Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. Lo hizo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En el Reglamento se incluyen nuevas disposiciones para decretar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), que es un instrumento cuyo objetivo es garantizar en un territorio la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia en derechos humanos.
De acuerdo con el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete, la intención de modificar el Reglamento es agilizar el proceso de Declaratoria de AVG, ya que en cinco años desde su creación, nunca ha sido decretado.
Ello se debía a que estaba politizado, debido a que el Sistema Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, conformado en su mayoría por integrantes de los institutos de la mujer estatales, bloqueaba cualquier intento de declaratoria.
“Se saca al Sistema como protagonista de la toma de decisiones de la declaratoria. Se supera el tema de conflicto de intereses que había porque eran los propios integrantes del sistema los que votaban”, explicó a SinEmbargo.
El nuevo Reglamento contempla que sea un grupo de expertas las que determinan si la solicitud reúne o no los requisitos y emitir en un primer momento recomendaciones para tomar acciones emergentes.
“Esto le da mucha legitimidad al proceso porque ya no es el propio estado el que decide si se emite alerta sino un grupo de expertas”.
Pero para María de la Luz Estrada, la imparcialidad no es cierta ya que dentro del grupo de expertas aún participará un representante del Instituto de mujeres local.
Lamenta que antes de emitir una declaratoria de AVG, el grupo de expertas le dé recomendaciones a los gobiernos, y si éstos las aceptan, tendrán seis meses para tomar medidas y revertir la situación, y si no las cumplen entonces se decretará la Alerta de Género, lo mismo que si no aceptan las recomendaciones.
En tanto, a las organizaciones que presentaron la solicitud no se les informará de nada ni se les tomará en cuenta.
“Es violatorio a todo el debido proceso. En ninguna resolución puede pasar que al peticionario no se le notifique, es violatorio al derecho debido. Cómo es posible que no voy a saber que aceptó hasta que lo valore en seis meses y es para que no interpongamos un amparo o dar seguimiento.
“Es preocupante y hemos peleado porque el mecanismo sea transparente. Solo se nos notificará si no aceptan nada (los gobiernos estatales), y eso es lo que no van a hacer”, prevé.
El abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Rodolfo Domínguez, dijo que el Reglamento no elimina obstáculos para emitir la declaratoria de Alerta de género.
Criticó que se alargue el procedimiento con los seis meses que se le dará a los gobiernos estatales, y que aún haya presencia en el sistema de los institutos locales de mujeres.
También lamentó que no se tome en cuenta a las organizaciones que presenten las solicitudes de alerta de género. Consideró que estas organizaciones son las que más conocen del problema porque recopilan información y acompañan a víctimas.
“Se presentó un Reglamento que no avalamos las organizaciones, porque no toma en cuenta nuestras propuestas, fue coordinado por la Secretaria de Gobernación pero terminan por ignorarnos, Inmujeres dice que participamos y avalamos, pero no es así”.
Tanto él como Estrada dijeron que distintas organizaciones podrían impugnar ante el Poder Judicial el Reglamento, aunque la decisión aún está en el aire.
“Lo que quisieron quitar es que sociedad civil no tenga intervención ni posibilidad de amparo, pensamos interponer un recurso contra el Reglamento porque es violatorio de nuestros derechos, no es posible que no se sepa, qué dijo el gobernador”, dijo Estrada.
NUNCA DECRETADA
La AVG, creada en marzo de 2008, se puede solicitar al gobierno federal por medio de organismos de la sociedad civil para investigar hechos que perturben la paz social por delitos cometidos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres en un territorio determinado. En cinco años nunca ha sido decretada.
Ello, a pesar de que formalmente organizaciones la han pedido dos veces en Guanajuato, una en el Estado de México, otra en Hidalgo y una más en Nuevo León.
Este año ha sido solicitada en Hidalgo y en Guanajuato, entidad donde la primera de 2013 se hizo en abril y este mes se presentó otra (aun sin resolver), ante la situación que padecen las mujeres en la entidad gobernada por el panista Miguel Márquez Márquez, donde además de ser revictimizadas por el aparato de justicia cuando sufren violencia, como mostró “Lucero”, también ha crecido el número de feminicidios.
De acuerdo con el Reglamento modificado, ahora será un grupo multidisciplinario compuesto por funcionarias y académicas, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y “una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de que se trate”, es decir alguien del instituto de la mujer estatal, los que determinen si en un estado hay hechos contra las mujeres que perturben la vida y seguridad de las mujeres.
En caso de ser así, entonces se harán recomendaciones a los gobernadores estatales para que en un plazo de seis meses las cumplan.
Si en ese lapso las han incumplido entonces se decretará la AVG. Si nunca acepta las recomendaciones, no será necesario esperar los seis meses, sino que se decretará la AVG.
“Se trata de la modificación más importante que ha sufrido el Reglamento en su ya mediana vida de marzo de 2008, justo para hacer uso efectivo de AVG”, dice Navarrete.
DESDE 2010 QUERÍAN CAMBIARLA
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género es parte del Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada el 11 de marzo de 2008, firmada por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Pero desde 2010 se buscaba modificar lo relativo a la Declaratoria de AVG, al ver que era inviable emitirla. La razón es que el Sistema Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, encargado de recibir las solicitudes y votarlas se componía por representantes de los institutos de la mujer estatales, quienes al ser extensiones de los mandatarios estatales impedían que prosperaran dichas peticiones.
En 2012, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) organizó foros con organizaciones de la sociedad civil, encaminados a tener un proyecto de Reglamento, que se tuvo listo antes de que concluyera la administración de Felipe Calderón, pero a pesar de eso el entonces titular del Ejecutivo no lo publicó.
Con la llegada de la nueva administración federal el proyecto fue retomado por el Inmujeres, encabezado por su titular Lorena Cruz. Fue un borrón y cuenta nueva, y el anterior quedó en el cajón.
En este nuevo proyecto también se consultó a organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones le apostaban a que el organismo multidisciplinario fuera imparcial.
Estrada considera difícil que así pueda ser con la presencia de integrantes de los institutos locales de la mujer, que era una de las peticiones que no fueron tomadas en cuenta.
“No nos sentimos engañados, no somos ingenuas, sí defraudadas porque consideramos que nos sentamos con los gobiernos que pensábamos preocupados en derechos humanos, les dimos argumentos y ellos no los tuvieron porque pusieron candados”.
Al igual que Domínguez, Estrada criticó que no se tome en cuenta a la organización que haga la solicitud para las recomendaciones que se hagan a los gobiernos señalados, ya que estas organizaciones son las que mejor pueden conocer el territorio donde hay violencia feminicida.
“Las medidas precautorias puede ser militarizar una zona, nos pasó en Oaxaca, es contraproducente que las medidas precautorias no sean consultadas con las peticionarias, que saben que las medidas pueden generar mayor conflicto, y va a ser a decisión de lo que se les ocurra a ellos, pueden ser buenas pero si no son consultadas no necesariamente.
“Es una simulación, creemos que la autoridad no piensa en la protección en verdad de las mujeres”, concluyó.
