Opinión en video
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09-05-2024 - 12:04 am
"Más que una estrategia de seguridad, Blindar BJ es una campaña publicitaria. Al desengranarla encontramos una cajita feliz".
Durante su campaña a la jefatura de gobierno de la CDMX, el candidato Santiago Taboada no ha dejado de presumir los (supuestos) logros de su administración en la alcaldía Benito Juárez en materia de seguridad pública. En particular, ha ensalzado la estrategia conocida como “Blindar BJ”. En sus palabras “un modelo que ya funcionó y que es ejemplo a nivel nacional”. Como demostraré a continuación, el candidato defiende una política que, mirada con atención, esconde poco más que humo.
Empecemos por reconocer un hecho: la alcaldía Benito Juárez tiene uno de los mejores índices de percepción de seguridad en el país. Según la última muestra de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), solo once de cada cien habitantes se sienten inseguros en esa alcaldía. En los últimos tres años este indicador ha mejorado de forma notable.
Tan irrebatible es que los habitantes de la Benito Juárez se sienten más seguros que antes, como que en los últimos tres años en todas las alcaldías de la CDMX —sin excepción— ha mejorado la percepción de seguridad y se ha reducido la incidencia delictiva de manera notable.
A diferencia de lo que sostiene Santiago Taboada, la mejora en la percepción de seguridad en la Benito Juárez poco o nada tiene que ver con la estrategia “Blindar BJ”. Lo que es peor: para esa alcaldía en particular, el aumento en la percepción favorable no ha conducido a mejoras en la incidencia delictiva. Todo lo contrario: según datos de la Fiscalía de la CDMX, la Benito Juárez continúa siendo una de las demarcaciones en la que más delitos ocurren por kilómetro cuadrado.[1] Y es, además, la tercera alcaldía con la tasa más alta de delitos de alto impacto. En este caso, la percepción no empata con la realidad.
Más que una estrategia de seguridad, “Blindar BJ” es una campaña publicitaria. Al desengranarla encontramos una cajita feliz divida en dos: la instalación de módulos de seguridad en parques y otros centros de barrio y una eficaz estrategia de patrullaje en sus cuadrantes. Poco más que eso.
En ambos casos, el objetivo es que la ciudadanía “experimente seguridad”, no reducir la criminalidad. En otras palabras, lo que busca Taboada es que la policía se vea aunque no funcione.
No es sorpresa que, a más de seis años de su implementación, no exista ningún estudio de evaluación de impacto que señale que “Blindar BJ” haya sido una estrategia eficaz para reducir la criminalidad de la alcaldía.
Cuando Taboada y su equipo presumen “Blindar BJ”, omiten señalar lo diminuto del programa. Son 217 policías que, en tres turnos distintos, patrullan las calles de una alcaldía en la que vive casi medio millón de personas. Olvida decir, además, que no se trata de policías de la alcaldía, sino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX que, por su cuenta, despliega 700 policías en forma permanente en la demarcación.
Como todo mundo sabe (y Taboada también, aunque se haga el desmemoriado) en la CDMX la policía responde a un mando único. Esto significa, entre otras cosas, que los procedimientos disciplinarios, capacitación, incentivos, sanciones, reclutamientos, ascensos y reconocimientos policiales están a cargo de la SSC, hoy dirigida por Pablo Vázquez Camacho y hasta el año pasado por Omar García Harfuch. Con la excepción de la policía de investigación de la Fiscalía, el resto de las fuerzas policiales, incluida la Policía Bancaria y la Policía Auxiliar, son parte de la SSC. En total, una corporación de más ochenta mil elementos, la más grande de América Latina.
¿Qué sí hacen las alcaldías como la Benito Juárez? ¿qué está dentro de su jurisdicción? Muy poco: firman contratos con la SSC para que un puñado de miembros de la Policía Bancaria de la SSC pasen a trabajar temporalmente en la alcaldía. Con base en eso construyen programas del tipo “Blindar BJ”. El mérito de Taboada (si acaso) es haber dictado consignas operativas (siempre preventivas) que condujeran a un patrullaje eficiente (que, por lo general, se reduce a remitir a personas en situación de calle a la Fiscalía) y a la instalación de módulos en parques donde la población experimenta una sensación de seguridad que, insisto, no se traduce en cifras.
En seguridad pública, las alcaldías son el meme del niño jugando playstation con el control desconectado. Las mejoras en la disminución de delitos son responsabilidad de los adultos en la habitación. Taboada no es uno de ellos.
[1] Los datos están disponibles aquí: https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas
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09-05-2024 - 12:03 am
"El narco y su influencia en la política es una realidad, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo reconoce; es obvio que no hay combate de parte del Estado ni existe una estrategia criminal o antimafia".
A lo largo de más de cinco años de gobierno, el crimen organizado se ha entronizado y ha ganado mucho poder territorial en el país; se disputan los recursos naturales y desde hace varios años ya son gobierno en municipios y estados, lo que ha borrado casi por completo a lo que se llamaba la clase política. Ahora lo que impera es la clase criminal. La impunidad en el gobierno de la Cuarta Transformación es de tal magnitud que unos 16 cárteles operan abiertamente y con impunidad: matan, desaparecen, imponen candidatos, cobran derecho de piso y trafican con todo tipo de drogas sin ser molestados. Así, en el gobierno de Andrés López Obrador el crimen ha vivido en un completo festín.
El crimen organizado sigue impune a lo largo y ancho del país; sin política criminal, con una militarización atroz que no actúa, los cárteles de la droga –16 en total –se mueven con abierta soltura y en medio de la impunidad del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
En Jalisco siguen las matanzas y lo mismo ocurre en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Coahuila, la Ciudad de México, por citar sólo algunas de las entidades más críticas en violencia.
Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador la violencia ha disminuido y la corrupción, según él, es cosa del pasado, pues afirma que en su gobierno ya fue erradicada. Lo cierto es que en las prisiones no hay un solo funcionario o exfuncionario preso por desvíos de recursos públicos.
En el caso del crimen organizado las cosas van de mal en peor, pues los grupos criminales no son combatidos, por el contrario, se les deja hacer todo tipo de fechorías y hasta imponen candidatos a puestos de elección popular.
LA RADIOGRAFÍA DEL CRIMEN
Al cumplirse el quinto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador el crimen organizado sigue sin ser abatido; el mandatario se adentra a su penúltimo año de gestión sin cumplir su promesa de pacificar el país, por el contrario: la violencia va en aumento a pesar de la multiplicada presencia de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país.
La falta de resultados en materia de seguridad ya encendió los focos rojos en Washington debido a la violencia y al imparable tráfico de fentanilo, la droga sintética de moda, la cual quitó la vida a más de cien mil estadunidense en el año 2022, y sigue siendo exportada desde el territorio mexicano.
De acuerdo con reportes de inteligencia consultados, el fentanilo se procesa en México y es transportado hacia Estados Unidos a través de puertos y aeropuertos, con la complicidad de autoridades. La crisis del fentanilo fue un detonador de la militarización del país, pero ni aún con la presencia de las Fuerzas Armadas –que patrullan de día y ceden la plaza de noche –se ha podido detener el flujo de esa droga. Tampoco la violencia.
La guerra entre cárteles se mantiene en entidades como Guerrero, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Baja California, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco se disputan a sangre y fuego el territorio.
Todos estos enfrentamientos han sembrado terror entre la población; cientos de familias han sido desplazadas de sus lugares de origen debido a la violencia, mientras las autoridades actúan como meras espectadoras de las masacres.
El país está en llamas. Después de cuatro años de gobierno fallido el presidente López Obrador reconoció –quizá tardíamente –que su proyecto gubernamental estaba en riesgo si no se pacificaba el país. Todo el territorio sigue sumido en la violencia y en la corrupción institucional y la posición presidencial ya raya en el cinismo: nada comenta de los muertos, de los desplazados y mucho menos del poder de los cárteles. El mandatario sólo se ocupa de la confrontación y la rijosidad permanente. En eso ocupa su ejercicio populista cotidiano: La conferencia mañanera.
De no consolidarse el proyecto de pacificar el territorio, lo más probable es que el llamado proyecto de la Cuarta Transformación termine en un rotundo fracaso. Y, peor aún, el próximo candidato de MORENA a la presidencia de la República tendrá que romper con el presidente y replantear un proyecto diferente ante el modelo fallido del actual régimen. Por ninguna vía podrá haber continuidad ante un fracaso.
La violencia, por doquier, está imparable: Michoacán, Tamaulipas y Chiapas están en llamas. Ni se diga Zacatecas y Guerrero. En la primera entidad el diálogo oficial con los representantes sociales y algunos del crimen organizado ha fallado; el Ejército ha fracasado. La población está a merced del crimen y no hay entidad gubernamental capaz de poner orden. Ni la iglesia ha podido con el flagelo.
El otro punto crítico es Chiapas, hasta no hace mucho tiempo un territorio donde imperaba una suerte de pax mafiosa , pacto entre grupos criminales y el poder político.
Y hay razones que lo explican: Chiapas es otra puerta grande de entrada de droga y precursores químicos que provienen de Centro y Sudamérica. Es la frontera más porosa. Por Chiapas entra de todo. Drogas, armas, químicos para las drogas de diseño, armas, indocumentados… Todo se mueve a través de Tabasco, el sur de Veracruz y luego sube a la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas. Por Chiapas entraron los llamados Kaibiles, desertores del Ejército Guatemalteco en los años noventa para reforzar el brazo armado del cártel de Los Zetas, el cártel militar.
