Noticieros Televisa y Milenio Televisión difundieron ayer documentos donde se muestra que la PGR compró a la empresa Tech Bull el software “NSO Pegasus”—que en teoría sólo se usa para investigar a criminales y terroristas— para presuntamente espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
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Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR), en tiempos de Jesús Murillo Karam, pagó 32 millones 16 mil dólares a Tech Bull S. A. de C.V. por el programa de software “NSO Pegasus” para presuntamente espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
Noticieros Televisa dio a conocer ayer que cuenta con la copia del contrato que la PGR hizo con la empresa tecnológica, el 29 de octubre de 2014, para adquirir 500 objetivos del sistema "Pegasus" y capacitar a 25 elementos del personal de la dependencia en su uso.
El contrato está firmado por el entonces Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, y el apoderado legal de la empresa Luis Armando Pérez Herrero.
Por su parte, Milenio Televisión difundió que la oficina de la procuradora Arely Gómez fue quien recibió el programa de espionaje, de acuerdo con un acta administrativa fechada en noviembre 2015, de la que el medio de comunicación también tiene copia.
El documento menciona a Noé Ramírez Gutiérrez, en su momento Jefe de la oficina de la PGR, como “administrador y operador del sistema” y a Rafael Aviléz, Director General de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, adscrito a la PGR, como “administrador del contrato”.
Los medios de información aclaran que estos documentos no comprueban que la PGR haya sido la dependencia que espió a activistas y periodistas, como lo señalaron organizaciones sociales y lo publicó The New York Times.
El 19 de junio el periódico The New York Times publicó parte del informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, el cual reveló que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas han sido espiados por agentes del Estado mexicano, únicos autorizados para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.
De acuerdo con el documento, entre enero de 2015 y julio de 2016, se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”. A estos se suman los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria.
El informe fue elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.
El diario estadounidense cita que cada infección exitosa tendría un costo que oscila alrededor de los 77 mil dólares.
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Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas espiados por el Gobierno de México presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investiguen a las instancias federales involucradas en este caso.
La periodista Carmen Aristegui, una de las víctimas de espionaje, lo consideró “inaceptable” y reclamó al Gobierno de México que dedique su tiempo a investigar a defensores de derechos humanos y activistas, mientras los criminales siguen libres.
En una carta de tres renglones, firmada por Daniel Millán Valencia, Director General de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, pidieron a los afectados denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) y señalaron, sin más, que no existen pruebas de que el Gobierno mexicano haya sido el autor de la vigilancia ilegal.
Posteriormente, La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una capeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática que fueron utilizados presuntamente para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, además de solicitó información sobre las dependencias y empresas que han facilitado este tipo de intervención.
