre –fecha en la que la Procuraduría reconoció la noticia–, el Ejecutivo emitió un comunicado en donde “puntualizó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz, no confirma la veracidad de esta información” y alimentaba la esperanza de los padres.
“Sólo quiero saber la verdad, por favor, dígamelo”, pedía Nora Reyes Baruch, madre de la menor. Al gobierno veracruzano le importó poco ese dolor y prefirió guardar las apariencias ante los senadores invitados.
Cuando se dio la noticia, el 5 de septiembre, también se vinculó a la tía de la menor, Mónica Reyes Baruch, en amoríos con uno de los secuestradores, situación rechazada sus hijas; incluso, se presentó a un sospechoso, José Armando Salinas Linares, quien compareció ante las autoridades con una gran cicatriz en el cuello. Su defensa alegó que fue sometido a tortura para incriminarse y está amparado alegando violaciones a sus derechos humanos.
MUEREN POR TODO, MENOS POR SU LABOR
Meses antes, el gobierno del estado hizo lo mismo con el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, el periodista número diez asesinado durante el mandato de Duarte. Una semana antes del informe oficial sobre su muerte diarios locales habían deslizado la versión de que yacía en una fosa clandestina en Las Choapas y, al mismo tiempo, desde el Ejecutivo se alimentaba la esperanza de encontrarlo con vida.
“Encontraremos bien a nuestro amigo ‘El Pantera'”, decía Érik Lagos, en ese entonces Secretario de Gobierno, durante una reunión con periodistas. Lagos no sólo no encontró vivo a “Goyo”, sino que dejó tirado los demás pendientes en materia de seguridad para ir en busca de una curul en las próximas elecciones.
A “Goyo” lo mataron por “diferencias personales” con la autora intelectual del delito, Teresa de Jesús Hernández Cruz, “La Teresa”. Felipe Amadeo Flores, el Procurador estatal en ese entonces, no quiso reconocer el trabajo de “Goyo” como periodista como una posible amenaza a su vida; Luis Alberto Bravo Contreras, el actual Procurador, tampoco, y la Fiscalía a su cargo se encuentra luchando para que un tribunal federal no libere a los detenidos que están amparados (215/014, 224/014 y 262/014 del Juzgado Noveno de Distrito) alegando tortura para incriminarse.
En esa dinámica, a Regina Martínez, periodista encontrada sin vida el 28 de abril de 2012, le dieron muerte por “sus malas amistades”, ya que el gobierno acusó a dos personas que presuntamente eran sus amigos de parranda, Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, y José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”. “El Silva” es el único en manos de la justicia, aunque ya había conseguido su libertad en una ocasión.
Al reportero Noel López Olguín (Jáltipan, marzo de 2011) le dieron muerte, según la dinámica de las autoridades veracruzanas, por “pedir operativos contra la delincuencia”.
La muerte de los comunicadores Yolanda Ordaz, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Hernández y Victor Báez Chino se centran en el campo de las malas amistades y “vínculos con la delincuencia organizada”.
Y en el caso de Miguel Ángel López Velasco y su familia, entre ellos su hijo, el fotoperiodista Misael López, el panorama es peor, pues ni siquiera hay detenidos al respecto. Se acusó a Juan Carlos Carranza Saavedra como el responsable del ataque. Carranza perdió la vida meses después durante un enfrentamiento en Jalisco. A la fecha, las autoridades veracruzanas no han dicho más sobre el caso.
En este caso, como en los antes mencionados, si se trata de un periodista, las líneas de investigación rayan en lo disparatado, como la de Regina Martínez, quien presuntamente fue asesinada porque llevaba una doble vida sumida en las fiestas y el alcohol y nunca el gobierno ha reconocido entre sus hipótesis el trabajo de las víctimas.
Lo que se tiene, si se analiza, según estimaciones de la ONG Artículo 19, es un montón de casos de periodistas masacrados con detenidos cuyas imputaciones son endebles y casos peores en donde ni siquiera señalados hay, lo que ha creado un ambiente de impunidad suficiente para alentar a cualquiera a dar muerte a un comunicador.