En Chiapas hay crisis y por ello hay violencia. El territorio está bajo la disputa de tres cárteles: Sinaloa, Cártel de Jalisco y el cártel del Golfo. La violencia entre grupos terminales terminó con la vida del activista maya Simón Pedro Pérez López.
Surgió en este escenario de violencia el cártel de “Los Ciriles”, vinculado al cártel de Jalisco, con presencia en las comunidades de Pantehló, Chiapas.
La guerra subió de intensidad, pues fue asesinado, en Tuxtla Gutiérrez un operador identificado con el capo Ismael “El Mayo” Zambada –Ramón Gilberto Rivera, “El Juniors” –quien es hijo de un personaje apodado “El Tío Gil”, quien responde al nombre de Gilberto Rivera Amarillas, padre de la víctima. Este personaje del hampa fue aprehendido en 2016 en el aeropuerto “La Aurora”, de Guatemala, en 2016, cuando pretendía volar hacia México.
La batalla en Chiapas está detonada por diversas causas, a saber: su ubicación geográfica estratégica. Es una ruta de entrada de drogas, armas y personas que, en su mayoría, sin explotadas en el negocio de la trata.
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el estado está bajo disputa. La guerra por el territorio lo encabezan los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Golfo. El cártel que más extensión territorial domina es Sinaloa, le sigue el de Jalisco y Golfo tiene bajo su dominio una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la zona sur de Veracruz, una de las más violentas de esa región y cuya inestabilidad no ha podido ser detenida.
En Chiapas también operan Los Zetas. Dominan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Todo el escenario de violencia –no antes visto en la entidad, pues como se dijo había una pax mafiosa –se descompuso después de las elecciones del 6 de junio, cuando se detonó el reacomodo criminal en los territorios.
Esto abrió la puerta al cártel de Sinaloa, que ahora domina grandes extensiones del territorio: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca. La violencia en Chiapas provocó que unas dos mil personas se hayan desplazado de Pantelhó, Chiapas.
El desplazamiento humano en Chiapas, sobre todo en la zona conflictiva, ha sido documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sus representantes aseguran que en la zona tomada por el crimen hay ancianos y adultos mayores atenazados por el miedo y la vida de quienes denuncian los hechos –aseguran –está en completo riesgo.
EL CRIMEN GOBIERNA
Lejos de ser combatido, el crimen organizado en el país se posiciona con mayor fuerza, pues el régimen de Andrés Manuel López Obrador carece de una política antimafia, lo que ha recrudecido la violencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Ahora que López Obrador cumple cinco años en el poder, esta situación se recrudece tanto como la violencia. Y esto ha causado preocupación en Estados Unidos, tanto por la violencia recrudecida en Tamaulipas, sobre todo en el municipio de Reynosa, de donde es oriundo el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca –rescatado y nombrado asesor de seguridad de la alianza Va por México – quien aún es investigado en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado.
El narco y su influencia en la política es una realidad, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo reconoce; es obvio que no hay combate de parte del Estado ni existe una estrategia criminal o antimafia.
La penetración del crimen organizado en el país es muy grave. Desde el año 2010, el área de estudios municipales del Senado de la República alertó sobre la fuerte presencia de presuntos delincuentes que, desde diversos partidos, eran lanzados como candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales, entre otros cargos de elección popular.
Aquel estudio sostenía que más del 80 por ciento de los municipios del país eran gobernados, desde entonces, por personajes relacionados directa o indirectamente con alguna modalidad criminal: narcotráfico, secuestro, extorsiones, tráfico humano, por citar sólo algunas.
En los últimos diez años, la radiografía del crimen es realmente perturbadora.
Ahí siguen, intocables, los hijos de Joaquín Guzmán Loera –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán –quienes ahora encabezan el cártel de Sinaloa, el más poderoso de los grupos criminales en América Latina.
Impune y sin mayores conflictos sigue operando Ismael “El Mayo” Zambada, a quien la DEA considera el mayor capo de México, quien ahora opera en sociedad con Rafael Caro Quintero en norte del país.
Y de igual forma, Nemesio Oseguera Cervantes continúa expandiendo al cártel de Jalisco Nueva Generación, el más beligerante de los cárteles.
Actualmente la guerra entre los cárteles se centra en Tamaulipas, Baja California y la región de El Bajío. Ahí, los enfrentamientos se presentan entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. En esta narcoguerra también se suma el cártel Santa Rosa de Lima, fundado por José Antonio Yépez, conocido como “El Marro”, quien construyó un verdadero imperio mediante el robo de combustibles –El Huachicol –, los secuestros y las extorsiones mientras estuvo en libertad.
De acuerdo con autoridades estadunidenses, que le han seguido la pista desde hace varios años, “El Mayo” Zambada suele financiar a organizaciones criminales para enfrentarlas con sus enemigos. El dato que se ha confirmado, por ejemplo, es que Zambada financió con dinero y armamento a Los Matazetas, que originalmente pertenecían al cártel de Sinaloa, pero luego se enfrentaron al CJNG.
Los estados con mayor violencia son Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Guerrero. En este último estado operan varios cárteles que se disputan la llamada ruta del pacífico.
No es todo: En los últimos diez años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes –y su estructura también presenta modificaciones: ahora los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.
Después de la guerra fallida implementada por Felipe Calderón y la corrupción desastrosa que prohijó el gobierno de Enrique Peña Nieto, el crimen lejos de ser combatido se extendió a lo largo y ancho del país e incluso se internacionalizó: muchos cárteles ahora operan en Argentina, Uruguay, Brasil , Chile, Costa Rica y Guatemala.
E incluso cuentan con amplios ramajes en Europa, particularmente en España, Italia y Reino Unido, desde donde operan el tráfico de drogas hacia los mercados de Asia y África, por citar sólo esos continentes.
Un ejemplo de la expansión y de que la guerra contra el narcotráfico no ha dado resultados es la expansión del cártel de Sinaloa, el grupo criminal más boyante del mundo, de acuerdo con la DEA.
Tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera –sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos –, dicha organización criminal se dividió en cuatro frentes y cambió sus operaciones: ahora es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país.
De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las
alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, entre otros grupos criminales poderosos.
Del año 2000 a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país: un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados buena parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos.
De acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República (PGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por catorce cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más contaminadas del país –y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.
Esos mismos informes establecen, además, que el estado de Tamaulipas –donde dos exgobernadores (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) están presos por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos –es la entidad con mayor número de grupos criminales asociados.
Y enseguida se enumeran algunos de los más peligrosos que operan en esa entidad: Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos — Los Zetas y al Cártel del Golfo –cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más sangrientos.
Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –dos de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza, poder, impunidad y ligas con el narcotráfico– el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan a Estados Unidos con el apoyo de la policía del estado.
En Tamaulipas este escenario de total control criminal minimizó la figura del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio.
Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra –la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.
Los informes oficiales señalan también que después de Tamaulipas en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe del Cisen titulado Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero, elaborado en 2011, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales y cuyas cabezas son personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.
En sus partes medulares, el informe sostiene que la crisis se inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.
Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, los que convirtieron al estado de Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad.
El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese estado: sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control territorial –uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico –al enfrentarse a los hombres del cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados.
La Guardia Nacional (GN) quedó hace unos días formalmente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional; con ello, el país alcanzó la máxima militarización de la historia, la cual comenzó en el gobierno de Carlos Salinas cuando algunos militares comenzaron a realizar tareas de seguridad como coadyuvantes de las Fuerzas Civiles.
El Ejército tomó mayor control de la seguridad con Ernesto Zedillo: en ese sexenio altos mandos militares y GAFES pasaron a la Procuraduría General de la República para apoyar la lucha contra el narcotráfico, la cual resultó un fracaso porque muchos soldados desertaron del Ejército para pasarse del lado del crimen. Así surgió el grupo paramilitar Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo a a finales de la década de los noventa del siglo pasado.
Con el paso de los sexenios, los militares comenzaron a tomar mayor poder y control; con Felipe Calderón se le declaró la guerra al crimen organizado, guerra que por cierto resultó fallida por sus nulos resultados.
López Obrador consolida el proyecto de militarización en el país y ahora las Fuerzas Armadas son las que tienen todo el control, por encima de las policías. Sin embargo, la crisis de inseguridad prevalece lo mismo que la violencia, secuestros, balaceras y masacres debido a las luchas entre bandas dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades.
El narco se ha mantenido en constante transformación pese a la caída de muchos capos emblemáticos. Tras la muerte de Arturo Beltrán, en 2009, durante un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como Los Pelones continuaron al servicio de Héctor Beltrán, El H, quien se enfrentó a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –detenido en México debido a un percance de tránsito — quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar 192 millones de dólares.
Pero cuando los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero sobrevino una avalancha de células criminales. Surgieron Los Rojos y el Cártel de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del cártel de Los Beltrán, quienes están confrontados con La Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.
La caída y extradición de La Barbie no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el grupo Cida, uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, El Melón, Benjamín Flores Reyes, llamado El Padrino (capturado por agentes en 2010) y Moisés Montero, El Coreano, quien fue identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.
El segundo grupo se le conoce como La Barredora y lo encabezan Cristán Tarín, El Cris y Eder Yair Sosa, El Cremas. Estas dos células, de acuerdo con el informe oficial, se aliaron al cártel de Sinaloa.
Dicha alianza tiene razones de peso: El Cris, según los reportes policiacos, es hijo de Arturo González Hernández, El Chaky, quien fuera lugarteniente de Amado y Vicente Carrillo Fuentes en la Comarca Lagunera, que abarca los estados de Coahuila y Durango, respectivamente, una zona con una alta incidencia delictiva.
