La corrupción de la clase política mexicana es institucional y ahora ha escalado a un nuevo nivel de cinismo. Los llamado “paquetes de impunidad” que blindan a gobernadores contra procesos judiciales por robar caudales públicos deberían ser inaceptables en una democracia.

Los gobernadores corruptos (casi todos) se han empezado a blindar vía paquetes transexenales para evadir la acción de la justicia, un método que les garantiza no solamente impunidad, sino la felicidad para disfrutar de lo robado a manos llenas.

Ante la atenta mirada de los tres poderes, el surrealismo en México rebasa cualquier desfachatez y despotismo. La clase política corrupta no tiene límites ni nadie que se los ponga. La inmunidad de los gobernadores debe ser combatida desde el Estado de Derecho, pero parece que tampoco ese estado funciona. Lo que está claro, es que todos están en el ajo y se protegen a sí mismos con base en leyes.

Es el caso del Gobernador Roberto Borge quien ya se blindó ante cualquier eventualidad llamada justicia. El Congreso de Quintana Roo, aprobó el “paquete de impunidad”, que consiste en nombrar a un auditor, y a un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia, así como a tres magistrados del Tribunal Superior para protegerlo cuando deje su cargo. Y como todos se cubren, pues el Constituyente Permanente de Quintana Roo, integrado por los 11 municipios del estado, validaron por mayoría blindar al cínico Gobernador acusado del robo de millones de pesos.

Borge no es el único Gobernador corrupto que se ha blindado, le sigue el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado igualmente de robarse miles de millones de pesos. Se ha buscado dos alfiles que le perpetuarán la impunidad por los siglos de los siglos, un Fiscal anticorrupción y un Contralor dóciles, incondicionales y cómplices, nombrados a dedo y aprobados por su congreso donde no importa el partido de los diputados, todos se protegen por igual.

Por si fuera poco, Duarte se ha blindado dejando a su Fiscal general, Luis Ángel Bravo durante nueve años más a fin de evitar que lo procesen y en anticorrupción deja al abogado Jorge Reyes Peralta, sin curriculum para el cargo, pero con harta complicidad a la hora de defender a Duarte y su antecesor contra los adversarios políticos.

Aquí no importa la decencia de los personajes para ocupar cargos que aseguren el blindaje. Por ejemplo, Reyes Peralta ha sido mencionado en un expediente judicial sobre sus supuestos vínculos con Los Zetas, señalado como encargado de negociar los rescates de los secuestros ejecutados por ese grupo delictivo que opera a sus anchas en Veracruz desde tiempos del ex Gobernador Fidel Herrera y después con Duarte.
A los priístas no les basta mandar a embajadas y consulados a sus ex gobernadores corruptos, como el caso de Fidel Herrera, cónsul mexicano non grato en Barcelona.

Ahora la moda son los blindajes. Algo similar sucede con César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, a quien el Gobernador electo, el panista Javier Corral Jurado, acusó formalmente de “enriquecimiento ilícito” y anunció que pretende someterlo a juicio e iniciar la recuperación de los bienes que adquirió con dinero público.

Como Duarte, existen otros ex gobernadores procesados ahora como Guillermo Padrés, investigado, por un sobregiro de 10 mil millones de pesos que dejó en las arcas del Estado de Sonora donde duplicó la deuda sonorense, su sucesora, Claudia Pavlovich, heredó cuentas por pagar por un monto ligeramente superior a los 6 mil 200 millones de pesos. En igual situación se encuentra el corrupto ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, ahora procesado por corrupción acusado de robarse miles de millones de pesos.

La situación está desbordada. Gobernadores millonarios y pueblo empobrecido. Y es que los doce gobernadores salientes, dejan en la ruina a sus estados con una deuda de 177 mil 789 millones de pesos, un incremento del 161 por ciento con respecto a 2010, cuando empezaron su administración.

El sistema consiste en robar a manos llenas a base de pedir prestamos. ¿Y saben cuáles son los estados más endeudados? Obviamente dónde sus gobernadores robaron más como en Veracruz, Chihuahua, y Quintana Roo. Entre los tres suman una deuda de 111 mil 084 millones de pesos, es decir, el equivalente al 60 por ciento de todas la entidades con gobernadores salientes.

¿Cómo van a pagar semejantes deudas los nuevos gobernadores si el nivel de endeudamiento de los estados crece cuatro veces más que los ingresos que obtienen?

Le tocará a los ciudadanos pagar el despojo de los gobernadores corruptos. En Quintana Roo donde Borge ya se blindó, los ciudadanos tendrán que pagar 14 mil 946 pesos cada uno. Los habitantes de Chihuahua tendrían que desembolsar 12 mil 023 pesos y cada veracruzano debería pagar 5 mil 655 pesos, para pagar las multimillonarias deudas que dejan sus gobernadores salientes.

¿Y la ley de disciplina financiera? Bien gracias. A nadie le conviene. Finalmente la clase política es la misma, allí tenemos el ejemplo del rechazo unánime de los diputados y senadores a la ley 3 de 3. No importa el color del partido, lo que importa es robar y protegerse los unos y los otros.

¿Cuántos gobernadores han pisado la cárcel? Pocos y generalmente han estado poco tiempo tras las rejas porque finalmente las redes de corrupción e impunidad de la clase política, los vuelve a proteger.

El último caso, el del ex Gobernador Humberto Moreira quien no necesita blindarse porque allí tiene las redes de complicidad de sus hermanos. El ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, quien solo estuvo unas horas en la cárcel, luego de pagar la fianza de un millón 993 mil 380 pesos y una multa equivalente a cuatro mil 208 pesos. El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo a quien se le dictó formal prisión por el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado” de dinero. El ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, encarcelado por involucramiento con integrantes del crimen organizado y delitos contra la salud, o el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quien estuvo preso solamente año y medio. El perredista, ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, quien fue encarcelado solo seis meses acusado de peculado.

¿Por qué ex gobernadores y gobernadores entrantes mantienen ese pacto de complicidad y protección? Porque es una cadena que se extiende. El que llega no toca al corrupto que se va, porque finalmente terminará siendo igual o más corrupto que su antecesor.

Ser Gobernador, es ser impune.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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