Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Esta semana se cumplieron 11 meses de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en manos de elementos de la Policía Municipal de Iguala, pero hasta ahora nadie ha sabido explicar a ciencia cierta dónde están o qué pasó con ellos.
Pero su caso no es el único, cifras oficiales señalan que en México desaparecen 11 personas por día, es decir, una persona casi cada dos horas, un fenómeno que se ha analizado en distintas perspectivas que van desde la trata hasta enfrentamientos entre comunidades.
De continuar esta tendencia, al finalizar el año, habrán desaparecido en el país 4,015 personas más.
Las cifras más actualizadas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas señalan que en los primeros cuatro meses del año, mil 360 personas desaparecieron en el país, principalmente en Tamaulipas, el Estado de México y Nuevo León.
Con ello, el número acumulado de las personas cuyo paradero es desconocido llega casi a 26 mil, de acuerdo con el registro oficial elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Tamaulipas es por mucho la entidad que concentra la mayoría de los casos de personas no localizadas, más de cinco mil, seguido por el estado de México. Tres de cada 10 desaparecidos son mujeres, y prácticamente la mitad de las víctimas son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Mientras que entres tres y cuatro son niños.
De las 25 mil 398 personas inscritas en el registro como desaparecidas, apenas 557 casos –el 2 por ciento– tienen una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Según los datos, existen 166 víctimas en el rubro de “extranjero”, no obstante, la cifra podría incrementarse, toda vez que existen dos mil 669 casos catalogados como “no especificados”.
En cuanto al número de personas localizadas en el país, resulta que nadie sabe, por lo menos oficialmente, cuántas son. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció el pasado jueves que es imposible “dimensionar el fenómeno debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizados”, según su presidente Luis Raúl González Pérez.
La CNDH visualizó el problema desde hace 14 años, cuando emitió la recomendación 26/2001, referente a los casos de desaparición de personas ocurridos durante la “guerra sucia”, entre finales de los sesentas y principios de los ochentas.
La falta de esta base de datos confiable impide no sólo deslindar responsabilidades y establecer la reparación de daño sino también distinguir en cuáles son imputables a particulares, cuáles al crimen organizado o alguna autoridad y cuáles pueden agruparse en otras causas, como el tráfico de órganos.
Mary Speck, directora de proyecto de Crisis Group para México y América Central, explicó a SinEmbargo que en México pueden identificarse dos factores “muy raros”: el primero es que exista “tanta incertidumbre” en cuanto a las cifras de desaparecidos porque todo se basa en estimados.
La segunda es que países más violentos, como Guatemala –aunque tenga una menor población- donde también operan cárteles de la droga, existe la extorsión y el secuestro, “no se habla de desaparecidos”.
Para Speck, el drama de las personas no localizadas es “la forma más dramática de la impunidad, ni siquiera hay un cuerpo, no sólo demuestra una incapacidad de juzgar sino también de investigar”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto creo una Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y de protocolos de búsqueda y Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sin embargo, consideran investigadores extranjeros y activistas, estos esfuerzos han sido insuficientes, principalmente ante el miedo a la denuncia por la complicidad que existe entre cuerpos policiacos y grupos criminales.
“Hay muchos casos en los que son particulares los que intervienen, y no se investigan esos circuitos”, a esta nueva modalidad se le ha llamado “desapariciones involuntarias”, observó Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro Prodh.
“Mientras las familias de los desaparecidos no sepan qué ha pasado con sus familiares, no será posible acabar con el dolor inaceptable que causa la desaparición”, señaló recientemente Jesús Pena representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
LOS GRANDES OBSTÁCULOS
Algunos expertos entrevistados por SinEmbargo enumeraron tres grandes problemas que enfrenta el país en el tema de los desaparecidos. El primero es la falta de una Ley General de Desapariciones que establezca como puede ir cambiando a lo largo del tiempo el estatus de una persona desaparecida, pero “hoy no tenemos una base de datos que nos permita tener claridad sobre ello”, dijo Aguirre Espinosa.
Un segundo elemento es la falta de coordinación a nivel nacional para la búsqueda de personas, a pesar de la existencia de un protocolo de desaparecidos llamado “Personas desaparecidas o no localizadas, elementos importantes del protocolo de búsqueda”, que consta de 108 láminas y que establece parámetros sobre cómo conducirse en caso de una desaparición y lo vitales que son las primeras 48 horas a partir de que se perdió rastro o contacto.
Desde Speck hasta la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaron que el tercer elemento es la falta de registros confiables sobre las detenciones relacionadas con este fenómeno, así como la falta de equipos técnicos y humanos para la integración de una base de datos en genética.
“Ante la insuficiente actuación del Estado, las familias son quienes se han convertido en las protagonistas de las búsquedas”, destacó por su parte el presidente de la CNDH.
En 2011, la ONU y el Comité de Desaparición Forzada del organismo realizaron una serie de recomendaciones en la materia que van desde la prevención, investigación, sanción y reparación de daño de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación de especial vulnerabilidad, mismas que no han sido acatadas.
Entre estas recomendaciones se destacan: garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas y la armonización de la definición de la desaparición forzada de la legislación penal con lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes; garantizar la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar adecuadamente la desaparición forzada de personas; garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata; y garantizar el derecho a la reparación integral a las víctimas de desaparición forzada.
EL CASO GUERRERO
Las entidades con el mayor número de desaparecidos acumulados en el país son: Tamaulipas con 5 mil 379; el Estado de México con 2 mil 215; Nuevo León con 2 mil 167; Jalisco con 2 mil 159, y Chihuahua con mil 569.
Sin embargo, si se separan los casos entre los que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) y los que están en manos de autoridades estatales, Guerrero es la entidad que concentra el mayor número de desaparecidos –investigados por la PGR- en lo que va del año con 188, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mary Speck realiza desde hace meses una investigación en Guerrero, entidad donde señala que el tema de los desaparecidos está fuertemente vinculado con los plagios, toda vez que los secuestradores tienen una estrecha relación con los cárteles del narcotráfico y que han visto en este delito una forma de diversificarse.
En Guerrero consideró que el tema está también muy relacionado con las luchas entre comunidades “porque no hay justicia y toman la justicia por su propia mano, también, cada aldea está identificada con un capo”.
“Guerreros Unidos es un pequeño cártel que siempre está luchando por su territorio y desarrolló una industria”, expresó.
Un caso citado por la experta del Crisis Group es el de Chilapa, donde el mayo pasado desaparecieron 16 personas y, posteriormente, se localizaron fosas clandestinas con restos humanos.
“Las desapariciones en mayo parecen ser productos de luchas entre comunidades mismas, que entraron porque dicen que es una comunidad de ‘Los Rojos’ –uno de los grupos criminales que opera en la región–, que habían desaparecido a su gente y por venganza pensaron que tenían derecho de desaparecer a los mismos rojos”, expresó.
“No tenemos detenidos en este caso, del 9 al 14 de agosto hay 15 denuncias en Chilapa, aunque los familiares dicen que en realidad son 30 porque tienen miedo de denunciar”, agrega.