De acuerdo con su ficha criminal, González Hernández operó por varios años en la Comarca Lagunera, siempre al servicio de Vicente Carrillo; luego fue detenido y recientemente fue puesto en libertad. Actualmente opera en la zona conurbada Torreón, Coahuila-Gómez Palacio, Durango, considerado un territorio de muerte.
El diagnóstico del Cisen señala que en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera el cártel de la Sierra y lo encabezan José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico.
Y en la ciudad de Chilapa, de acuerdo con el informe referido, opera Zenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del hampa como El Chaparro, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuye la ola de ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos cinco años.
No es todo: En el municipio de Quechualtenango están afincados Los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega –su hijo –quien fue diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Después de la guerra fallida de Felipe Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cárteles mexicanos se han fortalecido y hasta han tenido tiempo de reorganizarse.
A pesar de que el presidente López Obrador aceleró la puesta en marcha de los programas sociales –él asegura que se deben atacar las causas y no actuar con represión para combatir al crimen organizado –y echó a andar a la Guardia Nacional –el crimen organizado sigue en ascenso, generando violencia e inestabilidad.
Es el caso del cártel de Sinaloa: tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el cártel entró en una disputa interna, al parecer ya zanjada. Y ahora ese grupo criminal se dividió en cuatro frentes: Los hijos de El Chapo –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán — encabezan un bloque; otro lo opera Aureliano Guzmán, hermano de Guzmán Loera, quien se enfrentó con sus sobrinos por el liderazgo de la organización hasta que tomó su parte.
De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, dado a conocer por la DEA, Rafael Caro Quintero estuvo al frente de otra pieza del cártel de Sinaloa mientras mantuvo su libertad. Y una cuarta posición –para muchos la más importante –es la que mantiene Ismael El Mayo Zambada, quien se ha sostenido más de cinco décadas en el negocio del narcotráfico sin ser detenido ni molestado.
Empleado de una mueblería en Culiacán antes de engancharse en el narco, Zambada es tan viejo en el negocio del narcotráfico como Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, el mejor negociador que ha tenido el crimen organizado. Se asegura que Esparragoza murió hace tres años, presuntamente debido a un infarto, pero las autoridades federales nunca confirmaron su muerte. Hábil en el arte de la mentira, El Azul pasó a formar parte del misterio, igual que Amado Carrillo, pues de ambos se afirma que no están muertos:
Del primero se ha dicho que se autodesapareció, mientras que de El Señor de los Cielos se dice que opera en Rusia y que su muerte pudo ser parte de un acuerdo con el gobierno federal. Lo que sí fue un hecho es que antes de morir –presuntamente –Carrillo Fuentes entabló negociaciones con el gobierno federal.
De acuerdo con los informes oficiales, el cártel que más creció durante los dos últimos sexenios fue el de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera. Actualmente tiene presencia en doce entidades federativas y su principal feudo es Jalisco.
La lista que organizaciones que se mantienen de pie y que sobrevivieron a la guerra de Felipe Calderón es larga; muchos de estos grupos han sobrevivido mediante la alianza y han extendido sus redes hacia Centro y Sudamérica. Es el caso del cártel de Tijuana, actualmente encabezado por Enedina Arellano Félix, La Jefa, quien controla toda la estructura financiera del cártel.
En 2014 se pensaba que Fernando Sánchez Arellano –hijo de Enedina –sería el heredero del narcoimperio construido por sus tíos Ramón y Benjamín Arellano, pero ese año fue detenido mientras veía un partido de fútbol entre México y Brasil.
Tras el vacío que dejó su captura, el cártel de Jalisco irrumpió con fuerza en Baja California. Lo hizo colocando narcomantas mediante las cuales anunció su aparición y también por medio de la violencia.
Sin embargo, para la DEA la jefa del cártel de Tijuana es Enedina Arellano, impune hasta la fecha. En el año 2002 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser incluida en la lista de líderes de organizaciones criminales y prohibir hacer negocios con ella. Por ello, sus cuentas fueron congeladas y varias empresas suspendieron sus actividades, al menos por un tiempo.
En julio de 2015, la revista Time se ocupó de su perfil. Al describir su forma de ser, la prestigiada publicación indicó que “es menos asidua a las fiestas, sin conducta de asesino sádico (a diferencia) de sus hermanos” y en ella se destaca “un perfil de negocios que pudiera ser la clave de su éxito”.
El texto de Time refiere una cita de Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien al referirse a Enedina Arellano dijo que ayudó a reducir la violencia al traer de vuelta el esquema tradicional de traficar drogas de México hacia Estados Unidos.
Explicó: “Ella no está interesada en provocar guerras, como sus hermanos lo hicieron en sus tiempos. (Ella) realiza alianzas y genera dinero. Su belleza quizá la ayudó a realizar pactos con poderosos narcotraficantes, como Joaquín El Chapo Guzmán”.
Tras su arribo al poder 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador encontró un escenario nacional plagado de criminalidad y violencia generada por quince cárteles bien cimentados en todo el territorio.
De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los cárteles del “Golfo” y “Zetas”; “Tijuana”, “Juárez”, “Sinaloa”, “Cártel de Jalisco Nueva Generación”, Cártel de “Los Rojos”, “Guerreros Unidos”, “Los Ardillos” y “El Cártel de la Sierra”; organización “Beltrán Leyva”, familia “Díaz Parada” (traficantes de marihuana en Oaxaca), Los hermanos “Valencia”, “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios”.
De todas estas organizaciones derivan decenas de ramificaciones que, por separado, controlan amplias extensiones de territorios y han establecido alianzas –políticas y criminales –con autoridades municipales y estatales para mantenerse impunes y en constante expansión.
Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las autoridades estadunidenses las describen como “más violentas y sanguinarias”, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos que ocurren por todas partes.
Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.
En suma, el narco mexicano ya es internacional y por ello difícil de erradicar. De ahí que a López Obrador parece no quedarle otra salida más que la negociación con el crimen organizado, pues el Estado mexicano carece de estrategia y no tiene instrumentos de combate.
De hecho, el gobierno de López Obrador ya empezó a negociar con el crimen organizado y grupos armados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con una declaración que la semana pasada hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, el presidente López Obrador desmintió a Sánchez Cordero y dijo que su gobierno no negocie ni pacta con criminales.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la tranquilidad del país”, dijo el presidente.
Sin embargo, el territorio sigue violentado por el crimen organizado, pues López Obrador no quiere usar la represión como vía para enfrentar a los cárteles: su política se basa, dice, en atender las causas que originan la criminalidad, pero pese a la puesta en marcha de los programas sociales –una medida que según el frenará la violencia –el país sigue incendiado por la violencia criminal.
A pesar de que el presidente afirma que los delitos de alto impacto van a la baja, el crimen organizado sigue causando estragos en el país. Son los amos y señores del territorio.
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09-05-2024 - 12:02 am
"Durante lo que va del siglo, sin embargo, el progreso político hacia sociedades cada vez más colaborativas, con Estados de bienestar sólidos y que buscan la solución de los conflictos con base en el conocimiento ha sufrido un frenón severo".
Desde que la política dejó de ser una cuestión aristocrática –que giraba en torno a intrigas palaciegas, ambiciones mezquinas y revanchas familiares– e involucró a grupos cada vez más amplios de la sociedad, hasta convertirse en una cuestión masiva, el rencor ha sido un combustible muy útil para ganar adeptos, despertar iras populares y justificar la aniquilación de los adversarios.
Acabo de leer un libro sobre el siglo revolucionario en Inglaterra, The Blazing World, de Jonathan Healey, quien narra desde una óptica desapasionada, de manera amena, el turbulento periodo que va de 1603, cuando llega al trono inglés Jacobo I, el primer rey de la dinastía Estuardo, hasta 1689, cuando la llamada Revolución Gloriosa acaba destronando a su nieto, Jacobo II. Durante esos 86 años se vivió en Europa la primera gran transformación revolucionaria, que costó varias guerras civiles, la decapitación de un monarca, Carlos I, y múltiples estallidos donde el rencor sirvió para alentar los intereses de los políticos, ya fuera con motivaciones religiosas o de revancha contra los agravios acumulados por los desfavorecidos contra quienes habían concentrado riqueza y poder por siglos por herencia familiar.
Al final, sin embargo, lo que acabó lográndose en Inglaterra, lo que le permitió impulsar el crecimiento económico, convertirse en una gran potencia y, finalmente, dos siglos y medio más tarde, convertirse en una democracia con un sólido estado de bienestar, fue un pacto moderado, que sintetizó en un cambio gradual los grandes saltos fallidos del período revolucionario.
El rencor acumulado fue la energía utilizada por el pretendido incorruptible Maximiliano Robespierre en Francia para llevar a todos sus adversarios a la guillotina, hasta que fue él quien acabó decapitado para frenar su demencia destructora. Vino entonces, como en Inglaterra, un intento de pacto moderado, pero la ambición personal del caudillo militar acabó sumiendo a Europa en un período de guerra extraordinariamente mortífero.
En todas las sociedades, en todos los tiempos, han existido razones para que unos grupos sientan resentimiento arraigado y tenaz contra otros. De ahí que sea frecuente que la política se haga motivada por el rencor. El siglo XX vivió las mayores catástrofes de la historia humana como resultado de la exacerbación de los rencores latentes – ya fueran de carácter nacionalista, racial o de clase- desde la política. A la matanza demencial del enfrentamiento entre naciones durante la Primera Guerra Mundial se enlazó el estallido revolucionario en Rusia, encabezado por un demagogo con ínfulas intelectuales que fundó un régimen totalitario, perfeccionado por su paranoico sucesor, un criminal que, sin embargo, construyó en torno suyo un culto de veneración, cuyos rescoldos son ahora utilizados por el hombrecillo ensoberbecido que ha instaurado una nueva dictadura en su país.
