Luego de que la Ley de Seguridad Interior fuera promulgada por Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será sometida a prueba para demostrar si México cuenta con un Poder Judicial independiente, dicen miembros del colectivo #SeguridadSinGuerra.
Los opositores a la legislación, quienes la consideran un riesgo para la democracia y violatoria de los derechos humanos, afirman que será la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, legisladores, alcaldes y gobernadores quienes podrán presentar el recurso de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en los próximos 30 días, para que la Suprema Corte conozca del caso y pueda tomar una decisión.
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Ciudad de México, 26 de de diciembre (SinEmbargo).– La promulgación de la Ley de Seguridad Interior por el Presidente Enrique Peña Nieto, hace casi una semana, dejó una vía a las organizaciones que se oponen a ella por considerarla en detrimento de la democracia y un retroceso en materia de derechos humanos: llevarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de recursos de inconstitucionalidad, dijeron miembros del colectivo #SeguridadSinGuerra.
Estas acciones de inconstitucionalidad se están revisando y podrían ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), alcaldes y gobernadores, quienes llevaran al poder Judicial la revisión de la Ley aprobada por los legisladores y promulgada por el poder Ejecutivo este jueves.
“Lo que sigue es ahora la revisión sobre la constitucionalidad o no de esta Ley. Nosotros como organizaciones ciudadanas no estamos legitimados para llevarla a la Corte, pero la CNDH puede presentar este recurso; también los senadores o diputados que estuvieron en contra”, dijo Édgar Cortez Morales, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
La Ley de Seguridad Interior fue publicada el 21 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que ahora sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida si es o no constitucional, anunció el propio Presidente Enrique Peña Nieto.
“Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible, para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, agregó.
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El activista en materia de derechos humanos explicó que una vez promulgada la Ley, entra en vigor y hay 30 días para que alguna de las instituciones, legisladores, alcaldes o gobernadores presente el recurso ante la Suprema Corte.
“Hasta hoy, la Corte no ha recibido nada. El mensaje del Presidente cuando dijo que se iba a esperar a la Suprema Corte, es porque estamos en el entendido que al menos la CNDH ha dicho que presentará este recurso. Será entonces cuando la Suprema Corte conozca del caso”, explicó.
Cortez añadió que las organizaciones civiles que conforman el colectivo cooperarán con argumentos jurídicos a quien presente por escrito la acción de inconstitucionalidad.
“Se puede tardar un par de años el proceso. Las organizaciones podemos acercar documentos que amplíen los argumentos y los razonamientos jurídicos que los ministros pueden tener a la hora de decidir. Por supuesto buscaremos un diálogo para que los ministros escuchen nuestras posiciones”, dijo.
Ixchel Cisneros, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), una de las organizaciones que forman parte del colectivo, precisó que se están analizando una serie de amparos contra algunos artículos de la Ley.
“Ahora la decisión está en manos del Poder Judicial, esperamos que surja como un contrapeso, el cual no funcionó ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. Estamos armando una estrategia, el tema tomó mucho auge al final como para dejar de manifestarnos de cualquier forma posible. Estamos pidiendo que la sociedad se manifieste como pueda. Ya sea mandando mails al Ejecutivo, tuits a la Suprema Corte y salir a las calles a manifestarse”, añadió.
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EL PODER JUDICIAL: ¿SERÁ INDEPENDIENTE?
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), dijo que el Poder Judicial se estará poniendo a prueba para demostrar si es independiente y “capaz de defender a la Constitución y al Estado de Derecho”.
“Consideramos que la Ley de Seguridad Interior viola la Constitución. Se están evaluando las acciones jurídicas, los amparos y apoyos para quien quiera promover la controversia de acción de inconstitucionalidad se sume. Se estará poniendo a prueba el Poder Judicial y lo que veríamos en los próximos meses es si realmente México tiene un Poder Judicial independiente”, expuso la especialista.
Delgadillo alertó sobre los alcances de la Ley promulgada el 21 de diciembre pasado por el Presidente Peña Nieto.
“Vemos un riesgo. Mucho se ha hablado que La ley entrará en vigor hasta que haya una declaratoria para que pueda haber una actuación del Ejército. Uno de los grandes riesgos de la Ley es que está revestida de elementos de gran opacidad y que en muchos casos ni siquiera se requerirá una declaratoria”, argumentó.
La activista explicó que el Artículo 26 de la Ley indica que las autoridades federales llevarán a cabo acciones de seguridad interior “necesarias, permanentes y eficaces para atener los ruegos en aquellas zonas que lo requieran”.
“Ahí en el Artículo 26 dice que se llevarán a cabo acciones permanentes y eficaces. Este tipo de acciones son peligrosas porque se eximen de todo control. No requieren declaratoria. Es un terrible riesgo porque no hay mecanismos de control, revisión, supervisión, pero tampoco mecanismos de defensa a los que podría apelar la sociedad”, dijo.
