Hace más de 50 años, los habitantes del municipio de Coyotepec, Estado de México, construyeron con mano de obra y recursos propios un sistema de agua que desde entonces llaman “autónomo” porque sólo la comunidad tiene derecho a administrar el líquido que abastece a cerca de 50 mil personas. Pero hace tres años, con el fin de crear el proyecto “Ciudad Bicentenario” del Gobierno del Estado de México –que incluye desarrollos urbanos y la instalación de empresas embotelladoras, entre otros–, autoridades municipales y estatales emprendieron una lucha contra esa población para arrebatarle el control de su propia agua. El pueblo no se va a dejar, dice, porque les quitan a ellos, pobres, para dárselos a corporativos como las refresqueras…
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
Coyotepec, Estado de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Gloria Montiel, de 32 años, guarda historias de su abuelo; de cuando, en 1963, don Antonio Montiel García y otros habitantes de Coyotepec, rascaron la tierra de ese municipio de origen náhuatl –ubicado al norte del Estado de México–con palas y picos.
Gloria ha escuchado en el pueblo cómo los habitantes de entonces se unieron para construir lo que sería su Sistema Autónomo y Ciudadano de Agua Potable.
Organizaron bailes, pidieron cooperación para juntar dinero y hacerse de materiales como cemento y tuberías. Y tiempo después fundaron el primer pozo ubicado en la plaza central.
El pueblo se erigió en asamblea y designó a los primeros administradores: todos trabajaron si recibir ni un peso a cambio.
Casi 53 años después, el abastecimiento de agua en ese municipio tiene ahora un costo de 50 pesos mensuales, o 25 pesos para los que tienen menos recursos.
Sin embargo, el Ayuntamiento ha presionado desde junio de 2013 al Sistema con amenazas y ataques. Busca controlar la red hidráulica. Quiere entregar el agua y dar concesión a desarrollos urbanos, embotelladoras. Intenta implementar el proyecto Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, al norte del municipio.
El Gobierno del Estado de México propuso en 2007 el proyecto llamado “Ciudades del Bicentenario”, que busca crear poblados autosuficientes y competitivas que puedan albergar infraestructura, vías de comunicación y recibir incrementos poblacionales significativos. Estas ciudades –proyectadas para los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Zumpango, Tecámac y Huehuetoca– se presentan como alternativas de vivienda, empleo y acceso a educación, salud, comercio y recreación sin tener que desplazarse grandes distancias.
Bajo un discurso de modernización, desarrollo y competitividad económica, acusa el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), el Gobierno mexiquense ha despojado a diversas poblaciones de sus bienes naturales, lo que constituye “una violación grave” a su derecho a la vivienda, al agua, a una vida digna, a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación en la toma de decisiones.
Los administradores del Sistema Autónomo, liderados ahora por Sergio Velázquez Morales, tienen fresco en la memoria lo que sucedió el 9 de junio de 2013, fecha en la que “hubo un Atenco”. Ese día por la mañana, el Presidente Municipal –en ese entonces el priista Alfredo Anguiano Fuentes– llamó a una asamblea en la plaza central y ahí anunció su intención de municipalizar el agua.
“La gente se inconformó y acto seguido, Anguiano Fuentes se escondió en la delegación. La gente le pidió que saliera y al no hacerlo se decidió cerrar la autopista México-Querétaro. Tras cuatro horas de bloqueo llegaron granaderos y miembros de la policía estatal y replegaron a la gente con balas de goma. Después empezaron a volar helicópteros y desde arriba nos arrojaron gases lacrimógenos sin pensar si caían en domicilios. La gente se ahogaba, hubo golpes y gente muy lastimada”, comentó Velázquez Morales.
Amnistía Internacional denunció en marzo de 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del Presidente Municipal [Anguiano Fuentes] de hacerse del control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y varios activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados aparentemente relacionados con el Gobierno municipal”.
Ocho organizaciones civiles denunciaron que en ese periodo registraron “seis ataques –incluyendo disparos de armas de fuego, golpes y amenazas– en contra de los habitantes del municipio de Coyotepec que ejercieron su libre derecho de oposición al proyecto de municipalización del agua”.