El rencor irracional contra los judíos le sirvió al farsante Hitler para encumbrase y su locura lo llevó a desatar la mayor tragedia de la historia humana hasta ahora, aunque siempre es posible superarla, por la insensatez de la especie.
La ilustración y el desarrollo del pensamiento político durante los dos pasados siglos creo la percepción de que era posible el desarrollo de instituciones que propiciaran el avance de una política racional, en la que la deliberación y la alternancia en el poder impulsaran la mejora progresiva de la convivencia, la reducción de la violencia y de la brecha de desigualdad. Una política que se nutriera del conocimiento científico y del avance tecnológico, que buscara solucionar los problemas sociales con inteligencia, aunque desde distintas perspectivas ideológicas, ya fueran conservadoras, liberales o socialistas, y en representación de intereses siempre contradictorios.
Nunca dejaron de existir, a derecha e izquierda, los partidos que usan el rencor como combustible, pero parecían ganar terreno gradualmente las opciones que entendía que de lo que se trataba era de generar mejores condiciones de convivencia, no de aplastar al de enfrente. Los ultras de derecha y los revolucionarios de izquierda parecían ir menguando en la medida en la que se consolidaban las democracias, aunque en la mayoría de los países del mundo se sostuvieran regímenes autocráticos.
Un problema no menor es que mientras que los Estados controlados por dictaduras claramente reaccionarias de derecha eran objeto de la condena casi unánime de las sociedades democráticas, los regímenes de izquierda sostenidos en el rencor o en una pretendida dignidad popular, aunque sus resultados fueran desastrosos, como ocurre con Cuba, concitaban y concitan aún simpatías entre quienes se identifican con las causas de la justicia social.
Durante lo que va del siglo, sin embargo, el progreso político hacia sociedades cada vez más colaborativas, con Estados de bienestar sólidos y que buscan la solución de los conflictos con base en el conocimiento ha sufrido un frenón severo. Tanto en las democracias incipientes, como en las consolidadas, los políticos que alimentan el rencor han ido ganando terreno. No se trata de un asunto ideológico. Unos pueden pretenderse justicieros que llegan al poder para vengar los agravios ancestrales, otros supremacistas que quieren frenar la amenaza que representan quienes ellos ven como alienígenas o que no merecen el mismo lugar que ellos ostentan en sus sociedades; otros más se presentan como defensores de la fe verdadera frente a los infieles.
El hecho es que ahí están, ganando elecciones, ya sea un racista patético como Trump, un fanático nacionalista como Modi o un vociferante vendedor de odio, como López Obrador. Lo increíble es que no importa nada que sus resultados sean nulos o negativos, ellos ganan elecciones. La idea schmittiana de que lo relevante en la política es la lógica amigo–enemigo parece imponerse de nuevo, a pesar de haber sido la justificación racional de la catástrofe.
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09-05-2024 - 12:01 am
"María Amparo Casar, es un ejemplo paradigmático de cómo funcionaba la corrupción en las altas esferas gubernamentales en sus dos vías: la intelectual y la gubernamental, fundidas en una".
Pues sí, querido lector. Así se las gastaban en el gobierno los sexenios pasados. No es que no lo supiéramos. Ahí, en el espacio oscuro de las oficinas públicas se desviaban los recursos públicos, funcionarios premiaban a sus amigos y cercanos, les hacían “favores” de todo tipo, después de hacérselos a ellos mismos.
Los sexenios de la transición democrática se distinguieron por la creación de instituciones y contrapesos, y también por el robo y el abuso de funcionarios en contubernio con la élite empresarial e intelectual cercana a ellos, tal cual sucedía en la dictadura perfecta. No sucedía en una secretaría solamente, sino en todas. La corrupción era un síntoma extendido y tolerado. Cometida en lo oscuro, les permitió a muchos miembros de mafias o clanes intelectuales allegados al poder vivir con prestaciones indebidas. Sus privilegios no se circunscribían a meros actos corruptos, muchos de los privilegios y dispendios se otorgaban de manera legal, incluso. Múltiples contratos millonarios para unos cuantos, favoritismos, instituciones corrompidas, prebendas establecidas como normales, sueldos desmesurados, crearon una clase que vivía (y algunos todavía viven) a costa de los impuestos de todos. El gobierno lopezobradorista no desarticuló todas esas estructuras, ni cortó todas las fuentes de subvención indebidas o inmorales, hay que decirlo. Pudo hacerlo, pero no lo hizo y en algunos casos solo agudizó la cultura patrimonialista y los privilegios. Yo todavía me pregunto por qué no cambió de raíz instituciones que provienen del priismo arcaico, que otorgan pensiones vitalicias, pagadas con recursos públicos como el Colegio Nacional. Una vergüenza que este gobierno no haya modernizado esa institución, eliminado esas pensiones, convertido en honorario el ingreso de sus miembros; que haya permitido que una institución que reparte dinero público de manera totalmente discrecional, sin rendir cuenta alguna, proveniente del México autoritario, continuara impune.
Y es que en la época de la “transición democrática”, que tanto aplaudían y celebraban, la vieja cultura priista del robo al erario continuó tan viva como antes del año 2000. El escándalo reciente del acto de corrupción que benefició durante veinte años a la analista política y exfuncionaria foxista, María Amparo Casar, es un ejemplo paradigmático de cómo funcionaba la corrupción en las altas esferas gubernamentales en sus dos vías: la intelectual y la gubernamental, fundidas en una. Porque Casar era funcionaria pública cuando Pemex le pagó un jugosísimo seguro de vida que Pemex le contrató para su fallecido esposo, por diecisiete millones de pesos, y una pensión vitalicia por ciento veinte mil pesos mensuales, de manera indebida. Sin tener derecho a ellos, y gracias al influyentismo, María Amparo Casar cobró esas cantidades después de que Pemex tratara como “accidente laboral” el suicidio de su esposo, en la Torre de Pemex. Una pensión, por cierto, muy onerosa por un trabajador que solo laboró cuatro meses en la institución, pero era un alto funcionario, como la propia Casar, en la administración de Vicente Fox. El suicidio fue dictaminado oficialmente y el dictamen enviado a sus familiares, según ha declarado recientemente el ex procurador de la Ciudad de México en ese entonces, Bernardo Batiz. No hay ninguna controversia al respecto, al menos desde el punto de vista legal. Sencillamente, funcionarios de la paraestatal apresuraron los trámites, cambiaron la causa de muerte para que procediera el robo, tanto a la aseguradora (que Pemex contrató y pagaba) como a la propia Pemex, que ha pagado la pensión vitalicia de la analista. Veinte años, querido lector, María Amparo Casar recibió recursos públicos producto de la corrupción, con total impunidad. En el colmo del cinismo, y una vez que Pemex le retiró la pensión hace unos meses, ha tenido el descaro de pelear judicialmente para que los mexicanos la sigan manteniendo. No hay, por supuesto, otra palabra para esto que no sea: sin vergüenza.
Pero no me extraña, porque mientras fungía como analista política, en los sexenios pasados, se dedicó a legitimar al gobierno. No sé si usted lo recuerda, pero María Amparo Casar sistemáticamente atacaba y descalificaba a las luchas populares, como la de Atenco, y a la izquierda lopezobradorista, digamos, era una propagandista oficiosa del régimen panista. Ahora sabemos que, además, era una propagandista pagada, que vivía gracias a la corrupción de esos mismos funcionarios y gobiernos que defendía con la jerga de la institucionalidad democrática, como una mera simulación hipócrita pues tenía un interés muy específico y personal en que los mismos continuaran en el poder en las elecciones del 2006, por ejemplo.
Fue después de la llegada de la izquierda al poder que se convirtió en furiosa crítica del gobierno, y directora de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que ha servido como ariete contra el gobierno lopezobradorista. Una corrupta impune liderando una asociación contra la corrupción y la impunidad, es no solo escandaloso, sino bochornoso, querido lector. Claro, ahora se presenta como víctima de una persecución del poder que la denunció públicamente, sin cuidar sus datos personales, para intentar desviar la atención del acto de corrupción que la benefició durante veinte años.
El caso es, a todas luces, una bomba en el corazón de la clase intelectual y empresarial de la oposición. Una bomba nuclear, para ser precisa, porque deslegitima a Casar como analista e irremediablemente a la organización que dirige y que ha sido usada como arma política electoral contra el gobierno, a través de sus investigaciones contra el gobierno, el presidente y sus hijos. Ante esta catástrofe, la clase intelectual opositora o mejor dicho, “la mafia del poder” y sus aliados, igualmente beneficiada por gobiernos anteriores, ha tenido que cerrar filas en torno a la analista como en una auténtica omertá, con la esperanza de que los abajo firmantes puedan pesar algo en la indignación de la opinión pública.
Muy mala e insensata apuesta, querido lector. Lo único que han logrado es exhibirse como parte del entramado de la corrupción de los gobiernos anteriores, exhibir ante todo México su pasmosa deshonestidad intelectual con nombres y apellidos: legitimadores del desfalco público si éste es cometido por alguno de ellos, hipócritas defensores de la legalidad. Lo cual evidencia, de manera inevitable, la verdadera naturaleza de ese grupo político, que no busca otra cosa que beneficios indebidos con dinero del erario.
La defensa a ultranza de los actos de corrupción del caso de María Amparo Casar, por parte del grupo opositor, además le ha dado al presidente López Obrador y a Morena una ganancia extra y quizá más importante: la comprobación, en la tribuna pública, a menos de un mes de la elección presidencial, de que en la oposición están los corruptos de siempre, no en sus filas y que, en efecto, es inmoral que haya habido “gobierno rico con pueblo pobre”. Más catastrófico, imposible.
