Organismos de defensa y protección del trabajo periodístico como el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, y la Federación Internacional de Periodistas, por mencionar algunos, coinciden en una premisa fatal: México es uno de los países donde mayor riesgo corren los informadores.

Los datos y hechos proporcionados por estos organismos varían un poco. Mientras algunos ubican a México como el quinto país más peligroso para el ejercicio de la libre expresión, otros lo sitúan en la tercera posición. También suelen ser diferentes las cifras de periodistas asesinados, o agredidos, pero todos coinciden: hay una alerta roja en nuestro país para el desarrollo de la prensa libre.

También concuerdan en que los agresores de los comunicadores tienen dos orígenes: el narcotráfico y el gobierno. Y que arriba del 90 por ciento de los casos de crímenes contra periodistas, permanecen en la impunidad.

Desafortunadamente y desde hace décadas, en el Semanario ZETA hemos dado cuenta de ello. En 36 años desde la fundación del semanario, muchos de ellos hemos debido ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión entre dos fuegos. Por un lado las amenazas y las balas de los narcotraficantes, por otro las presiones de los gobiernos.

El 2016 no es un año distinto. México sigue siendo uno de los países más peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión, y en ZETA una vez más trabajamos amenazados.

A la afrenta que hace algunas semanas provino, de acuerdo a protagonistas del episodio, de un funcionario que representa al Gobierno del Estado de Baja California, cuando amedrentó con ataques a la vida privada para contrarrestar la línea crítica que el semanario ha sostenido en investigaciones que detallan actuaciones irregulares de funcionarios diversos, ahora se suma la amenaza vertida por un miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación, para atacar las oficinas del periódico fundado por J. Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda.

Narcotráfico y gobierno estatal amedrentando a un medio de comunicación.

En efecto, de acuerdo a información proporcionada por elementos que integran el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California, Israel Alejandro Vázquez Vázquez, alias “El 50”, y ubicado en la estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación, ordenó a un grupo armado que encabeza, que la madrugada del inicio de esta semana, las oficinas de ZETA fueran balaceadas. Tal decisión la tomó en un afán de “advertir” al medio sobre las consecuencias de publicar información que revela imágenes y nombres de quienes delinquen para esa organización criminal.

Oficiales del área de inteligencia detectaron la amenaza cuando realizaban investigaciones para detener a miembros del CJNG que en alianza con el Cártel Arellano Félix, están señalados como los principales sospechosos de cometer la mayoría de las ejecuciones que en el último año se han realizado en Baja California.

Dos días antes que el mafioso ordenara el ataque a ZETA, en la portada del viernes 25 de noviembre de 2016, publicamos las fotografías de diez integrantes del crimen organizado que las autoridades de Baja California catalogaron como “los más buscados”, precisamente porque sus nombres aparecen en investigaciones ministeriales, averiguaciones previas, como los causantes de la ola de ejecuciones.

Entre las imágenes destacadas en la portada del semanario, aparecía la de quien se aprecia un joven, y que fue identificado como Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50”. Esta acción, la evidencia de su rostro y su nombre como una de las personas que vulneran a la ciudadanía con violencia y drogas, fue el detonante para la afrenta al periódico.

Normalmente así sucede. Los criminales en México gozan de la impunidad que da la secrecía de su persecución, y la ausencia de órdenes de aprehensión debido a una deficiente investigación en el Ministerio Público, o en ocasiones a contubernios en el Poder Judicial. Pocas veces en este país se procura o se administra la justicia de manera correcta cuando se trata de miembros de los cárteles de la droga.

Una política de hermetismo en materia de comunicación e información respecto los niveles de inseguridad y las investigaciones que se realizan en el ámbito federal, contribuye a que los criminales, a diferencia de las víctimas, tengan una menor exposición mediática. Estas políticas dictadas desde la Secretaría de Gobernación para que procuradurías, secretarías de seguridad o instituciones policíacas no proporcionen información sobre los enemigos del estado, abonan a la impunidad de los criminales que gracias a ello mantienen un bajo perfil al tiempo que desatan violencia de alto impacto.

Cuando en estas condiciones un medio de comunicación decide investigar, buscar información, documentos, testimonios extraoficiales e imágenes de quienes desde la criminalidad atentan contra la sociedad, y decide publicarlas, es cuando llegan las amenazas.

Las fotografías que publica ZETA, como los nombres y los delitos cometidos por los señalados, son de conocimiento de la autoridad. No es el semanario la fuente primaria. Siempre lo hemos honrado: somos periodistas, no policías. Pero en un clima de impunidad y corrupción, los amenazados son los comunicadores y no los investigadores.

En Baja California durante meses las autoridades federales, estatales y municipales, negaron la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación, como parte de la retórica oficial que parece sustentarse en la premisa de ignorar un problema hasta que desaparezca o explote.

Pero la impunidad y la corrupción llevaron a esa estructura criminal (CJNG) a aliarse con otra (CAF), hasta tomar control delincuencial del territorio que es de los bajacalifornianos, enfrentando una guerra contra el cártel de Sinaloa.

Es tan grave la situación de inseguridad en esta frontera que, en lo que va de 2016, se han registrado 982 ejecuciones, cifra récord de homicidios dolosos en los últimos once años. Situación que también fue publicada en la portada del semanario, en la edición 2225.

Como periodistas estamos comprometidos a investigar y escribir de lo que sucede en la comunidad en la cual nos desarrollamos. No podemos voltear los ojos a temas inexistentes ni ignorar el problema, esa función ya la cumplen los gobiernos. Sin embargo, por ejercer el periodismo de investigación, por publicar los casos de irregularidades en el gobierno, de corrupción en las corporaciones, de ineficiencia en el Ministerio Público, de violencia por parte de los cárteles, ahora somos amenazados por partida doble.

Por parte del gobierno con pretendidos ataques a la vida privada, por parte del narcotráfico, con atacar nuestro lugar de trabajo.

En efecto, México es uno de los países con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo. El clima de impunidad y la abierta corrupción en el Gobierno y con el narcotráfico, vulnera la libre expresión y ubica a quienes deben ponderar el Estado de Derecho y a quienes lo violentan en el mismo rasero. Así el periodismo se ejerce, en 2016, pese a las presiones de la mafia con fuero y de la mafia callejera que actúa como si lo tuviera.

Adela Navarro Bello

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