MOISÉS SÁNCHEZ, LAS INTERROGANTES
El caso de Moisés Sánchez deja ver esos vicios que se han vuelto el sello de la fiscalía Veracruzana. Igual que a Goyo Jiménez de la Cruz le dieron muerte a unas cuantas horas del secuestro. En ambos casos tuvo que pasar más de una semana, mucha presión mediática, condenas de organizaciones en todo el mundo; en ambos casos, la ONU se mostró indignada para que la fiscalía presentara resultados. En ambos no fueron los esperados, ni los anunciados. El 10 y el periodista número 11, muertos en el actual sexenio.
A Moisés Sánchez, confirmó la fiscalía, murió horas después de haber sido llevado por los secuestradores. Uno de ellos le cortó el cuello, además lo hicieron pedazos y lo arrojaron en una bolsa negra, en una fosa clandestina; a Gregorio Jiménez de la Cruz, también lo masacraron a horas de haber sido llevado y lo decapitaron.
Al nacido en Medellín lo mataron unos delincuentes de poca monta, según la averiguación de la fiscalía, por “encargo” del alcalde panista Omar Cruz, ya que “había alborotado el panal” y le resultaba incómodo por su activismo en las calles; a Gregorio Jiménez de la Cruz le dieron muerte por asuntos personales.
El gobierno de Veracruz fue anfitrión de Enrique Peña Nieto el siete de enero en el marco de la celebración de la promulgación de la Ley Agraria, en Boca del Río –a unos cuantos kilómetros de Medellín de Bravo– y esa misma noche, ya con el Presidente en Los Pinos, surgió la versión de un cuerpo cerca de la localidad de Piedra del Indio, entre Paso del Macho y Soledad de Doblado.
Cerca de las 10:00 PM de ese día reporteros del puerto jarocho se desplegaron en la región para buscar informes, la foto, el testimonio. Lo que encontraron fue a un montón de pueblerinos espantados, pues horas antes miembros del ejército, de la Marina y autoridades ministeriales –muchos vestidos como doctor– llegaron a recoger restos humanos. Le ganaron a los periodistas.
El evento registrado en el pueblo Piedra del Indio fue desmentido horas después por el fiscal Luis Ágel Bravo. “No es Moy y no hagan chismes, estoy a unas horas de resolverlo”, sentenció.
Pero desde el mismo seno del gobierno comenzó a circular la versión de que ese cadáver correspondía a Moisés Sánchez, y las autoridades habían llegado a él por datos aportados por los primeros oficiales arraigados dentro de las averiguaciones.
La orden del Alcalde era darle un susto y se les había pasado la mano. El Alcalde daba las órdenes a los subordinados por medio de la clave “Azul 1”. La versión también abundó que el cadáver presentaba un estado lamentable, hecho pedazos y quemado en varias partes. Lo que coincide con la descripción hecha por Luis Ángel Bravo de los restos de Moisés –que la familia no acepta– fue algo “dantesco”, “por respeto no puedo decir más” respondió a la periodista Carmen Aristegui en una entrevista para defender los métodos empleados por su personal para obtener confirmaciones de identidad.
Otra interrogante dentro del caso Moisés Sánchez, y que habla del poco respeto a las víctimas del delito en Veracruz, toma relieve la tarde del 25 de enero en la rueda de prensa donde Luis Ángel Bravo Contreras no quiso responder si detrás de los hechos se encontraba algún cártel de la Droga. Ni Los Zetas ni el Cártel de Jalisco, con presencia en la zona conurbada, se mencionaron dentro de las averiguaciones aun cuando el fondo de la muerte se derivó de un intercambio de favores entre el poder y los delincuentes: estos quitarían del camino a Moisés Sánchez a cambio de vender sustancia prohibidas, “sobre todo a jóvenes”, confesó Clemente Noé Rodríguez Martínez.
En septiembre de 2011, la matanza de Plaza Las Américas se la atribuyó, en comunicados en internet, el CJNG, “para limpiar a Veracruz con los pinches Zetas” y en respuesta por el agravio en Veracruz, ese mismo mes, Los Zetas dieron muerte a otras 30 personas en Jalisco.
Finalmente, en su última declaración, el ex elemento de la Intermunicipal Veracruz Boca del Río afirmó en todo momento que “yo no sabía que el señor Moisés era periodista”, incluso ya hasta se disculpó con el gremio y la familia.
Entre los primeros datos aportados por la familia el día de la sustracción de Moisés Sánchez está que los pistoleros también revolotearon el sitio en busca de sus herramientas de trabajo, mismas que aún no han sido localizadas.