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08-05-2024 - 12:05 am
Porque eso es lo que está de fondo en ese plazo de casi mil años. La avidez, la voracidad y la codicia. Porque, ¿de qué otra forma podría llamarse a cobrar durante 20 años una pensión de cientos de miles de pesos mensuales sin tener derecho a ella?
Durante el sexenio de Vicente Fox fue todo un tema ser viuda. Josefina Vázquez Mota, entonces la Secretaria de Desarrollo Social, había escrito en 1999 su obra cumbre, Dios mío, házme viuda, por favor. Manual de auto-ayuda, el ensayo de Vázquez Mota contiene esta joya de sabiduría al final: “Yo quiero ser una vividora de la vida. Yo quiero dejar de sobrevivir y atreverme a supervivir. Yo quiero construir mil estrellas en el infinito y tener el valor de ir a alcanzarlas”. Lo de la vividora y la supervivencia, en el sentido que la usa Josefina Vázquez Mota, como vivir por encima de los demás, se haría realidad en la historia de Amparo Casar en ese mismo sexenio de La Pareja Presidencial. La jefa de asesores del entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel, enviudó de pronto un 7 de octubre de 2004. Su esposo, jefe de asesores en la administración de Petróleos Mexicanos se aventó de piso 12 de la Torre A de Pemex. Hoy Amparo Casar dirige Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Lo que vino después está relatado en el expediente que el viernes de la semana pasada se dio a conocer a la opinión pública como parte de un informe del director de Pemex sobre la recuperación de la empresa estatal. El expediente que leemos es de la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa que, a su vez, responde una solicitud de información del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de Pemex del 20 de marzo de 2024. Es decir, es la propia empresa estatal la que pide la información internamente para saber por qué si el alto directivo de Pemex se suicidó, su viuda lleva veinte años cobrando una pensión millonaria que nos ha costado a los contribuyentes 31 millones de pesos, más un seguro por otros 17 millones. Estos millones, son más millones que en 2004: son 73 millones a precios actuales. La solicitud sigue un procedimiento de responsabilidad administrativa porque si esa pensión no la merecía doña Amparo, la gente dentro y fuera de Pemex que decidió que sí y la pagó, a pesar del dictamen de suicidio, entró en un acto de corrupción para defraudar al Estado mexicano.
Marco Murillo Soberanis, (QEPD) entonces gerente corporativo, y Octavio Aguilar Valenzuela, director corporativo de administración, y hermano del vocero de Fox, Rubén Aguilar, recordado hasta hoy por su frase: “Lo que realmente quiso decir el Presidente”, los dos autorizaron este fraude. Murillo Soberanis lo clasificó como confidencial de acuerdo a la fracción III del Artículo 18 de la Ley de Transparencia de ese entonces. Mi querido amigo, el abogado Federico Anaya, me hizo notar un error aquí: no existe la fracción III de ese artículo 18 vigente en 2004 de la Ley del 2002. Es decir, la orden de que el asunto quedara en la confidencia de las complicidades fue hecho a toda prisa. Tanto así que citan una fracción que no existe. Federico Anaya también me señaló la página 203 del expediente en que se establece qué día Pemex ordenaba dejarle de pagar esa pensión a Amparo Casar: 31 de diciembre de 2999, es decir, cuando doña Amparo cumpliera mil 044 años de edad. En el año nuevo para entrar al Tercer Milenio, habrían pasado unas 35 generaciones de hijos, nietos, bisnietos, trasbisnietos, rebisanietos, trasanietos, tresanietos, trinietos, trastataranietos, cuadrinietos, tetranietos, choznos, pentanietos, bischoznos, hexanietos, hermanitos, octanietos, eneanietos, nonanietos, decanietos, choznoznos. En el Año Nuevo del Tercer Milenio, a lo mejor ni siquiera Pemex iba a existir, pero ahí estaría, todavía la pensión para doña Amparo y sus descendientes. No puedo sino especular qué tipo de relación insaciable tienen los altos funcionarios con sus pensiones y seguros de vida que hacen al Estado endeudarse durante 995 años y pagar 120 mil millones de pesos a 35 generaciones de deudos. Porque eso es lo que está de fondo en ese plazo de casi mil años. La avidez, la voracidad y la codicia. Porque, ¿de qué otra forma podría llamarse a cobrar durante 20 años una pensión de cientos de miles de pesos mensuales sin tener derecho a ella?
La escena del suicidio es, en sí misma interesante como historia mínima de la corrupción. La cuenta Ana Lilia Pérez en su libro Camisas Azules, manos negras (2010). En varios capítulos la periodista reportea el caso de la empresa Oceanografía, beneficiaria del cabildeo de los hermanos Bribiesca Sahagún dentro del Gabinete de Fox. Los hijos de Martha Sahagún se llevaban contratos millonarios de Pemex para una empresa naciente en el rubro del transporte marítimo de petróleo y grúas para plataformas marinas. Los contratos se conseguían con llamadas por teléfono de la mismísima Pareja Presidencial o de otro personero, Eduardo Rosas Monroy, quien, después de ser gerente de la editorial española Santillana, había ido a parar en el Gobierno de Fox como secretario particular de Raúl Muñoz Leos, director de Pemex. Hay que recordar que, desde Salinas de Gortari, esa editorial se llevaba la impresión de las decenas de millones de Libros de Texto Gratuito. La presión de los Sahagún era tal, que el Gabinete se había dividido entre los que apoyaban a Oceanografía y los que no, entre ellos, Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda.
Relata Ana Lilia Pérez: “Por esos días la subsidiaria debía adjudicar un contrato por 154 millones de dólares para la contratación de un barco grúa que daría servicio a las plataformas petroleras en la sonda de Campeche. En la licitación participaban siete empresas, entre ellas Oceanografía, propiedad de Amado Yánez Osuna, y Servicios Marítimos de Campeche, del empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú. Sólo que la propuesta de la primera no resultaba competitiva desde el punto de vista técnico y económico y, no obstante que no cumplía los requisitos suficientes, se mantenía con vida en el proceso merced a las presiones que ejercía el director general del corporativo:
—Durante más de tres meses Raúl me ha dicho que por orden de la señora Marta el contrato se le debe entregar a esa naviera —agregó el funcionario.
—¿Se lo dice él personalmente?
—Me llama por teléfono hasta tres veces al día para pedírmelo.
—¿Y usted va a ceder?
—Estamos checándolo con el Órgano Interno de Control, pero nos traen presionados. Pasado mañana se debe discutir el resultado de la licitación y Raúl dice que hay que dárselo a Oceanografía, que la misma presión que tengo yo la tiene él.
Además de no cumplir con las especificaciones técnicas, Oceanografía cotizaba un precio superior en 6% al del resto de las navieras que participaron en la licitación. No obstante, por órdenes de Marta Sahagún, le otorgarían el contrato por 168 millones de dólares, 14 millones más de lo que tenía presupuestado la subsidiaria”.
Ana Lilia reproduce ese intercambio de la mañana del 7 de octubre de 2004. Hacia el mediodía se comunica con ella Jorge Javier Ramos Negrete, el contralor de Pemex y se da entre los dos esta conversación por teléfono:
“—Las cosas están muy tensas —susurró en el teléfono.
—¿Por lo del contrato?
—Por eso y porque hace menos de una hora se suicidó aquí un funcionario —agregó el contador público oriundo de Chihuahua y amigo personal de Francisco Barrio.
—¿En la torre ejecutiva?
—Exacto.
—¿Quién era?
—Carlos Márquez. Trabajaba con Octavio Aguilar y se aventó del piso 44. A todos nos tienen encerrados. —¿Estaba solo?
—Ayer hubo reunión de consejo, se discutieron varios contratos. Tenía muchas presiones. La ventana de su oficina da a la calle. Dicen que se aventó, sólo se aventó”.
Ese era el marido de Amparo Casar, Carlos Márquez Padilla, a la que había conocido en el primer CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, cuando Trinidad Martínez Tarragó se llevó a los egresados de la Universidad Anáhuac para fundar la institución. Casar fue la única de ese grupo que sobrevivió la llegada Carlos Bazdresch Parada, impuesto en el CIDE como emisario de Ernesto Zedillo, cuando era Secretario de Educación Pública de Salinas de Gortari. Fue cuando el CIDE se convirtió en un centro de divulgación del neoliberalismo.
Pero nos quedamos en que se avienta al vacío en el contexto de la peor corrupción de Pemex en el foxismo. En las siguientes horas llegan a la torre de Pemex el hermano del muerto, Fernando Márquez Padilla García, y sus cuñados Juan Rebolledo Gout y José Ignacio Casar Pérez, hermano de María Amparo Casar. Al día siguiente, el 8 de octubre de 2004, ya el perito de la Procuraduría del DF da indicios de que se trató de un suicidio, pero no dará su dictamen final hasta febrero de 2005, cuatro meses después. En el interín, y de acuerdo al dicho del Presidente López Obrador que era el jefe de Gobierno del DF, Amparo Casar se hace acompañar del director de Nexos, Héctor Aguilar Camín, para convencer a Bernardo Bátiz, entonces Procurador de la capital, de que no señalen el suicidio, sino “traumatismos” para poder cobrar el seguro de vida de 17 millones que, mediante una aseguradora, paga también Pemex, y la pensión millonaria por 995 años. No lo consiguen. Entonces, alguien más presiona al propio Pemex para que actúe antes siquiera de que los peritajes concluyan de qué forma murió. Carlos Márquz Padilla fallece el 7 de octubre y el 29 ya Amparo Casar recibe el primer pago de su pensión. El 19 de noviembre, un mes 10 días después, recibe el pago del seguro por 17 millones. Todo pareciera obra de una enorme presión política, habida cuenta de que ella es funcionaria de la Secretaría de Gobernación. Si tomamos en cuenta que Pemex estaba siendo presionado para saquearlo, incluso desde Los Pinos, es fácil entender también esta coerción. Una pregunta es por qué siguieron con esa farsa durante veinte años más.