Posteriormente, en septiembre de 2013 Vicente Moreno Domínguez, defensor de derechos humanos de la comunidad de Coyotepec, fue atacado con una navaja por tres personas afuera de su domicilio, de acuerdo con el CDHZL y Amnistía Internacional. Dos meses después, Israel Doroteo fue golpeado en la calle luego de recibir amenazas vía telefónica.
Para el 11 de enero de 2015, una comisión del Presidente Municipal clausuró la oficina del sistema que se encuentra dentro del Ayuntamiento. Posteriormente, documenta el CDHZL, Tomás Mezas García, el anterior presidente de la Administración de Agua Potable de Coyotepec, fue golpeado para que “firmara un documento en el que accedía a renunciar, entregar las oficinas y municipalizar el servicio de agua potable”. Horas después fue liberado.
De acuerdo con José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL, el intento de municipalizar el agua en Coyotepec –que ha provocado varios heridos y un asesinato a lo largo de casi tres años de tensión– es para lograr construir la Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, proyectada para el año 2020 y que tendrá un aproximado de 104 mil 100 viviendas y 822 hectáreas de área industrial, según estima la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado.
Después del enfrentamiento de junio de 2013, y de una escalada de intentos por arrebatar al pueblo el control del agua, a decir de Lara Duque, la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Eruviel”, que fue presentada en marzo pasado, cobra sentido.
“Por eso alertó en demasía la Ley Eruviel. Ellos [los habitantes de Coyotepec] son los destinatarios de esa ley. El Estado necesita legalizar la represión para no tener consecuencias políticas y legales que ahora suponen esos actos. Aquí la Ley Eruviel adquiere sentido, no es una ocurrencia porque la necesitan precisamente para controlar a pueblos como este”, comentó Lara Duque y agregó que de los 125 municipios del Estado de México, al rededor de 80 tienen un sistema comunitario que no cuadra con los grandes proyectos del Gobierno.
“Lo que pasó en Coyotepec es un modus operandi del Estado de México con los pueblos originarios […] Para la clase política, estas formas de organización resultan agresivas y no las ven como válidas. ”, dijo.
EL PUEBLO SE OPONE
Coyotepec es un municipio en el que no hay tiendas Oxxo, supermercados o grandes plazas comerciales. Y la población, comentaron habitantes a SinEmbargo, tampoco los quiere.
“La lucha es por defender todos los recursos naturales, nuestros espacios y ellos [el Gobierno] quieren desvirtuar nuestros usos y costumbres. Si se llevan a cabo esos grandes proyectos, habría una explosión demográfica; mayor delincuencia que nadie combate en el Estado de México; mayor contaminación por basura, cuando ya tenemos cerca de aquí un relleno sanitario; vamos a tener calles saturadas con autos que sólo vienen de paso; mayor demanda de servicios, es decir, más extracción de agua. No queremos eso y queremos que se nos respete, no queremos pagar problemas que nosotros no generamos, al fin, ellos hacen sus desarrollos urbanos, traen a la gente y se van, no se quedan a sufrir todos los problemas que generarán”, comentó en entrevista Velázquez Morales.
Actualmente, en la localidad de Huehuetoca, se está desarrollando una Ciudad Bicentenario, que es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno estatal, a decir de Lara Duque, es el gran modelo de proyecto de país que tiene el grupo Atlacomulco, “ahí están todos sus planes de desarrollo inmobiliario, industrial, carretero y comercial; quieren construir grandes ciudades que sean autónomas del centro de la población. El problema es que lo hacen con despojo y la lógica de lucro rebasa la planeación. Se les ocurrió poner miles de departamentos y ahorita el problema es cómo dar abastecimiento de agua, obviamente, necesitan el agua de los alrededores”.
La reacción de la gente ante la municipalización, es: “Mi abuelo hizo ese sistema, no te lo vamos a regalar”. El municipio enfrenta una resistencia popular basada en los usos y costumbres y aunque legalmente les corresponde la administración del agua, en la práctica los pueblos se apropiaron de ese papel.
