Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Dentro de cinco meses, el primer domingo de junio, cerca de siete millones de capitalinos que integran actualmente el padrón electoral podrán ejercer su voto para elegir a 16 jefes delegacionales, 27 diputados federales y 40 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Este proceso representa la primera prueba del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) tras la aprobación de la reforma electoral en 2014.
Es, además, un reto para ese organismo debido al contexto social que tiene desencantada a la ciudadanía con respecto a los representantes políticos, funcionarios e instituciones encargadas de organizar las elecciones. Y, también, ante el llamado de empresarios, grupos civiles y activistas a no votar.
En entrevista con SinEmbargo, Mario Velázquez Miranda, quien asumió la Presidencia del IEDF el año pasado, tras la salida de Diana Talavera Flores, afirma que “los ciudadanos son el corazón de los procesos electorales”, por lo que se están haciendo campañas para promover su participación no sólo en la organización de las elecciones (como funcionarios de casillas, capacitadores y asistentes electorales) sino para que ejerzan su derecho de votar y vigilen los procesos electorales, para así generar mayores niveles de credibilidad tanto en las instituciones como en los funcionarios públicos.
Velázquez Miranda confía en que en el Distrito Federal “los ciudadanos tiene un alto sentido de politización”, lo que podría ayudar a contrarrestar los bajos niveles de participación que se prevén “en razón de toda la situación que se observa no solamente en la ciudad sino en el país”.
LA CIUDADANÍA Y LA CREDIBILIDAD
–¿Cómo va a ser la relación con la ciudadanía de afuera, la que no esté participando dentro del proceso?
–Los organismos electorales tenemos la obligación de organizar el proceso electoral, pero esa organización significa la participación de cerca de 90 mil personas, 90 mil ciudadanos que nos apoyan en el desarrollo del proceso, a través de diferentes actividades. En el caso concreto del Distrito Federal, además de quienes integrarán las mesas directivas de casillas, hay ciudadanos que se agregan para formar parte de los órganos colegiados, los consejos distritales (que son los responsables, entre otras cosas, de contar los votos) son órganos fundamentales que están conformados por ciudadanos.
También son ciudadanos los que nos ayudan en la tarea de capacitación electoral. Son ciudadanos los que nos apoyan en la parte de ser auxiliares electorales, y otros tantos que se agregan como observadores electorales. Los observadores electorales también son elementos fundamentales que, desde luego, legitiman los procesados electorales y están pendientes de que se desarrollen en estricto apego a los principios rectores que nos ordena la Constitución y los demás ordenamientos normativos.
De tal suerte que estos ciudadanos que se agregan a la organización del proceso electoral contribuyen de manera directa en la función electoral, y de ahí los otros ciudadanos que conforman el padrón electoral y la lista nominal serán convocados para que tengan una participación directa al emitir su sufragio el día 7 de junio. Por otro lado, también son pilares para mantener una vigilancia de lo que es proceso electoral a través de la oportunidad que tienen de presentar el caso de que observen alguna irregularidad o quejas a esta institución para efecto de determinar la responsabilidad de quien pudiera, en su caso, infringir la normativa electoral.
Los procesos electorales son de una participación amplia de los ciudadanos, son ellos quienes contribuyen y son el corazón de los procesos; las autoridades electorales solamente tenemos la responsabilidad de organizar, de dirigir de alguna manera el proceso mismo. Pero la amplia participación ciudadana es lo que permite alcanzar el objetivo de tener elecciones periódicas y desde luego legítimas y apegadas a los principios rectores.
–En el contexto de participación ciudadana, ¿cómo generar la confianza que necesitan las instituciones electorales?
–En principio, los órganos electorales tiene responsabilidades muy concretas y si bien hay desconfianza de la ciudadanía en diversas instituciones, los organismos electorales tenemos la obligación de actuar conforme a nuestras funciones y en estricto apego a los principios rectores. Hoy en día los ciudadanos tienen nuestra convocatoria para que participen y observen de cerca no solamente el actuar de los partidos políticos sino el de las instituciones.
La confianza se gana a partir de estar vinculados directamente en la ciudadanía y el objetivo particular de quienes hoy conformamos este órgano electoral es dar a conocer cuáles son las reglas para organizar un proceso electoral; que la ciudadanía tenga la particularidad o la posibilidad de conocer todos los elementos que contribuyen o inciden en un proceso electoral, y cuando la ciudadanía tiene una mayor participación obviamente no podría haber sino una definición de lo que se realiza, si se hace conforme a lo que los criterios que están señalados en la norma para la función electoral misma.
Esto es que los ciudadanos tienen que estar más pendientes de los procesos electorales para efecto de que no ocurra ninguna distracción y ninguna violación a las normas electorales. La participación electoral entre mayor sea, hay mejores resultados. No solamente en cuanto a los niveles de votación sino al propio trabajo que desarrollan partidos políticos, instituciones electorales y los demás ciudadanos que nos apoyan en la organización en estas elecciones.
–¿Qué focos considera son los más difíciles para la elección de junio?
–Sin duda que nuestra sociedad está hoy en día en una situación de desencanto frente al actuar de algunos funcionarios públicos y es ahí donde tenemos que buscar mecanismos que permitan a la ciudadanía alcanzar mayores niveles de credibilidad; y, en ese sentido, este instituto ha buscado acercar algunos instrumentos a los partidos políticos que les permitan seleccionar de mejor manera a quienes serán sus candidatos.