El dato es que al día siguiente de que el director de Pemex dio esa información a la opinión pública en la “mañanera” y se publicó íntegro y sin testar el expediente de las indagaciones a la solicitud de información, empieza una retahíla de comentaristas, casi todos ligados a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X. González, al propio CIDE, y al Instituto de la Transparencia, con el objetivo de convertir el asunto de la defraudación a Pemex por parte de Amparo Casar en un tema de privacidad de sus datos personales. Así lo dicen el desplegado que firmaron, entre otros, Lorenzo Córdoba, exconsejero del INE, y Julia Carabias, la Secretaria de Medio Ambiente de Zedillo que concesionó la destrucción de la selva de Quintana Roo con el contrato a Calica: “Su difusión infringe la secrecía en el manejo de datos personales. Lo que muestra la publicación de ese expediente es una conducta enfermiza, con un abuso de poder inusitado, por parte del Presidente de la República”.
Pero los abajo firmantes, que incluyen a López-Dóriga, Fernando Gómez-Mont, y Beatriz Pagés, además de a Enrique Krauze, no leyeron el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia vigente, que dice: “ No podrá invocarse el carácter de reservado a la información que esté relacionada con actos de corrupción”. Y el 115 de la misma Ley: “Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario”.
Así que invocar la privacidad ante un hecho de corrupción que comenzó en 2004 y terminó hasta marzo de 2024, no se puede porque doña Amparo era funcionaria pública cuando lo cometió con recursos públicos de una empresa del Estado mexicano. Los abajo firmantes —y a nadie le sorprende ya— ni siquiera tocan el tema de la transparencia o de la lucha contra la corrupción en un organismo que ellos mismos, desde Mexicanos contra la Corrupción, han calificado de opaco y deshonesto. La propia Amparo Casar que ha calificado las pensiones para adultos mayores que otorga el Gobierno de la 4T como “clientelismo”, no es capaz de hablar de su propia, inmerecida, pensión de un millón 560 mil pesos al año. Tal parece que la transparencia es para los enemigos y la discreción para los amigos. Así lo dijo el propio Instituto de la Transparencia: “Incumple el deber de confidencialidad y está violentando la Ley en varios sentidos. Esto debería de obedecer a una denuncia de las personas afectadas, pero también el Inai de iniciar una investigación de oficio de manera inmediata. Paralelamente se pueden ambas, pero el Inai, de oficio, debe de actuar”.
El propio INAI tiene un caso parecido al de Carlos Márquez Padilla. Se trata del Comisionado Carlos Bonnin Erales que se aventó de un quinto piso del INAI la mañana del 26 de noviembre de 2018, pero que el propio Instituto trató de encubrir como “infarto”. De igual manera, el INAI ha tapado los gastos institucionales de sus comisionados en un table-dance y en cantinas.
Más importante al destape de este acto de corrupción de quien se persigna ante todos con sus investigaciones de corrupción que casi siempre son puras inferencias, cuando no, simples deseos de golpear políticamente a López Obrador, es el papel que ha jugado Amparo Casar en los últimos meses. Todos recordamos, por ejemplo, el ataque al Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desde las páginas del New York Times. La fuente del ataque era Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya para no hablar de cuando la propia Amparo Casar aseguró que López Obrador iba a usar la pandemia para saltarse las elecciones intermedias de 2021. Elecciones que sus partidos, el PRIAN, perdieron miserablemente.
Es todavía temprano para saber qué ocurrirá con Amparo Casar y su organización. Por lo pronto, están convocando a otra de sus marchas ciudadanas. Esta será tan ciudadana que la oradora principal será doña Xóchitl Gálvez.
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08-05-2024 - 12:04 am
"Si los mexicanos no están seguros en el país pues pueden ser objeto de asesinos, criminales organizados que matan, secuestran o extorsionan, los turistas extranjeros menos".
Callum Robinson tenía 33 años y una estatura de 1.95 metros. Atleta, era miembro del equipo nacional de hombres de Lacrosse de Australia. Originario de Perth, se mudó a los Estados Unidos precisamente para jugar Lacrosse colegial en la Stevenson University, donde incluso fue nombrado atleta del año.
Jake tenía 30 años y 1.88 de estatura, era médico y había viajado a los Estados Unidos para pasar dos semanas con su hermano Callum, habían asistido al festival de Coachella y días después decidieron, junto con el amigo norteamericano Jack Carter, viajar a Baja California para surfear en las costas del pacífico en Ensenada y Rosarito.
Pero en la costa bajacaliforniana, tomada por el cártel de Sinaloa en la mayor parte de su geografía, los tres surfistas fueron asesinados. Los mataron de disparos a la cabeza y arrojaron sus cuerpos a un pozo de agua que abastecía un hechizo rancho en una zona inhóspita del Valle de Ensenada.
Los tres surfistas extranjeros cruzaron de San Diego, California -donde residía Callum Robinson- a Baja California, y para su travesía habían arrendado un lugar para dormir en Rosarito, pero antes del día de entrada, el sábado 27 de abril, viajaron por la carretera escénica hasta llegar y pasar Ensenada. Se internaron en la zona del pacífico más allá del Puerto y terminaron en la zona costera de Santo Tomás, donde mentes criminales sellarían su vida.
A saber, por las declaraciones de la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, los mataron “sin saber que eran extranjeros”, sino para robarlos. Según la abogada, los ladrones querían las llantas y otras partes del pick up Chevrolet Colorada con placas de California, Estados Unidos, para instalarlas en el pick up que tripulaban los agresores asesinos. El robo, insistió la fiscal en conferencia de prensa, se salió de control cuando alguno de los extranjeros opuso resistencia, y los mataron a los tres.
Posterior a ello, sus cuerpos fueron arrastrados -dijo la fiscal que había huellas de ello- para trasladarlos y tirarlos en el pozo de agua donde, al dragar los cuerpos de los surfistas, fue localizado un cuarto cuerpo de un hombre, cuya identidad no ha sido revelada.
El caso más que un robo, tiene las características de varios que han sucedido no solo en Baja California, sino en otros confines del País: asesinatos cometidos por bandas de narcotraficantes contra personas que “osaron” entrar a su territorio. Como dijera el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de la masacre de cinco jóvenes en Celaya, Guanajuato en diciembre de 2023, “estaban en territorio que pertenecía a otra banda”.
La zona costera de Ensenada, incluido el puerto de carga, es dominada criminalmente por células del cártel de Sinaloa. Utilizan carreteras, zonas agrestes, ranchos, parajes, valles y costas, para el trasiego de droga vía marítima y terrestre con destino final a los Estados Unidos.
Jesús Gerardo, el Kekas, uno de los tres detenidos, de acuerdo a la fiscal Andrade, por la privación de la libertad y homicidio de los tres surfistas, es de hecho un conocido criminal en el puerto, al servicio de una célula del cártel de Sinaloa. Los otros dos aprehendido, la novia del Kekas y su hermano, no han sido relacionados directamente con el crimen de los extranjeros, fueron detenidos por delitos del fuero federal como portación de sustancias ilícitas, y por lo mismo, turnados a la fiscalía general de la República sede Baja California, aunque en esa institución informaron que únicamente les turnaron a Ary Gisell N, y desconocen el paradero del tercer detenido según la fiscal, Cristian Alejandro N.
El turismo no está a salvo de la violencia e inseguridad que se vive en México ante la impunidad que gozan los cárteles de la droga y las células que los integran. En Baja California, ni los bajacalifornianos están seguros.
En noviembre de 2022 en la ciudad de Tecate inauguraron una calle con el nombre de Jaime Maussan, el ufólogo mexicano. Atraídos por la personalidad del periodista especialista en objetos voladores ni identificados, tres muchachos de Mexicali, la capital de Baja California, viajaron hasta Tecate para tomarse una foto con el letrero de la calle con el nombre de Maussan.
Pero tuvieron la mala fortuna de entrar a territorio de narcotraficantes, y cuando viajaban en su vehículo, fueron atacados a balazos. Los criminales hirieron a dos de ellos y se llevaron por la fuerza al tercero. Tres días después en las inmediaciones de un panteón en la carretera que comunica Tijuana con Mexicali, fue localizado su cuerpo. Lo habían matado y además decapitado.
Indagaciones más extraoficiales que oficiales, concordarían en que los tres turistas bajacalifornianos habían entrado a territorio dominado por el cártel de Sinaloa y habían sido confundidos con miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, dado que ambas organizaciones criminales se disputan la zona de Tecate… hasta la fecha.
Ahora mismo en streaming en México está disponible un documental titulado La Masacre de los Mormones, con el cual contextualizan la situación de inseguridad en el País, en la región norte de México, al momento de la masacre de nueve personas de la comunidad de mormones asentados en aquellas tierras. Una de las hipótesis es la misma: que fueron confundidas las camionetas en las que viajaban mujeres con sus hijos, con vehículos del cártel contrario y las órdenes fueron acabar con ellos y sus ocupantes.
