Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– Un estudio realizado sobre los casos de violencia en contra de defensoras de derechos humanos y de la tierra en México reveló que los estados que encabezan los asesinatos de activistas son Guerrero, Chihuahua y Distrito Federal, mientras que en los últimos años 2011 y 2013 fueron los de mayores ataques en su contra.
El Análisis de la Violencia contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, elaborado por la organización Derechos Humanos de Morelos, encontró en una muestra de 86 mujeres defensoras atacadas de diversas organizaciones, que en ambos años ocurrieron seis casos de violencia en cada uno.
“Entre el periodo de 1978 a 2014, estas organizaciones consideran que los años con mayor violencia fueron el 2011 y el 2013 con un 7 por ciento”, dice el estudio.
Las mujeres que conforman la Red Nacional de Defensoras contestaron en un 43 por ciento, que en los actos de violencia cometidos se encuentra involucrada más de una activista de su organización.
El estudio arrojó que 37.2 por ciento de las defensoras recibieron amenazas antes de la agresión, mientras que 30.2 por ciento, también fueron atacadas después.
El tipo de violencia más frecuente es la psicológica; la segunda, difamación; tercera, hostigamiento, y la cuarta, las amenazas.
“Se inicio la campaña mas fuerte de hostigamiento y amenazas directamente hacia mi persona por teléfono, en mi casa y en la oficina. La campaña de agresión creció, la persecución personal y toma de fotos cada vez más constante. ‘Si tu no dejas de hacer lo que estás haciendo, te va a pasar exactamente lo que le sucedió a Digna Ochoa’. La campaña de descalificación es muy fuerte y violenta, ésta ha seguido a través de los medios de comunicación señalándonos como personas desestabilizadoras y particularmente yo”, dijo Blanca Velazquez de acuerdo con el documento.
Maria Luis Garfias narró: “Amanecieron en mi casa cartulinas en color fosforescente y color blanco, donde se me intimidaba, donde se ponía que yo era una hija de la chingada, una perra, una sidosa, que si tenía atole en las venas”.
FEMINICIDIO DE DEFENSORAS
De acuerdo con el análisis, los estados que encabezan los feminicidios de defensoras de los derechos humanos son Guerrero, Chihuahua y Distrito Federal.
Entre 2000 y 2014 en Guerrero se asesinó a ocho mujeres, en Chihuahua a siete y en el DF a cinco.
Guerrero no sólo está entre los estados donde se asesina a más mujeres defensoras, ocupa el segundo lugar en medidas cautelares a defensoras por amenazas.
De las medidas que se emitieron durante los últimos 14 años Oaxaca registró 17; Guerrero, nueve y Chihuahua, ocho.
“Hay que decir que a partir de los acontecimientos violentos, desapariciones, asesinatos y represión cotidiana en Guerrero, quedó más al descubierto esta situación de vulnerabilidad de defensoras al momento de realizar su trabajo. En esta administración se ha obstaculizado aún más las investigaciones cuando se inician, en los casos de criminalización a pesar de que se han emitido recomendaciones, no se están atendiendo”, dijo Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
Paloma Estrada Muñoz, defensora de derechos humanos, recordó el caso de Isabel Rosales Juárez, quien trabaja en un taller de desarrollo comunitario y es integrante del Comité de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
“Ella estaban acompañando en Guerrero a las víctimas de desaparecidos cuando fueron criminalizadas al hacer su protesta en Chilpancingo, fueron desalojadas por la policía. Esa entrevista la hicimos en julio y vemos que el Estado es el mayor responsable de estas agresiones”, dijo.
ESTADO AGRESOR
Según el diagnóstico sobre ataques a defensoras el mayor agresor es el Estado.
El agresor en 15 por ciento de los casos es el Estado; 23.3 por ciento, el Estado y otros agentes como paramilitares; intimidación gubernamental, 16.3 por ciento; grupos caciquiles, ocho por ciento; poderes fácticos, siete por ciento; poderes económicos, 5.8 por ciento; 4.7 por ciento secuestro, tortura, desaparición forzada y desaparición forzada de un familia y ataques de narcotraficantes, 2.3 por ciento.
“Me anduvieron paseando por más de cuatro horas, ya después me entregaron a la autoridad donde permanecí recluida en régimen de incomunicación durante cuatro horas antes de ser conducida a la prisión de Tehuantepec”, recuerda Lucila Bettina Cruz Velázquez, activista y defensora de los Derechos Humanos en Santa María Xadani, en el Istmo de Tehuantepec.
El 22 de febrero de 2012 elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a Lucila y la mantuvieron incomunicada durante horas, sin derecho a recibir a su abogada.
La activista tenía medidas cautelares y a pesar de ello, fue perseguida por las autoridades.
“En todas las entrevistas las defensoras nos mencionaron a la policía y al Ejército y cómo han sido violentadas por ellos. En todos lados ha pasado”, dijo Paloma Estrada.
La activista detalló que en hay casos de defensoras de derechos comunales y tierras en contra de megaproyectos que son intimidades por autoridades en coordinación con empresas.
“Tenemos identificadas cómo actúan las autoridades en coordinación con las empresas, principalmente cuando se trata de defensa de la tierra”, explicó.
De acuerdo con el diagnóstico, las mujeres defensoras son perseguidas a través de tortura psicológica, física, económica y sexual.
Los agresores lanzan amenazas en contra de los hijos, de violación y en muchos de los casos se llega a la agresión sexual.
Paloma Estrada mencionó que hay preocupación de las defensoras, debido a que la tendencia indica que la criminalización, asesinato y amenaza en contra de las mujeres va a la alza.
“Lejos de que se disminuyan, estas cifras aumentan, cuando los mismos gobernadores han criminalizado a las defensoras, nos violentan. Es ahora que tenemos que pedir que el Estado mexicano cumpla con su obligación de protegernos”, comentó.
El diagnóstico sobre la situación de las defensoras de derechos humanos forma parte de tres estudios que incluye: una entrega sobre protocolos de atención y una tercera sobre incidencia.
Se realizaron 86 entrevistas y se revisaron 27 casos emblemáticos, así como el análisis de 54 cartas alegatorias y acciones urgentes emitidas por la Relatora Especial de Naciones Unidas hacia el Estado mexicano con relación a agresiones en contra de defensores.
