Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ofreció asesoría legal y jurídica a las presuntas víctimas del sacerdote católico Eduardo Córdova Bautista, quien fue expulsado hoy por El Vaticano de la iglesia católica, luego de 30 años de denuncias de pederastia.
La Comisión advirtió que el encubrimiento es un delito, y exigió una investigación puntual.
“La CEAV externó su preocupación por las recientes denuncias de abuso sexual y pederastia que se presentaron en el estado de San Luis Potosí, y ofreció a las víctimas el acompañamiento legal y la asesoría jurídica necesaria”, informó en un comunicado firmado por el Comisionado Presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón.
Manifestó que “la impunidad y el encubrimiento en este tipo de delitos resultan inaceptables pues afectan a la población más vulnerable, como son los menores de edad, por lo que exhortó a las autoridades judiciales correspondientes a realizar una investigación puntual y efectiva que permita un verdadero acceso a la verdad y a la justicia”.
“En este contexto –agrega la Comisión–, Rochín del Rincón recomendó revisar el reciente informe del Comité de la ONU de los Derechos del Niño al Estado Vaticano, en el cual, dijo, es importante analizar a fondo todas las implicaciones de dicho informe para México pues se trata no sólo de una investigación seria, sino que también plantea la necesidad de combatir la simulación y el ocultamiento, al tiempo que propone medidas de protección especial para quienes han padecido o padecen por los efectos de la pederastia”.
También recordó que hace apenas unas semanas “el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recomendó a la Santa Sede compensar a las víctimas de pederastia clerical y adoptar las medidas necesarias para garantizar la recuperación física y psicológica, así como la reintegración social de todos quienes han sufrido este delito, y destacó que en sus conclusiones el Comité dejó en claro que el concepto de reparación incluye la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y el derecho a la verdad y a las garantías de no repetición”.
El Presidente de la CEAV explicó que la CEAV ofrece todo el apoyo a las víctimas que así se han manifestado, “tanto en el orden legal como en el psicológico y de trabajo social. Informó que la Comisión ya estableció contacto con algunas de las víctimas y sus familias en San Luis Potosí, así como con personas vinculadas al caso, con la finalidad de asegurar, en tanto su condición de víctimas, su atención integral y la salvaguarda de sus derechos”.
“Quienes hayan sufrido abuso sexual, sea de parte de sacerdotes o cualquier otra persona, deben saber que sus derechos humanos serán respetados y que las autoridades están obligadas a darles un trato digno y justo, pero sobre todo estar seguras que no se tolerará la impunidad ni el encubrimiento”, dijo Rochín del Rincón, según el comunicado.
Jaime Rochín reiteró que uno de los objetivos del Primer Programa Nacional de Atención a Víctimas, que deberá quedar listo este año y que es responsabilidad de la CEAV elaborar, incluirá apartados especiales para atender el delito de la pederastia, con enfoques de prevención y atención especializada y diferenciada a las víctimas, en tanto se trata de menores.
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EXPULSADO DE LA IGLESIA
El Vaticano decidió suspender de sus licencias ministeriales y dar de baja en la Iglesia Católica al ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de al menos 100 casos de pederastia.
De acuerdo con un cable de AP, El Vaticano dijo que “está probado que abusó sexualmente de un menor”.
El anuncio es oficial de la Santa Sede. Córdova está acusado de violar menores de edad desde hace al menos 30 años, pero fue hasta el mes pasado que la Arquidiócesis de San Luis Potosí lo separó de su cargo como representante legal.
Nuevos testimonios indican que la Arquidiócesis fue enterada desde hace años por víctimas que enviaron cartas y hablaron con las autoridades religiosas, pero nunca se hizo nada contra Córdova.
Al contrario, según los activistas, se le dieron posiciones de poder dentro de la sociedad potosina, en un aparente intento por protegerlo. Fue funcionario ciudadano en gobiernos estatales y municipales, además de representante de los asuntos jurídicos de la sede católica en esa entidad.
La agencia AP cita a Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México. Martínez, quien ha defendido a otros sacerdotes acusados de pederastia en San Luis Potosí (uno de ellos incluso señalado por homicidio de una menor) fue quien denunció ante autoridades civiles a Córdova, en representación del Arzobispado.
La denuncia fue hace un mes y por un sólo caso.
Martínez dijo que los padres denunciaron que en 2012 el sacerdote abusó sexualmente de su hijo, de 16 años. Agregó que tras la denuncia, “se hicieron las entrevistas a los testigos, se integró toda la investigación y se envió a Roma para que allí la evaluaran y lo que se recomendó desde el Vaticano fue la suspensión del ejercicio sacerdotal del padre Córdova”.
El abogado católico afirmó a la agencia que “la medida ya fue aplicada”.
En 1998, dijo Martínez, ya hubo un denuncia contra” al parecer por motivos similares”, pero en aquella ocasión no se consiguió probar el delito.
Activistas como el ex sacerdote Alberto Athié Gallo acusan a la iglesia católica de haber protegido al cura durante tres décadas, mientras cometía más abusos.
Algunas organizaciones de víctimas contabilizan cerca de 100 afectados; pero nuevos testimonios sugieren que fueron muchos más.
Córdova es ligado a la esposa del Gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo. De hecho, es el actual Consejero Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del mandatario priista.