Si los mexicanos no están seguros en el país pues pueden ser objeto de asesinos, criminales organizados que matan, secuestran o extorsionan, los turistas extranjeros menos. Desconocen los límites de la criminalidad y el contexto de violencia que se vive todos los días en México hasta sumar más de 30 mil asesinatos anuales en los últimos cinco años, los mismos de la política de los abrazos, no balazos, impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A pesar que la fiscalía bajacaliforniana quiera enmarcar el asesinato de los hermanos Robinson y su amigo Carter, en un simple robo, la realidad es que, para la mala fortuna de los surfistas turistas, sin saberlo, entraron en territorio dominado por el narcotráfico y donde la autoridad no existe. Y ahí terminaron asesinados y arrojados a un pozo, por presuntamente un miembro del cártel de Sinaloa que, impunemente, decide en qué zonas de Baja California los visitantes locales, nacionales y foráneos ya no pueden transitar.
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08-05-2024 - 12:04 am
"Este es el tema, por eso el mundo comienza a salirse de su órbita".
I
Estas pinceladas de los cielos
al mediodía,
son un bálsamo
para la tristeza que se expande en la tierra.
Alzar la mirada
y respirar hondo;
la tormenta de arena pasará
y algunos de nosotros
ya no estaremos aquí.
A veces pareciera
que caminamos
como sonámbulos,
junto a la interminable hilera
de cajas metálicas;
esa epidemia que carcome
los paisajes diurnos
y nocturnos.
II
Hay demasiadas lágrimas contenidas
entre el entendimiento y la confusión;
hacen falta las voces que dispersen
las brumas del hastío y el temor.
La ocre determinación de los arbustos
de permanecer de pie
a orillas del camino.
La fe ciega y la razón;
las dos caras
de la misma moneda,
cuyo telúrico andamiaje
define el destino.
Lejano de lo etéreo,
en su elección,
impera la dualidad.
III
Todos estos juegos
que se despliegan en la mente,
atenidos
a bioquímicos despliegues
que ignoramos,
a la densidad del cuerpo,
sus virtudes y carencias;
al sentido inconcluso
de su aparición,
entre la cruz y la sonrisa:
la condición que nos contiene.
La civilización al desnudo
en su diversidad,
carente ya de propósito
al pretender edificarse
en eternidad;
hiriendo en lo más profundo
el don de la cultura: he aquí
el corazón del ser humano,
sin Cardiólogo que lo atienda.
sin hospital que lo reciba.
Este es el tema,
por eso el mundo
comienza a salirse
de su órbita.
Y es dentro, no fuera
donde sucede.
IV
La prolongada sequía
de la compasión;
las fauces del dolor
que se aproxima.
En el cuerpo se siembra
la semilla de la conciencia;
de eso se trata,
esta crucial aventura,
cuando el viento se aproxima.
Rendija.
Desde el pináculo del templo, se humilla, se detesta a los que miran otros horizontes. La guerra florida perdura, cadáveres vivientes pululan, sin ton, ni son. El país se clausura en una única interpretación, alrededor de la vetusta pirámide. Cometas y astros ya advierten sus presagios: la paz pende de un hilo, estamos en el laberinto de hierro. Esos helicópteros convertidos en tractocamiones frenan ante las puertas de la madrugada: el fuego del sonido se dispersa entre nuestras habitaciones; el cinturón de los sueños se desabrocha; el ruido del más allá, acá, aquí: tritura el silencio de la inteligencia.
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07-05-2024 - 12:05 am
"Las mujeres de las regiones rurales han sido históricamente defensoras del territorio, ya sea desde la actividad agropecuaria o la forestal".
Por: Charlie Punzo Villafuerte*
Mi papá manejaba el tractor, pero mi mamá me enseñó a hablarle a las plantas, a darle gracias a la lluvia, y a amar la tierra.
No es posible concebir el territorio sin la presencia de las mujeres, sin su arraigo a la tierra a la que han entregado sus pasos al caminar, sus manos al labrar, sus entrañas al parir, y su sangre al defender, aceptándolo como único destino, a la par de saberse invisibles para la sociedad y sus instituciones.
Las mujeres de las regiones rurales han sido históricamente defensoras del territorio, ya sea desde la actividad agropecuaria o la forestal, no sólo por su trabajo en las faenas o como jornaleras en las zonas de cultivo, sino también como guardianas de la identidad, la lengua, la fe, y el anhelo por un mundo libre y sano para sus hijas e hijos. Es en el amor a ellas y ellos, y a su tierra que encuentran inevitablemente su rol multifacético, multidisciplinario y multitarea. Aquí recopilamos algunos testimonios, fragmentos de entrevistas, donde algunas de estas mujeres nos cuentan sobre su rol, su trabajo y sus creencias, a los que anclan su identidad y compromiso con su comunidad.
“Las mujeres aquí en la comunidad cumplimos varios roles, y a veces al mismo tiempo: trabajamos en el despacho de los asuntos, luego participamos de las faenas, cuidamos de los hijos, de los abuelos, de los enfermos; somos las que le saben a la herbolaria, entonces también sanamos. Cuando los niños están chiquitos, somos las mamás las que les empezamos a hablar en purépecha, les enseñamos de la gastronomía de nuestra cultura, de la costura; organizamos a la comunidad para las fiestas religiosas, asistimos a los comités de las escuelas, y en momentos decisivos para la comunidad en la defensa de la autonomía y de los bosques, ahí hemos participado, aunque en la representación para la toma de decisión, había sido poco el reconocimiento”[1], comparte Jennifer Martínez de 34 años, primera Presidenta mujer del Concejo de Administración Comunitaria, de Santa Cruz Tanaco, comunidad perteneciente al Municipio de Cherán, Michoacán, una de las primeras comunidades en alcanzar el reconocimiento de su autogobierno y la autonomía presupuestaria en la región conocida como la Meseta Purépecha, y que actualmente cumple 13 años del inicio de la lucha por preservar sus bosques ante la amenaza de la tala clandestina y el crimen organizado.
En el cuidado de los bosques, según el último censo agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1 de cada 5 personas productoras forestales, es mujer[2], no obstante, datos del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) reportan que de los 173 millones 379 mil 870 pesos que destinó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en apoyos durante el 2021 para impulsar proyectos productivos en las regiones forestales, las mujeres únicamente accedieron entre el 20% y 39% de estos apoyos[3]. La principal razón de ello, es que, pese a que legalmente las mujeres ya cuentan con derecho a la propiedad social, en algunas comunidades o ejidos, sólo pueden acceder a ella por la vía sucesoria si no cuentan con hermanos varones, y en muchas más, aún no se les permite participar con voz y voto en los comités de representación.
La participación de la mujer como titular de la autorización de aprovechamiento maderable es baja, sin embargo, a pesar de no ser consideradas en la repartición de los beneficios económicos de ello, en los últimos años se ha incrementado la participación de las mujeres en las diversas actividades del sector forestal, como la protección, reforestación y vigilancia. Tal es el caso de Karina C. ingeniera forestal de 23 años. Ella es hija de un ejidatario y no tiene acceso a la propiedad ejidal por sucesión, no obstante, es integrante de la Brigada contra incendios 031, conformada por mujeres, del ejido El Potrero, perteneciente al Municipio de Amanalco, Estado de México. “He participado en proyectos como restauración forestal, obras de conservación, como canales de infiltración, presas de piedra acomodada para evitar la erosión. He trabajado saneamiento y control de plagas y combate a incendios forestales y brechas cortafuegos. A nosotras como mujeres le hemos sufrido bastante, ha sido un camino nada fácil, mas sin en cambio estamos muy orgullosas por lo que hemos logrado, pese a los tropiezos, hemos conocido a muchas dependencias, muchas personas. Hemos aprendido a buscar organizaciones y a personas que nos cierran la puerta cuando pedimos apoyo, pero pues aquí estamos de pie y no nos damos por vencidas.”[4]
De igual manera, las mujeres en las regiones agropecuarias que carecen de seguridad jurídica y derecho a la propiedad, pertenecen a uno de los sectores laborales más precarios y con mayor violencia en México. De acuerdo con cifras de ONU Mujeres, en el país existen más de dos millones de personas que trabajan por el jornal en el sector agrícola, de las cuales 12.7% son mujeres y, con sus familias, suman 8.5 millones de personas, de las cuales el 91% no cuenta con ninguna prestación[5]. Mientras que aquellas que cuentan con un título de propiedad, se han logrado abrir paso a fuerza de voluntad y con grandes barreras por razones de género en los puestos de representación, por lo que aún prevalece una deuda institucional considerable en el reconocimiento y garantía de sus derechos.
“Cuerauáperi, diosa purépecha, es nuestra abuela o Madre Tierra, creadora del hombre y la mujer, ella controla las nubes para que haya lluvia y maíz. Le hacemos su ofrenda de flores y comida para pedirle lluvia y buen temporal para la cosecha de maíz. Antier tuve mi primera junta, y vi con satisfacción cómo mi nombre apareció en el acta”[6], comparte Mónica Toledo de 35 años, primera mujer en tener reconocimiento como ejidataria en el ejido Cerritos Blancos, vecino de la comunidad de Numarán, Michoacán, quien el pasado sábado 04 de mayo tuvo su primera reunión con los ejidatarios de su comunidad para tratar la problemática del agua en la región. Y es que son precisamente las mujeres dedicadas a la actividad agrícola quienes encabezan esfuerzos para hacer frente a los efectos del cambio climático y sus efectos devastadores en la población. Su dimensión de la problemática va más allá de lo teórico, pues en su saber logran palpar las alteraciones considerables en los ciclos hidrológicos, y la amenaza de los megaproyectos a la sostenibilidad de los recursos naturales.