El 3 de febrero del año pasado las autoridades municipales tomaron el pozo Centro, pero actualmente está bajo la administración de la comunidad. En noviembre y diciembre de 2015 siguieron los intentos de tomar las instalaciones del sistema “de forma violenta” por parte de grupos de choque.
Hasta el momento, a casi tres años de enfrentamiento entre la población de Coyotepec y sus autoridades municipales, la red hidráulica, los tres pozos y las pipas siguen bajo el control del sistema comunitario. Ahora, bajo la administración del panista Pedro Luna Vargas, quien empezó su administración el 1 de enero de 2016, los habitantes notaron un cambio en el discurso. Se evita mencionar la palabra “municipalización”, pero dicen, en realidad se persigue lo mismo.
Luna Vargas inició una campaña para promover una consulta ciudadana que decida el control del agua del municipio.
“La gente está consciente del problema y no quiere que se municipalice el agua. Luna Vargas habla de una dirección y un organismo descentralizado. Lo disfrazan y evitan decir la palabra ‘municipalización’, pero la gente sabe que son los pasos para eso. La gente les echa abajo sus juntas y a nosotros nos da cooperación para los volantes”, explicó Gloria Montiel Solano, Secretaría Interina del Frente Popular 9 de junio.
“La gente no quiere ceder su agua. El servicio quizá no es el adecuado, pero no tenemos una crisis en el abastecimiento de agua potable, no hay reclamos fuertes. La gente está preocupada por ponerse al corriente. Confiamos en que la ciudadanía no aceptará la consulta”, agregó Velázquez Morales.
LO QUE SIGUE EN COYOTEPEC
Sergio Velázquez reconoce que no se cuenta con el financiamiento necesario para administrar el Sistema Autónomo, ya que “la mayoría” de los usuarios registrados arrastran adeudos. El pago por el servicio es de 50 pesos mensuales (con descuentos a los de menos ingresos), pero algunos deben incluso desde hace 10 o 20 años, calcula señalando las listas de morosos colocadas afuera de la oficina localizada dentro del Palacio Municipal.
–¿La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene presencia en Coyotepec? –se le cuestionó.
–Desde la década de los 70, afirmó, la Conagua tiene 11 pozos que se alimenta del Río Cuautitlán. Pero el agua la traslada principalmente a la Ciudad de México y sólo envía a dos barrios de Coyotepec desde el pozo 30. La falta de ingresos por adeudo ha desembocado en que sólo se utilizan dos de los tres pozos disponibles para distribuir el agua. Cada día en un barrio distinto se lleva el líquido de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Las personas que no lo reciben pueden acudir a la oficina por un vale que les garantiza el envío de una pipa o una camioneta con mil litros. Las pipas distribuyen 10 o 20 mil litros de agua entre los usuarios demandantes.
Además de este problema, desde noviembre de 2013 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha cortado la electricidad de los pozos al menos dos veces, por un adeudo de entre 30 y 35 millones de pesos, afirma Velázquez. Esto orilló a los habitantes a abastecerse de agua a través de las pipas.
De acuerdo con José Antonio Lara, los cortes de luz son una forma de “asfixiar” al sistema de agua por parte del Ayuntamiento. Los habitantes también aseguraron que a esa deuda se le agregaron varios millones de multas que la CFE dio al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local.
Coyotepec también está en el camino de independizarse de la CFE y pasar a un sistema de energía usando paneles solares.
Actualmente, el pueblo está en alerta. Tienen información de que grupos de choque buscarán tomar de nueva cuenta la delegación. Se han reunido en asamblea y acordaron establecer guardias en la oficina para impedir que eso se realice.
Según lo señaló Gloria Montiel, las personas que integran estos grupos son del mismo municipio y son gente relacionada con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En varios enfrentamientos, estos grupos han contado con el apoyo de policía estatal, ya sea encapsulando a los autónomos o sólo mirando cuando están propinando golpes.
“No será sencillo con el Gobierno. El proyecto de Ciudades Bicentenario es millonario y ambicioso y no cesarán en su intención de llevarse el agua. Es un sistema comunitario que tiene bastante actividad y vida, y es mucha gente la que está involucrada”, concluyó Lara Duque.