Hemos propuesto un protocolo de confianza a través del cual, bajo un modelo específico, puedan ser revisados los antecedentes de los ciudadanos que buscarán ser candidatos y con base en ello poder determinar si los partidos políticos alientan su candidatura, particularmente en los cargos de elección popular que están en juego en este Distrito Federal, que son los diputados a la Asamblea Legislativa y los 16 jefes delegacionales.
–En estos protocolos de confianza, ¿qué establece el IEDF para los candidatos?
–No es una norma como tal. Es un instrumento que ponemos a la consideración de los partidos. No es obligatorio presentarlo. No es obligatorio sujetarse a él dada su característica de ser un instrumentos solamente de selección.
En términos de lo que la norma establece a este instituto, no podemos exigir mayores requisitos que los que la ley establece y este tipo de controles no están previstos como obligatorios para efecto de que sean acreditados, en su momento, como una condición para ser registrado como candidato a un puesto de elección popular.
–¿Cómo es la relación del Instituto con los partidos?
–El Instituto electoral –en su órgano superior de dirección– está conformado por representantes de los distintos partidos políticos. Ahí todos tienen una voz en sus representantes para efecto de exponer las consideraciones o las reflexiones que sean menester, respecto de la organización del proceso mismo y de las diversas actividades que se van desarrollando tanto por los propios partidos políticos como por la institución electoral. En este foro donde los partidos políticos, desde luego con independencia de todos los demás, están abiertos a la libertad de expresión. En lo particular o a sus posicionamientos como institutos políticos es en el Consejo General donde tienen voz, en la figura de sus representantes.
–En el caso del Partido Acción Nacional (PAN) en el DF, que entregó una carta formal al IEDF para suspender el empadronamiento de programas sociales y evitar que sean utilizados a cambio de voto, ¿lo considera un punto de confrontación?
–Es una preocupación de esa fuerza política que pide a este Instituto genere un exhorto a las autoridades del Distrito Federal a efecto de que se abstengan para realizar diversas actividades relacionadas con los programas sociales. Es una petición que se ha formulado a este Consejo General a efecto de que se genere la posibilidad de un exhorto no solamente a las autoridades locales sino a las federales para que los programas sociales sean desarrollados en estricto apego de las normas electorales que hoy en día son vigentes.
–¿Hasta dónde llega el blindaje que está haciendo el IEDF?
–Nosotros tenemos que revisar la parte o mejor dicho solicitar el estricto apego a las normas electorales. En principio, la ley establece que la difusión de programas sociales debe ser suspendida durante los procesos electorales y particularmente y con independencia de que en su oportunidad se defina cuál es la naturaleza de este programa. Obvio es que tendremos que hacer el exhorto para efecto de que, con independencia de que se trata de programas sociales, si generan una inequidad en el proceso electoral sea suspendida esa actividad.
–Sobre las cerca de 50 quejas, que anteriormente mencionó que tienen en el IEDF, ¿puede profundizar de qué se tratan?
–Solamente podría señalar que estas quejas han sido presentadas por ciudadanos y diversos actores políticos encaminadas a revisar las conductas que han presentado tanto servidores públicos como ciudadanos en materia de propaganda electoral. Esto es, las quejas van encaminadas a definir si hay o no una violación a las normas electorales en la materia de propaganda, particularmente si se constituyen en actos anticipados de precampaña o incluso de precampaña, y hoy día se están sustanciando en este instituto para efecto de integrar el expediente y ya en su oportunidad, como señalaba, remitirlas al Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) para que determine si con base en esas evidencias se puede configurar una responsabilidad y evidentemente una sanción.
–Respecto a la participación ciudadana, ¿qué nos puede decir sobre la campaña de no votar por los “chapulines”, que señala específicamente a funcionarios pero que, a final de cuentas, es un llamado a no votar?
–Es una situación, una expresión de cuidado. Evidentemente el hecho de convocar e invitar al no ejercicio de un derecho ciudadano pudiera ser una actitud o una expresión que no necesariamente sea afortunada; sobre todo cuando estamos buscando que la ciudadanía participe y se exprese en las urnas a través de su voto.
Este llamado pudiera, en todo caso, estar contraviniendo en los principios democráticos de participación. Creo que es una situación que habrá que revisar y convocar a la ciudadanía a que vote, a que participe y a que en su voto defina la situación inmediata, como lo es el hecho de la definición de quién gobernará su Delegación, que es en sí la autoridad más cercana que tiene a su entorno social.
–¿Habrá alguna sanción si se encuentra a un actor directo que esté llamando a no votar?
–La norma prevé sanciones a quienes contravengan las disposiciones que en el Código se establecen o las diferentes leyes plantean; en todo caso, tendrá que ser un procedimiento el que determine si hay una violación y en su caso si se pudiera aplicar alguna sanción.
–En cuestión de violencia, ¿cómo pretenden proteger a funcionarios de casillas, la instalación de las casillas y las propias urnas?
–En el Distrito Federal no hemos enfrentado un problema de esa naturaleza. Lo reitero: en el DF los ciudadanos tienen un alto sentido de la democracia y, desde luego, hoy día no enfrentamos ese riesgo. Es latente, pudiera darse, pero evidentemente dentro de las consideraciones que se tienen hay una serie de medidas que pudieran adoptarse para evitar cualquier circunstancia de esa naturaleza.
Mario Velázquez Miranda es Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Marista de México, Licenciado en derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se ha desempeñado en la Cámara de Diputados como secretario técnico de comisión, y en el Senado de la República como subdirector de Adquisiciones, jefe del Departamento de Investigación y Análisis Documental. Fue coordinador de asesores del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Antes fue secretario de Estudio y Cuenta, y coordinador de ponencia en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF); director Jurídico y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), y asesor del mismo IEDF.