La presencia de las mujeres en el campo es fundamental, tanto en el trabajo en las faenas y jornales, como en la mejora de los medios de vida rurales y el trabajo de cuidados no remunerado. Su labor se vincula a la tierra y de ésta su cuerpo como objeto e instrumento de resistencia. Es así, a través de ellas, como la defensa del territorio se extiende a las nuevas generaciones como raíz que inspira y abraza el suelo, y permite que en ellos germine la semilla del cambio de paradigma. Es por ello que la introducción de la perspectiva de género en la Ley Agraria y las acciones afirmativas constituyen un paso significativo en el reconocimiento de las mujeres como defensoras del territorio, no obstante, la estadística muestra que sigue persistiendo una deuda presupuestaria, institucional y de política pública considerable.
* Charlie es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
[1] Entrevista hecha por Cecilia Navarro, Diagnóstico Forestal 2024. Amanalco, Estado de México, 2024.
[2] Censo Agropecuario 2022 (INEGI) https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ca/2022/doc/inf_pro_fo_ca2022.pdf
[3] Montos asignados a través de apoyos CONAFOR por género https://snif.cnf.gob.mx/personas_y_los_ecosistemas_forestales/
[4] Entrevista hecha por Charlie Punzo, Mujeres en el territorio. Santa Cruz Tanaco, Michoacán, 2024.
[5] Jornaleras agrícolas mexicanas luchan por sus derechos y la protección del medio ambiente, ONU Mujeres. https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/03/jornaleras-agricolas-mexicanas-luchan-por-sus-derechos-y-la-proteccion-del-medio-ambiente
[6] Entrevista hecha por Charlie Punzo, Mujeres en el territorio. Numarán, Michoacán, 2024.
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07-05-2024 - 12:05 am
"Ya se verá si la investigación en curso concluye con la orden de devolver lo que, conforme a las pruebas, indebidamente obtuvo hace dos décadas".
Si con Vicente Fox la esposa del director general de Pemex pagó con dinero público cirugías de belleza al especialista que terminó casándose con la hija del líder sindical Carlos Romero Deschamps, ¿por qué la alta funcionaria María Amparo Casar Pérez, entonces mano derecha de Santiago Creel y ahora de Claudio X. González, no habría de aprovechar el suicidio de su esposo para embolsarse millones del presupuesto gracias a sus amigos de la empresa y del gobierno?
En ambos casos se trata de corrupción y de abuso de poder en el gobierno de Fox, aunque la divulgación del caso de Casar Pérez por parte de Andrés Manuel López Obrador genere también un debate que confronta dos principios: El interés público y la protección de datos personales.
¿Es también abuso de poder y/o venganza que el presidente López Obrador divulgue, como lo hizo en su libro Gracias y ahora con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, un caso de influyentismo? ¿Por qué hasta ahora, al final del gobierno, y no desde antes si conocía a detalle el expediente?
De entrada hay que subrayar un asunto para que no se use como coartada política, legal y hasta periodística: Los datos personales de los beneficiarios de dinero público son, por definición, abiertos. Y si se trata de actos de corrupción, con mayor razón.
Se ha olvidado ya el caso de la señora Hilda Ledezma Mayoral, esposa del director de Pemex con Fox, Raúl Muñoz Leos, pero en 2004 ella se sometió a tratamiento para recudir su volumen corporal con una liposucción que sacó la grasa de su cuerpo, se quitó las bolsas de los ojos y los párpados caídos con una bilefaroplastía, pero también eliminó las arrugas de su rostro.
Sí: Toda mujer tiene derecho a lucir más joven y bella, pero es un abuso de poder que los honorarios de más de 150 mil pesos pagados al cirujano plástico Juan Carlos Rentería Covarrubias hayan sido con dinero público de Pemex, exactamente como en el caso de Casar Pérez, presidenta del grupo de presión Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El escándalo por la divulgación del caso por parte de Marcela Gómez Zalce, en Milenio, derivó en la renuncia de Muñoz Leos al cargo y luego en su exoneración definitiva por parte de Germán Martínez Cázares como secretario de la Función Pública de Felipe Calderón, en 2007, tras devolver los 151 mil 534 pesos que le pagó a Rentería Covarrubias, yerno de Romero Dechamps, el fallecido líder sindical de Pemex.
El mismo mes y año del escándalo de la esposa de Muñoz Leos, octubre de 2004, se suicidó Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de María Amparo Casar Pérez, quien era la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel.
El esposo de Casar Pérez tenía el mismo cargo que ella: Coordinador de asesores, pero del director corporativo de Administración de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del vocero de Fox, Rubén Aguilar Valenzuela.
La muerte fue extraña desde el principio: El comunicado de Pemex informó que el funcionario, quien apenas tenía cuatro meses en el cargo, “cayó desde el doceavo piso del edificio ‘A’ del Centro Administrativo de Pemex” y, según fuentes de la familia contadas por el semanario Proceso, “atravesaba por una depresión personal, misma que lo habría orillado a tomar la decisión de suicidarse”.
De hecho, el dictamen pericial de la entonces Procuraduría de Justicia local concluyó que “el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida”, un dictamen que, según López Obrador, Casar Pérez —apoyada por el escritor Héctor Aguilar Camín— pretendía cambiar con la petición directa que hizo al procurador Bernardo Bátiz, con el fin de cobrar el seguro, la pensión vitalicia, la ayuda para la educación de sus dos hijos hasta los 25 años de edad y otras prestaciones, como el pago del consumo de luz y gas.
Escribe López Obrador en Gracias: “Bernardo me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto. Sin embargo, el influyentismo se impuso porque, aun cuando no tenía derecho ni al seguro ni a otras prestaciones, en virtud de que en caso de suicidio sólo se aplicaban las recompensas cuando el trabajador o el servidor público llevaba laborando más de dos años y el finado apenas tenía una antigüedad de cuatro meses en la institución, tanto el banco como Pemex pagaron absolutamente todo”.
Es decir, Pemex encabezada por Muñoz Leos y el director corporativo de Administración de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela, contradijeron el dictamen oficial de la Procuraduría de Justicia y concluyeron que la muerte de Márquez Padilla García fue un “accidente” para entregarle a Casar Pérez alrededor de 31 millones de pesos, incluyendo los seguros de vida y la pensión de 125 mil pesos al mes de que disfrutaba hasta febrero, cuando Pemex la denunció.
En el caso de Muñoz Leos y su esposa, la investigación que hizo el actual senador Germán Martínez concluyó que era inocente a condición de reembolsar los más de 150 mil pesos al cirujano Rentería Covarrubias, a cuya boda con la hija de de Romero Deschamps asistieron en 2017 entre otros Diego Fernández de Cevallos, Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Mancera.
Pero en el caso de Casar Pérez, mano derecha del magnate Claudio X. González, el jefe de la oposición del PRIAN, ya se verá si la investigación en curso concluye con la orden de devolver lo que, conforme a las pruebas, indebidamente obtuvo hace dos décadas, o el Poder Judicial la protege, tanto como lo hace en tantos casos de alta corrupción en México.
Como se ha expuesto, el asunto huele muy mal…
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07-05-2024 - 12:04 am
"Quizás ahora que los ánimos están muy caldeados es cuando puede surgir la voluntad de las partes para acabar con el conflicto. Eso es lo que esperamos muchos".
Los campus universitarios en varias capitales y ciudades del mundo han sido testigos de una serie de manifestaciones por parte, sobre todo, de estudiantes, aunque también han convergido profesores y gente común.
Lo que parece causar su indignación es la ofensiva realizada por el gobierno israelí en Gaza como represalia a los ataques por parte de Hamas el 7 de octubre pasado que resultaron en la muerte de incontables civiles inocentes y el secuestro de otros tantos.
Lo primero que hay que decir es que los manifestantes tienen todo el derecho a hacer sentir su descontento públicamente. Este derecho está protegido, en Estados Unidos, por la primera enmienda de la Constitución, referente a la libertad de expresión. Lo mismo es el caso en muchos otros países con legislaciones similares.
La cuestión se complica desde luego, si los manifestantes obstruyen las actividades académicas normales en los campus. De ser este el caso la autoridades universitarias tendrían que tomar las manos en el asunto, ya que se estaría violando el derecho de otros a recibir los servicios educativos que estas instituciones proveen.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los directivos de las universidades deben privilegiar siempre el diálogo como la forma de resolver las controversias.
Muchos simpatizantes de buena fe de estas manifestaciones han señalado también la importancia de que esto no termine en un conflicto que divida a las sociedades. Afortunadamente parece haber un consenso – salvo algunas excepciones – de que expresiones de odio a ciertos grupos religiosos o étnicos no dominen el ámbito público. Por ahora este no ha sido el caso, de manera generalizada.
En cuanto al conflicto que ha dado origen a estas protestas, la único solución viable es que las partes – el gobierno palestino en Gaza y el régimen israelí – inicien pronto conversaciones rumbo a establecer las bases para el fin del conflicto y la puesta en marcha de un mecanismo político que de lugar a una solución donde ambos pueblos puedan convivir en condiciones de paz, justicia y prosperidad.
Debemos reconocer que el conflicto palestino-israelí es ancestral y no va a solucionarse de la noche a la mañana. Pero, como dice un famoso adagio atribuido a la sabiduría china: donde hay crisis, se abre una oportunidad. Quizás ahora que los ánimos están muy caldeados es cuando puede surgir la voluntad de las partes para acabar con el conflicto. Eso es lo que esperamos muchos.
Una luz parece avistarse a lo lejos: al parecer ya hay una propuesta sólida, con la mediación de Egipto y Qatar, para llevar a las partes a la mesa de negociación. Esperemos que esto se realice pronto.
Quizás hay que hacer nuestras las palabras de John Lennon, que en una de sus canciones nos conminó a darle una oportunidad a la paz. Que así sea.
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