México, 28 Nov. (Notimex).- En los últimos dos años el crimen organizado ha secuestrado a jovencitas de 12 a 17 años de edad, para usarlas en actividades del crimen organizado y como servicio sexual de los capos, denunciaron grupos feministas.
En conferencia de prensa, la coordinadora general de Defensoras Populares, Teresa Ulloa Zíaurriz, explicó que el fenómeno se observa en prácticamente toda la República y se calcula que hay casi 800 jóvenes desaparecidas.
A nombre de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, cuyo Capítulo Mexicano encabeza, precisó que en México se calcula en casi 500 mil el número de mujeres y niñas víctimas de trata de personas.
Sin embargo hay una enorme cifra negra, que podría ser hasta de 80 por ciento, mientras las diferencias en las legislaciones locales facilitan la comisión de esa clase de delitos.
En ese sentido, instó a homologar leyes y su aplicación, pues señaló por ejemplo casos como el de Veracruz, cuya legislación para proteger a mujeres y niñas de la trata de personas “es de risa”.
Además insistió en que se requieren leyes que vinculen a los grupos delincuenciales con la trata de personas, pues señaló que la nueva modalidad del crimen organizado es gravísima y permanece impune porque las familias quedan “paralizadas por el terror”.
El fenómeno ocurre en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Hidalgo, México, Chiapas y Quintana Roo, donde el crimen organizado elige jovencitas para trabajar como “halconas”, sicarias o esclavas sexuales, precisó.
Cuando el grupo delictivo se cansa de ellas, “simplemente” las asesina, pero las autoridades no han querido ver el asunto como parte de la delincuencia organizada.
Señaló que distintos grupos feministas saben de 400 casos sólo en Caborca, Sonora, mientras que las niñas en Durango ya no quieren ir a la secundaria porque saben que los delincuentes las observan para elegir cuando quieran a las más bonitas.
Por ello, Ulloa Zíaurriz insistió en que la Cámara de Diputados tiene que aprobar antes del 12 de enero una Ley contra la Trata de Personas, que homologue los criterios para facilitar la persecución del delito.
Los estados también deben contar con procuradurías, oficinas y presupuestos suficientes y que ello vaya acompañado de una modificación sustancial a la educación sexual en las escuelas, que hoy se limita a la parte sólo reproductiva, sin generar valores.
