La vaquita marina necesita medidas drásticas e inmediatas para garantizar su supervivencia, y no hay duda de que el Gobierno mexicano ha sido ineficaz en la protección de la marsopa de las redes ilegales que se utilizan para capturar totoabas, también en peligro de extinción, por ello es necesaria la intervención de Estados Unidos, denunció el Centro para la Diversidad Biológica.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– El Centro para la Diversidad Biológica insistió en que Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, imponga sanciones comerciales, “firmes e inmediatas” en contra de México con el fin de detener el comercio ilegal de totoaba, ya que se encuentra en peligro de extinción, además su pesca ilegal ha causado el declive continuo de la vaquita, el mamífero marino más amenazado del mundo del cual quedan menos de 60 ejemplares.

“En esta ocasión estamos presentando nuevas pruebas en las cuales se demuestra que el tráfico ilegal en el Alto Golfo no ha sido subsanada por el Gobierno mexicano. Utilizamos pruebas que se presentaron durante el último informe del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita e información que la misma Secretaría de Marina (Semar) documentó, como fue el hallazgo de más de 600 artefactos de pesca en el agua. Estamos buscando agilizar esta denuncia presentando estas nuevas evidencias, informó Alejandro Olivera, representante de la organización en México, en entrevista para SinEmbargo.

Dicho recurso legal –presentado por el Centro– es parte de la petición impulsada en 2014, en donde se solicita al Gobierno de Obama certificar que México no ha hecho cumplir la prohibición del comercio de totoaba, según lo dispuesto en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

A raíz de la petición, el año pasado México adoptó medidas adicionales de conservación. No obstante –de acuerdo con los especialistas–, han sido insuficientes para detener el comercio de totoaba y la disminución de la población de la marsopa más pequeña del mundo que mide tan sólo 1.5 metros de largo.

En abril de 2015, bajo la presión internacional, el Gobierno mexicano prohibió la mayoría de las redes de enmalle en el Alto Golfo de California y prometió una protección sin precedentes para detener la pesca y la exportación de totoaba. Sin embargo, en marzo de 2016 tres vaquitas fueron encontradas muertas debido al enmallamiento en las redes, y más de 600 redes y palangres ilegales se han hallado en los últimos meses dentro del hábitat de la vaquita en el Alto Golfo de California.

Además, cientos de vejigas de totoaba se han decomisado dentro y fuera del territorio nacional, lo que demuestra que el comercio lucrativo de totoaba continúa sin parar.

“Esta última acción del Centro insta al Secretario de Comercio y de Interior a actuar con rapidez para ‘certificar’ al Gobierno mexicano. Si los secretarios están de acuerdo, el Presidente Obama puede prohibir la importación de productos de mares mexicanos, así como otras importaciones de pescados y mariscos, y otra flora y fauna silvestre hasta que se termine con el comercio ilegal de totoaba”, destacó la ONG internacional en un comunicado.

Olivera afirmó que Barack Obama debería tomar cartas en el asunto para certificar negativamente a nuestro país.

“Esto quiere decir que [México] será identificado como un país que no cumple con una regulación similar a la de EU en cuanto a la protección de especies en peligro de extinción, en este caso la vaquita marina”, añadió.

El activista acusó que los traficantes ilegales de totoaba no son castigados debidamente, ya que al ser aprehendidos se les da la opción de quedar en libertad si pagan una fianza.

“La impunidad sigue reinando en el Alto Golfo. El actuar del Gobierno mexicano ha sido insuficiente para la protección de la vaquita y de la totoaba, los hechos están en las cifras de la población de la vaquita, la cual se ha ido mermando durante las décadas que no han actuado, no solo esta administración, sino desde anteriores”, denunció.

En lo que al Gobierno mexicano concierne, dijo, “el siguiente paso a dar es una extensión de la veda, la cual acabaría el próximo año, que se haga una veda total para todo el Alto Golfo, sin ninguna excepción para no permitir que naveguen embarcaciones ilegales encubiertas”.

Además de ello, puntualizó, la administración a cargo de Enrique Peña Nieto debe poner fin a la impunidad y para lograrlo es necesario que se comprometa a realizar una investigación a fondo sobre el tráfico de la totoaba, porque en gran parte es lo que está provocando la extinción de la vaquita marina.

Las vejigas secas de totoaba se utilizan para elaborar sopa de “buche” y de acuerdo con algunos informes, éstas se pueden vender desde 5 mil hasta 14 mil dólares cada una. Tanto la vaquita como la la totoaba son especies que se hallan solo en el Golfo de California en México.

“Los hechos son simples: el fracaso de México para detener el comercio actual de totoaba contraviene sus obligaciones de Convenciones internacionales y está provocando la muerte de la vaquita”, dijo Sarah Uhlemann, directora del programa internacional en el Centro. “La totoaba y la vaquita han esperado por mucho tiempo una acción eficaz. Es momento de prohibir las importaciones de mariscos hasta que México detenga el comercio devastador de totoaba”, agregó.

La principal amenaza de la vaquita es el enmallamiento en redes de pesca que se usan para capturar a la totoaba, lo cual ha estado prohibido en México desde 1975. Sin embargo, la demanda en China y otros países en Asia por la vejiga natatoria de estos peces –que se cree que tiene propiedades medicinales– ha incrementado la pesca ilegal en los últimos años. Al mismo tiempo, científicos han estimado que la población de la vaquita se redujo en un 80 por ciento entre 2011 y 2015.

“La vaquita necesita medidas drásticas e inmediatas para garantizar su supervivencia, y no hay duda de que el Gobierno mexicano ha sido ineficaz en la protección de la marsopa de las redes ilegales que se utilizan para capturar totoabas en peligro de extinción,” agregó Alejandro Olivera.

Agregó que ante la falta de esfuerzos efectivos por parte de las autoridades mexicanas para la aplicación de la Ley, “la presión de Estados Unidos es necesaria para acelerar las acciones de conservación”.